Martin Ibarra Lemus

Expediente 124/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
124/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
03/04/2023

Partes del expediente

  • Martin Ibarra Lemus
  • Eduardo Madrigal Torres
  • Samuel Chavez Guillen
  • EDUARDO MADRIGAL TORRES y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, al que la citada autoridad anexa los autos originales del juicio de amparo en que se actúa y manifiesta que se encuentra disponible para su consulta, a través del Portal de Servicios en Línea el testimonio de la resolución dictada el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, en la que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído desechó la demanda. Acúsese recibo. En relación con lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y agréguense únicamente las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes respectivo, no así las diversas por ya obrar en autos. Asimismo, como de la constancia secretarial se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Por otra parte, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, se presente en este juzgado a recoger los documentos originales exhibidos en autos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos correrán la misma surte que el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, por medio del cual la citada autoridad informa que en proveído de catorce de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto que desechó la demanda de amparo, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.?

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica a la parte quejosa el proveído emitido el dos de febrero del año en curso que señala "Morelia, Michoacan, dos de febrero de dos mil veintitres. Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho y en cuanto -, contra actos del Director de Plantel Angamacutiro del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número II-124/2023-2. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que los quejosos, promueven contra actos del Director de Plantel Angamacutiro del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, consistentes en: La omisión de la autoridad responsable de dar respuesta, y notificar la misma, al escrito realizado por las quejosos el catorce de noviembre de dos mil veintidós, en el cual se solicitan a la responsable informe los motivos que dieron lugar a los descuentos aplicados en las quincenas -. El suscrito estima que la demanda de amparo, debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto este tribunal de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5 fracción II, de la Ley de Amparo. El numeral 61, fracción XXIII, de la citada Ley, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley" Por su parte, el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, disponen: "ARTICULO 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" De la anterior transcripción, se advierte que las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo, no son limitativas, si no enunciativas, puesto que no se limitan a las veintidós hipótesis referidas en el precepto 61 de la Ley en comento, dado que la fracción vigésima tercera de ese numeral no solo dimanan de la Ley, sino que también surgen a la vez de la Constitución Federal y de la Jurisprudencia. Ahora, previo a exponer las razones de la decisión que se adopta, es necesario precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, también procede excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Además, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 164/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXXIV, Septiembre 2011, Pagina 1089, Materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Además de lo anterior, con relación a lo que debe entenderse por autoridad responsable, cabe destacar que tal calidad no únicamente le asiste a los entes que dentro de sus facultades se encuentra la del imperio, es decir de hacer respetar por medio de la fuerza pública sus propias determinaciones, sino que comprende también a todas aquellas que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio del particular y de una manera imperativa. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Volumen 3, Segunda Parte, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. CUALES DEBEN CONSIDERARSE COMO TALES. La autoridad responsable en el juicio de amparo es el órgano estatal de facto o jure, investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular y determinada de una manera imperativa; en otros términos, señala el artículo 11 de la Ley de Amparo, que es autoridad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por tanto, se considera que un Juez de Distrito, por el hecho de haber concedido la libertad bajo fianza al inculpado, dentro del incidente de suspensión del juicio indirecto que promovió en contra de la sentencia que confirmó el auto de formal prisión decretado en su contra, no debe ser considerado como autoridad responsable en el juicio de amparo directo, pues no cae en su ámbito competencial la ejecución de la sentencia reclamada y, por tanto, el juicio con respecto a dicha autoridad es improcedente y debe ser sobreseído con fundamento en los artículos 166, fracción III, 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo". En el caso, y por las razones que se expondrán a continuación, la autoridad señalada en la demanda, no se encuentra en un plano de supra subordinación respecto de la parte quejosa, de donde se colige que no tiene el carácter de responsables para efectos del juicio de amparo. Se dice lo anterior, porque la parte quejosa impugna en esta vía constitucional, la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta, y notificar la misma, al escrito realizado por las quejosos el catorce de noviembre de dos mil veintidós, en el cual se solicitan a la responsable informe los motivos que dieron lugar a los descuentos aplicados en las quincenas -; circunstancia que no es considerada una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado; porque se está en presencia de actos entre particulares, sin imperio ni coerción, pues los quejosos y la autoridad responsable tiene una relación obrero-patronal, ya que los quejosos son trabajadores de Bachilleres a la cual le reclaman los actos precisados en su demanda. Ello es así, pues se reitera, que la señalada responsable, no resulta ser autoridad para efectos del juicio de garantías. En ese sentido, como se adelantó, lo reclamado no es materia de control mediante el juicio de amparo, al no ser un acto de autoridad, sino derivado de una relación obrero-patronal, al existir relación de coordinación entre el ente y los aquí quejosos. Lo anterior es así, ya que de la lectura de la demanda de amparo permite visualizar que el acto reclamado por la parte quejosa se circunscribe a un conflicto de naturaleza laboral, con motivo de la relación que mantienen con el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, la cual actúa como patrón o empleador de aquellos y no de imperio y potestad que le otorgue investidura pública. Así, el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en tanto que no actúa de manera unilateral y con imperio en un plano de supra a subordinación con respecto a la parte aquí quejosa, sino como patrón, bajo las reglas de la legislación laboral. Por consiguiente, no es dable tener como autoridad responsable en el juicio de amparo a la relacionada por los justiciables en la demanda de amparo, porque la omisión de dar respuesta a su escrito que reclaman deriva de la relación de trabajo entre dicha entidad como patrón y los quejosos como trabajadores; lo que demuestra que no se trata de un acto de autoridad y, por ende, resulta improcedente el juicio de amparo. Tiene apoyo lo anterior, en la tesis aislada XXVII.3o.18 L (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado Del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia(s): Común, Laboral Tomo III, Marzo de 2015, página 2358, que dice: "DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA SU OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN RELACIONADA CON LAS CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO, QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE PATRÓN. El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyas relaciones laborales con sus trabajadores se rigen por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley y sus condiciones generales de trabajo; por tanto, contra la omisión atribuida a su director general de responder a una solicitud formulada por uno de sus trabajadores en ejercicio del derecho de petición, relacionada con cuestiones de las condiciones generales de trabajo, es improcedente el juicio de amparo, pues no se está en presencia de un acto de autoridad, en virtud de que la relación existente entre el colegio y sus trabajadores es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en comento, con apoyo en el 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de la Materia, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías en estudio. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos se autorizará al asociar el "nombre de usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el citado portal con el juicio de amparo respectivo y la captura de los datos de las partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Asimismo, se le tiene por proporcionado como dato de contacto la cuenta de correo electrónico precisada en la constancia secretarial, a través de la cual, en caso de requerirse, este órgano jurisdiccional entablará comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente. De igual forma, téngasele proporcionando el usuario precisado en la constancia secretarial para consultar el expediente electrónico; por tanto, se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta el nombre del usuario antes mencionado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que la promovente tenga acceso al expediente electrónico. Ahora, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y por autorizadas a las personas que indican y únicamente con las facultades amplias del artículo 12 de la Ley de Amparo a -virtud a que como se desprende de la certificación que antecede, tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así la de la persona restante. Notifíquese personalmente.". Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I inciso C de la Ley de Amparo

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos copia del escrito de cuenta, a través del cual el autorizado en términos amplios de la parte quejosa interpone recurso de queja en contra del auto de dos de febrero pasado en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, una vez que obre la notificación por lista del presente proveído, remítanse de inmediato los autos a la Superioridad para la substanciación del recurso de queja, así como impresión y copia del escrito de cuenta e informe sobre la materia de queja. Notifíquese.

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