Martín Hernández Bautista

Expediente 1399/2016 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 21 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1399/2016
Año
2016
Actuaciones
21
Última actuación
01/10/2018

Partes del expediente

  • Martín Hernández Bautista
  • Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a uno de octubre de dos mil dieciocho. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto. Finalmente, toda vez que en el expediente en que se actúa obra un cuaderno de antecedentes, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo del acuerdo citado en el párrafo que precede, procédase a su destrucción, una vez que hayan transcurrido más de seis meses de haberse archivado este asunto. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable. Lo acordó y firma la Magistrada Gabriela Esperanza Alquicira Sánchez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien actúa con la licenciada Miriam Ramírez Alanis, secretaria de acuerdos que da fe.- Doy fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a tres de septiembre de dos mil dieciocho. Toda vez que de la razón actuarial de cuenta se advierte la imposibilidad de notificar al quejoso Martín Hernández Bautista, la resolución de catorce de agosto del año en curso, por los motivos asentados en la misma; conforme a lo establecido por los artículos 27, fracción III, inciso a), y 29, de la Ley de Amparo, se ordena hacérsela saber por medio de lista, así como las subsecuentes determinaciones. DICHO ACUERDO EN LO CONDUCENTE DICE: Apizaco, Tlaxcala, a veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 18/2011 (que modifica el diverso 10/2008), 65/2008 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y del oficio STCCNO/234/2015, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal y punto de acuerdo C. CAR 30/2015, de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, dictó sentencia en el amparo directo 1399/2016, en la que concedió a Martín Hernández Bautista, la protección constitucional en los siguientes términos (foja 73 vuelta a 74 vuelta): ".para el efecto de que, la junta responsable "realice lo siguiente: a) Deje insubsistente el laudo "reclamado; b) Reponga el procedimiento para subsanar "la violación procesal cometida durante la substanciación "del controvertido laboral C.D.T. 163/2010-1 y su "acumulado 488/2012-1, lo cual implica que prevenga al "trabajador demandante para que, en el improrrogable "plazo de tres días hábiles, aclare la demanda laboral y "precise: 1) ¿Cuáles son los días o las fechas en que "abarcan los periodos vacacionales?, y 2) ¿En qué "consisten las prestaciones generadas cuyo pago "solicita?, al hacerlo en forma genérica y no específica.- "c) En caso de que el accionante cumpla con la "prevención, la Junta deberá correr traslado a la persona "moral enjuiciada con el escrito aclaratorio; ordenar la "prosecución de la secuela procesal, fijando fecha para "la celebración de las etapas de demanda y excepciones, "y ofrecimiento y admisión de pruebas, en la que la "demandada tendrá oportunidad de dar respuesta a las "aclaraciones hechas por su contraparte y los "contendientes podrán ofrecer pruebas vinculadas con la "aclaración de la demanda. En caso contrario, esto es, "en el supuesto de que el trabajador accionante deje de "atender la prevención, y no exista variación de la litis ni "necesidad de desahogar pruebas en relación con "hechos novedosos, la Junta continuará con el "procedimiento.- d) Llegado el momento procesal "oportuno, dicte un nuevo laudo y, con plenitud de "jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda, "con relación a lo expresado en la demanda que dio "origen al juicio C.D.T. 163/2010-1 y su acumulado "C.D.T. 488/2012-1 y contestación a la misma, fije "adecuadamente la litis, al tenor de la prestación de "reinstalación por despido injustificado reclamado, así "como establezca que, el ente público enjuiciado no "suscitó controversia en torno al derecho que asiste al "demandante, para recibir el pago de la prestación "extralegal con motivo de la beca-comisión para realizar "estudios de posgrado, que le fue otorgada; y, como "consecuencia de ello, prescinda de estimar que la carga "probatoria recae en el accionante al tratarse de una "prestación extralegal; también, resuelva lo que en "derecho proceda en relación con la acción incoada en el "juicio C.D.T. 163/2010-1 y su acumulado C.D.T. "488/2012-1 para obtener el pago de prima vacacional y "demás prestaciones generadas en el tiempo que alude "el actor. En la inteligencia de que deberá tomar en "cuenta los aspectos novedosos materia de aclaración, "así como las probanzas que, en su caso, llegaran a "ofrecer las partes para demostrar su dicho; finalmente, "reitere lo que no es materia de la concesión..." Para lograr una mejor explicación, es oportuno citar la parte considerativa de la ejecutoria de amparo, que es del texto siguiente: ".La autoridad responsable al dictar el laudo "reclamado, en relación con la materia de la litis vertida "en el expediente 162/2010 precisó que, al no estar "contenidas las prestaciones reclamadas en la demanda "de origen en algún ordenamiento legal, como lo es, que "los trabajadores reciban el pago de su salario cuando se "encuentren becados para estudiar un posgrado, se trata "de una prestación extralegal y, en consecuencia la "carga de la prueba es para el actor, quien tiene que "demostrar que las percibía de manera constante o que "tiene derecho a ellas en la forma en que las reclama, sin "que ocurriera ello. "Luego, como se estableció en el laudo, si la "prestación reclamada consiste en el pago de las "quincenas que no fueron cubiertas al actor durante el "periodo que se ausentó a sus actividades laborales, por "habérsele otorgado la beca comisión para estudios de "posgrado, es una prestación extralegal que trae consigo "que, la carga de la prueba recaiga en el actor, para "demostrar el derecho a dicho cobro, en el particular, fue "legal que se determinara que, el actor es quien tenía la "carga probatoria de acreditar el derecho para recibir el "pago de las quincenas vencidas reclamadas a partir de "la segunda quincena de marzo de dos mil nueve. "Lo anterior, en razón de que la persona "moral enjuiciada, aquí tercera interesada, no suscitó "controversia en relación con el derecho que le asiste al "actor, ahora quejoso, de recibir el pago de las quincenas "vencidas, a las que hizo mención en su demanda. "(.) "De tales transcripciones se aprecia que, no "se planteó controversia sobre el derecho al pago de las "quincenas vencidas que se reclaman, dado que "esencialmente, la enjuiciante se limitó a manifestar que "al actor no le asistía acción ni derecho para reclamarlas, "al haber omitido señalar, a la propia demandada, que "participó