Martín Javier Tafoya Domínguez

Expediente 541/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
541/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Martín Javier Tafoya Domínguez
  • Subsecretaria de Representación del Gobierno del Estado en Cd. Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de noviembre de dos mil veintitrés. Recurso de Revisión Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda, el escrito de cuenta presentado por el Titular de la Secretaria de Pueblos y Comunidades Indígenas, con residencia en la ciudad de Chihuahua; en atención a su contenido, se tiene al oficiante interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada el diez de octubre del año en curso, en el presente juicio. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia recurrida, como del recurso de revisión interpuesto en su contra, previa apertura del cuaderno de antecedentes, remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo, así como el escrito de expresión de agravios original del recurrente para la substanciación del recurso hecho valer. Asimismo, distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios. Notifíquese por lista electrónica, personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto para resolver, el juicio de amparo 541/2023-IV, promovido por ********************. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, turnado y recibido en este Juzgado el mismo día, ********************, promovió juicio de amparo, contra el acto y autoridades señalados en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Derechos que el quejoso estimó vulnerados. El quejoso estimó vulnerados en su contra los derechos previstos en los artículos 8 y 17 Constitucionales. Tercero. Tramitación y admisión de la demanda. En auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda a trámite, se requirió su informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como, el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se reclama una omisión que tiene efectos dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, se precisa que el quejoso reclamó de las siguientes autoridades responsables: Regidora Coordinadora de la Comisión para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas del Municipio de Juárez, Chihuahua. Presidente Municipal de Juárez, Chihuahua. Titular de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas del Gobierno del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Subsecretaría de Representación del Gobierno del Estado en Ciudad Juárez. La omisión de contestar la petición que les formuló el dos de mayo de dos mil veintitrés. Además, de la autoridad responsable Titular de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas del Gobierno del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, el quejoso reclama: La respuesta a su petición, emitida el tres de mayo de dos mil veintitrés. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. La Regidora Coordinadora de la Comisión para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas del Municipio de Juárez, Chihuahua, así como el Presidente Municipal de Juárez, Chihuahua, en sus informes justificados, manifestaron que no es cierta la omisión que se les atribuye. Lo anterior se corrobora tomando en cuenta que la autoridad que dio respuesta a la petición del quejoso, fue el Titular de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas del Gobierno del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Por lo anterior, no puede presumirse cierta la omisión reclamada, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, atribuida a la autoridad responsable Subsecretaría de Representación del Gobierno del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad de Chihuahua, que no rindió su informe justificado, a pesar de que le fue oportunamente requerido, pues lo cierto es que dicha omisión no puede atribuírsele, ya que, se insiste, fue la autoridad mencionada en la párrafo que antecede, quien dio contestación a la petición del quejoso. Por lo tanto, en relación con las autoridades responsables Regidora Coordinadora de la Comisión para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas del Municipio de Juárez, Chihuahua, Presidente Municipal de Juárez, Chihuahua y Subsecretaría de Representación del Gobierno del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad de Chihuahua, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este asunto. Cuarto. Existencia de acto reclamado. La Titular de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas del Gobierno del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en su informe justificado relativo a la demanda inicial, manifestó que no es cierta la omisión reclamada, pues se dio respuesta a la misma el tres de mayo del año en curso. Sin embargo, del relato que se desprende de su informe justificado, ni de las constancias que remitió, se advierte que haya notificado dicha respuesta al quejoso, de manera que, este Juzgado tenga la certeza de que en el momento en que este juicio de