Martín Hernández Magdaleno

Expediente 690/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
690/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
03/11/2022

Partes del expediente

  • Juez Primero de lo Civil en Lagos de Moreno, Jalisco
  • Martín Hernández Magdaleno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia se declara que la sentencia aludida ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. En esas condiciones, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese este juicio de amparo como asunto concluido. tomando en consideración que se negó el amparo solicitado, es susceptible de depurarse y deberá de conservarse. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General invocado, este asunto se considera no relevante. Finalmente, toda vez que ya no es necesario contar con las copias certificadas del expediente 648/2004, se ordena devolver a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA E.M.J., A.S.H.M. Y E.F.H.M. LA RESOLUCION DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 QUE EN SU PUNTO RESOLUTIVO DICE: ÚNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 690/2022, promovido por Martín Hernández Magdaleno, contra actos del Juez Primero de lo Civil de Lagos de Moreno, Jalisco, por considerarlos violatorios de las garantías contenidas para su protección en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Martín Hernández Magdaleno, por su propio derecho, mediante escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, sin sello de recepción, recibido en dicha oficina el ocho de abril de dos mil veintidós, presentó demanda de amparo indirecto contra actos del Juez Primero de lo Civil de Lagos de Moreno, Jalisco, que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO. El auto de fecha 14 catorce de Marzo del año en curso, pronunciado dentro de la etapa de ejecución de la Sentencia Definitiva, dictada por el Juez Primero de lo Civil de la Ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco, en los autos del Juicio civil Ordinario, con número de Expediente 648/2004, promovido en contra del Suscrito, por quien fuera mi esposa, ESPERANZA MACIAS JIMÉNEZ, madre de STEPHANY EMMANUEL FERNANDO ambos de apellidos HERNÁNDEZ MACÍAS, quienes a la fecha de presentación de la demanda de origen, 14 catorce de Julio del año 2004 dos mil cuatro, fueran menores de edad, y quienes actualmente promueven por su propio derecho, al ser mayores de edad, que admitió y resolvió el Recurso de Revisión, que en forma extemporánea promovió JOSÉ DE JESÚS NAVEJA MACÍAS, abogado patrono de ANDREA STEPHANY HERNÁNDEZ MACÍAS." SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular, en auto de doce de abril de dos mil veintidós, ordenó su registro bajo el número 690/2022, y ordenó: admitir la demanda de amparo y pedir informe justificado a la autoridad señalada como responsable; emplazar a los terceros interesados; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por virtud de que el acto reclamado, se atribuye a una autoridad especializada en materia civil, que tiene su residencia oficial dentro del territorio en que este juzgado Federal ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en resolución de catorce de marzo de dos mil veintidós dictado en el expediente 648/2004 del índice de la responsable. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Juez Primero de lo Civil de Lagos de Moreno Jalisco, al rendir su informe con justificación a través de su titular, reconoció la existencia del acto que se le atribuye, por lo que procede tener por acreditada la certeza de los mismos. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 1995, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." La certeza del acto reclamado se encuentra corroborada con las copias certificadas del expediente 648/2004 que obran por cuerda separada, las que valoradas en términos de lo dispuesto por los artículos 127, 197 y 201 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, adquiere valor probatorio pleno, y de las que se desprende la emisión del acto reclamado. CUARTO. Conceptos de Violación. Al no invocar las partes alguna causa de improcedencia, ni de oficio, se advierte su configuración, procede estudiar los conceptos de violación, cuya falta de transcripción no transgrede las normas legales que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio del acto reclamado. Los conceptos de violación son infundados. Obran en autos copias certificadas del expediente 648/2004 del índice de la responsable, las que valoradas en términos de los artículos 197 y 201 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, adquieren valor probatorio pleno, y de las que destacan en lo que interesa las siguientes actuaciones: 1.- Con fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable tuvo por recibido oficio suscrito por este órgano jurisdiccional derivado del diverso juicio de amparo 727/2021 mediante el cual se informó que la sentencia dictada en ese juicio había causado ejecutoria, por lo que en cumplimiento de la misma la responsable dejó insubsistente la diversa resolución interlocutoria de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, y en su lugar, con esa fecha dictó una nueva en la que regula y aprueba la planilla de liquidación propuesta por la actora incidentista y condena al ahora quejoso a pagar la cantidad de $198,920.42 (ciento noventa y ocho mil novecientos veinte pesos 42/100 moneda nacional). (fojas 356 a 360 del cuaderno de pruebas que obra por cuerda separada) 2.