en la elección constitucional llevada a cabo el "nueve de noviembre de dos mil ocho, en la que resultó "electo como presidente municipal de Xochiatipan, por el "Partido de la Revolución Democrática, lo que impedía "cumplir con la beca comisión, así como reclamar el "pago que alude, pues al fungir como presidente "municipal no es posible haya laborado o esté laborando "para la moral demandada. "También se advierte que, la enjuiciante "reconoció que al actor le fue otorgado el nombramiento "de Coordinador de Apoyo Técnico de la Dirección de las "Relaciones Laborales dentro de la estructura del ente "demandado, pero al momento de la contestación de la "demanda, no se desempeñaba en dicho puesto, por "estar fungiendo como presidente municipal del "Municipio de Xochiatipan por el periodo de dos mil "nueve al dos mil doce, conforme a la publicación del "periódico oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo; así "como, existió omisión del actor en manifestar la "imposibilidad de utilizar la beca-comisión, con motivo del "cargo público que desempeñaba, en contravención al "artículo 51 del Reglamento de las Condiciones "Generales del Trabajo del Personal que labora para la "demandada, por lo que se abusó de la buena fe de esta "última, y debido a tal omisión, cobró dolosamente un "salario sin haberlo devengado, correspondiente a los "meses de enero, febrero y primera quincena de marzo, "por desempeñarse como presidente municipal desde "enero de dos mil nueve; finalmente reiteró que, al "desempeñar el actor un cargo de elección popular, no "podía percibir el sueldo de Coordinador de Apoyo "Técnico de la Dirección de Relaciones Laborales, "aunado a que, debió demostrar que realizó estudios de "posgrado, con motivo de la beca comisión que le fue "otorgada. "En esa tesitura, el trabajador demandante "aquí quejoso, no se encontraba obligado a probar el "derecho que le asistía para recibir el pago de la "prestación a que nos hemos venido refiriendo "(quincenas vencidas), considerando que, por analogía, "de acuerdo con el artículo 777 de la Ley Federal del "Trabajo, vigente hasta el treinta de noviembre de dos "mil doce, únicamente los hechos controvertidos se "deben probar. "(.) "Por consiguiente, lo resuelto por la Junta "responsable en ese sentido es ilegal, ya que la omisión "del ente demandado de negar expresamente el derecho "de reclamar el pago de las quincenas de mérito, con "base en argumentos lógico jurídicos tendentes a "evidenciar la carencia del derecho para reclamar el "pago de su salario, mientras esté vigente la beca "comisión que le fue otorgada, conlleva a determinar que "la falta de controversia del derecho que alude el actor "de recibir el pago de las quincenas vencidas a partir de "la segunda quincena de marzo de dos mil nueve, por la "vigencia de la beca para estudios de posgrado que le "fue otorgada por el Secretario de Educación Pública del "Estado y Director General de la Unidad de Servicios "Educativos de Tlaxcala, no puede establecerse que, el "actor tenga la carga probatoria de demostrar el derecho "a dicha prestación, como lo adujo la autoridad laboral "responsable, pues se reitera, no existe obligación de "probar hechos no controvertidos." Este órgano colegiado, por auto de quince de mayo de dos mil diecisiete, tuvo por recibido el oficio T.C. 3º-AUX 2ª R. 993/2017, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, el amparo directo 1399/2016, con la sentencia dictada en el mismo, así como el expediente C.D.T. 163/2010 y su acumulado C.D.T. 488/2012; y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria de garantías e informara del mismo (foja 132). De autos se advierte que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento, y que con dicho informe se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 221), habiéndolo hecho la primera de los mencionados (fojas 223 a 236). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, y con fundamento también en la fracción VII del artículo único del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares; se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Al respecto, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia lo siguiente: I. Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, dejó insubsistente el laudo de siete de septiembre de dos mil dieciséis (foja 142). II. En ese mismo auto ordenó la reposición del procedimiento en el expediente laboral C.D.T. 163/210-1 y su acumulado, para lo cual requirió al actor a fin de que dentro del plazo de tres días hábiles, a partir de la fecha de notificación, aclarara su demanda laboral en los siguientes términos: 1) ¿Cuáles son los días o las fechas en que abarcan los periodos vacacionales? y 2) ¿En qué consisten las prestaciones generadas cuyo pago solicita?; con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo precluiría su derecho (foja 142). III. Dicho proveído fue notificado al actor el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete (foja 149). IV. El enjuiciante presentó escrito el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en el cual aclaró su demanda (fojas 155 y 156). V. La responsable, en proveído de cinco de junio de dos mil diecisiete, requirió, de nueva cuenta, al actor para que dentro del término de tres días hábiles aclarara en qué términos reclama las prestaciones, como la periodicidad en que le fueron pagadas; es decir, si fue de manera diaria, semanal, quincenal o mensual y cuál era su monto, las cuales mencionó en el punto dos de hechos de su escrito, con el apercibimiento que queda bajo su responsabilidad hacerlo, pudiendo realizarlo por una sola vez en la etapa de demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas (foja 154). VI. El veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia de ley, a la cual no compareció el actor, por lo cual se le tuvo por ratificado su escrito inicial de demanda, así como las aclaraciones realizadas mediante escrito de veintinueve de mayo y cinco de julio de dos mil diecisiete; mientras que al demandado se le tuvieron por contestadas las aclaraciones realizadas en escrito de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. Con motivo de la incomparecencia del actor se le tuvo por perdido su derecho a ofrecer pruebas (fojas 175 y 176). VII. La parte demandada ofreció confesional e inspección judicial; sin embargo, desistió (fojas 181 a 184). VIII. El veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, la responsable dictó un nuevo laudo, en el cual determinó lo siguiente: a) Reiteró las siguientes consideraciones, en lo que respecta al expediente C.D.T. 163/2010-1: ? La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, es la única responsable de la relación laboral (fojas 201 vuelta a 206). ? Absolución de los demandados