Martín Hernán Ojeda Solís
Expediente 1439/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1439/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Martín Hernán Ojeda Solís
- Fiscal General del Estado de Yucatán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con veinte minutos del veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1439/2019, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. A continuación, la secretaria hizo relación de las constancias que obran en el expediente entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, auto de doce de octubre de dos mil diecinueve, en el que se decretó la suspensión de plano del acto reclamado y se previno al directo quejoso para que ratificara la demanda promovida a su favor, constancia de notificación y ratificación de esa misma fecha; auto de catorce de octubre de dos mil diecinueve, en el que se admitió a trámite la demanda; constancias de notificación a las autoridades responsables, a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, le informo que toda vez que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en auto de trece de noviembre del año en curso, sin que hubiere hecho manifestación alguna al respecto. El Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar. Y tomando en consideración que el término concedido a la parte quejosa en proveído de trece de noviembre del año en curos, para que manifestara si deseaba ampliar su demanda de amparo, feneció sin que hubiera hecho manifestación alguna al respecto; por tanto; se hace efectivo el apercibimiento contenido en el referido proveído y, por tanto, el presente asunto, se resuelve únicamente por lo que respecta a los actos y autoridades señalados de manera primigenia. Abierto el período de pruebas, la secretaría da cuenta con las documentales que las autoridades responsables adjuntaron a sus informes justificados. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales de referencia, las cuales se desahogan por su propia naturaleza. Con lo anterior se cierra este período. Seguidamente, abierto el período de alegatos, la secretaría da cuenta con el alegato ministerial número 748/2019, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, el cual fue agrado a los presentes autos el cinco de diciembre del año en curso (foja 49 a 53). En atención a lo cual el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que se realiza en el escrito relativo; con lo anterior se cierra el período de alegatos. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar y al encontrarse integrado este expediente se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el juicio de amparo 1439/2019 promovido por Martha Carimel Ojeda Gómez, a favor de Martín Hernán Ojeda Solís, contra de actos del Fiscal General del Estado y otras autoridades, por violación a los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 apartado B de la Constitución; y, R e s u l t a n d o: Primero. Por escrito presentado el ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el catorce de octubre de dos mil diecinueve, Martha Carimel Ojeda Gómez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de Martín Hernán Ojeda Solís, en contra de los actos que reclamó del Fiscal General del Estado de Yucatán y otras autoridades, que hicieron consistir en: la Privación de la libertad fuera de procedimiento judicial (detención) e incomunicación que se adujo sufre el directo quejoso. Segundo. Mediante acuerdo de doce de octubre de dos mil diecinueve, dictado en autos del presente juicio de amparo, se concedió al directo quejoso la suspensión de oficio y de plano por lo que refiere al acto reclamado a todas las autoridades señaladas como responsables, consistente en la incomunicación, y por lo que hace al diverso acto reclamado, consistente en la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial (detención y retención) se ordenó abrir de oficio y por duplicado el incidente de suspensión. Tercero. Admisión de la demanda. Por auto de catorce de octubre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, previa ratificación del directo quejoso en este asunto, se solicitaron sus correspondientes informes justificados a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, previo diferimiento realizado conforme al acta que antecede. Tercero. Cuarto. Tramitación del juicio y ampliación de demanda. Seguido el procedimiento, mediante proveído de trece de noviembre del presente año, se le previno al aquí quejoso para que manifestara si era su deseo ampliar su escrito de demanda por una nueva autoridad y un nuevo acto, sin embargo no hizo manifestación alguna al respecto, por tanto, se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el referido proveído y se resuelve únicamente por lo que respecta a los actos y autoridades señalados de manera primigenia. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 1º, y 35 de la Ley de Amparo, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, porque el acto reclamado podría tener ejecución material dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Sobreseimiento por negativa de actos. Al rendir sus correspondientes informes el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado, Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por sí y por el Departamento Jurídico de la misma Secretaría, autoridades responsables en este asunto, negaron los actos reclamados consistentes en la incomunicación que se adujo sufría el quejoso. Asimismo, el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado y Director de investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, negaron el acto que se les reclama, consistente en la detención del aquí quejoso, todo lo anterior sin prueba en contrario que desvirtué dicha negativa. En esas condiciones, sobre el particular, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Tercero. Actos existentes. En cuanto al acto reclamado