amparo se promovió (veintinueve de mayo de dos mil veintitrés), efectivamente ya se había dado respuesta a su petición presentada el dos de mayo del año en curso. Por lo tanto, la omisión reclamada, en el momento en que se promovió este asunto, se tiene como cierta. Por otra parte, dicha autoridad responsable, en su informe justificado relativo a la ampliación de demanda, insiste en que no es cierta la omisión reclamada, sin embargo, en la ampliación de demanda el quejoso reclamó la respuesta que emitió en relación con la petición del quejoso, de fecha tres de mayo del año en curso, la cual se tiene como cierta de conformidad con el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, pero además, debido a que su existencia está fehacientemente demostrada, pues la propia autoridad responsable la exhibió, anexa a su primer informe justificado. Así pues, los actos reclamados se tienen como ciertos. Quinto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En relación con el acto reclamado consistente en la omisión de contestar la petición que les formuló el dos de mayo de dos mil veintitrés, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) Conforme a dicha norma, el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado se hayan destruido de manera tal, que las cosas regresaron al estado que guardaban antes de que la situación que vulneraba los derechos de la parte quejosa, se presentara. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, materia Común, Novena Época, con registro digital 196820, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En el caso, el Titular de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas del Gobierno del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, dio contestación a la petición del quejoso, formulada el dos de mayo de dos mil veintitrés, al día siguiente, tres de mayo del mismo año. De manera que, durante el trámite de este juicio de amparo, la omisión reclamada dejó de existir, en los términos señalados en el párrafo que antecede, tan es así, que la propia respuesta de tres de mayo del mismo año, fue reclama en ampliación de demanda. Por lo tanto, en relación con el acto reclamado consistente en la omisión de contestar la petición que les formuló el dos de mayo de dos mil veintitrés, se actualiza la causal de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que al respecto, de conformidad con el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, se sobresee en este asunto. Sexto. Examen constitucional del acto reclamado en ampliación de demanda. Como se indicó, el quejoso reclamó, en su ampliación de demanda, de la Titular de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas del Gobierno del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, la respuesta de tres de mayo de dos mil veintitrés, que emitió en relación con su petición de dos de mayo del mismo año. Sentado lo anterior, la quejosa, esencialmente aduce que la autoridad responsable vulneró en su perjuicio el derecho de petición previsto en el artículo 8º Constitucional. Al respecto, en primer término, es preciso invocar el contenido del artículo constitucional en comento, que es del texto siguiente: Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Dicho numeral establece, de inicio, el derecho de los gobernados a formular peticiones a los funcionarios estatales (por escrito y de manera pacífica y respetuosa); además, determina enseguida las particularidades que debe contener la respuesta de la autoridad, a la petición. Además, para que el derecho de petición consagrado en el imperativo constitucional analizado sea atendible en la vía de amparo, tiene como presupuesto que aquélla se realice al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad; es decir, en una relación de supra a subordinación; de conformidad con la jurisprudencia P./J. 42/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. Así, los elementos que debe comprender la respuesta que dé la autoridad peticionada -de acuerdo a tal prerrogativa fundamental- son medularmente las siguientes: Debe ser formulada en un término breve; esto es, el estrictamente necesario para su estudio y acuerdo. Al respecto, si bien no se ha fijado un término único y genérico para responder y que se considere como "breve", éste se deberá entender como el que racionalmente se requiera para estudiar adecuadamente la petición formulada y acordarla, conforme a su complejidad, las circunstancias específicas del caso y las cargas de trabajo que sopese la autoridad. Debe ser congruente con la petición instada; esto es, la respuesta debe abarcar todos y cada uno de los aspectos planteados en el ocurso de petición y debe ser acorde a lo solicitado. La respuesta debe ser notificada al solicitante, ya sea en el domicilio físico que haya señalado para tales efectos, o bien, vía electrónica, sólo en caso de que el gobernado haya dispuesto un correo electrónico o medio virtual alterno para ello. Esto último, siempre que el oficio de respuesta a la petición cuente con firma autógrafa o electrónica de la autoridad que la emita, pues debe distinguirse entre las formalidades que deben revestir los actos para su validez y las formas autorizadas para comunicarlos. La autoridad tiene plena libertad para resolver la petición planteada, en el sentido que estime pertinente conforme a derecho; es decir, la petición no lo constriñe a pronunciarse en sentido positivo con lo instado. