Martín Herrera Martínez

Expediente 1542/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1542/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
22/10/2020

Partes del expediente

  • Martín Herrera Martínez
  • Director del Centro Federal de Readaptación Social número Once "CPS Sonora", de esta ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Se declara que la sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivar este expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa copia certificada del testimonio de ejecutoria pronunciada en el recurso de queja penal 61/2020, relativo al juicio de amparo 1542/2019, promovido por Martín Herrera Martínez, misma que se resolvió bajo el siguiente punto resolutivo: "Único. Se declara fundado el recurso de queja interpuesto por el defensor del quejoso Martín Herrera Martínez, contra la resolución incidental dictada el seis de enero de dos mil veinte, por el juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo 1542/2019." Se ordena acusar recibo de estilo y hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en la ejecutoria de mérito el tribunal de alzada señaló, en lo conducente que: "(.) el juez de distrito, con fundamento en el artículo 2019 de la Ley de Amparo, deberá requerirla para que en el plazo de veinticuatro horas demuestre que acató cabalmente la suspensión de plano, ubicando al quejoso en una celda que cuente con medidas sanitarias adecuadas que garanticen la salvaguarda de su vida y el respeto a la dignidad humana de quien se encuentra viviendo en condiciones de reclusión; bajo apercibimiento que de no hacerlo, será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la propia ley de la materia. En la inteligencia de que para el cumplimiento de la medida suspensional, la autoridad responsable podrá hacerlo ubicando al quejoso en una celda distinta o en la misma celda número veintiocho, pero de ser esta, deberá acreditar de manera fehaciente en el informe que al efecto rinda en el consabido plazo de veinticuatro horas, que dicho lugar no cuenta en la actualidad, con los problemas resañados en la diligencia de inspección judicial de la que se dio notifica líneas arriba. (.)" Ahora, del estado de autos se advierte que en resolución constitucional de nueve de septiembre del año en curso, se glosaron a los autos diversos informes signados por el Encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Once "CPS Sonora", con sede en esta ciudad, a través de los cuales informó que el quejoso Martín Herrera Martínez egresó de dicho Centro Federal el veintiuno de agosto de la presente anualidad, en virtud de que obtuvo su libertad; asimismo, remitió copia certificada de la constancia de egreso. De tal manera, resulta jurídicamente imposible dar cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, toda vez que en el caso dejó de existir la materia y objeto del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, toda vez que como ya se expuso, el veintiuno de agosto del año en curso, el quejoso Martín Herrera Martínez, egresó del Centro Federal de Readaptación Social Número Once "CPS Sonora", lugar donde se encontraba recluido. Finalmente, se ordena hacer del conocimiento de lo anterior al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, para los efectos legales a los que haya lugar.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LA FRACCION III DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA EN VIA DE NOTIFICACION PERSONAL AL QUEJOSO MARTIN HERRERA MARTINEZ, EL AUTO DE VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de agosto de dos mil veinte. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Actuario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el escrito signado por el quejoso Martín Herrera Martínez. Ahora, del contenido del ocurso de mérito, se advierte que el quejoso señala que en la celda en la que se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Once "CPS-SONORA", con sede en esta ciudad, cuenta con una fuga de aguas negras, lo que pone en peligro su vida, dado que le ha ocasionado una infección en el oído derecho, que le provoca fiebre y escurrimiento sanguíneo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano a favor de Martín Herrera Martínez, sólo por lo que hace a la atención médica que en su caso requiera, esto es, se deberá proporcionar de inmediato tratamiento médico al padecimiento que señala el quejoso. De manera tal que, la autoridad responsable deberá proporcionar la atención médica adecuada, tratamientos y medicamentos, que se consideren son los más oportunos, convenientes y apropiados para el quejoso Martín Herrera Martínez, de acuerdo al padecimiento que refiere, esto en aras de preservar su calidad de vida, que desde luego constituye un derecho humano de primera generación Cabe destacar que, en su caso, dicha autoridad deberá llevar a cabo los trámites necesarios, conforme a su competencia, a efecto de que la parte quejosa reciba la atención médica que requiera. En el claro entendido que, la autoridad responsable se encuentra obligada a acatar, bajo su más estricta responsabilidad, los lineamientos establecidos con antelación. Resulta aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, Penal, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, visible en la página 1270 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro número 2020430, que en apoyo a esta determinación y como criterio orientador, se cita a continuación: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento." Asimismo, resulta aplicable, la tesis aislada I.18o.A.33 K (10a.), sostenida por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, Materia Común, página 2160, registro 2020283, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBE DECRETARSE DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA SALUD Y PRECISARSE CON EXACTITUD SUS EFECTOS, LOS CUALES DEBEN INCLUIR LA ATENCIÓN MÉDICA DEBIDA Y URGENTE REQUERIDA. El derecho mencionado, tutelado por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conlleva, entre otras, la obligación del Estado de brindar los servicios y prestaciones para garantizar el más alto nivel de protección a la salud de las personas (mediante atención médica, tratamiento, medicamentos, rehabilitación, otorgamiento de licencias médicas, etcétera). Por tanto, cuando en el amparo indirecto se reclame la omisión de otorgar los servicios médicos para el tratamiento de una enfermedad que pone en peligro la vida del quejoso, debe decretarse la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y los efectos de esa medida deben precisarse con claridad, a fin de vincular a la autoridad a proporcionar la atención médica debida y urgente requerida, así como al seguimiento y comunicación exacta de los procedimientos que se deben aplicar, junto con los medicamentos y tratamiento necesarios e, incluso, las licencias médicas que legalmente procedan, para garantizar plenamente el derecho a la salud." De igual forma, es importante destacar que el acto que señala el quejoso se previene en términos del artículo 5° referente al Derecho a la Integridad Personal, puntos 1° y 2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el que se establece que toda persona que se encuentre privada de su libertad, como acontece en el asunto que nos ocupa, deberá ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, por lo que tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, así como a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, como la naturaleza de los actos que se le atribuyen a la autoridad señalada como responsable. Ilustra lo anterior la tesis II.2o.P.78 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, Materia Común, Penal, Décima Época, página 2594, de rubro y texto: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. SI RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, CON CONSECUENCIAS IRREVERSIBLES O FATALES QUE PONGAN EN RIESGO SU VIDA, SU SALUD O SU INTEGRIDAD FÍSICA, SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones u omisiones de la autoridad penitenciaria, por medio de la controversia que se plantee ante el Juez de Ejecución, incluso, prevén que los internos tienen a su alcance los recursos de revocación y apelación para el caso de estar inconformes con alguna decisión de la autoridad judicial. De lo anterior, se colige que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de la libertad, es necesario agotar el procedimiento administrativo referido, así como los medios de impugnación previstos en su contra, atento al principio de definitividad. Sin embargo, cuando dichos actos afecten directamente derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que no sean posibles de reparar mediante un medio ordinario de defensa, y cuyas consecuencias resultaran irreversibles o fatales al encontrarse en riesgo, por ejemplo, la vida, salud o integridad física de los internos, se actualiza el supuesto de excepción a dicho principio, por lo que, en su contra, procede el juicio de amparo indirecto, como en el caso de la negativa de atención médica adecuada, pues implica una violación del derecho fundamental a la salud y a la reinserción de las personas privadas de la libertad, previstos en los artículos 1o., 4o. y 18 constitucionales." Ahora, por lo que respecta a la fuga de aguas negras que señala el quejoso en su ocurso, es importante precisar que en proveído de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, se decretó la suspensión de plano en el presente juicio, para los efectos siguientes: "(.) SUSPENSIÓN DE PLANO Luego, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano a favor de Martín Herrera Martínez, para el efecto de que cesen los actos de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, segregación a una celda de castigo y posible incomunicación que dice estar padeciendo el peticionario de amparo; además, que no se le instale en la celda número veintiocho, lugar en el que refiere cuenta con una fuga de aguas negras; lo anterior, para efectos de no poner en peligro su vida; además, para que no se lleve a cabo alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (marcas, azotes, palos y tormentos de cualquier especie), en contra del quejoso. (.)" Por tanto, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del plazo improrrogable de veinticuatro horas, informe a este juzgado el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada en el presente proveído, así como el seguimiento dado a la diversa de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, o bien, las medidas que haya tomado para tal efecto, informe que deberá ser apoyado de las constancias que lo justifiquen; asimismo, se le previene que de no cumplir con lo que aquí se ordena podrá incurrir en la hipótesis que establece el artículo 266, fracción I, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 266. Se impondrá pena de tres a siete años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a siete años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos al juez de distrito o la autoridad que conozca de un juicio de amparo o del incidente respectivo, cuando dolosamente: I. No suspenda el acto reclamado a sabiendas de que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y se lleva a efecto su ejecución; y (.)" (Énfasis añadido) Asimismo, se le requiere para que al informe solicitado anexe copias certificadas, íntegras y legibles, de las constancias relativas al cumplimiento dado a dichas medidas cautelares; con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término conferido, se hará acreedor a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, deberá comunicarlo por la vía más rápida a su alcance, ya sea vía electrónica a través del Portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal con el uso de la firma electrónica, o al correo electrónico oficial 2jdo5cto@correo.cjf.gob.mx. Finalmente, se ordena hacer del conocimiento del Asesor Jurídico del quejoso, lo señalado en párrafos que anteceden; lo anterior, para los efectos legales conducentes. ASI TAMBIEN LE NOTIFICO LA RESOLUCION CONSTITUCIONAL DE NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, CUYO PUNTO RESOLUTIVO DICE: "...RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1542/2019 promovido por Martín Herrera Martínez, contra los actos reclamados al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Once "CPS Sonora", con residencia en esta ciudad, consistentes es ataques a la libertad personal, segregación, incomunicación, reclusión en condiciones insalubres y falta de atención médica, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución..."

  4. Principal

    ...se difiere la celebración de la audiencia constitucional y se señalan las nueve horas con diez minutos del veintiuno de enero de dos mil veinte, para que tenga verificativo la misma.

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