Martín Ismael Mazorra Manzano
Expediente 1684/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1684/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Martín Ismael Mazorra Manzano
Actuaciones
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veinte de enero de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra de la resolución emitida el cuatro de este mes, en la que se desechó la demanda de amparo en este asunto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado, para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Notifíquese; y, personalmente al promovente. Así lo acordó y firma Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/128/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Jenniffer
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, cuatro de enero de dos mil veintitrés. 1. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, presentado por la parte quejosa, mediante el cual cumple con la prevención señalada en autos. 2. Desechamiento de la demanda. Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que la acción constitucional es notoriamente improcedente y, por ende, procede desechar la demanda. Para una mejor comprensión del caso, es conveniente contextualizar la problemática que se atiende, según lo narrado por el quejoso en su demanda y aclaración correspondiente, efectuado bajo protesta de decir verdad, como a continuación se precisa: El reclamo del quejoso se hace consistir en la diligencia de emplazamiento practicada por los inspectores Darío Campos Tovar y Verónica Hernández Berinstaín, adscritos a la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Industrial, refiriendo que nunca le fue notificada personalmente. Ahora de la lectura íntegra realizada a la demanda y escrito que se agrega, se advierte lo siguiente: 1. Refiere, que el dieciocho de julio de dos mil veintidós, ********************, por conducto de su apoderado legal, promovió solicitud de declaración a infracción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en contra del dueño, encargado, poseedor y/o responsable del establecimiento ubicado en carretera ********************, Hermosillo, Sonora; asunto que se radicó bajo expediente ********************. 2. Indica, que el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se levantó el acta circunstanciada donde se realizó el emplazamiento del establecimiento comercial del cual se ostenta como poseedor y/o propietario, ubicado en carretera ********************, Hermosillo, Sonora. 3. Explica, que el trece de diciembre de dos mil veintidós, se presentó la contestación del emplazamiento en la ventanilla de la autoridad responsable, la cual efectúo el aquí quejoso a su nombre, de manera directa ostentándose como propietario del establecimiento comercial referido. Igualmente expone, que el estado procesal que guarda actualmente el procedimiento es: "que le está transcurriendo el plazo de quince días para que la autoridad responsable emita el acuerdo que recaerá a la contestación presentada en fecha trece de diciembre del año en curso, en consecuencia se encuentra actualmente en trámite y no existe ningún medio de impugnación presentado ni pendiente de resolverse" Ahora bien, precisado lo anterior, este juzgador sustenta que atento a la naturaleza del acto reclamado y el estado actual de procedimiento administrativo de origen, se actualiza en modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, éste aplicado en sentido contrario. Los numerales en trato establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De la norma transcrita en primer orden se sigue, que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. Por su parte, la diversa disposición, dispone que el juicio de amparo procede contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva, por violaciones cometidas en la misma o durante el procedimiento, si por virtud de dicha resolución, se hubiere quedado sin defensa el quejoso trascendiendo al resultado de la resolución; y contra actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Esto último, es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107, fracciones V, cuando establece que el amparo se pide ante juez de Distrito "Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."; en tanto que la fracción VI del aludido precepto 107, indica que el amparo es procedente "contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas" Concatenando lo anterior, es dable referir que cuando se trate de un procedimiento administrativo solo será procedente el juicio de amparo, contra la última resolución y dentro del procedimiento cuando se afecte materialmente algún derecho sustantivo, como sucede cuando a quien o quienes resulten ser parte del procedimiento durante su tramitación se le afectan derechos que pueden incidir en grado superlativo o trascender en la resolución que se emita en el mismo; o bien, cuando la parte amparista no haya sido llamada al procedimiento resuelto. Cabe acotar que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación (durante el trámite del procedimiento) se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del justiciable. El concepto de irreparabilidad expuesto, ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 189, del rubro siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". Por su parte, la extinta Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, ha definido los actos procesales cuya ejecución es de imposible reparación, en la jurisprudencia 175, cuyo tenor es: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo.". En relación con la aplicación de las tesis transcritas, el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, establece: "Artículo sexto. