Martin Hernandez Zarco

Expediente 550/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
550/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
09/07/2021

Partes del expediente

  • Martin Hernandez Zarco

Actuaciones

  1. Principal

    .... La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra la determinación de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó la demanda de amparo, por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. En el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) háganse las anotaciones correspondientes y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. ...

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Visto el Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, se provee lo siguiente: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por Martín Hernández Zarco, por medio del cual en atención al requerimiento formulado en auto de diecisiete de junio pasado, da cumplimiento con la prevención hecha; por tanto, se acuerda lo conducente. Precisión del acto reclamado. Ahora, del escrito de demanda se aprecia que la parte quejosa reclama diversas actuaciones: "1. La ilegal notificación de la sentencia definitiva realizada al suscrito Martín Hernández Zarco, por parte de la Novena Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, dentro del juicio administrativo 194/2019 toda vez que si bien es cierto, autorice a una persona con todos los efectos legales que establece el artículo 234 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, también es cierto que existen actos personales que pueden dañar mi esfera jurídica, como lo es este acto reclamado. 2. La ilegal radicación del Recurso de Revisión número 718/2018 presentado ante la Sexta Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas Del Tribunal De Justicia Administrativa Del Estado De México, toda vez que si bien en cierto del mismo se desprende mi nombre no menos es cierto que el suscrito nunca firmo dicho recurso, por lo que el mismo no debió de ser admitido por no contar con la firma del suscrito quejoso, por lo que a todas luces el suscrito nunca dio el consentimiento de la interposición de dicho recurso 3. La ilegal radicación del Recurso de Revisión número 151/2019 presentado ante la Cuarta Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado De México, toda vez que si bien en cierto del mismo se desprende mi nombre no menos es cierto que el suscrito nunca firmo dicho recurso, por lo que el mismo no debió de ser admitido por no contar con la firma del suscrito quejoso, por lo que a todas luces el suscrito nunca dio el consentimiento de la interposición de dicho recurso. 4. La nulidad de todo lo actuado en el expediente número DGR/DRA-B/AU/119/2014 iniciado ante la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México. 5. La nulidad de la notificación de la resolución de fecha diez de mayo del año dos mil veintiuno, dictada por la Directora General de Responsabilidades Administrativas dela Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, en el Recurso Administrativo de Inconformidad número RAI/012/2015, emitida en estricto cumplimiento de la sentencia de fecha cinco de noviembre de dos mil veinte, dictada por la Cuarta Sección Especializada en Materia de Responsabilidad del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el recurso de revisión 151/2019. Y del auto que señala que ha causado ejecutoria." Tal precisión se realiza en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Desechamiento. De conformidad con el artículo 62 de la vigente Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social y, además de que de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, procederá desecharse de plano la demanda de amparo. Al caso es aplicable la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación, mayo 1991, Tomo VII Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En tales condiciones, este juzgado federal estima procedente desechar de plano la demanda por su manifiesta e indudable improcedencia, pues en el caso se actualiza la causal prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, en razón de las consideraciones siguientes: El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." A su vez, el numeral 107, fracción IV, del ordenamiento legal en cita, dispone: "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)." En principio, es de puntualizar que la fracción XXIII del artículo 61 de la legislación en cita establece la posibilidad de actualización de alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones procedentes, de manera tal que éste apartado da sustento y apoyo legal a la improcedencia legal y jurisprudencial; es decir, la derivada de disposiciones distintas a las fracciones procedentes, las cuales pueden obtenerse de la propia Ley de Amparo, de la Constitución General de la Republica, de la Jurisprudencia o algún otro ordenamiento legal. Esto es, implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, pues existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, como la derivada de los criterios jurisprudenciales. Por otra parte, la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia, establece como presupuesto de procedencia en la vía indirecta, que al impugnarse actos dictados en ejecución de una sentencia, éstos deben tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, de manera que no cualquier auto o resolución pronunciados en esta etapa sea reclamable en juicio constitucional. Así, el juicio biinstancial procede únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, es decir, aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente de origen. Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia 32/2001 consultable en la página 31, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, que a la letra dice: ... En esa tesitura, la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se apoya en el principio de economía procesal y pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución; esto es, la intención del legislador es impedir que las partes contendientes en un procedimiento puedan agotar el juicio tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante promoción de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo. De tal manera, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan, al impugnar la última resolución dictada, pueda hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se hubieren cometido en la sentencia en que se desapruebe o apruebe, lo que aún no acontece. Luego, la parte quejosa señala diversos actos reclamados dictados en el cumplimiento del procedimiento de ejecución, decretado en el expediente laboral 194/2019 del índice de la Novena Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, es decir, notificaciones de resoluciones, radicación de recursos, nulidad de notificaciones, y todo lo actuado; de ahí que ello, permite concluir que los señalados son diversas actuaciones que no constituyen ser el último acto dictado en el procedimiento respectivo, de acuerdo con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que por última resolución se entiende la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente de origen, y con las formalidades esenciales del procedimiento. En efecto, el acto tildado de inconstitucional no le reviste la característica de ser la última actuación dentro de ese procedimiento (ejecución), pues se encuentra dentro de la fase de ejecución de sentencia; por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones que le hayan dejado sin defensa durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Corolario a lo expuesto, la razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio contenida en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; por ello, también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Aunado, la procedencia o improcedencia del amparo contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. Lo anterior expuesto se sustenta en la jurisprudencia por contradicción 28/2010, consultable en la página 60 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s) Civil, Novena Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: ... Y por analogía, la diversa jurisprudencia IX.1o.J.11, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, Agosto de 1993, visible en la página 85, que al tenor literal establece: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, cuando se trate de actos dictados en período de ejecución de sentencia, es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, que la resolución reclamada se la que ponga fin a la etapa de ejecución del juicio, sin que pueda tener ese carácter el auto mediante el cual se requiere al demandado para que cumpla voluntariamente con la condena y se le apercibe que con que en caso de incumplimiento se procederá a la ejecución forzosa del fallo condenatorio." En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Martín Hernández Zarco, contra el acto reclamado a la Cuarta Sección Especializada en Materia de Responsabilidad del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y otras autoridades. Finalmente, notifíquese la presente determinación por lista, que se realiza mediante la publicación en internet, prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en los sitios oficiales del Consejo de la Judicatura Federal y colóquese en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita tal y como lo prevé al artículo 21 del Acuerdo General aludido. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; diecisiete de junio de dos mil veintiuno. De conformidad con el Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; se provee lo siguiente: Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por Martín Hernández Zarco, contra el acto reclamado a la Cuarta Sección Especializada en Materia de Responsabilidad del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese como juicio de amparo 550/2021-VII. Prevención. De conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, se considera pertinente requerir al promovente para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y con seis copias del mismo, entendido de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio, realice lo siguiente: ÚNICO. Deberá manifestar si es su deseo señalar como autoridades responsables al Actuario o Notificador adscrito a la Novena Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y al Actuario o Notificador adscrito a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de México lo anterior, pues del capítulo correspondiente a los actos reclamados señala: "1. La ilegal notificación de la sentencia definitiva realizada al suscrito Martín Hernández Zarco, por parte de la Novena Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, dentro del juicio administrativo 194/2019 toda vez que si bien es cierto, autorice a una persona con todos los efectos legales que establece el artículo 234 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, también es cierto que existen actos personales que pueden dañar mi esfera jurídica, como lo es este acto reclamado. 