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de jurisprudencia J/27, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 2167, del Tomo XXXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2011, Novena Época, que dice: DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa. Asimismo, se sustenta en la tesis XVII.2o.P.A.1 CS (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, publicada en la página 1674, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2020, Décima Época, del contenido: DERECHO DE PETICIÓN. CONCEPTO DE "BREVE TÉRMINO" PARA EFECTOS DE LA RESPUESTA QUE DEBE DARSE AL PARTICULAR QUE LO EJERCIÓ. El artículo 8o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades la obligación de dar respuesta en "breve término" a la solicitud formulada por un particular; sin embargo, ese concepto no ha sido acotado por el Constituyente, por lo que no es posible fijar un plazo único y genérico para que las autoridades den respuesta a la solicitud que se les plantea en ejercicio del derecho de petición. En esa tesitura, por "breve término" debe entenderse el periodo racional y justificado para estudiar y acordar la petición, conforme a su complejidad, las circunstancias específicas del caso y las cargas de trabajo de la autoridad. Indicado lo anterior, se tiene que el primer concepto de violación que hizo valer el quejoso, en su escrito de ampliación de demanda, es fundado. En efecto, en dicho concepto de violación, argumenta, en esencia, que la respuesta de tres de mayo de dos mil veintitrés, no es congruente con su petición, específicamente en cuanto a organizar un plan de trabajo conjunto, para efectuar una encuesta de participación ciudadana, de manera que las autoridades estatales tengan conocimiento de las necesidades reales de las comunidades N´dee y Rarámuri (tarahumara), y refiere que no solo necesitan frijol y maíz, sino que se necesita además, azúcar, maseca, semillas, material de construcción, entre otros materiales. Se afirma que dicho concepto de violación es fundado, pues su petición de dos de mayo de dos mil veintitrés, tiene relación con los recursos destinados a personas de pueblos indígenas en presupuesto de egresos del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, por un monto de $693,278,179.04 (seiscientos noventa y tres millones, doscientos setenta y ocho mil ciento setenta y nueve pesos 04/100 moneda nacional), solicitó expresamente lo siguiente y se debió a que los integrantes de las comunidades Nación N´dee y Rarámuri (tarahumara), no habían recibido otros apoyos, excepto en despensas, por lo que solicitó expresamente lo siguiente: Que se desglosen y se transparenten dichos recursos e indique cuáles son las autoridades encargadas de administrarlos. Solicitó la atención adecuada, lo antes posible, para sus comunidades, ya que se encuentran en estado de vulnerabilidad Le indique el proceso para evitar dicha situación de vulnerabilidad, ya que incluso han ocurrido muertes por inanición Le indique si lleva a cabo algún tipo de investigación legal y de proceso administrativo para evitar tales acontecimientos y cuáles acciones tomaron para remediar esa situación. Los tome en cuenta para realizar encuestas de participación ciudadana, dentro de dichas comunidades, para establecer planes y encaminar un mejor desarrollo de las mismas, con el fin de mostrar a las autoridades correspondientes la calidad de vida de dichas comunidades y así buscar alternativas más apegadas a la realidad. Indicado lo anterior, en su primer concepto de violación de la ampliación de demanda, el quejoso aduce que si bien en la respuesta que la mencionada autoridad responsable, dio a su petición, señala de forma genérica algunos programas donde los mencionados recursos se aplican, lo cierto es que no se les indicó nada en relación con el plan de trabajo conjunto, o de participación ciudadana, que propuso, para una mejor aplicación de los recursos para las comunidades indígenas mencionadas (específicamente, dice el quejoso, en Ciudad Juárez). En efecto, además de que efectivamente al quejoso se le indican, en la respuesta a su petición, los programas implementados por el Gobierno Estatal, para aplicar el presupuesto para las comunidades indígenas, lo cierto es que la aplicación de tales recursos para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, ya se agotó, pues dicho ejercicio fiscal ya feneció. Sin embargo, como aduce el quejoso, la autoridad responsable fue omisa en dar respuesta a los incisos b) a e), arriba descritos, pues esa situación se prolonga en el tiempo, con independencia de que los recursos asignados para las comunidades indígenas, en