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley." Se apunta lo anterior, para sustentar que el numeral transcrito es claro al establecer que, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley. Es así, ya que si los criterios que interpretaban los actos que debían ser considerados como de imposible reparación (definiéndolos como aquellos que transgredían derechos adjetivos en grado superior y predominante), se emitieron a la luz del artículo 114 fracción IV de la Ley de Amparo anterior a las reformas publicadas el dos de abril de dos mil trece; y actualmente el artículo 107, fracción V de la propia normatividad legal, en vigor, los define en forma limitativa como aquellos que transgreden derechos sustantivos, por tanto, es claro que todas las tesis y criterios jurisprudenciales que están armonía con dicha disposición normativa, resultan aplicables, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente. Así, de la lectura del indicado artículo 107, fracción III, incisos a) y b), se advierte que tratándose de actos emitidos dentro del procedimiento administrativo, el amparo en la vía indirecta procede únicamente contra aquellos que tienen como efectos que sean de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de generar una afectación de manera cierta e inmediata a alguno de los llamados derechos sustantivos que tutela nuestro Máximo Ordenamiento y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque dicha afectación o sus efectos no se destruirían fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el procedimiento. Es así, ya que fue voluntad del legislador establecer que en relación con actos en el juicio, la procedencia del juicio de amparo indirecto se circunscribiera a aquellos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo que resulta relevante para advertir que mediante tal restricción la Ley de la Materia implícitamente proscribe que el amparo indirecto pueda ser procedente respecto de cualquier acto en el juicio. De no ser así, ninguna justificación lógica ni jurídica tendría que el legislador hubiere condicionado o restringido la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta respecto de actos ocurridos dentro de un procedimiento o juicio, a que "tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación". En esa medida, los elementos medulares del concepto ejecución de imposible reparación, como base para la procedencia del juicio de amparo indirecto, radica en que los efectos o consecuencias de los actos procesales que se reclamen, destacadamente produzcan una afectación inmediata y directa de los derechos sustantivos de los gobernados, previstos en la Constitución como derechos fundamentales. En ese sentido, los derechos sustantivos son los que forman parte del acervo jurídico constante de las personas para la realización de sus fines, comenzando fundamentalmente por el derecho a la vida, al de la libertad en sus diversas manifestaciones, como la de expresión, de trabajo, de tránsito, etcétera, y también incluye el derecho a obtener bienes y conservarlos en propiedad, en posesión, o en cualquier modalidad prevista por la ley, así como los derechos de familia u otros. Luego, la posible afectación de esos derechos por parte de algún acto de autoridad, genera la posibilidad de que el afectado pueda combatirlo a través del juicio de amparo, y sea un juez constitucional quien analice si la resolución que contiene un acto de molestia en la persona o familia satisface las características que exige el numeral transcrito. Por tanto, si el acto reclamado puede trastocar alguno de esos derechos fundamentales, el juicio en la vía indirecta es procedente, aun cuando esté emitido dentro de juicio, pues en caso de que el acto se ejecute, la violación a esos derechos fundamentales quedará irreparablemente consumada, a pesar de obtener fallo favorable, pues el análisis constitucional de la violación carecerá de objeto en ese momento. Entre otros, la diligencia de emplazamiento es una acto reclamable en juicio de amparo, siempre y cuando la parte agraviada no haya sido citada al juicio o procedimiento -resueltos- legalmente (tercero extraño stricto sensu), o que habiendo sido llamado, no reconozca tal llamamiento (tercero extraño por equiparación). Lo anterior, denota que el emplazamiento puede ser impugnado en la vía indirecta por la parte agraviada, una vez que sea emitida en el procedimiento una resolución final que acuse un perjuicio en su contra, empero, si encontrándose en trámite el procedimiento la parte emplazada se integra a la relación jurídica como parte de dicho procedimiento, estará en aptitud