Martín Javier Zuñiga

Expediente 811/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
811/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
12/11/2020

Partes del expediente

  • Martín Javier Zuñiga

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se aprecia que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el promovente interpusiera recurso de queja en contra del proveído por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, ello toda vez que quedó debidamente notificado del mismo, el treinta y uno de dos mil veinte; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2, de la Ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales conducentes. Archivo. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la resolución emitida en el juicio en que se actúa, este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    Visto el estado que guarda los presentes autos, se advierte que no obra constancia alguna con la que se acredite que la autoridad responsable haya dado cumplimiento al inciso marcado con la letra "c)" al requerimiento formulado en autos, en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo: Requerimiento 2. Requiérase nuevamente a la autoridad responsable Director de Recursos Humanos de Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Querétaro; para que dentro del plazo de TRES DÍAS legamente computado, de cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, y al efecto remita las constancias que lo acrediten (notificación de la determinación a la parte quejosa). Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa por la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a CIEN valores diarios de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Federal, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y los artículos 192,193 y 258 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Visto el estado que guarda los autos, se advierte que la autoridad vinculada al cumplimiento del fallo protector no ha informado si la parte quejosa acudió o no a recoger el título de crédito (cheque) puesto a su disposición, con motivo de la devolución del impuesto declarado inconstitucional. - Requerimiento 1 En consecuencia, túrnense los presentes autos a la actuaría de la adscripción, a efecto de que se constituya en el domicilio de la impetrante de amparo Héctor Manuel Aguilar Rodríguez; e***; y la REQUIERA NUEVAMENTE, para que dentro de los siguientes tres días hábiles en que surta sus efectos el presente proveído, comparezca a las instalaciones de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a recoger el cheque puesto a su disposición; e informe en igual plazo el resultado del pago, con el apercibimiento que de no hacerlo, o bien no informar al respecto, se tendrá en cuenta su desinterés en recibir exclusivamente dicho pago; y, por ende no se requerirá más a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia, la devolución de tal cheque. En la inteligencia, que ante dicha reticencia se tendrá por conforme en cuanto al pago que no ha deseado recoger. Y no será obstáculo a lo anterior el hecho de que la parte quejosa no haya recogido la cantidad puesta a su disposición, en virtud de que el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja administrativa 192/2014 y Recurso de Inconformidad 14/2014, en sesiones ordinarias de seis de noviembre de dos mil catorce y nueve de enero de dos mil quince, estableció que: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, la emisión de la resolución de cumplimiento en un juicio de amparo no depende del desahogo de la vista otorgada a la parte quejosa, sino por el contrario, el Juez de Distrito está obligado a pronunciarse de oficio sobre el cumplimiento de la ejecutoria; y, Si la parte quejosa no realiza manifestación alguna respecto la vista otorgada, ello se debe a que está conforme con el cumplimiento dado por la autoridad responsable. En ese tenor, puede válidamente concluirse que si el promovente no comparece ante las oficinas de la autoridad responsable a recoger la cantidad que la autoridad pone a su disposición, es porque está conforme con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. Requerimiento 2. Asimismo, se requiere a la autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, para que una vez que la parte quejosa comparezca a sus instalaciones a cobrar el cheque puesto a su disposición, remita a este Juzgado Federal las constancias que acrediten dicha circunstancia fehacientemente (original o copia certificada del recibo que contenga nombre, fecha, cantidad

  4. Principal

    VISTA la demanda de amparo que antecede, de la que se advierte que ******************** promueve amparo en favor de ********************, contra actos del Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro y otra autoridad; regístrese el amparo respectivo bajo el número 811/2020-I, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y libro de gobierno respectivo.****************************************Expediente electrónico.********************Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo, así como en los artículos 87, 89, 90, 91 y 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; se ordena formar el expediente físico para llevar su trámite y a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico.****************************************Bajo ese contexto, el acto reclamado de la demanda de amparo, se advierte que se invocan violaciones previstas en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que el promovente refiere que el quejoso, se encuentra recluido en los separos o celdas del edificio central de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, y señala como acto reclamado:********************La incomunicación. ****************************************En ese sentido, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en la parte que nos interesa: ********************"Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, confiscación de bienes y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales...".****************************************Por su parte, el artículo 15 de la Ley de Amparo vigente, establece: ********************"Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.********************En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado.********************Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas.********************Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos.********************Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda.********************Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona."****************************************De igual forma, el artículo 126 de la Ley de Amparo, señala:********************"ARTÍCULO 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.********************En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento."********************De lo anterior, se aprecia claramente que el acto que se reclama, se encuentra previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, de ahí que RESULTA PROCEDENTE DECRETAR DE PLANO LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO; consecuentemente, conforme lo establece el artículo 126 en relación con el citado 15 de la Ley de Amparo, 22 Constitucional; 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los efectos de la presente suspensión de plano son para que ÚNICAMENTE CESEN DE INMEDIATO LOS ACTOS DE INCOMUNICACIÓN Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD FUERA DEL PROCEDIMIENTO (salvo que se trate de detención en flagrancia o caso urgente o los permitidos por la constitución), así como cesen los previstos en el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o que pongan en peligro la vida de del quejoso, y sea tratado con el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano.********************Debiendo comunicar las autoridades responsables, DE INMEDIATO el cumplimiento que hayan dado a la presente suspensión; lo anterior, con fundamento en lo establecido por el numeral 126 de la Ley de Amparo vigente, apercibidos que de no hacerlo, se harán acreedores a la sanción que prevé el artículo 262, fracción III, de la Ley de la Materia. ********************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 7, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 951, del tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que establece: ********************"SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo.".********************LA CITADA SUSPENSIÓN NO APLICA SI ES DENTRO DE PROCEDIMIENTO PENAL, DETENCIÓN POR CASO URGENTE, FLAGRANCIA O CASO URGENTE O LOS PERMITIDOS POR LA CONSTITUCIÓN.********************Cabe tener presente cuando la detención de éstos sea efectuada por autoridades administrativas distintas de las Ministerio Público como probables responsables de algún delito, sin dilación deben ser puestos a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad o retención dentro del plazo y en los términos del artículo 16 de la Constitución Federal, o en su caso su consignación.

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