Martín Jaime Segura Rangél

Expediente 873/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
873/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
10/10/2022

Partes del expediente

  • Martín Jaime Segura Rangél

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio remitido vía interconexión por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual informa que el titular del órgano de su adscripción aceptó la competencia plateada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ***************, por su propio derecho, contra actos del Administrador Desconcentrado de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guanajuato "3", de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, y otra autoridad. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en artículo 21, inciso j), del Acuerdo citado, se ordena la destrucción del presente expediente en el plazo a que alude dicho acuerdo.

  2. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso ********************, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le formuló en proveído de doce de los actuales; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la prevención. Dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene para conocer del presente juicio constitucional. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo que textualmente establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Bajo ese contexto legal, si el quejoso *******************, esencialmente reclama la negativa de la reducción de las multas que derivan de las resoluciones determinantes *******************, y su domicilio fiscal se encuentra en San José de Iturbide, Guanajuato, es inconcuso que este Juzgado carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda que se estudia. Lo anterior, porque si bien es cierto que la negativa de la responsable de reducir una multa fiscal no requiere de ejecución material directa, también lo es que al implicar el rechazo de dar curso a una solicitud para que la multa primigenia se modifique, lo que se traduce en un efecto positivo que condiciona su ejecución y posibilita la actuación material de la autoridad responsable, porque de no enterar la cantidad establecida el procedimiento administrativo de ejecución continuará hasta lograr su recuperación. Por ello, es competente para conocer de dicha determinación administrativa el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en donde se harán efectivas las resoluciones determinantes, es decir, donde tiene su domicilio fiscal el contribuyente. Entonces, si el domicilio fiscal del solicitante del amparo se localiza en San José Iturbide, Guanajuato, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda, pues los actos de que se duele tendrán ejecución en la referida localidad, que se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal. Lo anterior de conformidad al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente controvertido al Juez de Distrito, en turno, en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, a quien se considera competente para conocer del presente juicio. b. Solicitarle comedidamente informe si acepta o no el conocimiento del mismo. c. Formar con copia de la aludida demanda y escrito aclaratorio el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por *************, por su propio derecho, contra actos del Administrador Desconcentrado de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guanajuato "3", de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria y otra autoridad; con apoyo en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 873/2022-V. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia, como se verá a continuación: La fracción I del aludido numeral 108 de la legislación en comento estatuye: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;." El requisito en comento adquiere importancia y relevancia para la tramitación legal del juicio de amparo, además de que resulta determinante para establecer la competencia territorial para conocer del mismo. En el caso concreto, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso ********** esencialmente reclama en la presente instancia constitucional la negativa de la reducción de las multas que derivan de las resoluciones determinantes *************. Del escrito inicial de demanda, en específico en el apartado correspondiente al "nombre y domicilio del quejoso", se advierte que tiene su domicilio fiscal en ************; sin embargo, de las constancias que anexó (oficio 400-27-00-02-00-2022-4331 de tres de agosto de dos mil veintidós) se desprende que la responsable realiza una trascripción de la solicitud del impetrante en la que señaló como domicilio fiscal el ubicado el Colonia **************. Entonces, para estar en condiciones de proveer lo que en derecho corresponda, resulta necesario que precise y acredite con documento fehaciente cuál es su domicilio fiscal. Conclusivamente, con fundamento en el artículo 108, fracción I, en relación con el 114, fracción II, ambos de la ley de la materia, prevéngase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con tres copias para correr traslado a cada una de las partes, realice lo siguiente: Manifieste bajo protesta de decir verdad y acredite con documento fehaciente cuál es su domicilio fiscal. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 39, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando los usuarios ************* dados de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Téngase al promovente autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado **********, al contar con cédula profesional número 7*********** inscrita en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del presento legal en cita a las restantes personas, por así haberlo solicitado. Conforme a lo dispuesto por la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le permite el uso de aparatos como cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos dictados en el presente expediente. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las pates en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado.

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