de combatir el llamamiento que se le hizo en lo que pudiera resultarle afectación. Sobre esas premisas es dable señalar que se surte la causal de improcedencia destacada, en virtud de que las consecuencias producidas al ocursante en el sentido de que no fue emplazado personalmente, no son de imposible reparación, dado que ya se integró al procedimiento de origen, pues el agraviado hace patente que contestó el emplazamiento y que el procedimiento se encuentra actualmente en trámite, lo que es indicativo de que no se trata de un tercero extraño al que se le hubiera afectado materialmente algún derecho sustantivo, pues al encontrarse en trámite el procedimiento y haberse integrado al mismo a través de la contestación que refiere haber efectuado el trece de diciembre próximo pasado, cualquier afectación que pudiera resentir respecto del emplazamiento pudo haberla impugnado ante la propia autoridad del procedimiento; de modo que si no lo hizo y se integró al mismo, no resulta procedente el biinstancial, pues al incorporarse al procedimiento, ahora está en aptitud de que cualquier perjuicio a derechos adjetivos o procesales, al ser sus efectos meramente formales, los puede combatir en el propio procedimiento; de ahí que no esté justificada la procedencia para que el acto reclamado sea sometido al control constitucional. Por tanto, al haber comparecido al procedimiento administrativo, no se advierten afectados los derechos sustantivos del quejoso, por lo que no puede ser analizado el emplazamiento que aquí impugna mediante juicio constitucional, ya que al estar integrado a la controversia administrativa en trámite como parte, tiene los medios de defensa a su alcance regulados en la legislación que rige la materia de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 558, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 1002624, visible en el Apéndice de 2011, Tomo II, página 621, que es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Así las cosas, al evidenciarse que en relación con el acto de emplazamiento efectuado en el procedimiento administrativo de origen, que reclama el quejoso no resulta ser un tercero extraño a dicha controversia, por tanto, no le causa un perjuicio de imposible reparación, para los efectos del amparo, ya que el quejoso se integró al procedimiento cuyo emplazamiento reclama y dicho asunto se encuentra actualmente en trámite; por tanto, la resolución definitiva que se pronuncie, puede serle favorable, y las violaciones procesales desaparecerán sin dejar huella en su esfera jurídica, y sólo trascenderán en el caso de que la sentencia fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, y en ese momento será cuando la violación de que se duela pueda combatirla mediante el juicio de amparo correspondiente. Consecuentemente, en la especie se actualiza, de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha la demanda de amparo en estudio. Se cita como apoyo, en lo conducente, la tesis 2a./J. 47/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, página 1627, Décima Época, con registro 2000293, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Asimismo, se cita por razón de su contenido la tesis 2a./J. 5/2021 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 85, Abril de 2021, Tomo I, página 506, Décima Época, con registro 2023029, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE DESECHARLA POR ACTUALIZARSE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO TIENE A SU ALCANCE MEDIOS PROBATORIOS SUFICIENTES PARA CONCLUIR QUE LA PARTE QUEJOSA NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. Hechos: Al resolver diversos recursos de queja, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre si procede o no el desechamiento de una demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando quien promueve con el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación no acredita tener tal carácter. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que procede desechar la demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando el Juez de Distrito tiene a su alcance medios probatorios suficientes para concluir que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación. Justificación: De conformidad con los artículos 107, fracciones III, inciso c), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra actos u omisiones, dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas al juicio. Por otra parte, se tiene que el tercero extraño por equiparación es el sujeto que siendo parte formal de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado al juicio, o bien, que fue defectuoso el emplazamiento y que, por ello, no pudo comparecer al procedimiento en defensa de sus intereses. En otro orden, se tiene que el Juez de amparo no podrá admitir a trámite la demanda relativa, en caso de existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Luego, cuando el juzgador de amparo que conoce de la demanda tiene a su alcance los elementos probatorios suficientes que le permiten deducir que el promovente no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación, es legalmente válido que deseche la demanda de amparo, en tanto que aun cuando se tramitara el juicio no se llegaría a una conclusión distinta." Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE 04 ENERO 2022, QUE DICE: Auto. En Hermosillo, Sonora, cuatro de enero de dos mil veintitrés. 1. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, presentado por la parte quejosa, mediante el cual cumple con la prevención señalada en autos. 2. Desechamiento de la demanda. Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que la acción constitucional es notoriamente improcedente y, por ende, procede desechar la demanda. Para una mejor comprensión del caso, es conveniente contextualizar la problemática que se atiende, según lo narrado por el quejoso en su demanda y aclaración correspondiente, efectuado bajo protesta de decir verdad, como a continuación se precisa: El reclamo del quejoso se hace consistir en la diligencia de emplazamiento practicada por los inspectores Darío Campos Tovar y Verónica Hernández Berinstaín, adscritos a la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Industrial, refiriendo que nunca le fue notificada personalmente. Ahora de la lectura íntegra realizada a la demanda y escrito que se agrega, se advierte lo siguiente: 1. Refiere, que el dieciocho de julio de dos mil veintidós, ********************, por conducto de su apoderado legal, promovió solicitud de declaración a infracción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en contra del dueño, encargado, poseedor y/o responsable del establecimiento ubicado en carretera ********************, Hermosillo, Sonora; asunto que se radicó bajo expediente ********************. 2. Indica, que el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se levantó el acta circunstanciada donde se realizó el emplazamiento del establecimiento comercial del cual se ostenta como poseedor y/o propietario, ubicado en carretera ********************, Hermosillo, Sonora. 3. Explica, que el trece de diciembre de dos mil veintidós, se presentó la contestación del emplazamiento en la ventanilla de la autoridad responsable, la cual efectúo el aquí quejoso a su nombre, de manera directa ostentándose como propietario del establecimiento comercial referido. Igualmente expone, que el estado procesal que guarda actualmente el procedimiento es: "que le está transcurriendo el plazo de quince días para que la autoridad responsable emita el acuerdo que recaerá a la contestación presentada en fecha trece de diciembre del año en curso, en consecuencia se encuentra actualmente en trámite y no existe ningún medio de impugnación presentado ni pendiente de resolverse" Ahora bien, precisado lo anterior, este juzgador sustenta que atento a la naturaleza del acto reclamado y el estado actual de procedimiento administrativo de origen, se actualiza en modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, éste aplicado en sentido contrario. Los numerales en trato establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De la norma transcrita en primer orden se sigue, que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. Por su parte, la diversa disposición, dispone que el juicio de amparo procede contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva, por violaciones cometidas en la misma o durante el procedimiento, si por virtud de dicha resolución, se hubiere quedado sin defensa el quejoso trascendiendo al resultado de la resolución; y contra actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Esto último, es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107, fracciones V, cuando establece que el amparo se pide ante juez de Distrito "Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."; en tanto que la fracción VI del aludido precepto 107, indica que el amparo es procedente "contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas" Concatenando lo anterior, es dable referir que cuando se trate de un procedimiento administrativo solo será procedente el juicio de amparo, contra la última resolución y dentro del procedimiento cuando se afecte materialmente algún derecho sustantivo, como sucede cuando a quien o quienes resulten ser parte del procedimiento durante su tramitación se le afectan derechos que pueden incidir en grado superlativo o trascender en la resolución que se emita en el mismo; o bien, cuando la parte amparista no haya sido llamada al procedimiento resuelto. Cabe acotar que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación (durante el trámite del procedimiento) se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del justiciable. El concepto de irreparabilidad expuesto, ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 189, del rubro siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". Por su parte, la extinta Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, ha definido los actos procesales cuya ejecución es de imposible reparación, en la jurisprudencia 175, cuyo tenor es: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo.". En relación con la aplicación de las tesis transcritas, el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, establece: "Artículo sexto. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley." Se apunta lo anterior, para sustentar que el numeral transcrito es claro al establecer que, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley. Es así, ya que si los criterios que interpretaban los actos que debían ser considerados como de imposible reparación (definiéndolos como aquellos que transgredían derechos adjetivos en grado superior y predominante), se emitieron a la luz del artículo 114 fracción IV de la Ley de Amparo anterior a las reformas publicadas el dos de abril de dos mil trece; y actualmente el artículo 107, fracción V de la propia normatividad legal, en vigor, los define en forma limitativa como aquellos que transgreden derechos sustantivos, por tanto, es claro que todas las tesis y criterios jurisprudenciales que están armonía con dicha disposición normativa, resultan aplicables, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente. Así, de la lectura del indicado artículo 107, fracción III, incisos a) y b), se advierte que tratándose de actos emitidos dentro del procedimiento administrativo, el amparo en la vía indirecta procede únicamente contra aquellos que tienen como efectos que sean de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de generar una afectación de manera cierta e inmediata a alguno de los llamados derechos sustantivos que tutela nuestro Máximo Ordenamiento y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque dicha afectación o sus efectos no se destruirían fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el procedimiento. Es así, ya que fue voluntad del legislador establecer que en relación con actos en el juicio, la procedencia del juicio de amparo indirecto se circunscribiera a aquellos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo que resulta relevante para advertir que mediante tal restricción la Ley de la Materia implícitamente proscribe que el amparo indirecto pueda ser procedente respecto de cualquier acto en el juicio. De no ser así, ninguna justificación lógica ni jurídica tendría que el legislador hubiere condicionado o restringido la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta respecto de actos ocurridos dentro de un procedimiento o juicio, a que "tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación". En esa medida, los elementos medulares del concepto ejecución de imposible reparación, como base para la procedencia del juicio de amparo indirecto, radica en que los efectos o consecuencias de los actos procesales que se reclamen, destacadamente produzcan una afectación inmediata y directa de los derechos sustantivos de los gobernados, previstos en la Constitución como derechos fundamentales. En ese sentido, los derechos sustantivos son los que forman parte del acervo jurídico constante de las personas para la realización de sus fines, comenzando fundamentalmente por el derecho a la vida, al de la libertad en sus diversas manifestaciones, como la de expresión, de trabajo, de tránsito, etcétera, y también incluye el derecho a obtener bienes y conservarlos en propiedad, en posesión, o en cualquier modalidad prevista por la ley, así como los derechos de familia u otros. Luego, la posible afectación de esos derechos por parte de algún acto de autoridad, genera la posibilidad de que el afectado pueda combatirlo a través del juicio de amparo, y sea un juez constitucional quien analice si la resolución que contiene un acto de molestia en la persona o familia satisface las características que exige el numeral transcrito. Por tanto, si el acto reclamado puede trastocar alguno de esos derechos fundamentales, el juicio en la vía indirecta es procedente, aun cuando esté emitido dentro de juicio, pues en caso de que el acto se ejecute, la violación a esos derechos fundamentales quedará irreparablemente consumada, a pesar de obtener fallo favorable, pues el análisis constitucional de la violación carecerá de objeto en ese momento. Entre otros, la diligencia de emplazamiento es una acto reclamable en juicio de amparo, siempre y cuando la parte agraviada no haya sido citada al juicio o procedimiento -resueltos- legalmente (tercero extraño stricto sensu), o que habiendo sido llamado, no reconozca tal llamamiento (tercero extraño por equiparación). Lo anterior, denota que el emplazamiento puede ser impugnado en la vía indirecta por la parte agraviada, una vez que sea emitida en el procedimiento una resolución final que acuse un perjuicio en su contra, empero, si encontrándose en trámite el procedimiento la parte emplazada se integra a la relación jurídica como parte de dicho procedimiento, estará en aptitud de combatir el llamamiento que se le hizo en lo que pudiera resultarle afectación. Sobre esas premisas es dable señalar que se surte la causal de improcedencia destacada, en virtud de que las consecuencias producidas al ocursante en el sentido de que no fue emplazado personalmente, no son de imposible reparación, dado que ya se integró al procedimiento de origen, pues el agraviado hace patente que contestó el emplazamiento y que el procedimiento se encuentra actualmente en trámite, lo que es indicativo de que no se trata de un tercero extraño al que se le hubiera afectado materialmente algún derecho sustantivo, pues al encontrarse en trámite el procedimiento y haberse integrado al mismo a través de la contestación que refiere haber efectuado el trece de diciembre próximo pasado, cualquier afectación que pudiera resentir respecto del emplazamiento pudo haberla impugnado ante la propia autoridad del procedimiento; de modo que si no lo hizo y se integró al mismo, no resulta procedente el biinstancial, pues al incorporarse al procedimiento, ahora está en aptitud de que cualquier perjuicio a derechos adjetivos o procesales, al ser sus efectos meramente formales, los puede combatir en el propio procedimiento; de ahí que no esté justificada la procedencia para que el acto reclamado sea sometido al control constitucional. Por tanto, al haber comparecido al procedimiento administrativo, no se advierten afectados los derechos sustantivos del quejoso, por lo que no puede ser analizado el emplazamiento que aquí impugna mediante juicio constitucional, ya que al estar integrado a la controversia administrativa en trámite como parte, tiene los medios de defensa a su alcance regulados en la legislación que rige la materia de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 558, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 1002624, visible en el Apéndice de 2011, Tomo II, página 621, que es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Así las cosas, al evidenciarse que en relación con el acto de emplazamiento efectuado en el procedimiento administrativo de origen, que reclama el quejoso no resulta ser un tercero extraño a dicha controversia, por tanto, no le causa un perjuicio de imposible reparación, para los efectos del amparo, ya que el quejoso se integró al procedimiento cuyo emplazamiento reclama y dicho asunto se encuentra actualmente en trámite; por tanto, la resolución definitiva que se pronuncie, puede serle favorable, y las violaciones procesales desaparecerán sin dejar huella en su esfera jurídica, y sólo trascenderán en el caso de que la sentencia fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, y en ese momento será cuando la violación de que se duela pueda combatirla mediante el juicio de amparo correspondiente. Consecuentemente, en la especie se actualiza, de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha la demanda de amparo en estudio. Se cita como apoyo, en lo conducente, la tesis 2a./J. 47/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, página 1627, Décima Época, con registro 2000293, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Asimismo, se cita por razón de su contenido la tesis 2a./J. 5/2021 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 85, Abril de 2021, Tomo I, página 506, Décima Época, con registro 2023029, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE DESECHARLA POR ACTUALIZARSE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO TIENE A SU ALCANCE MEDIOS PROBATORIOS SUFICIENTES PARA CONCLUIR QUE LA PARTE QUEJOSA NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. Hechos: Al resolver diversos recursos de queja, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre si procede o no el desechamiento de una demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando quien promueve con el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación no acredita tener tal carácter. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que procede desechar la demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando el Juez de Distrito tiene a su alcance medios probatorios suficientes para concluir que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación. Justificación: De conformidad con los artículos 107, fracciones III, inciso c), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra actos u omisiones, dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas al juicio. Por otra parte, se tiene que el tercero extraño por equiparación es el sujeto que siendo parte formal de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado al juicio, o bien, que fue defectuoso el emplazamiento y que, por ello, no pudo comparecer al procedimiento en defensa de sus intereses. En otro orden, se tiene que el Juez de amparo no podrá admitir a trámite la demanda relativa, en caso de existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Luego, cuando el juzgador de amparo que conoce de la demanda tiene a su alcance los elementos probatorios suficientes que le permiten deducir que el promovente no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación, es legalmente válido que deseche la demanda de amparo, en tanto que aun cuando se tramitara el juicio no se llegaría a una conclusión distinta." Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes
- Martin Guzman Leija603/2019
- Martín Heriberto Apodaca Rivera1515/2021
- Martin Herrera Martinez88/2018
- Martin Herrera Martinez975/2017
- Martín Horacio Coronado López1253/2021
- Martin Ibarra Amavizca438/2019
- Martín Iván Torres Bascues731/2022
- Martin Ivan Torres Vazquez797/2018
- Martin Jesús Larez Córdova886/2020
- Martin López Guevara1525/2019
- Martín Manuel Andrade Morales418/2023
- Martín Miguel Domínguez Delgado760/2020