Martin Juarez Bello

Expediente 827/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 26 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
827/2022
Año
2022
Actuaciones
26
Última actuación
07/12/2022

Partes del expediente

  • Martin Juarez Bello

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de diciembre de dos mil veintidós. FIRME CUMPLIMIENTO. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, de lo que se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el acuerdo dictado el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del quince de noviembre al seis de diciembre de dos mil veintidós, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. ARCHIVO. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, en cumplimiento a los artículos 15 y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que, se resolvió conceder el amparo y protección de la justicia federal, al quejoso Martín Juárez Bello, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda, la sentencia, la ejecutoria y el presente proveído que ordena el archivo del asunto, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que concedió la medida cautelar solicitada -provisional y definitiva-, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE DISCOS. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable, se ordena devolver a la 1. Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, dos discos versátiles digitales que contienen los registros de audio y vídeo de las audiencias celebradas en la carpeta judicial 2357/2022/PUEBLA, que obran en autos del presente juicio de amparo (fojas 84 y 184). No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de las constancias a devolver, toda vez que la citada responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. Notifíquese personalmente al quejoso y a la tercera interesada; mediante oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada, y al agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado.

  2. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL ACUERDO DE 07 DE diciembre DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, siete de diciembre de dos mil veintidós. FIRME CUMPLIMIENTO. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, de lo que se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el acuerdo dictado el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del quince de noviembre al seis de diciembre de dos mil veintidós, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. ARCHIVO. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, en cumplimiento a los artículos 15 y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que, se resolvió conceder el amparo y protección de la justicia federal, al quejoso Martín Juárez Bello, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda, la sentencia, la ejecutoria y el presente proveído que ordena el archivo del asunto, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que concedió la medida cautelar solicitada -provisional y definitiva-, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE DISCOS. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable, se ordena devolver a la 1. Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, dos discos versátiles digitales que contienen los registros de audio y vídeo de las audiencias celebradas en la carpeta judicial 2357/2022/PUEBLA, que obran en autos del presente juicio de amparo (fojas 84 y 184). No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de las constancias a devolver, toda vez que la citada responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. Notifíquese personalmente al quejoso y a la tercera interesada; mediante oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada, y al agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado.