Director de Relaciones Laborales de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, Secretario de Educación Pública y Director General de la Unidad de Servicios Educativos de la misma entidad (foja 201 vuelta). ? El puesto desempeñado por el actor fue el de Coordinador de Apoyo Técnico de la Dirección de Relaciones Laborales de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (foja 206). ? Al actor le fue otorgada "Beca Comisión" para estudios de postgrado, por el periodo comprendido del dos de febrero de dos mil nueve al dos de febrero de dos mil once (foja 206). ? Al actor le fue cubierto el pago de las quincenas correspondientes a enero, febrero y la primera quincena de abril de dos mil nueve (foja 206 vuelta). ? La litis consiste en determinar si el enjuiciante tiene derecho o no al pago del salario quincenal vencido a partir de la segunda quincena de marzo de dos mil nueve y durante la vigencia de la beca para estudios de postgrado que le fue otorgada y si tiene derecho a las demás prestaciones reclamadas (foja 206). b) Reiteró las siguientes consideraciones en lo que respecta al expediente C.D.T. 488/2012-1: ? La fecha en que el actor ingresó a laborar fue el uno de enero de mil novecientos noventa y siete (foja 206 vuelta). ? El actor tenía asignadas las claves presupuestales 074829000E0401291009, 040603335140512800M8580858 y 040603335140512800M85808582 (foja 206 vuelta). ? El salario quincenal era de $21,897.32 (veintiún mil ochocientos noventa y siete pesos 32/100 m.n.) (foja 206 vuelta). ? La jornada de labores fue de las nueve a las quince horas y de las diecisiete a las veintiuna horas (foja 206 vuelta). ? Al actor le fue otorgada "Beca Comisión" para estudios de postgrado, por el periodo comprendido del doce de enero de dos mil once al quince de junio de dos mil doce (foja 206 vuelta). c) En relación al expediente C.D.T. 163/2010.1, estableció que la litis también consiste en determinar si el actor tiene derecho o no a ser reinstalado (foja 206 vuelta). d) Estableció que, el ente público enjuiciado no suscitó controversia en torno al derecho que asiste al demandante, para recibir el pago de la prestación extralegal con motivo de la beca-comisión para realizar estudios de posgrado, que le fue otorgada, prestaciones que consisten en el pago de las quincenas vencidas a partir de la segunda quincena de marzo de dos mil nueve y durante la vigencia de dicha beca; asimismo, prescindió de considerar que la carga probatoria recae en el actor al tratarse de una prestación extralegal y condenó a la demandada a pagar las quincenas vencidas desde la fecha indicada y hasta el quince de junio de dos mil doce, con los incrementos legales y contractuales aplicados al salario, para lo cual ordenó abrir el incidente de liquidación correspondiente (fojas 206 vuelta a 209). e) Condenó a la parte demandada al pago de vacaciones, por los periodos del doce de marzo de dos mil nueve al doce de marzo de dos mil diez y del quince de agosto de dos mil once al quince de agosto de dos mil doce y ordenó la apertura del incidente de liquidación correspondiente; sin embargo, omitió pronunciarse respecto a vacaciones correspondientes a los años dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, pues el actor no los reclama, según su escrito de aclaración (foja 211 a 212). f) Condenó al pago de prima vacacional y aguinaldo respecto de los años dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once y dos mil doce, más los incrementos correspondientes; dieciséis días de salario por concepto de día del maestro, día del trabajador de la educación, bono de ayuda de despensa, respecto de dos mil diez, dos mil once y dos mil doce, habiendo ordenado abrir el incidente de liquidación correspondiente; asimismo, condenó al pago de bono mensual respecto a los mencionados años, resultando la cantidad de $11,200.00 (once mil doscientos pesos 00/100 m.n.) (fojas 212 y vuelta). g) Absolvió de las prestaciones reclamadas en el escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil dieciséis, consistente en el pago de sueldo compactado, compensación provisional compactable, acreditación por años de servicio en la docencia, ayuda de despensa, asignación docente genérica, cuotas sindicales, seguro de retiro, material didáctico, servicios curriculares, impuesto sobre la renta, fondo de pensiones y diversas prestaciones "ISSSTE", previsión social múltiple, compensaciones adicionales por servicios especiales, servicio médico, estímulo a la productividad, gratificación de fin de año, prima vacacional, prima quinquenal por años de servicios prestados, día del trabajador de la educación (día del maestro), diferencia variable, viáticos a supervisores, fondo de la vivienda, sueldo base, material didáctico, quinquenio, asignación docente, ayuda de útiles escolares, prima vacacional, aguinaldo, día del maestro, estímulo de productividad, fondo de pensión, cuota sindical y fondo de retiro (foja 212 vuelta y 213). h) Absolvió a la demandada de reinstalar al actor en el puesto que venía desempeñando, así de pagar salarios caídos (fojas 213 vuelta a 215). i) En cuanto a la acción reconvencional interpuesta por el demandado en la cual reclamó la devolución de las quincenas pagadas al actor correspondientes a enero, febrero y primera quincena de marzo de dos mil nueve, consideró procedente la excepción de prescripción y absolvió a dicho enjuiciante (fojas215 a 217 vuelta). IX. Enseguida, se analiza lo expuesto por el quejoso en su escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, al desahogar la vista, en el que, en una parte, afirma que la responsable resolvió de manera incompleta y contrario a los lineamientos de la ejecutoria de amparo; esto es, pretende evidenciar que incurrió en un cumplimiento defectuoso por lo siguiente: a) La demandada únicamente contestó las aclaraciones realizadas mediante escrito presentado ante la responsable el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, no así las formuladas en diverso escrito que presentó el cinco de julio del mismo año, por lo cual la junta tuvo por contestadas estas últimas en sentido afirmativo. b) Resulta ilegal que la responsable absuelva a la demandada del pago de sueldo compactado, compensación provisional compactable, acreditación por años de servicio en la docencia, ayuda de despensa, asignación docente genérica, cuotas sindicales, seguro de retiro, material didáctico, servicios curriculares, impuesto sobre la renta, fondo de pensiones y diversas prestaciones "ISSSTE", previsión social múltiple, compensaciones adicionales por servicios especiales, servicio médico, estímulo a la productividad, gratificación de fin de año, prima vacacional, prima quinquenal por años de servicios prestados, día del trabajador de la educación (día de maestro), diferencia variable, viáticos a supervisores, fondo de la vivienda, sueldo base, material didáctico, quinquenio, asignación docente, ayuda de útiles escolares, prima vacacional, aguinaldo, estímulo de productividad, fondo de pensión, cuota sindical y fondo de retiro; ya que respecto de las mismas no existe controversia, por tanto, el ahora quejoso no tenía obligación de probar. Al respecto, debe partirse de la base de que, contrariamente a la pretensión del ahora impetrante, en la sentencia de amparo no se constriñó a la responsable a pronunciarse en determinado sentido respecto a las prestaciones antes aludidas, por lo cual debe entenderse que contaba con libertad de jurisdicción para ello. De ahí que es incorrecto el planteamiento realizado por la parte quejosa en el sentido de que la autoridad responsable incurrió en defecto al dar cumplimiento al fallo constitucional. En apoyo a esta decisión se cita por ilustrativa la tesis de jurisprudencia 1a./J. 76/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 605, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. "ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo "107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución "Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece "que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin "que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; "por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de "inconformidad para determinar si fue correcta o no la "determinación que la tuvo por cumplida, no debe "limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, "pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta "con facultades amplias para analizar oficiosamente si la "ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es "cierto que en la legislación de amparo abrogada, para "dicho análisis bastaba con realizar un estudio "comparativo general o básico entre lo ordenado en la "ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, "también lo es que ello obedecía a que en esa legislación "se contemplaba al recurso de queja como un medio "para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; "de ahí que para tener por cumplida la sentencia "protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara "haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera "analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, "de ser así, las partes podían interponer el recurso de "queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin "en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el "exceso o defecto puede combatirse a través del recurso "de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, "fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de "abril de 2013, sólo señala que el recurso de "inconformidad procede contra la resolución que tenga "por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar "que en él puedan combatirse los excesos o defectos en "que incurra la responsable en el cumplimiento, de una "interpretación armónica de ese numeral con los artículos "192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se "concluye que en este medio de impugnación pueden "combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria "pueda declararse cumplida es preciso que la "responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir "en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del "recurso de inconformidad, vista en relación con la "anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces "para resolver este recurso ya no basta con realizar un "examen comparativo general o básico entre las "conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como "efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por "la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese "examen, también debe verificarse que en el "cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o "defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay "exceso, cuando la responsable se extralimita en el "cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la "ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando "la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo "hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese "análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la "ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia "Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su "caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar "de la ampliación en su materia, no es factible que a "través de este medio se analice la legalidad de la "resolución emitida por la autoridad responsable, ni "mucho menos introducir aspectos novedosos que no "fueron analizados por el juzgador de amparo." XI. En diverso apartado de su escrito, el impetrante sostiene lo siguiente: a) Mediante escritos presentados el treinta y uno de mayo y dieciocho de junio de dos mil doce, ante el Secretario de Educación Pública del Estado de Tlaxcala y Director de General de la Unidad de Servicios Educativos de la misma entidad, a quien solicitó la reincorporación a su centro de trabajo a partir del dieciséis de junio de dos mil doce, en el puesto de Coordinador de Apoyo Técnico de la Dirección de Relaciones Laborales. b) Respecto a dichas documentales, la responsable determinó que no podía pronunciarse porque no fueron admitidas por tratarse de hechos confesados por las partes; luego, sostuvo que el ahora quejoso debió reincorporarse a la fuente de trabajo y notificar por escrito a la Subdirección de Educación Terminal, lo cual es contrario a derecho, pues, como la propia responsable lo afirma, no existe controversia al respecto, ello aunado a la circunstancia de que se encuentra justificado que, oportunamente, solicitó a la demandada, por conducto de su Director General, le indicara la forma y términos en que debía reincorporarse a su trabajo, pero ésta fue omisa en contestar dichos escritos, respecto de lo cual tampoco existe controversia. c) Ante la negativa de la demandada de reincorporarla a su empleo al término de la "Beca Comisión", se actualiza un impedimento para realizar su trabajo, lo cual se equipara a un despido injustificado, en consecuencia, la autoridad debió condenar a la prestación reclamada. En torno a ello, debe tenerse en cuenta que en ejecutoria de amparo tampoco se constriñó a la responsable a pronunciarse en determinado sentido respecto a la acción de reinstalación, sin que se le dejara libertad de jurisdicción para resolver al respecto. Por tanto, como los anteriores planteamiento resultan ajenos a lo que fue materia de examen de la ejecutoria de amparo, de la propia manera, resultan inatendibles. De lo anterior se concluye que, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los