Martín Hernández Vargas

Expediente 1181/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 23 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1181/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
13/05/2022

Partes del expediente

  • Martín Hernández Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    (2) Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que la determinación que sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto no fue recurrida por la parte quejosa dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que dispone que en los que se hubiese dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dé por concluido, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, y no se considera de relevancia jurídica o documental. En consecuencia, se ordena dar cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes. - Devolución de constancias. Finalmente, hágase devolución a la responsable de los anexos que fueron remitidos a este juicio de derechos. Sin que sea necesario acusar recibo...

  2. Incidental

    (2)... Visto el contenido de la certificación que antecede, y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. En cumplimiento a lo establecido en el numeral 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de depuración al haberse concedido definitivamente la medida cautelar. Por otra parte, en razón de que el duplicado del incidente de suspensión, contiene actuaciones procesales vinculadas a un procedimiento del que conoce este Juzgado de Distrito, destrúyase después de los seis meses....

  3. Principal

    (2) Vista la comparecencia que antecede de la cual se advierte que el quejoso ... ratificó el escrito que presentó en este juzgado federal el ocho de abril de dos mil veintiuno; en consecuencia, se provee lo siguiente: Agréguese el escrito signado por el quejoso . , mediante el cual manifiesta su imposibilidad de cubrir los gastos de la publicación de los edictos, ya que -aducen- carecer de recursos económicos para poder publicar los edictos y, por ende, solicitan que tal gasto sea condonado. Sin embargo, no ha lugar a acordar favorable su solicitud toda vez que tal circunstancia se encuentra sujeta a prueba, esto es, deben satisfacerse las siguientes exigencias, a saber: a) La manifestación del quejoso de la imposibilidad de sufragar el gasto y, b) la existencia en autos, de indicios suficientes que permitan apreciar la falta de capacidad económica para solventar el gasto de la publicación de los edictos. En cuanto al segundo de los presupuestos, se afirman que se encuentra sujeta a prueba la petición del impetrante, ya que es indispensable que dentro de los autos del juicio natural se revele en forma contundente la imposibilidad del promovente del amparo de sufragar el gasto de la publicación de los edictos. Esto es, no basta con que el impetrante realice la solicitud en ese sentido, sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar el gasto que representa la publicación de los edictos, de tal manera que en el presente asunto no queda comprobado que el quejoso carece de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio; máxime, que el quejoso no se encuentra recluido en un Centro de Reinserción Social. Por tanto, si para justificar su insolvencia sólo existe su sólo dicho, tal circunstancias, se insiste, es insuficiente, por tanto, es inconcuso que resulta procedente negar lo solicitado. Es aplicable al caso concreto, el siguiente criterio, cuyos datos de localización son los siguientes. Así, en relación a lo manifestado por el quejoso en el sentido de que tiene dificultades para cubrir el pago de los edictos; cabe precisar que al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido Jurisprudencia en el sentido de que el emplazamiento del tercero perjudicado por edictos a costa del quejoso, no contraviene el principio de justicia gratuita contenido en el artículo 17 constitucional, en virtud de que tal principio está dirigido a impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional que realizan, pues la retribución de la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado, por lo que al corresponder la publicación de los edictos al importe total que se cobre de la misma, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces, la eventual erogación que realice el quejoso por la publicación de los edictos para poder continuar el juicio de amparo, no contraviene el principio de justicia gratuita porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene aplicación por analogía la Jurisprudencia cuyos datos son los siguientes. Asimismo, vistas las certificaciones de cuenta se advierte, en primer lugar, que ha transcurrido el plazo de tres días concedido al quejoso . en proveído de uno de marzo de dos mil veintidós, a fin de que manifestara su imposibilidad para cubrir el gasto de la publicación de los edictos, por lo tanto precluyó su derecho a manifestar lo anterior, motivo por el cual se le hace efectivo dicho apercibimiento por lo que, los gastos de su publicación serían a su cargo, tan es así que mediante comparecencia de catorce de marzo de dos mil veintidós (foja 246) . -autorizado de la parte quejosa- compareció a recibir los edictos para lograr el emplazamiento de la tercero interesada ., así como justificar fehacientemente que los entregaron para su publicación y exhibirlos nuevamente ante este juzgado ya publicados, sin que al efecto lo haya hecho; no obstante de habérseles notificado y apercibido que de no cumplir se decretaría el sobreseimiento fuera de audiencia. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que no existen elementos suficientes para eximir a la parte quejosa del pago de las publicaciones y ordenar la continuación del trámite del juicio, mediante la publicación de los edictos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; pues para que ello ocurra, debe existir una causa justificada de insolvencia, en términos de la Ley de Amparo, y que ese extremo se encuentre acreditado con las constancias que obran en autos. Ello, debido a que, la Primera Sala del más alto Tribunal de la Nación, ha establecido que para que se pueda determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar a la parte tercera interesada, se deben ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, además de su afirmación, se cuente con los elementos suficientes que demuestren que, en realidad, no tiene capacidad económica para sufragar ese pago. Salvo en la materia penal, se deben actualizar determinados elementos, a saber: a) Que el quejoso esté sentenciado; b) Que el quejoso se encuentre privado de su libertad con motivo de la sentencia que le fue impuesta; y, c) Que manifieste de forma expresa carecer de la capacidad económica para cubrir un gasto de esa naturaleza. En concordancia con lo precisado, de un análisis de los autos que integran el presente asunto, no se advierten elementos suficientes que acrediten que el quejoso carece de capacidad económica para pagar la publicación de los edictos de