- Mediante escrito presentado el cinco de enero de dos mil veintidós, el quejoso a través de su abogado patrono solicitó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo 727/2021 del índice de éste órgano jurisdiccional. (foja 363 del cuaderno de pruebas que obra por cuerda separada) 3.- El once de enero de dos mil veintidós la autoridad responsable acordó la citada promoción señalando que debía estarse a lo acordado en la diversa resolución de diez de diciembre de dos mil veintiuno. (foja 364 del cuaderno de pruebas que obra por cuerda separada) 4.- Mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil veintidós el quejoso a través de su abogado patrono solicitó la expedición de copias certificadas de la interlocutoria de diez de diciembre de dos mil veintiuno y de todo lo actuado con posterioridad. (foja 367 del cuaderno de pruebas que obra por cuerda separada) 5.- El veintisiete de enero de dos mil veintidós el quejoso promovió incidente de nulidad de actuaciones en contra de la interlocutoria de diez de diciembre de dos mil veintiuno. (foja 368 del cuaderno de pruebas que obra por cuerda separada) 6.- Ambas promociones fueron acordadas por la responsable en auto de dos de febrero de dos mil veintidós en la que se admitió el incidente de nulidad de actuaciones y se ordenó la suspensión del procedimiento y se ordenó la expedición de las copias solicitadas. (foja 372 del cuaderno de pruebas que obra por cuerda separada) 7.- Mediante escrito presentado el diez de febrero de dos mil veintidós la actora incidentista interpuso recurso de revocación en contra del auto señalado en el párrafo que antecede. (foja 376 del cuaderno de pruebas que obra por cuerda separada) 8.- El catorce de marzo de dos mil veintidós -acto reclamado- la responsable tuvo por admitido el citado recurso y revocó parcialmente el auto de dos de febrero de dos mil veintidós, a fin de tener por no admitido el incidente de nulidad de actuaciones del quejoso por no haberse interpuesto en la siguiente promoción. (foja 383 del cuaderno de pruebas que obra por cuerda separada) Pues bien señala el quejoso en su primer y segundo concepto de violación que la resolución materia del presente juicio de amparo que admite el recurso de revocación y revoca la diversa de dos de febrero de dos mil veintidós, viola sus derechos humanos judiciales de debida fundamentación y motivación, pues la responsable pasa por alto que el auto de dos de febrero de dos mil veintidós fue notificado a la recurrente por medio de boletín judicial el tres de febrero siguiente, por lo que surtió efectos el cuatro de febrero, de ahí que estima que el término de tres días para promover el recurso le transcurrió del cuatro al nueve de febrero de dos mil veintidós, de ahí que estima que si el recurso de revocación fue presentado el diez de febrero siguiente su presentación debió declararse extemporánea y no admitirse el mismo. Además, precisa que la responsable consideró la notificación realizada a la parte actora, respecto del acuerdo de dos de febrero de dos mil veintidós, por conducto de una persona (Esperanza Macías Jiménez), que considera no cuenta interés jurídico en la planilla de liquidación dictada en el juicio de origen; que fue elaborada el ocho de febrero siguiente. Antes de corroborar el anterior aserto, es necesario precisar que la falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, de la manera siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ..." La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en qué consisten los requisitos de fundamentación y motivación, en la jurisprudencia 73, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, Séptima Época, Tomo III, parte SCJN, página 52, que es del tenor siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Conceptuadas así la fundamentación y motivación, la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la primera de esas manifestaciones, es decir, la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. Ahora bien, en el presente juicio se reclama la indebida fundamentación y motivación de la resolución reclamada. Sin embargo, a efecto de efectuar su estudio debe destacarse que tratándose de resoluciones jurisdiccionales, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que dicho requisito -de fundamentación- se cumple en tanto las consideraciones que sustentan la resolución encuentren apoyo en preceptos aplicables, aunque no sean citados en las propias resoluciones de manera expresa, como ocurrió en la especie. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. CXVI/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de dos mil, página 143, que indica: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." De ahí que es necesario acudir a la forma en que el Código de Procedimientos Civiles prevé surten efecto las notificaciones y empiezan a correr los términos a fin de verificar si asiste la razón al quejoso en cuanto a la extemporaneidad del recurso de revocación. Al efecto los artículos 55, 118, 127, 129 y 432 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco disponen lo siguiente: "ARTICULO 55.