  3. Principal

    (AVISO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 07 DE DICIEMBRE DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, siete de diciembre de dos mil veintidós. FIRME CUMPLIMIENTO. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, de lo que se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el acuerdo dictado el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del quince de noviembre al seis de diciembre de dos mil veintidós, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. ARCHIVO. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, en cumplimiento a los artículos 15 y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que, se resolvió conceder el amparo y protección de la justicia federal, al quejoso Martín Juárez Bello, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda, la sentencia, la ejecutoria y el presente proveído que ordena el archivo del asunto, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que concedió la medida cautelar solicitada -provisional y definitiva-, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE DISCOS. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable, se ordena devolver a la 1. Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, dos discos versátiles digitales que contienen los registros de audio y vídeo de las audiencias celebradas en la carpeta judicial 2357/2022/PUEBLA, que obran en autos del presente juicio de amparo (fojas 84 y 184). No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de las constancias a devolver, toda vez que la citada responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. Notifíquese personalmente al quejoso y a la tercera interesada; mediante oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada, y al agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa y tercera interesada mediante proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que se hubiera desahogado dicha vista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional resolverá de oficio si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. Por sentencia firmada y autorizada el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión en los siguientes términos: "OCTAVO. Efectos de la concesión. Resulta trascendental indicar que si bien la violación advertida se constató durante el desarrollo de la solicitud de vinculación a proceso, lo cierto es que los licenciados Julio Flores Vázquez y Omar Guillermo Juárez Cervantes, fueron quienes asistieron al imputado desde el inicio de la audiencia, por lo que al haberse demostrado que no tuvieron el conocimiento y capacitación adecuado en el sistema acusatorio adversarial, se estima que en el caso debe restituirse a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho fundamental a una defensa adecuada. Así las cosas, se concede el amparo a Martín Juárez Bello, para el efecto de que la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla (Idalia Arciniega Arias), dentro de la carpeta judicial administrativa 2357/2022/PUEBLA, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: I. Deje insubsistente la audiencia celebrada el trece de julio de dos mil veintidós, en la que se controló la detención del hoy quejoso, se formuló imputación en su contra, se decretó vinculación a proceso, se resolvió sobre la medida cautelar y se estableció el plazo de investigación; y: a) Fije nueva fecha y hora para la audiencia inicial, en donde se llevaran a cabo los actos procesales que correspondan. En el entendido de que al momento de individualizar a las partes se realizará cercioramiento de que la(s) persona que asista (n) al aquí quejoso en la respectiva audiencia, cuente (n) con cédula profesional que la (s) autorice para ejercer la profesión de licenciado (s) en derecho; verificando que se cumpla con la defensa adecuada en su vertiente formal y material, lo que implica que en el caso de que el aquí quejoso designe nuevamente a los licenciados Julio Flores Vázquez y Omar Guillermo Juárez Cervantes, la juzgadora le deberá hacer del conocimiento al quejoso lo dispuesto por el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y de insistir en los mismos defensores, designará al Defensor Público para que coadyuve en la defensa. b) Hecho lo anterior, deberá continuar con la secuela procesal de la audiencia inicial, en todas sus etapas, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo; y, en el momento procesal oportuno, con libertad de jurisdicción de manera fundada y motivada, resuelva lo que en derecho corresponda. Sin que con la reposición ordenada se permita a la fiscalía modificar los hechos y datos que sirvieron de base en la primigenia imputación, ello en observancia a los principios de non reformatio in peius y de igualdad entre las partes, en el entendido que la juez responsable deberá verificar el cumplimiento al principio de oralidad, propiciando que las partes se abstengan de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestren falta de argumentación y desconocimiento del asunto, pues sólo se podrán leer registros de la investigación para apoyo de memoria, así como para demostrar o superar contradicciones. En el entendido de que la fiscalía deberá solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el justiciable haya tenido oportunidad de contestar el cargo, o en su caso, de reservarse su derecho para hacerlo, pero de manera previa a que decida si se acoge al plazo constitucional -o su ampliación- para que se resuelva su situación jurídica. En otras palabras, una vez que la fiscalía haya expuesto los datos de prueba que sustenten su petición de vinculación a proceso, deberá dar oportunidad al quejoso para que decida en qué momento desea que se resuelva su situación jurídica, previamente asesorado por su defensa, para luego continuar con el desarrollo de la audiencia. Ello es así, porque sólo de esa manera la elección de posponer la resolución judicial tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían un acto de molestia, permitiéndole al imputado y a su defensa -de manera informada- presentar en esa audiencia inicial o en su continuación, los medios de prueba que considere podrían desvirtuar la postura ministerial. II. Remitirá las constancias y registros escritos y audiovisuales que acrediten el cumplimiento a lo ordenado." En acuerdo de seis de octubre de dos mil veintidós, se declaró que dicha sentencia había causado ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento (fojas 166 a 168). En proveídos de once y catorce siguientes, se tuvieron por recibidos los oficios 40284/2022/JC y 40911/2022/JC, remitidos por la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla (Idalia Arciniega Arias), con los que informó diversas gestiones tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo y anexó el registro de audio y vídeo de la audiencia celebrada el once de octubre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 2357/2022/PUEBLA (fojas 172 a 173 y 183 a 187); por lo que en el ya citado auto de catorce de octubre de dos mil veintidós, se ordenó dar vista con sus contenidos a las partes quejosa y tercera interesada. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2°, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En cuanto a la valoración de las videograbaciones de las audiencias celebradas en el procedimiento penal, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora, del contenido de dichas documentales y videograbaciones se obtiene que la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla (Idalia Arciniega Arias), dentro de la causa penal 2357/2022/PUEBLA: En acuerdo de siete de octubre de dos mil veintidós, señaló las diecisiete horas del once de octubre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia inicial. En dicha audiencia, con asistencia de las partes, al individualizar a las partes, se identificaron nuevamente los licenciados Julio Flores Vázquez y Omar Guillermo Juárez Cervantes, a quienes el hoy quejoso insistió en designarles como sus defensores. Ante ello la jueza de control designó a favor del quejoso, una defensora pública Rosa María Diego Martínez, con cédula profesional (1670021). Sin que sobre apuntar que la jueza responsable se cercioró, con la encargada de sala, de los datos de las cédulas profesionales de cada uno de los nombrados, entre otros. Asimismo, la responsable indicó que se dejó insubsistente todo lo actuado en la diversa audiencia de trece de julio de dos mil veintidós -en la que se controló la detención del hoy quejoso, se formuló imputación en su contra, se decretó vinculación a proceso, se resolvió sobre la medida cautelar y se estableció el plazo de investigación-. Hecho lo anterior otorgó el uso de la voz a las partes continuó con las etapas de la audiencia inicial, resolviendo en cada una (control de detención y vinculación a proceso), con libertad de jurisdicción. Además, debe decirse que en la mencionada audiencia, la fiscalía solicitó la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el justiciable manifestó reservarse su derecho de contestar el cargo. De igual forma, la responsable, una vez expuestos los datos de prueba de la fiscalía que sostuvieron su solicitud de vinculación a proceso, explicó al imputado (hoy quejoso) los plazos con que contaba para que le fuera resuelta su situación jurídica, y una vez consultado con su defensa, Martín Juárez Bello, optó por que se resolviera su situación jurídica en ese momento. Ante ello, se otorgó el uso de la voz a la defensa para que contestaran lo expuesto por la representación social, a lo que la defensora pública y la defensa particular indicaron que no tenían manifestación alguna; por lo que se declaró cerrado el debate y se dictó auto de vinculación a proceso contra el hoy quejoso por su probable participación en los hechos con apariencia de los delitos de violencia familiar y lesiones dolosas. Conviene precisar que una vez ocurrido lo anterior, la defensa solicitó oportunidad para exponer lo relativo a la suspensión condicional del proceso, a lo que la fiscalía no tuvo inconveniente. Así, previa exposición y debate de las partes, y aprobado el acuerdo reparatorio propuesto y aceptado por las partes, la responsable resolvió sobreseer en el proceso respecto del delito de lesiones dolosas. Finalmente, en cuanto al diverso injusto de violencia familiar; establecidas y aceptadas las condiciones propuestas, así como la disculpa pública del imputado hacia la víctima, se determinó la suspensión condicional del proceso por ocho meses. En consecuencia, es inconcuso que de la simple comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo con el cumplimiento que realizó la responsable, se tiene que se cumplió en su totalidad con dicha ejecutoria sin excesos ni defectos. Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso y a la tercera interesada, por oficio a las autoridades responsables, a la tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.

Quedan 22 actuaciones en este expediente

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