autos del presente asunto y tomando en consideración que por Acuerdo General 3/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión ordinaria de treinta y uno de enero del año en curso, se autorizó el cambio de residencia y domicilio de este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito al cuarto piso del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, ubicado en Predio "Rústico", en Santa Anita Huiloac, código postal 90407, Municipio de Apizaco, Tlaxcala, hágase saber a las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 18/2011 (que modifica el diverso 10/2008), 65/2008 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y del oficio STCCNO/234/2015, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal y punto de acuerdo C. CAR 30/2015, de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, dictó sentencia en el amparo directo 1399/2016, en la que concedió a Martín Hernández Bautista, la protección constitucional en los siguientes términos (foja 73 vuelta a 74 vuelta): ".para el efecto de que, la junta responsable "realice lo siguiente: a) Deje insubsistente el laudo "reclamado; b) Reponga el procedimiento para subsanar "la violación procesal cometida durante la substanciación "del controvertido laboral C.D.T. 163/2010-1 y su "acumulado 488/2012-1, lo cual implica que prevenga al "trabajador demandante para que, en el improrrogable "plazo de tres días hábiles, aclare la demanda laboral y "precise: 1) ¿Cuáles son los días o las fechas en que "abarcan los periodos vacacionales?, y 2) ¿En qué "consisten las prestaciones generadas cuyo pago "solicita?, al hacerlo en forma genérica y no específica.- "c) En caso de que el accionante cumpla con la "prevención, la Junta deberá correr traslado a la persona "moral enjuiciada con el escrito aclaratorio; ordenar la "prosecución de la secuela procesal, fijando fecha para "la celebración de las etapas de demanda y excepciones, "y ofrecimiento y admisión de pruebas, en la que la "demandada tendrá oportunidad de dar respuesta a las "aclaraciones hechas por su contraparte y los "contendientes podrán ofrecer pruebas vinculadas con la "aclaración de la demanda. En caso contrario, esto es, "en el supuesto de que el trabajador accionante deje de "atender la prevención, y no exista variación de la litis ni "necesidad de desahogar pruebas en relación con "hechos novedosos, la Junta continuará con el "procedimiento.- d) Llegado el momento procesal "oportuno, dicte un nuevo laudo y, con plenitud de "jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda, "con relación a lo expresado en la demanda que dio "origen al juicio C.D.T. 163/2010-1 y su acumulado "C.D.T. 488/2012-1 y contestación a la misma, fije "adecuadamente la litis, al tenor de la prestación de "reinstalación por despido injustificado reclamado, así "como establezca que, el ente público enjuiciado no "suscitó controversia en torno al derecho que asiste al "demandante, para recibir el pago de la prestación "extralegal con motivo de la beca-comisión para realizar "estudios de posgrado, que le fue otorgada; y, como "consecuencia de ello, prescinda de estimar que la carga "probatoria recae en el accionante al tratarse de una "prestación extralegal; también, resuelva lo que en "derecho proceda en relación con la acción incoada en el "juicio C.D.T. 163/2010-1 y su acumulado C.D.T. "488/2012-1 para obtener el pago de prima vacacional y "demás prestaciones generadas en el tiempo que alude "el actor. En la inteligencia de que deberá tomar en "cuenta los aspectos novedosos materia de aclaración, "así como las probanzas que, en su caso, llegaran a "ofrecer las partes para demostrar su dicho; finalmente, "reitere lo que no es materia de la concesión..." Para lograr una mejor explicación, es oportuno citar la parte considerativa de la ejecutoria de amparo, que es del texto siguiente: ".La autoridad responsable al dictar el laudo "reclamado, en relación con la materia de la litis vertida "en el expediente 162/2010 precisó que, al no estar "contenidas las prestaciones reclamadas en la demanda "de origen en algún ordenamiento legal, como lo es, que "los trabajadores reciban el pago de su salario cuando se "encuentren becados para estudiar un posgrado, se trata "de una prestación extralegal y, en consecuencia la "carga de la prueba es para el actor, quien tiene que "demostrar que las percibía de manera constante o que "tiene derecho a ellas en la forma en que las reclama, sin "que ocurriera ello. "Luego, como se estableció en el laudo, si la "prestación reclamada consiste en el pago de las "quincenas que no fueron cubiertas al actor durante el "periodo que se ausentó a sus actividades laborales, por "habérsele otorgado la beca comisión para estudios de "posgrado, es una prestación extralegal que trae consigo "que, la carga de la prueba recaiga en el actor, para "demostrar el derecho a dicho cobro, en el particular, fue "legal que se determinara que, el actor es quien tenía la "carga probatoria de acreditar el derecho para recibir el "pago de las quincenas vencidas reclamadas a partir de "la segunda quincena de marzo de dos mil nueve. "Lo anterior, en razón de que la persona "moral enjuiciada, aquí tercera interesada, no suscitó "controversia en relación con el derecho que le asiste al "actor, ahora quejoso, de recibir el pago de las quincenas "vencidas, a las que hizo mención en su demanda. "(.) "De tales transcripciones se aprecia que, no "se planteó controversia sobre el derecho al pago de las "quincenas vencidas que se reclaman, dado que "esencialmente, la enjuiciante se limitó a manifestar que "al actor no le asistía acción ni derecho para reclamarlas, "al haber omitido señalar, a la propia demandada, que "participó en la elección constitucional llevada a cabo el "nueve de noviembre de dos mil ocho, en la que resultó "electo como presidente municipal de Xochiatipan, por el "Partido de la Revolución Democrática, lo que impedía "cumplir con la beca comisión, así como reclamar el "pago que alude, pues al fungir como presidente "municipal no es posible haya laborado o esté laborando "para la moral demandada. "También se advierte que, la enjuiciante "reconoció que al actor le fue otorgado el nombramiento "de Coordinador de Apoyo Técnico de la Dirección de las "Relaciones Laborales dentro de la estructura del ente "demandado, pero al momento de la contestación de la "demanda, no se desempeñaba en dicho puesto, por "estar fungiendo como presidente municipal del "Municipio de Xochiatipan por el periodo de dos mil "nueve al dos mil doce, conforme a la publicación del "periódico oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo; así "como, existió omisión del actor en manifestar la "imposibilidad de utilizar la beca-comisión, con motivo del "cargo público que