- Las actuaciones jurídicas se practicarán en días y horas hábiles. Son días hábiles o laborables todos los del año menos los sábados y domingos, así como el 1º de enero: el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo; 1º y 5 de mayo; 16 y 28 de septiembre; 12 de octubre; 2 de noviembre; el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre; 25 de diciembre; el día correspondiente a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; y los que determinen las leyes federal y local electorales; en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral; y en los casos de suspensión de labores del tribunal. Los demás días hasta hoy declarados festivos o luctuosos, lo serán para la conmemoración respectiva, pero no impedirán las actuaciones judiciales. ARTICULO 118.- La segunda y ulteriores notificaciones se harán personalmente a los interesados o a sus abogados patronos si concurren al tribunal o juzgado respectivo, hasta antes de las doce horas del tercer día, contado desde el mismo en que se dicten las resoluciones en que hayan de notificarse, en su defecto, la resolución se tendrá por notificada mediante su publicación en el boletín judicial o en la lista de acuerdos donde no exista éste y surtirá sus efectos a las doce horas del día siguiente de la misma. No se incluirán en la lista, los juicios o resoluciones que tengan por objeto la separación de personas, requerimientos de pago, mandamiento de embargo, aseguramiento de bienes, otras diligencias semejantes o urgentes, a juicio del juez. ARTICULO 127.- Los términos judiciales serán individuales y empezarán a correr desde el día siguiente a aquél en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación. ARTICULO 129.- En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales, o en que el tribunal no esté en funciones, salvo disposición expresa de la ley. ARTICULO 432.- El recurso de revocación deberá interponerse ante el juez o tribunal que dicte la resolución que cause agravio, dentro de los tres días siguientes al que se le notifique al perjudicado o tenga conocimiento de la misma." De los numerales transcritos se advierte que en los procedimientos del orden civil, las notificaciones surtirán sus efectos a las doce horas del día siguiente en que fueron publicadas en el boletín judicial, que los términos judiciales empiezan a correr desde el día siguiente a aquel en que fue hecha la notificación, que en ningún término se contaran los días en que no puedan tener lugar las actuaciones judiciales y que el recurso de revocación se deberá de interponer dentro de los tres días posteriores a que se le notifique al recurrente. De manera que si la tercero interesada recurrió el auto de dos de febrero de dos mil veintidós y éste le fue notificado por boletín judicial el tres de febrero siguiente (foja 372 vuelta del cuaderno de pruebas que obra por cuerda separada), dicha notificación surtió efectos (se tuvo por hecha) el cuatro de febrero de dos mil veintidós por lo que el término de tres días comenzó a correr al día siguiente hábil de que se tuvo por hecha, esto es el ocho de febrero de dos mil veintidós (toda vez que el lunes siete de febrero es inhábil en términos de lo dispuesto en el artículo 55 del código adjetivo local) y concluyó el diez de febrero siguiente en que fue presentado el recurso, resulta indudable que la determinación de la responsable de tener por admitió el recurso se encuentra fundada y motivada pues resulta coincidente con los preceptos legales que regulan las notificaciones, los términos, días inhábiles y el recurso de revocación a que nos hemos referido. En ese tenor, no es verdad que el Juez aquo de manera indebida tomara en consideración la notificación que refiere el quejoso, esto es, aquella realizada respeto del acuerdo de dos de febrero de dos mil veintidós a la parte actora (Esperanza Macías Jiménez) y que fue elaborada el ocho de febrero siguiente; pues como se evidenció aún con la notificación por boletín oficial del tres de febrero del año en curso, resultó presentado en tiempo el recurso de revocación que admitió y resolvió la responsable en el auto hoy reclamado. Por otra parte, la parte quejosa también argumentó que indebidamente el Juez responsable, admitió el recurso de revocación, pues considera que por la cuantía del negocio y en términos del artículo 501 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, al encontrarse en etapa de ejecución el juicio de origen, no procede recurso alguno. Al respecto, debe recordarse, que el acto reclamado se hace consistir en el autos de catorce de marzo de dos mil veintidós, donde la responsable admite y resuelve fundado el recurso de revocación interpuesto por la parte actora, contra el auto de dos de febrero último, en que se admitió el incidente de nulidad de actuaciones propuesto por el hoy quejoso, contra la notificación de la resolución liquidatoria de sentencia; concluyendo en este mismo, que no se admite el incidente de nulidad referido. Ahora bien, ya la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 