mérito, ni que se ubique en la hipótesis de asuntos del orden penal, en los que el pago de los edictos deberá ser a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, debido a que de autos no se desprende que el quejoso se encuentre privado de su libertad, aunado a que designó a abogado particular en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo para la tramitación del presente juicio de amparo. Además de lo anterior, se insiste el quejoso no desahogó, en el término concedido, la vista otorgada en torno a que manifestara, bajo protesta de decir verdad, si carecía de recursos económicos para el pago de la publicación de edictos para emplazar a la parte tercera interesada, lo cual conduce a esta juzgadora a realizar la presente valoración únicamente con base en las constancias que obran en autos. De lo anterior, se observa que la demanda de amparo se promovió con la asesoría de un despacho jurídico particular o abogados particulares, lo que hace presumir de manera fundada el pago de honorarios y, por ello, se denota que el impetrante de amparo tiene recursos económicos; pues, es un hecho notorio que las labores realizadas por tales despachos jurídicos, generan emolumentos en favor de los abogados, derivado de los trámites legales y asesorías que llevan a cabo, lo que origina la presunción de solvencia económica, así mismo, cuando rindió su declaración particular en la causa penal de origen lo hizo con asistencia de abogados particulares. Cabe precisar que para hacer efectivo el anterior apercibimiento, no obsta que el numeral 63, fracción II, de la Ley de Amparo, condicione el sobreseimiento por falta de publicación de los edictos a la realización de "un requerimiento" por parte de los quejosos, que se entiende como la solicitud que éstos hagan al órgano que decretó los edictos de la entrega de los mismos, órgano que no puede ser otro que el propio órgano jurisdiccional ante quien se promovió la demanda de amparo y que ordenó el llamamiento a juicio del tercero interesado por dicho medio. Lo anterior, porque no basta considerar la literalidad del aludido artículo, sino que debe atenderse al contenido del diverso numeral 27, fracción III, inciso b), porque regula el mismo supuesto y porque el primer artículo referido hace una remisión expresa al último; el que según se apuntó, en forma categórica establece que si la parte quejosa no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si se realiza o no un requerimiento por parte de los quejosos al órgano jurisdiccional. En esta tesitura, cuando la parte quejosa no acredite haber entregado los edictos para su publicación, dentro del término de veinte días siguientes a que se pusieron a su disposición en el órgano de amparo, procede sobreseer en el juicio, independientemente de que se hubiera o no requerido su entrega a dicho órgano jurisdiccional. Esta interpretación es acorde con lo ordenado por el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, que contempla el derecho humano al debido proceso; así como con lo dispuesto en el artículo 17, de tal ordenamiento supremo, que consagra el derecho a que se administre justicia pronta, expedita, gratuita, completa, imparcial y en los términos que fijen las leyes. En la medida que no es constitucionalmente válido que el juicio de amparo quede paralizado ante la contumacia de la parte quejosa de publicar los edictos, al margen de que comparezca o no ante el juzgado constitucional a requerir la entrega de los mismos, pues ello atenta contra la administración de justicia, precisamente por retardarse la solución de un conflicto, sin que ello sea atribuible al órgano de amparo, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés no puede sobreponerse al salvaguardado por el artículo 17 constitucional, dado que los juicios deben resolverse en los términos establecidos en la ley, sin que pueda quedar al arbitrio de las partes que se constituya válidamente la relación jurídico procesal y se emita la resolución respectiva, pues con ello se contraviene el interés público. Consecuentemente, al no quedar debidamente integrada la litis constitucional por causas imputables al demandante del amparo, este Juzgado Federal se encuentra impedido para resolver sobre el fondo del asunto, y procede decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en términos de lo dispuesto en la fracción II, del artículo 63, de la Ley de Amparo, interpretado en relación con el numeral 27, fracción III, inciso b), de la citada ley reglamentaria, quedando sin efectos las nueve horas con cinco minutos del tres de mayo de dos mil veintidós, fijadas para la celebración de la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Agréguese el escrito signado por ***; atento a su contenido, en el que se vierten diversas manifestaciones en relación a los edictos que se ordenaron en autos para emplazar a uno de los terceros interesados. Sin embargo, toda vez que del escrito de cuenta se advierte que la firma que lo calza difiere de la estampada en el ocurso inicial de demanda, a efecto de salvaguardar los derechos del quejoso, y de estar en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda, requiérase al promovente para que dentro del término de tres días siguientes al en que quede notificado del presente proveído, comparezca debidamente identificado ante este Juzgado Federal en día y hora hábiles, a ratificar el contenido de su escrito de cuenta o, en su caso, podrá ratificarlo a través de la firma electrónica. Diligencia en la cual, además, bajo protesta de decir verdad, deberá manifestar el motivo por el cual existen firmas diferentes, apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta. Exhortación a que hace alusión el artículo 6 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL MODELO DE ATENCIÓN PRESENCIAL BASADA EN CITAS. La presencia física de las partes en los órganos jurisdiccionales se admitirá dentro de los siguientes supuestos y reglas. I. Las partes o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes o para desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. En el entendido que el impetrante de derechos fundamentales deberá identificarse con alguno de los siguientes documentos: credencial para votar, pasaporte, cartilla militar o cédula profesional, identificación oficial vigente con fotografía y firma, expedida por el gobierno federal, estatal, municipal o de la Ciudad de México que tenga impresa la CURP (Clave Única de Registro de Población), tratándose de extranjeros el documento migratorio vigente que corresponda, Certificado de Matricula Consular, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, licencia de conducir vigente y para el caso de menores de edad, permiso para conducir vigente, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, documentos anteriores que deberán estar vigentes. Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional para las nueve horas con cinco minutos del tres de mayo de dos mil veintidós.

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