Martin Hernández Dias y Otros.

Expediente 1048/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1048/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
19/01/2017

Partes del expediente

  • Martin Hernández Dias y Otros.
  • Martin Hernández Dias
  • Erick Yovani García Palacios y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diecinueve de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos se provee: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA De la interpretación al contenido de los artículos 63, fracción V y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el caso particular, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia respecto del siguiente acto:  Orden de detención y su ejecución Lo anterior por considerar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuyo contenido, es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; .. Ahora bien, para que se actualice la improcedencia citada es necesario que se acrediten los siguientes requisitos: a) Que la propia autoridad responsable dicte un acto con posterioridad al acto reclamado. b) Que dicho acto se haya emitido durante la tramitación del juicio de amparo. c) Que con motivo del nuevo acto el acto reclamado haya quedado destruido, absoluta, completa e incondicionalmente, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En esas condiciones, visto el estado que guardan los autos, se advierte que se acreditan los tres requisitos para que se actualice una cesación de efectos, por lo siguiente. Se encuentra satisfecho el requisito contenido en el inciso a), ya que la autoridad responsable, es decir, el 1. agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Tercera Investigadora San Juan del Río de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Querétaro; emitió un acto con posterioridad a la orden de detención reclamada, pues determino lo siguiente: a) En veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, siendo las veintiún horas con treinta y seis minutos, determinó dejar en inmediata a libertad a los quejosos ****** (fojas 49 a 54 tomo II de pruebas). b) En la misma fecha siendo las veintidós horas, acordó sustancialmente: "(.) es que se reitera el contenido del acuerdo en el que previamente se ordenó la libertad de C.C. ******, y se robustece con el presente acuerdo, lo cual se acordó previamente, a efecto de proceder a la inmediata libertad de los referidos, al haberse recabado datos de prueba que acreditaron la ilicitud de su detención (.)"; (fojas 56 a 62 tomo II de pruebas) c) Por su parte la diversa autoridad responsable 2. Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Querétaro en su denominación correcta, al rendir su informe justificado negó los actos que se le atribuyeron (foja 92), con base a la determinación precisada en el inciso que antecede. El requisito contenido en el inciso b), también está satisfecho, pues el acto se emitió durante la tramitación del juicio de amparo, ya que la demanda se presentó a las dieciséis horas del veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis; y, la autoridad responsable se pronunció al respecto hasta las veintidós horas de ese día, haciéndolo del conocimiento a este Juzgado al rendir su informe justificado el catorce de diciembre del año pasado (foja 82). En cuanto al inciso c), éste también se encuentra satisfecho, pues la detención reclamada quedó destruida absoluta, completa e incondicionalmente, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, pues al cesar los efectos del acto reclamado, este órgano jurisdiccional está imposibilitado para reparar algún daño a la parte quejosa, porque no sería posible actuar como lo dispone el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. En esa tesitura, resulta improcedente el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que se sobresee fuera de audiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la mencionada legislación. Por tanto, es dable dejar sin efecto la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con dos minutos del veinte de enero de dos mil diecisiete. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa; al agente del Ministerio Público Federal adscrito, y por oficio a las autoridades responsables

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, cuatro de enero de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por el 2. Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Querétaro en su denominación correcta. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales consistentes en: Copia simple del oficio ****, de veinticinco de noviembre del dos mil dieciséis. Copia simple del oficio ****, de veinticuatro de noviembre del dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 117 del citado ordenamiento, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese.