determinado ejercicio fiscal, se haya ejercido de la manera prevista; en especial, la autoridad responsable es omisa en abordar la cuestión que el quejoso le plantea, descrita en el inciso e), en cuanto a establecer un plan conjunto de trabajo, a través de herramientas como la participación ciudadana, esto con el propósito de que las autoridades se acerquen a tales comunidades y conozcan su realidad y sus necesidades, peticiones que no se agotan con el ejercicio del presupuesto para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, sino se peticionan acciones y lineamientos que se proyectan hacia el futuro. No se pierde de vista que la autoridad responsable, en su informe justificado sobre la ampliación de demanda, aduce haberse acercado a la comunidad indígena Nación N´dee N´Nee Ndé y haber tenido reuniones los días veintinueve de agosto y siete de septiembre, en las instalaciones la dependencia a la cual pertenece, pero además de que no demuestra haber contestado expresamente a la petición del quejoso conforme al artículo 8 Constitucional, precisamente en ese sentido, nada menciona respecto a la comunidad indígena Tarahumara. Tampoco se pierde de vista que conforme al último párrafo, del artículo 117, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito debería dar vista al quejoso para que manifieste si es su deseo ampliar, en el término de ley, su demanda de amparo, en relación con los motivos y fundamentos que la autoridad responsable expuso en su informe justificado relativo a la ampliación de demanda; sin embargo, se considera ocioso proceder de esa manera, pues de cualquier manera, la respuesta emitida el dos de mayo del año en curso, se encuentra incompleta, esto es, dicha respuesta no es congruente con la petición formulada. Por lo tanto, a efecto de restituir a la quejosa en el pleno goce de su derecho transgredido, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se impone concederle el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el Titular de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas del Gobierno del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre: Deje sin efectos la respuesta que emitió el tres de mayo de dos mil veintitrés, en relación con la petición del quejoso presentada el dos de mayo del mismo año. De inmediato, de respuesta congruente a la petición que le formuló el aquí quejoso el dos de mayo de dos mil veintitrés, esto es, atienda todos y cada uno de los aspectos peticionados, descritos en este considerando. Emita dicha respuesta por escrito. La haga del conocimiento del quejoso el domicilio que señaló en su escrito de petición, dentro del término de tres días a partir de su emisión. Lo anterior, con libertad de pronunciarse con relación a lo solicitado, en el sentido que estimen conveniente conforme a derecho; es decir, en ejercicio de plenitud de jurisdicción, en el cúmulo de sus facultades legales, pero se insiste, de forma congruente atendiendo todas y cada una de las peticiones del quejoso. Ilustra lo anterior, la tesis 3a. XXXIV/92, octava época, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Abril de 1992, página 81, registro 206849, que dispone lo siguiente: PETICIÓN. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ********************, en relación con las autoridades responsables y acto reclamado precisados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en relación con el acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando sexto, para los efectos precisados la parte final del mismo. Notifíquese en lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Informe justificado Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Titular de la Secretaria de Pueblos y Comunidades Indígenas, con residencia en esta ciudad; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido de los mismos, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese en lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ******************, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ******************. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que el día de hoy está señalado para celebrar la audiencia constitucional. Sin embargo, también se advierte que se encuentra transcurriendo el término otorgado al Secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas con sede en la ciudad de Chihuahua, a efecto de que remita su informe con justificación, pues del acuse de recibo postal relativo al oficio mediante el cual se le requirió, se advierte que dicha comunicación oficial la recibió el treinta y uno de agosto del año en curso. Se difiere Audiencia Constitucional A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las once horas con diez minutos del diez de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notificación a las partes Finalmente, notifíquese por lista a las partes, incluidas las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese en lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.YMR/JRV

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano