Martin Herrera Trejo
Expediente 25/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 25/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/12/2022
Partes del expediente
- José Ramón Lases Ahued
- Martin Herrera Trejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Ciudad de México, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como las certificaciones que anteceden, se desprende que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha el denunciante hubiese interpuesto recurso de inconformidad en contra del acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en que se determinó que la sentencia aquí dictada se encuentra cumplida; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. ARCHIVO DEL ASUNTO COMO CONCLUÍDO. Por tanto, debido a que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto concluído, en esas condiciones, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales, se determina que este expediente es de relevancia documental, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 15, último párrafo, del mencionado Acuerdo General, pues se trata de un expediente en el que se declaró fundada la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulado 108/2018; por lo que se considera de relevancia documental y se conservará en su integridad en original; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere el artículo 16 del referido Acuerdo. DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ESTE ASUNTO Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el sumario en que se actúa obran agregados documentos originales hechos llegar por las autoridades denunciadas, por lo que, previa copia certificada que de los mismos se deje en autos para constancia, se ordena su devolución vía oficio que se gire a dichas autoridades. Finalmente, atento lo ordenado por el artículo 35 del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Ciudad de México, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el oficio número SEADS/693/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, firmado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se comunica la decisión del propio Pleno del Consejo, en la que se determina la adscripción de la Jueza Jacqueline Betancourt Silva, a este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes dicha determinación para los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, foja 312, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Atento a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA QUEJOSA, POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL PROVEIDO DE DIECISIETE DEL MES Y AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE: "Ciudad de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vistas las certificaciones de cuenta, se advierte que por Circular SECNO/29/2020, emitida en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se suspendieron los plazos y términos procesales en el presente asunto en razón del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19 y, que de conformidad con el Acuerdo General 16/2022 relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se permite reanudar la secuela procedimental a partir del estado procesal en que se encuentre cada asunto; por tanto, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, entre los cuales se encuentra el presente asunto. En razón de lo anterior, se acuerda lo siguiente: Agréguese a los autos el oficio de cuenta enviado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, por el que devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, remite el testimonio de la resolución dictada en sesión de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en el expediente auxiliar 812/2017 de su índice, derivado del amparo en revisión 254/2017 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, así como el toca original citado en último orden. Acúsese el recibo correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes que el referido órgano colegiado determinó lo siguiente: "C O N S I D E R A N D O VII. Análisis del caso sobre agravios de la parte quejosa..] Finalmente, en suplencia de la quejosa deficiente a favor de la parte quejosa recurrente, este tribunal colegiado procede a revocar la negativa del amparo peticionado únicamente por cuanto ve al segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, toda vez que sobre el tema existe jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de la porción normativa en comento. [.] En esa medida, en virtud del vicio de constitucionalidad que la Segunda Sala determinó sobre la porción normativa combatida, lo procedente es revocar la sentencia recurrida, exclusivamente por cuanto al punto en comento, y conceder el amparo para los efectos siguientes: El efecto será para que en caso de haberse instaurando un procedimiento de revisión electrónica al quejoso, durante su vigencia, y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación y de estimarlo menester, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, pero siempre dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. [.] VIII. Decisión En consecuencia de lo previo, legalmente es procedente modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo para los efectos descritos en la última parte del anterior considerando este fallo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84 de la Ley de Amparo y 38, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E SU E L V E : PRIMERO. Queda firme la negativa del amparo en los términos del considerando cuarto de esta ejecutoria, ya que no fue combatida. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. TERCERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***********, únicamente por cuanto ve a los actos consistentes en: Artículo Cuadragésimo Tercero de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce. La Segunda Resolución de Modificaciones de la resolución miscelánea citada (para 2014), específicamente las reglas 1.2.8.6, 1.2.8.7, 1.2.8.8 y el artículo décimo tercero transitorio. CUARTO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa por cuanto ve a los actos siguientes: Artículos 17-K, 28, 42, fracción IX, 5-B (este último, a excepción de lo previsto en su fracción IV, vigente hasta el 31 de diciembre de 2015) y 134, fracción I, del Código Fiscal de la Federación. Artículos 11, 34 y 61 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. QUINTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa, únicamente respecto de la porción normativa consistente en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, para los efectos precisados en la última parte del considerando VI de esta ejecutoria." De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro correspondiente. Por otra parte, glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, al cuaderno principal en que se actúa. Asimismo, debido a que el Tribunal Colegiado oficiante, envía testimonio de la ejecutoria correspondiente, la cual se encuentra glosada en el toca relativo al amparo en revisión 254/2017, de conformidad con el punto nueve de la circular CAR 06/CCNO/2017 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, obténgase copia certificada de la ejecutoria para que obre agregada. De lo anterior, se desprende que de manera oficiosa la Superioridad advierte la inconstitucionalidad del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, , por los motivos ahí expuestos. ANÁLISIS RESPECTO DEL ARTÍCULO 53-B FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Ahora bien, del análisis de la ejecutoria dictada por el Tribunal de Alzada, se advierte que en el resolutivo quinto concedió el amparo y protección de los actos reclamados por la parte quejosa, para el efecto siguiente: "En esa medida, en virtud del vicio de constitucionalidad que la Segunda Sala determinó sobre la porción normativa combatida, lo procedente es revocar la sentencia recurrida, exclusivamente por cuanto al punto en comento, y conceder el amparo para los efectos siguientes: El efecto será para que en caso de haberse instaurando un procedimiento de revisión electrónica al quejoso, durante su vigencia, y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación y de estimarlo menester, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, pero siempre dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." De la anterior transcripción, se advierte que los efectos del fallo constitucional fueron para que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Esto deviene así, dado que, el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el dieciocho de noviembre del dos mil quince, violan el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, ya que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, más no un requerimiento de pago cuya inobservancia de lugar a su ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones, sin darle previamente la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación, los medios de prueba, que por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia 2a./J.157/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN TANTO PREVÉ LA FACULTAD CONFERIDA A LA AUTORIDAD PARA HACER EFECTIVA LA CANTIDAD DETERMINADA EN LA PRELIQUIDACIÓN, TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO. En cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad en la ejecutoria en cita, se provee lo siguiente En principio, no ha lugar a requerirles el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, a las autoridades responsables Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los actos que en el ámbito de su competencia legislativa se les atribuyeron en esta instancia constitucional, y respecto de los cuales se concedió el amparo y protección de la justicia federal; debido a que el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligarlas a derogar o dejar sin efectos dichos actos. Al respecto, tiene aplicación la tesis 2° CXV/97 (número de registro digital 197512), de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, octubre de 1997, página 414, de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVA O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del Presidente de la República las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". SE REQUIERE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA A LA JEFA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, y a la diversa autoridad Secretario de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de superior jerárquico, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumpla con los efectos de la ejecutoria y remita copia certificada de las constancias que lo acrediten. Es decir, deberá informar a este juzgado federal si a la quejosa *********** le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO RESPECTO DEL ARTÍCULO 53- B FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Precisado lo anterior, en relación con la concesión del amparo contra el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, el amparo se concedió para el efecto de que en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no hubiere ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tomará en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito se declare insubsistente. En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; y, De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Para lo cual, remítasele copia de la ejecutoria enviada por el tribunal Colegiado oficiante. En el entendido de que: 1. Las autoridades responsables y sus superiores jerárquicos deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) (número de registro digital 2007912), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.) (número de registro digital 2007914), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. APERCIBIMIENTOS POR INCUMPLIR LA SENTENCIA DE AMPARO. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: a) Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del artículo 107 Constitucional y el diverso 198 de la Ley de Amparo. Infórmese a la autoridad responsable el Registro Federal de Contribuyentes de la quejosa, a fin de que pueda dar cumplimiento al requerimiento formulado en este auto.********** Por otra parte, se ordena notificar a las partes la ejecutoria dictada en el cuaderno auxiliar 812/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, derivado del amparo en revisión 254/2017 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México y con fundamento en el punto nueve de la circular CAR 06/CCNO/2017 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal una vez que se cuente con las constancias de notificación, previa copia certificada que se deje en autos, glósense al expediente original relativo al recurso de revisión del Tribunal Colegiado de Circuito citado en segundo orden, y sin ulterior acuerdo, remítase al Tribunal de Alzada que tramitó el recurso, a fin de que provea lo conducente, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Finalmente, visto lo de cuenta y considerando la circunstancia de que por oficio número SEADS/693/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, firmado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunica la decisión del propio Pleno del Consejo, en la que se determina la adscripción de la Jueza Jacqueline Betancourt Silva, a este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes esa determinación para los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, foja 312, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa." NOTIFIQUESE
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Ciudad de México diez de noviembre de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y dado que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo sin que a la fecha alguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo en consecuencia con fundamento en lo establecido en los numerales 355 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2 se declara que dicha sentencia que sobreseyó y negó en el juicio HA CAUSADO EJECUTORIA ARCHIVO COMO ASUNTO CONCLUIDO En relatadas consideraciones háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y en atención a que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado en sentido contrario archívese como asunto total y definitivamente concluido previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I 1oAE6 K (10a) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Libro 6 mayo 2014 Tomo III página 1994 cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo fracción XX del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito y artículo 12 incisos d) y e) del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones documentos adjuntos -específicamente los base de la acción- tales como poderes y de manera especial acuerdos actuaciones y resoluciones en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano En otras palabras es el registro histórico del proceso Por otra parte existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores secretarios partes y auxiliares como son los peritos o testigos durante la secuela judicial Algunas de las evidencias presentadas en autos si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas lo que acontece con ciertas copias fotografías esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología que razonablemente puedan ser agregadas al expediente Sin embargo concluida la instancia y recursos se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial En este orden de ideas las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales" DESTINO DEL EXPEDIENTE Asimismo conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración depuración destrucción digitalización transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte se determina que este expediente es susceptible de depuración en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18 fracción I inciso b) del mencionado Acuerdo General pues se trata de un sumario constitucional en el que se sobreseyó y negó la protección de la justicia federal por lo que una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere el artículo citado del referido Acuerdo procédase a su depuración conservando la demanda las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto así como la determinación que la declaró firma el presente proveído y los demás documentos que se considere necesario conservar En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión manténganse por separado en términos de lo señalado por el Manual referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado con fundamento en el artículo 20 fracción II inciso a) del aludido acuerdo una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición procédase a su destrucción dado que existe el original Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión con fundamento en el artículo 18 fracción I inciso a) del mencionado Acuerdo General en cita se determina que es susceptible de depuración en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada debiéndose conservar la determinación o determinaciones correspondientes Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído a recogerlos en el entendido de que de no hacerlo serán destruidos y/o depurados junto con el sumario en que se actúa Notifíquese
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