Martín Javier Tafoya Domínguez y Otros.
Expediente 137/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 137/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Martín Javier Tafoya Domínguez y Otros.
- Martín Javier Tafoya Domínguez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, once de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, con el que remite testimonio de la resolución emitida por el pleno de dicho órgano en el recurso de queja penal 38/2023, formado con motivo del medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés, en que se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa; de donde se advierte que la superioridad resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja a que este toca se refiere." Gírese el acuse de recibo correspondiente. Al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese este asunto como concluido. Se hace la precisión que este expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en el supuesto previsto en los artículos 6, 12 y 21 inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y manual para la organización de archivos judiciales resguardados por el citado consejo, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo y al prudente arbitrio de este juzgador se considera que no tiene relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del expediente y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo. Notifíquese.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa el acuerdo de veintisiete de febrero anterior, en el que se tuvo por recibido y admitido el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en el expediente en que se actúa y se registró con el número 38/2023. Asimismo, se requiere a este juzgado para que se le remita el auto por el cual se recibió el medio de impugnación y las constancias de notificación a las partes. En atención a su petición, toda vez que el expediente impreso de este asunto, únicamente se formó con las constancias que se presentaron físicamente, en términos de lo establecido en el numeral 22 reformado del precitado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente, para que se dé acceso al expediente electrónico al Tribunal de Alzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de Amparo y ordinal 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Asimismo, realícese la impresión del acuerdo de veintiuno de febrero último, y recábese copia certificada de la constancia de notificación del mismo, y envíense a la brevedad posible al citado Tribunal.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), firmado electrónicamente por el licenciado ********************autorizado de la parte quejosa, en términos del numeral 12 de la ley de la materia, con el cual interpone recurso de queja contra el proveído de nueve de febrero del año que transcurre, en el que se desechó de plano la demanda de amparo y formula los agravios respectivos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98 y 99, de la Ley de Amparo, para los fines del recurso de queja hecho valer contra el citado auto, déjese en el expediente copia del escrito de interposición respectivo y de expresión de agravios. Toda vez que en el auto recurrido se desechó la demanda, sin admitirla a trámite, no existen más partes a quienes notificar del aludido medio de impugnación, por tanto acorde a lo señalado por los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo, remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en turno, con residencia en esta localidad, el original y copia del escrito con que se promueve el aludido medio de impugnación y en el que se expresan agravios, asimismo, ríndase el informe sobre la materia de la queja, al que deberá acompañarse copia certificada de las constancias pertinentes.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Martín Javier Tafoya Domínguez, por propio derecho y ostentándose como representante común del Nación N´dee/N´nee/Ndé, conocida como Nación Apache, a quienes refiere les asiste el carácter de terceros interesados legítimos en el Programa Nacional Fronterizo (PRONAF), impugnado en autos del juicio de amparo indirecto ********************, de donde deriva el acto que reclama del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta localidad fronteriza, por considerarlo violatorio de los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 29, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese expediente y regístrese en el libro electrónico implementado por el Sistema Electrónico de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el número 137/2023-V. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo que sigue es analizar la demanda de amparo para verificar si se actualiza alguna causal de improcedencia, pues de acontecer tal circunstancia debe desecharse. En acatamiento a lo anterior, de la demanda se advierte que Martín Javier Tafoya Domínguez, por propio derecho y ostentándose como representante común del Nación N´dee/N´nee/Ndé, conocida como Nación Apache, a quienes refiere les asiste el carácter de terceros interesados legítimos en el Programa Nacional Fronterizo (PRONAF), impugnado en autos del juicio de amparo indirecto ********************, de la estadística del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta localidad fronteriza, de cuyo titular reclama el sobreseimiento fuera de audiencia decretado en dicho procedimiento. Ahora bien, para este juzgador resulta un hecho notorio lo acontecido en el referido juicio de amparo indirecto ********************, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, el cual fue promovido por ********************, por conducto de su administrador único ********************, contra actos del Cabildo de Juárez, Chihuahua y otras autoridades, en cuyo auto admisorio de once de mayo de dos mil veintiuno, se reconoció como terceros interesados a ********************, ********************;********************;********************;********************;********************, y ********************. Procedimiento constitucional en el que, por auto de diez de enero de dos mil veintitrés, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. al haber transcurrido el plazo de veinte días que fue concedido a la parte quejosa en diverso acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, para que acreditara ante ese órgano jurisdiccional, la entrega para su publicación, de los edictos ordenados para el emplazamiento de la parte tercera interesada ********************, en el Diario Oficial de la Federación, así como en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana, sin que lo haya hecho así. Sin soslayar que el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, se tuvo a ********************, por su propio derecho, y en su calidad de representante del tercero interesado "********************" así como al autorizado de la parte quejosa, interponiendo recurso de queja en contra de dicha determinación. Información que, al igual que la determinación combatida, obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), por lo que tiene valor probatorio de conformidad con lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°; al tratarse de un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del ordenamiento adjetivo citado. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, registro digital 2017123, página 10, del tenor siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Expuesto lo anterior, este juzgador estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que señala que es improcedente el juicio constitucional contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. En efecto, a fin de sostener que se actualiza esa causal de improcedencia, conviene señalar que no es factible la impugnación de los actos que señala el promotor, en vía de amparo indirecto, pues ésta tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales, sin que sea dable estimar que los actos dictados dentro del procedimiento de amparo indirecto, violen tales derechos fundamentales, habida cuenta que éstos constituyen las prerrogativas reconocidas a las personas por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; esto es, constituyen derechos a favor de todos los gobernados contra los actos arbitrarios de autoridad, o equiparables a éstos, que dan a la persona la potestad de exigirlos mediante la acción constitucional de amparo, la cual persigue proteger y preservar el régimen constitucional. Aunado a ello, de tramitar la demanda de amparo de cuenta. implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional; pues en todo caso, si los jueces federales al tramitar o resolver un juicio de amparo indirecto incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece, los que pueden ser interpuestos por el afectado aunque no sea parte en el juicio respectivo, ya que de no hacerlo así, se ocasionaría un trámite interminable de demandas de amparo. Luego, si como se precisó en párrafos anteriores, en la especie se reclama -del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua- el sobreseimiento fuera de audiencia del procedimiento constitucional de origen, es inconcuso que el juicio de amparo intentado resulte notoriamente improcedente, al reclamarse un acto u omisión llevado a cabo en el procedimiento de diverso juicio de amparo indirecto, al no poder atribuírsele al juez de Distrito la violación de esos derechos al ejercer su función de control constitucional. Resulta aplicable al respecto, por identidad de razón, el criterio contenido en la tesis XII.1o.4 K, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Enero de 1996, Novena Época, Materias(s): Común. Registro digital 203421, página 305, de rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS EMITIDOS EN OTRO JUICIO DE GARANTIAS, AUNQUE SEA INTERPUESTO POR UNA PERSONA QUE NO ES PARTE EN ESTE ULTIMO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. De la lectura del precepto legal citado se advierte que establece la improcedencia del juicio de amparo en contra de actos emitidos en otro de la misma naturaleza, independientemente de que quien lo promueva sea o no parte en el juicio de donde provenga el acto o resolución reclamada, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de garantías; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional; pues en todo caso, si los jueces federales al tramitar o resolver un juicio de garantías incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece, los que pueden ser interpuestos por el afectado aunque no sea parte en el juicio respectivo." Por lo anterior, es incuestionable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, respecto de la autoridad mencionada, por la naturaleza de los actos reclamados en esta vía. En congruencia con todo lo anterior, lo procedente en este caso, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, respecto de los actos atribuidos al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta localidad fronteriza. Con apoyo en los artículos 6 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 16 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1, 40 y 41, del Reglamento de la citada ley; y 8º, párrafo primero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Unión y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, infórmese al promovente que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. En diverso orden, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Asimismo, con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista únicamente mediante la publicación en internet, la cual se puede consultar en la liga siguiente https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. De igual manera, se autoriza firmar electrónicamente, mediante el uso de la Firel, los oficios que correspondan a este asunto. Se hace saber al accionante del amparo que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado a través del punto Cuarto del diverso Acuerdo General, aprobado en sesión de trece de octubre del año próximo pasado, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, las partes deberán generar cita a través del sistema "Agenda OJ"; sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en calle Luis H. De La Fuente, número 3558, colonia Las Palmas, en esta localidad fronteriza; y, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, al licenciado ********************, cuya cédula profesional aparece registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, en tanto que en términos restringidos del citado numeral, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, por así solicitarlo la promovente. En atención a su solicitud se autoriza acceso al expediente electrónico del presente juicio; por ende, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), realice el registro y autorización correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de la materia, atendiendo al nombre de usuario que proporciona el promovente "********************", para la consulta del presente expediente vía electrónica y la práctica de las notificaciones correspondientes e incluso las de carácter personal, por esa vía; lo anterior, de conformidad con la fracción IV del artículo 26, fracción VI, de la Ley de Amparo y artículo 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se ordena a los actuarios de la adscripción para que las notificaciones derivadas del presente asunto las realicen de manera electrónica, asentando la constancia respectiva. Por lo que respecta al número de teléfono y correo electrónico que señala en su escrito, ******************** y ********************, ténganse únicamente como nueva forma de contacto entre las partes y el personal jurisdiccional. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.
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