  3. Incidental

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis. Se agrega a los autos el escrito de cuenta, suscrito por ***** autorizado de los quejosos ******, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de diecinueve de diciembre del presente año, hace del conocimiento a juzgado federal que dichos quejosos se encuentran imposibilitados para exhibir la garantía requerida por las razones que exponen, y exhibe un escrito a fin de probar su dicho; sin embargo, el citado libelo no se considera documento idóneo para acreditar su lo solicitado, pues en este no se precisa la situación económica de los quejosos, esto es; el ingreso que perciben, fuente de trabajo y antigüedad, así como, dependientes económicos para estar en posibilidad de proveer lo conducente. Por otra parte, hágase del conocimiento de los quejosos que las Reglas veintidós y veintitrés de las Cien Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, suscritas en el XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, las cuales consideran como personas en condiciones de vulnerabilidad a las que tienen ordenada en su contra un acto privativo de libertad, porque se haya ordenado en su contra la investigación de un delito. "100 REGLAS DE BRASILIA SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD. .1.- Concepto de las personas en situación de vulnerabilidad (3) Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. (4) Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas, o incluso de su nivel de desarrollo social y económico. 10.- Privación de libertad (22) La privación de la libertad, ordenada por autoridad pública competente, puede generar dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia el resto de derechos de los que es titular la persona privada de libertad, especialmente cuando concurre alguna causa de vulnerabilidad enumerada en los apartados anteriores. (23) A efectos de estas Reglas, se considera privación de libertad la que ha sido ordenada por autoridad pública, ya sea por motivo de la investigación de un delito, por el cumplimiento de una condena penal, por enfermedad mental o por cualquier otro motivo." Por lo que, respecto a cómo acreditar su insolvencia, estos la deberán de demostrar con cualquier medio autorizado por la norma; entre los cuales se hace mención como medio orientador, sin ser limitativo, la pericial en materia socioeconómica, ante la dependencia de gobierno que considere pertinente. En atención a lo dicho, se requiere a los quejosos para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir de la notificación de este proveído, exhiban documento expedido por autoridad oficial, en el que se haga constar, que carecen de recursos económicos para exhibir la garantía fijada. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que en proveído de trece de diciembre del presente año, se reservó resolver respecto de la prueba de inspección judicial y la prueba testimonial ofertada por los quejosos, hasta en tanto se encontrara integrado el presente juicio, y toda vez que ello ha acontecido, se pronuncia sobre las pruebas en los términos siguientes: Respecto de la prueba testimonial a cargo de los tres primeros policías municipales que ingresaron al inmueble ubicado en ****, y la prueba de inspección judicial a realizarse en el inmueble citado en líneas antecedentes; se desechan dichos medios de convicción. Ahora bien, debe precisarse que, en la demanda de amparo se señala especificamente como acto reclamado la ilegal y arbitraria detención de los quejosos el día veinticuatro de noviembre del presente año, por elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río, Querétaro. De los informes justificados rendidos por las responsables se advierte que los quejosos fueron puestos a disposición de la autoridad fiscalizadora y se procedió a iniciarse la carpeta de investigación *****, misma donde se decretó su retención por el plazo constitucional de cuarenta y ocho horas. En ese sentido, de conformidad el artículo 75, párrafo primero de la Ley de Amparo, no ha lugar a acordar de conformidad la admisión de las pruebas que se indican, ya que el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparece probado ante la autoridad responsable, por lo que no se admitirán ni se tomaran en consideración las pruebas que no se hubieran rendido ante dicha autoridad. Por su contenido e informe apoya lo anterior la jurisprudencia número VI.2o. J/289 de la Octava Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en Agosto de 1994, visible a página 64, Materia(s): Común del rubro y texto siguientes: PRUEBAS EN EL AMPARO CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. En el juicio de garantías no pueden tomarse en consideración las pruebas o diligencias aportadas o desahogadas en fecha posterior al del auto de formal prisión impugnado, ya que si el juez del conocimiento no estuvo en posibilidad de analizarlas en el auto que resolvió la situación jurídica del procesado, la autoridad de amparo menos aún puede estudiarlas, ya que de hacerlo se substituiría ilegalmente al juez natural, a más de que el artículo 78 de la Ley de Amparo previene que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca demostrado ante la autoridad responsable, sin que se admitan pruebas que no hayan sido tomadas en consideración por esta. Asimismo, la tesis VII. P. 5. K, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre de 1995, página 492, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO. APRECIACION DEL, AL TENOR DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 78 de la Ley de Amparo el acto combatido debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y no deben ser admitidas ni tomadas en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante tal autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución impugnada, norma que tiene su origen jurídico en los principios mismos del derecho y de la lógica, ya que no es dable juzgar la conducta de la autoridad sino frente a la situación y las circunstancias que concurrieron en el momento en que se emitió la propia resolución, lo que implica que los tribunales federales no pueden sustituirse, al decidir el juicio de amparo, a la autoridad y fundamentar sus sentencias en probanzas que aquélla no tuvo en cuenta, ya que de hacerlo se convertirían en tribunales de plena jurisdicción y desvirtuarían el espíritu de la Carta Magna y de la Ley de Amparo. En consecuencia, lo que es procedente desechar las aludidas pruebas. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

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