Martín Jiménez Moreno

Expediente 517/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
517/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
11/12/2019

Partes del expediente

  • Martín Jiménez Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    (aviso)Agréguese a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual, remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, el amparo en revisión 364/2019, de su índice en la que determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca el auto recurrido. SEGUNDO. Se ordena la continuación del procedimiento de juicio de amparo indirecto 517/2019-V-B, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal." Por consiguiente, acúsese el recibo de estilo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, realícense las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, intégrese a estos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la revisión interpuesta, previo desglose de las copias que se obtuvieron para formarlo, toda vez que obran los originales en autos y es innecesaria su conservación. Ahora, en atención a la ejecutoria pronunciada por el Tribunal de Alzada, se ordena reanudar el trámite del presente juicio de amparo, haciéndose del conocimiento a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, se señalan las diez horas con veinte minutos del diez de enero de dos mil veinte, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, mediante el cual acusa recibo del oficio 22116/2019 con el que le fueron enviados los autos originales del juicio de amparo 517/2019-V. Asimismo, informa que el catorce de agosto del año en curso, dicho Tribunal Colegiado admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el quejoso ****; el cual quedó registrado bajo el número 364/2019 del índice referido del órgano colegiado.

  3. Principal

    Agréguese a los autos copia del escrito de cuenta signado por el quejoso *****, por el cual interpone recurso de revisión en contra del auto de julio de dos mil diecinueve (fojas 40 a 44); en ese contexto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), 86, 88, 89 y 90 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en comento. En consecuencia, con copia del escrito y anexo de cuenta, córrase traslado a las partes y, una vez que se encuentren debidamente integrados, remítanse los autos de este asunto al Tribunal Colegiado en turno, del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, para la substanciación del recurso en mención, para lo cual se deberá anexar el original del escrito de agravios, copia de éste para el Agente del Ministerio Público Federal de su adscripción.

  4. Principal

    (aviso)Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo al celebrar la audiencia respectiva. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable, la documental que remite consistente en: Copia certificada de diversas constancias que integran la ejecución de sentencia definitiva del expediente administrativo S.C.A/A/152/2015 de su índice. Misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Asimismo, dado el volumen de las constancias remitidas, las cuales dificultarían el manejo del presente expediente, se ordena formar un tomo de prueba. Ahora, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, es preferente, por lo que es obligación del juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo, analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubor y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." En el presente asunto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, el cual dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Es decir, el numeral recién invocado establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, tenemos que la Ley de Amparo vigente, en su dispositivo 107, fracción IV, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos fuera de juicio, al tenor siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". [Lo subrayado es propio]. Del estudio del segundo párrafo de la fracción transcrita se concluye que el juicio de amparo biinstancial es procedente, tratándose de acto de ejecución de sentencia, cuando se reclame la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado. Es decir, el legislador acotó el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción IV del referido numeral, especificó que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; de igual forma, tratándose de remates, se entenderá como la última resolución la que, en forma definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Para tener plena comprensión de dicha circunstancia, resulta pertinente destacar que el acto reclamado por el quejoso en la presente instancia constitucional es el acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, dictado en autos del juicio contencioso administrativo S.C.A/A/152/2015, del índice de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, por el que se tuvo parcialmente por cumplida la sentencia interlocutoria de treinta de abril de dos mil dieciocho, y se requirió a la parte demanda para que en el término de tres días hábiles computado legalmente diera cabal cumplimiento a la resolución de mérito. De lo que se sigue que el acto reclamado en esta instancia constitucional se trata de un acuerdo dictado en un proceso que está en etapa de ejecución. Así las cosas, no procede la vía constitucional biinstancial, pues el procedimiento se encuentra en fase de ejecución de sentencia, y el acto reclamado no aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia dictada en el juicio de origen; tampoco declara la imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento, por el contrario, se requirió nuevamente a la autoridad demandada para que cumpliera cabalmente con esa resolución. En efecto, el acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, emitido en el juicio ordinario civil 699/2015, de modo alguno encuadra en los supuestos de lo que debe entenderse por última resolución en la etapa de ejecución para los efectos del juicio de amparo indirecto en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues, se insiste, no se trata de la resolución que declara cumplida la sentencia ni declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 60, registro 164639, que establece: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." También, es aplicable al caso por analogía, la jurisprudencia PC.I.C. J/2 K (10a.) sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1738, de la Décima Época, Materia Común, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla.". Lo anterior, al margen de que aun tratándose de aquellos actos que revisten las características propias para impugnarse en el juicio de amparo indirecto, la procedencia de éste dependerá, entre otras condicionantes, a que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que emerja una vez agotados los recursos que en su caso procedan, según lo estableció el Constituyente en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.60.T.J/89, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2008, tomo XXVII, Novena Época, Materia Labora, página 1482, que establece: "AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE O ACTUARIOS DE LA JUNTA REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda de garantías las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", determinó que por "última resolución" dictada en la fase ejecutiva debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado o improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo contra los actos del presidente o actuarios de la Junta realizados dentro del procedimiento de ejecución del laudo, no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto.". Por tanto, cuando la causal de improcedencia que se actualiza es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por todo lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, ambos de la ley de la materia. Asimismo, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las nueve horas con veinte minutos del veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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