desempeñaba, en contravención al "artículo 51 del Reglamento de las Condiciones "Generales del Trabajo del Personal que labora para la "demandada, por lo que se abusó de la buena fe de esta "última, y debido a tal omisión, cobró dolosamente un "salario sin haberlo devengado, correspondiente a los "meses de enero, febrero y primera quincena de marzo, "por desempeñarse como presidente municipal desde "enero de dos mil nueve; finalmente reiteró que, al "desempeñar el actor un cargo de elección popular, no "podía percibir el sueldo de Coordinador de Apoyo "Técnico de la Dirección de Relaciones Laborales, "aunado a que, debió demostrar que realizó estudios de "posgrado, con motivo de la beca comisión que le fue "otorgada. "En esa tesitura, el trabajador demandante "aquí quejoso, no se encontraba obligado a probar el "derecho que le asistía para recibir el pago de la "prestación a que nos hemos venido refiriendo "(quincenas vencidas), considerando que, por analogía, "de acuerdo con el artículo 777 de la Ley Federal del "Trabajo, vigente hasta el treinta de noviembre de dos "mil doce, únicamente los hechos controvertidos se "deben probar. "(.) "Por consiguiente, lo resuelto por la Junta "responsable en ese sentido es ilegal, ya que la omisión "del ente demandado de negar expresamente el derecho "de reclamar el pago de las quincenas de mérito, con "base en argumentos lógico jurídicos tendentes a "evidenciar la carencia del derecho para reclamar el "pago de su salario, mientras esté vigente la beca "comisión que le fue otorgada, conlleva a determinar que "la falta de controversia del derecho que alude el actor "de recibir el pago de las quincenas vencidas a partir de "la segunda quincena de marzo de dos mil nueve, por la "vigencia de la beca para estudios de posgrado que le "fue otorgada por el Secretario de Educación Pública del "Estado y Director General de la Unidad de Servicios "Educativos de Tlaxcala, no puede establecerse que, el "actor tenga la carga probatoria de demostrar el derecho "a dicha prestación, como lo adujo la autoridad laboral "responsable, pues se reitera, no existe obligación de "probar hechos no controvertidos." Este órgano colegiado, por auto de quince de mayo de dos mil diecisiete, tuvo por recibido el oficio T.C. 3º-AUX 2ª R. 993/2017, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, el amparo directo 1399/2016, con la sentencia dictada en el mismo, así como el expediente C.D.T. 163/2010 y su acumulado C.D.T. 488/2012; y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria de garantías e informara del mismo (foja 132). De autos se advierte que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento, y que con dicho informe se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 221), habiéndolo hecho la primera de los mencionados (fojas 223 a 236). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, y con fundamento también en la fracción VII del artículo único del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares; se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Al respecto, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia lo siguiente: I. Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, dejó insubsistente el laudo de siete de septiembre de dos mil dieciséis (foja 142). II. En ese mismo auto ordenó la reposición del procedimiento en el expediente laboral C.D.T. 163/210-1 y su acumulado, para lo cual requirió al actor a fin de que dentro del plazo de tres días hábiles, a partir de la fecha de notificación, aclarara su demanda laboral en los siguientes términos: 1) ¿Cuáles son los días o las fechas en que abarcan los periodos vacacionales? y 2) ¿En qué consisten las prestaciones generadas cuyo pago solicita?; con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo precluiría su derecho (foja 142). III. Dicho proveído fue notificado al actor el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete (foja 149). IV. El enjuiciante presentó escrito el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en el cual aclaró su demanda (fojas 155 y 156). V. La responsable, en proveído de cinco de junio de dos mil diecisiete, requirió, de nueva cuenta, al actor para que dentro del término de tres días hábiles aclarara en qué términos reclama las prestaciones, como la periodicidad en que le fueron pagadas; es decir, si fue de manera diaria, semanal, quincenal o mensual y cuál era su monto, las cuales mencionó en el punto dos de hechos de su escrito, con el apercibimiento que queda bajo su responsabilidad hacerlo, pudiendo realizarlo por una sola vez en la etapa de demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas (foja 154). VI. El veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia de ley, a la cual no compareció el actor, por lo cual se le tuvo por ratificado su escrito inicial de demanda, así como las aclaraciones realizadas mediante escrito de veintinueve de mayo y cinco de julio de dos mil diecisiete; mientras que al demandado se le tuvieron por contestadas las aclaraciones realizadas en escrito de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. Con motivo de la incomparecencia del actor se le tuvo por perdido su derecho a ofrecer pruebas (fojas 175 y 176). VII. La parte demandada ofreció confesional e inspección judicial; sin embargo, desistió (fojas 181 a 184). VIII. El veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, la responsable dictó un nuevo laudo, en el cual determinó lo siguiente: a) Reiteró las siguientes consideraciones, en lo que respecta al expediente C.D.T. 163/2010-1: ? La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, es la única responsable de la relación laboral (fojas 201 vuelta a 206). ? Absolución de los demandados Director de Relaciones Laborales de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, Secretario de Educación Pública y Director General de la Unidad de Servicios Educativos de la misma entidad (foja 201 vuelta). ? El puesto desempeñado por el actor fue el de Coordinador de Apoyo Técnico de la Dirección de Relaciones Laborales de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (foja 206). ? Al actor le fue otorgada "Beca Comisión" para estudios de postgrado, por el periodo comprendido del dos de febrero de dos mil nueve al dos de febrero de dos mil once (foja 206). ? Al actor le fue cubierto el pago de las quincenas correspondientes a enero, febrero y la primera quincena de abril de dos mil nueve (foja 206 vuelta). ? La litis consiste en determinar si el enjuiciante tiene derecho o no al pago del salario quincenal vencido a partir de la segunda quincena de marzo de dos mil nueve y durante la vigencia de la beca para estudios de postgrado que le fue otorgada y si tiene derecho a las demás prestaciones reclamadas (foja 206). b) Reiteró las