2. La ilegal radicación del Recurso de Revisión número 718/2018 presentado ante la Sexta Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas Del Tribunal De Justicia Administrativa Del Estado De México, toda vez que si bien en cierto del mismo se desprende mi nombre no menos es cierto que el suscrito nunca firmo dicho recurso, por lo que el mismo no debió de ser admitido por no contar con la firma del suscrito quejoso, por lo que a todas luces el suscrito nunca dio el consentimiento de la interposición de dicho recurso 3. La ilegal radicación del Recurso de Revisión número 151/2019 presentado ante la Cuarta Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado De México, toda vez que si bien en cierto del mismo se desprende mi nombre no menos es cierto que el suscrito nunca firmo dicho recurso, por lo que el mismo no debió de ser admitido por no contar con la firma del suscrito quejoso, por lo que a todas luces el suscrito nunca dio el consentimiento de la interposición de dicho recurso. 4. La nulidad de todo lo actuado en el expediente número DGR/DRA-B/AU/119/2014 iniciado ante la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México. 5. La nulidad de la notificación de la resolución de fecha diez de mayo del año dos mil veintiuno, dictada por la Directora General de Responsabilidades Administrativas dela Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, en el Recurso Administrativo de Inconformidad número RAI/012/2015, emitida en estricto cumplimiento de la sentencia de fecha cinco de noviembre de dos mil veinte, dictada por la Cuarta Sección Especializada en Materia de Responsabilidad del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el recurso de revisión 151/2019. Y del auto que señala que ha causado ejecutoria." Sin embargo, no señala como autoridades responsables a quienes materialmente y de acuerdo con sus atribuciones llevaron a cabo los actos precisados en los numerales uno y cinco, esto es, la notificación de la sentencia dictada por la Novena Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, dentro del juicio administrativo 194/2019 y la notificación de la resolución de diez de mayo del año dos mil veintiuno, dictada por la Directora General de Responsabilidades Administrativas dela Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, en el Recurso Administrativo de Inconformidad número RAI/012/2015. En caso de ser así, deberá precisar la denominación correcta y completa y exhibir dos copias más de la demanda. Al caso sirve de apoyo el criterio consultable en la página 186 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, septiembre de 1993, Octava Época, sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, del contenido siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIENES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo". Apercibimiento. Se apercibe al promovente que de no cumplir con los requerimientos precisados con antelación dentro del plazo concedido para tal efecto, se continuará con el trámite del presente juicio de amparo de acuerdo a su escrito inicial de demanda. Se exhorta a juicio en línea. Ahora, en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para que de ser posible continúe con la tramitación del "juicio en línea", para tal efecto deberá proporcionar a este juzgado el nombre del usuario para que se le proporcione la autorización correspondiente, en el entendido que deberá manifestar si es su deseo sea notificado vía electrónica de las determinaciones que se adopten en el presente sumario constitucional; ello con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación, así como de los justiciables. Domicilio procesal. De conformidad con lo establecido en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2º, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, practíquense a la parte agraviada por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado de Distrito, porque el señalado para tales efectos, se encuentra fuera de la residencia de este recinto judicial y, es un requisito previo e indispensable que para poder efectuar notificaciones personales, los interesados en su primera comparecencia señalen domicilio en el lugar donde reside la autoridad judicial ante quien se acude, lo que en el caso aconteció. Se estima aplicable, en lo conducente la tesis publicada con el número XI.2o. 33 K, en la página 1401, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2002, Tomo XVI, cuyo rubro y texto son: ... Exhorto. No obstante lo anterior, dada la naturaleza del presente acuerdo, por única ocasión notifíquese personalmente al quejoso en el domicilio señalado en el proemio de la demanda, mismo que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito; por tanto, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 12/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; remítase exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, con plenitud de jurisdicción para llevar a cabo las diligencias necesarias a fin de dar cumplimiento a la encomienda, e inclusive en días y horas inhábiles, como lo establece el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, notifique personalmente el presente proveído al promovente Martin Hernández Zarco o a cualquiera de sus autorizados, en el domicilio ubicado en calle cereza sin número, Barrio Jorobas, Municipio de Huehuetoca, Estado de México. No obstante ello, en caso que el quejoso o cualquiera de sus autorizados comparezca al juzgado, se comisiona al actuario judicial para que lo notifique personalmente; en el entendido que se considerará la primera notificación. Autorizados. Como lo solicita el quejoso, se tienen por autorizados en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas mencionadas en el ocurso de amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones. ... Notifíquese.

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