Martín Hernández Andrade
Expediente 449/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 449/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Martín Hernández Andrade
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Del estado de autos y de la certificación que antecede se aprecia que ha trascurrido el término que se otorgó al quejoso para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento del fallo protector que informó el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Norte-Centro III y Cuarta Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por lo que de acuerdo a lo prevenido en ese propio acuerdo, se procederá a analizar ese aspecto. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, registrada bajo el número IUS 192,174 y consultable en la foja 243, del Tomo XI, marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". El artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: . II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. ." En su demanda inicial el quejoso Martín Hernández Andrade reclamó del Magistrado Instructor de la Sala Regional del Norte Centro III y Cuarta Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como del Delegado Estatal, y de la Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, los dos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ".la falta de cumplimiento de la sentencia de fecha 24 de Junio, dictada bajo el expediente 76/14-22-01-1, por la Sala Regional del Norte Centro III, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que se declaró la nulidad para efectos de la resolución impugnada.". En el fallo de garantías se apreció pasividad en el seguimiento de la ejecución de la sentencia pronunciada el veinticuatro de junio de dos mil catorce dentro del juicio de nulidad 76/14-22-01-1, en tanto que hasta en acuerdos del cinco de febrero y once de marzo de dos mil quince, es decir, prácticamente ocho meses después, el Magistrado Instructor empezó a procurar jurisdiccionalmente la remisión de la constancia de evolución salarial requerida por la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para dar observancia al fallo anulatorio, puesto que apenas en esas datas dicho resolutor dispuso requerir por el cumplimiento del fallo anulatorio a dicha Delegación Estatal, así como a la encargada de la Subjefatura de Registros y Controles de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo se consideró que el término de cuatro meses previstos en el artículo 57, fracción I, inciso b) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que se precisa para cumplir con el fallo anulatorio no debe entenderse de manera completa o fatal, es decir, que la autoridad demandada cuenta con todo ese lapso para obedecer la sentencia fiscal, sino que una correcta interpretación de esa porción normativa debe ser en el sentido de que ese tiempo únicamente es un límite para la autoridad condenada a cumplir con el fallo, por lo que dependería en cada supuesto específico de la obligación impuesta a la autoridad condenada en el fallo anulatorio, para que de manera discrecional el Magistrado Instructor otorgue un tiempo menor para que se acate con la sentencia, pues habrá ocasiones en que el nuevo acto a dictar no requiera realmente de cuatro meses para que la autoridad lo pueda emitir. En estas condiciones, la protección federal se concedió para que el Magistrado Instructor responsable dejara insubsistente el auto que dictó el veinticuatro de abril de dos mil quince dentro del juicio de nulidad 76/14-22-01-1, y con plenitud de jurisdicción emitiera uno nuevo en el que discrecionalmente precise si son necesarios cuatro meses para que el Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado pueda realmente cumplir con el fallo anulatorio, y en el supuesto que se fije un término perentorio menor dicho Delegado y su Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, deberían acatarlo. Ahora bien, mediante oficio 22-1-1-50405/2015, del cuatro de agosto de dos mil quince, el Magistrado Instructor transcribió el acuerdo dictado en esa misma fecha en el juicio de nulidad de origen, a través del cual dejó ".SIN EFECTOS EL ACUERDO DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2015.", y por oficio 22-1-156723/2015, del uno de septiembre de dos mil quince, exhibió diversa documental de la que se advierte que por auto del uno de septiembre de dos mil quince, declaró por cumplida la sentencia de nulidad pronunciada en el juicio de nulidad 76/14-22-01-1 fuente de la resolución de queja reclamada. En estas condiciones, es evidente que la ejecución del fallo protector ha quedado sin materia en términos del artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, pues aun cuando la Sala responsable no dictó nuevo acuerdo en el que determinara si eran necesarios cuatro meses para que el Delgado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado pueda realmente cumplir con el fallo de nulidad, lo cierto es que ya lo tuvo por cumplido y dispuso el archivo del asunto, por lo que procede