siguientes consideraciones en lo que respecta al expediente C.D.T. 488/2012-1: ? La fecha en que el actor ingresó a laborar fue el uno de enero de mil novecientos noventa y siete (foja 206 vuelta). ? El actor tenía asignadas las claves presupuestales 074829000E0401291009, 040603335140512800M8580858 y 040603335140512800M85808582 (foja 206 vuelta). ? El salario quincenal era de $21,897.32 (veintiún mil ochocientos noventa y siete pesos 32/100 m.n.) (foja 206 vuelta). ? La jornada de labores fue de las nueve a las quince horas y de las diecisiete a las veintiuna horas (foja 206 vuelta). ? Al actor le fue otorgada "Beca Comisión" para estudios de postgrado, por el periodo comprendido del doce de enero de dos mil once al quince de junio de dos mil doce (foja 206 vuelta). c) En relación al expediente C.D.T. 163/2010.1, estableció que la litis también consiste en determinar si el actor tiene derecho o no a ser reinstalado (foja 206 vuelta). d) Estableció que, el ente público enjuiciado no suscitó controversia en torno al derecho que asiste al demandante, para recibir el pago de la prestación extralegal con motivo de la beca-comisión para realizar estudios de posgrado, que le fue otorgada, prestaciones que consisten en el pago de las quincenas vencidas a partir de la segunda quincena de marzo de dos mil nueve y durante la vigencia de dicha beca; asimismo, prescindió de considerar que la carga probatoria recae en el actor al tratarse de una prestación extralegal y condenó a la demandada a pagar las quincenas vencidas desde la fecha indicada y hasta el quince de junio de dos mil doce, con los incrementos legales y contractuales aplicados al salario, para lo cual ordenó abrir el incidente de liquidación correspondiente (fojas 206 vuelta a 209). e) Condenó a la parte demandada al pago de vacaciones, por los periodos del doce de marzo de dos mil nueve al doce de marzo de dos mil diez y del quince de agosto de dos mil once al quince de agosto de dos mil doce y ordenó la apertura del incidente de liquidación correspondiente; sin embargo, omitió pronunciarse respecto a vacaciones correspondientes a los años dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, pues el actor no los reclama, según su escrito de aclaración (foja 211 a 212). f) Condenó al pago de prima vacacional y aguinaldo respecto de los años dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once y dos mil doce, más los incrementos correspondientes; dieciséis días de salario por concepto de día del maestro, día del trabajador de la educación, bono de ayuda de despensa, respecto de dos mil diez, dos mil once y dos mil doce, habiendo ordenado abrir el incidente de liquidación correspondiente; asimismo, condenó al pago de bono mensual respecto a los mencionados años, resultando la cantidad de $11,200.00 (once mil doscientos pesos 00/100 m.n.) (fojas 212 y vuelta). g) Absolvió de las prestaciones reclamadas en el escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil dieciséis, consistente en el pago de sueldo compactado, compensación provisional compactable, acreditación por años de servicio en la docencia, ayuda de despensa, asignación docente genérica, cuotas sindicales, seguro de retiro, material didáctico, servicios curriculares, impuesto sobre la renta, fondo de pensiones y diversas prestaciones "ISSSTE", previsión social múltiple, compensaciones adicionales por servicios especiales, servicio médico, estímulo a la productividad, gratificación de fin de año, prima vacacional, prima quinquenal por años de servicios prestados, día del trabajador de la educación (día del maestro), diferencia variable, viáticos a supervisores, fondo de la vivienda, sueldo base, material didáctico, quinquenio, asignación docente, ayuda de útiles escolares, prima vacacional, aguinaldo, día del maestro, estímulo de productividad, fondo de pensión, cuota sindical y fondo de retiro (foja 212 vuelta y 213). h) Absolvió a la demandada de reinstalar al actor en el puesto que venía desempeñando, así de pagar salarios caídos (fojas 213 vuelta a 215). i) En cuanto a la acción reconvencional interpuesta por el demandado en la cual reclamó la devolución de las quincenas pagadas al actor correspondientes a enero, febrero y primera quincena de marzo de dos mil nueve, consideró procedente la excepción de prescripción y absolvió a dicho enjuiciante (fojas215 a 217 vuelta). IX. Enseguida, se analiza lo expuesto por el quejoso en su escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, al desahogar la vista, en el que, en una parte, afirma que la responsable resolvió de manera incompleta y contrario a los lineamientos de la ejecutoria de amparo; esto es, pretende evidenciar que incurrió en un cumplimiento defectuoso por lo siguiente: a) La demandada únicamente contestó las aclaraciones realizadas mediante escrito presentado ante la responsable el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, no así las formuladas en diverso escrito que presentó el cinco de julio del mismo año, por lo cual la junta tuvo por contestadas estas últimas en sentido afirmativo. b) Resulta ilegal que la responsable absuelva a la demandada del pago de sueldo compactado, compensación provisional compactable, acreditación por años de servicio en la docencia, ayuda de despensa, asignación docente genérica, cuotas sindicales, seguro de retiro, material didáctico, servicios curriculares, impuesto sobre la renta, fondo de pensiones y diversas prestaciones "ISSSTE", previsión social múltiple, compensaciones adicionales por servicios especiales, servicio médico, estímulo a la productividad, gratificación de fin de año, prima vacacional, prima quinquenal por años de servicios prestados, día del trabajador de la educación (día de maestro), diferencia variable, viáticos a supervisores, fondo de la vivienda, sueldo base, material didáctico, quinquenio, asignación docente, ayuda de útiles escolares, prima vacacional, aguinaldo, estímulo de productividad, fondo de pensión, cuota sindical y fondo de retiro; ya que respecto de las mismas no existe controversia, por tanto, el ahora quejoso no tenía obligación de probar. Al respecto, debe partirse de la base de que, contrariamente a la pretensión del ahora impetrante, en la sentencia de amparo no se constriñó a la responsable a pronunciarse en determinado sentido respecto a las prestaciones antes aludidas, por lo cual debe entenderse que contaba con libertad de jurisdicción para ello. De ahí que es incorrecto el planteamiento realizado por la parte quejosa en el sentido de que la autoridad responsable incurrió en defecto al dar cumplimiento al fallo constitucional. En apoyo a esta decisión se cita por ilustrativa la tesis de jurisprudencia 1a./J. 76/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 605, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. "ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo "107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución "Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece "que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin "que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; "por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de "inconformidad para determinar si fue correcta o no la "determinación que la tuvo por cumplida, no debe "limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, "pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta "con facultades amplias para analizar oficiosamente si la "ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es "cierto que en la legislación de amparo abrogada, para "dicho análisis bastaba con realizar un estudio "comparativo general o básico entre lo ordenado en la "ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, "también lo es que ello obedecía a que en esa legislación "se contemplaba al recurso de queja como un medio "para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; "de ahí que para tener por cumplida la sentencia "protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara "haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera "analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, "de ser así, las partes podían interponer el recurso de "queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin "en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el "exceso o defecto puede combatirse a través del recurso "de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, "fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de "abril de 2013, sólo señala que el recurso de "inconformidad procede contra la resolución que tenga "por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar "que en él puedan combatirse los excesos o defectos en "que incurra la responsable en el cumplimiento, de una "interpretación armónica de ese numeral con los artículos "192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se "concluye que en este medio de impugnación pueden "combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria "pueda declararse cumplida es preciso que la "responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir "en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del "recurso de inconformidad, vista en relación con la "anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces "para resolver este recurso ya no basta con realizar un "examen comparativo general o básico entre las "conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como "efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por "la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese "examen, también debe verificarse que en el "cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o "defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay "exceso, cuando la responsable se extralimita en el "cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la "ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando "la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo "hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese "análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la "ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia "Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su "caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar "de la ampliación en su materia, no es factible que a "través de este medio se analice la legalidad de la "resolución emitida por la autoridad responsable, ni "mucho menos introducir aspectos novedosos que no "fueron analizados por el juzgador de amparo." XI. En diverso apartado de su escrito, el impetrante sostiene lo siguiente: a) Mediante escritos presentados el treinta y uno de mayo y dieciocho de junio de dos mil doce, ante el Secretario de Educación Pública del Estado de Tlaxcala y Director de General de la Unidad de Servicios Educativos de la misma entidad, a quien solicitó la reincorporación a su centro de trabajo a partir del dieciséis de junio de dos mil doce, en el puesto de Coordinador de Apoyo Técnico de la Dirección de Relaciones Laborales. b) Respecto a dichas documentales, la responsable determinó que no podía pronunciarse porque no fueron admitidas por tratarse de hechos confesados por las partes; luego, sostuvo que el ahora quejoso debió reincorporarse a la fuente de trabajo y notificar por escrito a la Subdirección de Educación Terminal, lo cual es contrario a derecho, pues, como la propia responsable lo afirma, no existe controversia al respecto, ello aunado a la circunstancia de que se encuentra justificado que, oportunamente, solicitó a la demandada, por conducto de su Director General, le indicara la forma y términos en que debía reincorporarse a su trabajo, pero ésta fue omisa en contestar dichos escritos, respecto de lo cual tampoco existe controversia. c) Ante la negativa de la demandada de reincorporarla a su empleo al término de la "Beca Comisión", se actualiza un impedimento para realizar su trabajo, lo cual se equipara a un despido injustificado, en consecuencia, la autoridad debió condenar a la prestación reclamada. En torno a ello, debe tenerse en cuenta que en ejecutoria de amparo tampoco se constriñó a la responsable a pronunciarse en determinado sentido respecto a la acción de reinstalación, sin que se le dejara libertad de jurisdicción para resolver al respecto. Por tanto, como los anteriores planteamiento resultan ajenos a lo que fue materia de examen de la ejecutoria de amparo, de la propia manera, resultan inatendibles. De lo anterior se concluye que, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los autos del presente asunto y tomando en consideración que por Acuerdo General 3/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión ordinaria de treinta y uno de enero del año en curso, se autorizó el cambio de residencia y domicilio de este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito al cuarto piso del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, ubicado en Predio "Rústico", en Santa Anita Huiloac, código postal 90407, Municipio de Apizaco, Tlaxcala, hágase saber a las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Juicio de Amparo Directo

    TODA VEZ QUE DE LA CERTIFICACIÓN SECRETARIAL DE CUENTA SE DESPRENDE QUE HA TRASCURRIDO EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS CONCEDIDO A LAS PARTES, PARA QUE MANIFESTARAN LO QUE A SU INTERES CONVINIERA EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE A LA EJECUTORIA DE AMPARO DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, PROCEDASE A DICTAR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.

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