66/2004-PS, emitida el veintiséis de enero de dos mil cinco, estableció que si bien los autos que deciden o desechan los incidentes de nulidad de actuaciones dictados dentro del juicio, por regla general sólo son atacables vía agravio mediante la apelación hecha valer contra la sentencia definitiva, y como única excepción está el incidente que declara la nulidad del emplazamiento, el cual admite la apelación en ambos efectos; sin embargo, no hay regla expresa para la impugnación de los autos que desechen los incidentes después del dictado de la sentencia definitiva en los que se pretenda la nulidad de la notificación de una resolución que no tienda directamente a su ejecución. En ese tenor, y en virtud de que el artículo 435, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco al disponer que son apelables los autos que causan gravamen irreparable en la sentencia, se refiere a decisiones emitidas dentro del juicio, antes del dictado de la definitiva, es indudable que no alcanza a las resoluciones posteriores y, por tanto, la apelación resulta improcedente en contra de éstas; en cambio, sí cabe el recurso de revocación, ya que el artículo 431 del citado ordenamiento legal dispone su procedencia contra los autos de primera y segunda instancias, salvo que conforme al mencionado código sean apelables, irrecurribles o se trate de decretos de mero trámite, y como la referida resolución (la que admite el incidente de nulidad de actuaciones), al no tender a la ejecución, sí es recurrible (aplicando en sentido contrario el artículo 501 del mismo ordenamiento); no admite apelación y no es de mero trámite (como los decretos, pues se trata de un verdadero auto), el recurso procedente en contra de ella es el de revocación. Entonces, en el caso, como se vio, contrario a lo señalado por el quejoso, respecto a la admisión del recurso de revocación, no resulta aplicable la hipótesis establecida en el 501 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en virtud de que el auto recurrido, no es de aquellos que tiendan a la ejecución de la sentencia; de ahí lo infundado de su argumento. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia por Contradicción de tesis 1a./J. 14/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 433 del Tomo XXI, Abril de 2005 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 178684, de rubro y texto siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN Y NO EL DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE DESECHA EL INCIDENTE PROMOVIDO CONTRA LA NOTIFICACIÓN DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, PERO QUE NO TIENDE A ÉSTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Los autos que deciden o desechan los incidentes de nulidad de actuaciones dictados dentro del juicio, por regla general sólo son atacables vía agravio mediante la apelación hecha valer contra la sentencia definitiva, y como única excepción está el incidente que declara la nulidad del emplazamiento, el cual admite la apelación en ambos efectos; sin embargo, no hay regla expresa para la impugnación de los autos que desechen los incidentes después del dictado de la sentencia definitiva en los que se pretenda la nulidad de la notificación de una resolución que no tienda directamente a su ejecución. En ese tenor, y en virtud de que el artículo 435, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco al disponer que son apelables los autos que causan gravamen irreparable en la sentencia, se refiere a decisiones emitidas dentro del juicio, antes del dictado de la definitiva, es indudable que no alcanza a las resoluciones posteriores y, por tanto, la apelación resulta improcedente en contra de éstas; en cambio, sí cabe el recurso de revocación, ya que el artículo 431 del citado ordenamiento legal dispone su procedencia contra los autos de primera y segunda instancias, salvo que conforme al mencionado código sean apelables, irrecurribles o se trate de decretos de mero trámite, y como la referida resolución, al no tender a la ejecución, sí es recurrible (aplicando en sentido contrario el artículo 501 del mismo ordenamiento); no admite apelación y no es de mero trámite (como los decretos, pues se trata de un verdadero auto), el recurso procedente en contra de ella es el de revocación". Por tanto, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer y sin que se advierta queja deficiente que suplir, lo que procede es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE, a Martín Hernández Magdaleno, contra los actos que reclamó al Juez Primero de lo Civil de Lagos de Moreno, Jalisco, por los motivos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por el autorizado de los terceros interesados mediante el cual pretende ofrecer como prueba un legajo de copias certificadas derivadas del juicio de origen , dígasele que no ha lugar, toda vez que el catorce de julio del año en curso, se celebró la audiencia constitucional, por lo que está pendiente el dictado de la sentencia correspondiente. Fórmese expedientillo, por los motivos asentados en la certificación de cuenta y una vez que sea resuelto el juicio de amparo en que se actúa, glósese el presente al juicio de amparo.

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