declarar sin materia la ejecución del juicio de garantías y también disponer el archivo de los autos. Por último, este expediente es susceptible de depuración, por encontrarse en el supuesto a que se refiere la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que derogó el diverso Acuerdo 1/2001, y al no estar contenido en el catálogo de juicios considerados de relevancia documental, como son los que atañen a delitos contra la Seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, o que contenga resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, o los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, así como resoluciones que tengan trascendencia jurídica, política, social o económica, en su oportunidad desincorpórense las constancias que integran este juicio, con excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada y para que se proceda a su destrucción, así como de ambos cuadernos incidentales por haberse negado la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados y encajar, por ende, en el supuesto previsto en la fracción III del propio punto Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto mencionado; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
Agréguese el oficio del Presidente de la Sala Regional del Norte Centro III y Cuarta Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio; en tal virtud se deja sin efectos el apercibimiento contenido en auto de veintitrés de julio del año en curso. Con el contenido de dicho oficio y anexo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este acuerdo, a fin de que manifieste lo que a su interés convenga, en relación con el cumplimiento que la responsable dio a la ejecutoria dictada en este juicio, y con las manifestaciones que en su caso haga, o una vez transcurrido dicho término sin que se formulen, se resolverá si ya está o no debidamente cumplido el referido fallo protector, al tenor del artículo 196 de la Ley de Amparo.
- Principal
Agréguese el oficio del Presidente de la Sala Regional del Norte Centro III y Cuarta Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio; en tal virtud se deja sin efectos el apercibimiento contenido en auto de veintitrés de julio del año en curso. Con el contenido de dicho oficio y anexo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este acuerdo, a fin de que manifieste lo que a su interés convenga, en relación con el cumplimiento que la responsable dio a la ejecutoria dictada en este juicio, y con las manifestaciones que en su caso haga, o una vez transcurrido dicho término sin que se formulen, se resolverá si ya está o no debidamente cumplido el referido fallo protector, al tenor del artículo 196 de la Ley de Amparo.
- Principal
Del estado de autos de advierte que mediante acuerdo del diez de agosto de dos mil quince se notificó al quejoso el catorce de los corrientes; por lo que el término de tres días que se le concedió para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con la imposibilidad que para cumplir con el fallo protector dictado en el presente juicio informó la Sala Regional del Norte-Centro III y Cuarta Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la fecha le ha trascurrido sin que lo hubiere hecho, por lo que de acuerdo a lo prevenido en ese propio acuerdo, se procederá a analizar ese aspecto. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, registrada bajo el número IUS 192,174 y consultable en la foja 243, del Tomo XI, marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". En su demanda inicial el quejoso Martín Hernández Andrade reclamó del Magistrado Instructor de la Sala Regional del Norte Centro III y Cuarta Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como del Delegado Estatal, y de la Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, los dos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ".la falta de cumplimiento de la sentencia de fecha 24 de Junio, dictada bajo el expediente 76/14-22-01-1, por la Sala Regional del Norte Centro III, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que se declaró la nulidad para efectos de la resolución impugnada.". En el fallo de garantías se apreció pasividad en el seguimiento de la ejecución de la sentencia pronunciada el veinticuatro de junio de dos mil catorce dentro del juicio de nulidad 76/14-22-01-1, en tanto que hasta en acuerdos del cinco de febrero y once de marzo de dos mil quince, es decir, prácticamente ocho meses después, el Magistrado Instructor empezó a procurar jurisdiccionalmente la remisión de la constancia de evolución salarial requerida por la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para dar observancia al fallo anulatorio, puesto que apenas en esas datas dicho resolutor dispuso requerir por el cumplimiento del fallo anulatorio a dicha Delegación Estatal, así como a la encargada de la Subjefatura de Registros y Controles de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo se consideró que el término de cuatro meses previstos en el artículo 57, fracción I, inciso b) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que se precisa para cumplir con el fallo anulatorio no debe entenderse de manera completa o fatal, es decir, que la autoridad demandada cuenta con todo ese lapso para obedecer la sentencia fiscal, sino que una correcta interpretación de esa porción normativa debe ser en el sentido de que ese tiempo únicamente es un límite para la autoridad condenada a cumplir con el fallo, por lo que dependería en cada supuesto específico de la obligación impuesta a la autoridad condenada en el fallo anulatorio, para que de manera discrecional el Magistrado Instructor otorgue un tiempo menor para que se acate con la sentencia, pues habrá ocasiones en que el nuevo acto a dictar no requiera realmente de cuatro meses para que la autoridad lo pueda emitir. En estas condiciones, la protección federal se concedió para que el Magistrado Instructor responsable dejara insubsistente el auto que dictó el veinticuatro de abril de dos mil quince dentro del juicio de nulidad 76/14-22-01-1, y con plenitud de jurisdicción emitiera uno nuevo en el que discrecionalmente precise si son necesarios cuatro meses para que el Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado pueda realmente cumplir con el fallo anulatorio, y en el supuesto que se fije un término perentorio menor dicho Delegado y su Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, deberían acatarlo. Ahora bien, mediante oficio 22-1-1-50405/2015, del cuatro de agosto de dos mil quince, el Magistrado Instructor transcribe el acuerdo dictado en esa misma fecha en el juicio de nulidad de origen, a través del cual ". DEJA SIN EFECTOS EL ACUERDO DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2015."; empero informa estar imposibilitado jurídicamente para cumplir en sus términos con la ejecutoria de amparo debido a que por escrito sin número del veintidós de junio anterior, el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado comunicó el cumplimiento relativo a la sentencia dictada el veinticuatro de junio de dos mil catorce dentro del juicio de nulidad 76/14-22-01-1, con lo que se dio vista al actor, aquí quejoso, por acuerdo del cuatro de agosto último. Sin embargo, no ha lugar a tener por cumplida la sentencia de amparo, o bien declarar sin materia su observancia, pues no comparte el criterio relativo a que la autoridad responsable esté imposibilitada para cumplirá. Ciertamente, los Magistrados que integran la Sala Regional del Norte-Centro III y Cuarta Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al dictar la resolución de nulidad del veinticuatro de junio de dos mil catorce se fundamentaron, entre otros numerales, en el artículo 52, fracción III, del La Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, que dice: "ARTÍCULO 52.- La sentencia definitiva podrá: . III. Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, debiendo reponer el procedimiento, en su caso, desde el momento en que se cometió la violación. .". De acuerdo a esta porción normativa las sentencias que pronuncie el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben ser enteramente cumplidas, de ahí que su Sala, o el Magistrado instructor, debe analizar el cumplimiento que al particular informe la autoridad demandada. Ahora bien, de las constancias de cumplimiento que remitió el Magistrado instructor responsable no se advierte que se haya dictado acuerdo en el que se analice sí la autoridad demandada cumplió o no con la sentencia de nulidad, sino sólo se aprecia que mediante acuerdo del cuatro de agosto de dos mil quince se dispuso dar vista a la parte actora, aquí quejosa, con la información de la autoridad demandada sobre el cumplimiento de la sentencia de nulidad. De modo que no ha lugar a tener por cumplido el fallo constitucional, ni declarar sin materia su ejecución, pues para ello se necesita que el Magistrado instructor se pronuncie al particular para agotar el procedimiento de ejecución, pues mientras no lo haga persiste la pasividad en el seguimiento de la ejecución de la sentencia pronunciada el veinticuatro de junio de dos mil catorce dentro del juicio de nulidad 76/14-22-01-1, que motivó el sentido de la sentencia de amparo. En esta tesitura, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Sala Regional del Norte-Centro III y Cuarta Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para que dentro del término de tres días, con base en la información de cumplimiento y en las demás constancias de los autos del juicio de nulidad, dicte acuerdo en el que decida si la sentencia de nulidad la considera, y remita copia certificada de las constancias que así lo justifiquen. Sin perjuicio de que no realice calificación sobre el cumplimiento, esto es señalar si en el paso particular existe defecto o exceso en el cumplimiento, por ser ese análisis propio de la queja que en su caso se interponga por la actora en términos del artículo 58, fracción II, inciso a), punto 1, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.
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