consistente en la detención del directo quejoso, el Director Jurídico del Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, por sí y en representación el Secretario de la misma Secretaría, en su informe justificado manifestó la certeza del acto reclamado, por lo que se tiene por cierto. Cuarto. Estudio oficioso de causal de improcedencia. En principio, es necesario analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, las que se adviertan de oficio, pues al ser la procedencia del juicio de amparo un presupuesto procedimental, su estudio es preferente, de conformidad a la técnica jurídica que se consigna en el artículo 62, de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto a la detención reclamada por la parte quejosa, la cual según informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública, concluyó con un arresto administrativo por treinta y seis horas que le fue impuesto al aquí quejoso Martín Hernán Ojeda Solis, por parte del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en términos de los artículos 263, fracción XIV, 264 y 265 del Reglamento del Código de la Administración Pública, mediante acta levantada el doce de octubre de dos mil diecinueve, de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 5º, fracción II, y 108, fracción III, del mismo ordenamiento, en razón de que la parte quejosa fue omisa en señalar tanto el acto, como la autoridad que emitió la orden de arresto, a saber, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, con residencia en esta ciudad. Dicho lo anterior, es necesario tener en consideración lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, 5º, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. [.]". Los dispositivos legales transcritos, instituyen que el juicio de control constitucional es improcedente cuando en la demanda de amparo no se señale la autoridad o autoridades responsables a quienes se les atribuya el o los actos reclamados. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que debe sobreseerse el presente juicio de amparo en relación con la emisión de la resolución dictada el doce de octubre de dos mil diecinueve, por la que se impuso al directo quejoso Martín Hernán Ojeda Solís, un arresto de treinta y seis horas, de la cual derivó la ejecución de tal sanción administrativa en la cárcel pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (foja 39). En efecto, de las constancias que en copia certificada obran en autos, relativas al procedimiento administrativo que se instauró en contra del peticionario del amparo Martín Hernán Ojeda Solís (fojas 37 a 41), mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo señalado en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que fue el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en términos de los artículos 263, fracción XIV, 264 y 265 del Reglamento del Código de la Administración Pública, la autoridad que instauró el procedimiento que culminó en la imposición de un arresto de treinta y seis horas al quejoso; sin embargo, como se dio noticia en líneas que anteceden, no obstante que este órgano jurisdiccional mediante proveído de trece de noviembre del presente año (foja 42), dio vista a la parte quejosa para que ampliara la demanda de amparo, ésta se abstuvo de realizar manifestación alguna al respecto, por lo que se tuvo por precluido su derecho para hacerlo. Consecuentemente, tales actuaciones no puede ser materia de estudio al no haber sido expresamente señaladas e imputadas a la autoridad que realmente las emitió, por lo que no es posible analizar la constitucionalidad del acto de una autoridad, si ésta no fue llamada a juicio a defender la legalidad de su actuación. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que si bien es cierto, existe el arresto impuesto como medida de apremio a la parte quejosa, también lo es, que no es procedente analizar la legalidad del mismo al no haber sido señalado como acto reclamado, así como tampoco haber señalado como autoridad responsable el funcionario que llevó a cabo tal actuación. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 93, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 73, Apéndice 2000, del tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Así como la diversa jurisprudencia VI.2o. J/205, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 468, del tomo II, octubre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal". De igual forma, robustece a la anterior determinación, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia VII.A.T.J/6, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 738, tomo III, correspondiente al mes de junio de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, que señala: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal". Por todo lo que antecede, es que, con fundamento en lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción II, y 108, fracción III, con fundamento en el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, ha lugar a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, según lo dispone la tesis de jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 335 del Tomo VI, Materia Común, del apéndice 1917-1995, que indica: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo aplicable, se R e s u e l v e: Primero. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Martha Carimel Ojeda Gómez a favor de Martín Hernán Ojeda, en contra de actos que reclama de las autoridades que han quedado relacionada y por las razones expuestas en el considerando segundo y cuarto de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Se agrega a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el alegato ministerial número 748/2019 suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante el cual solicita se niegue el amparo o se sobresea en el juicio y se le expida copia certificada de la sentencia que se dicte en este asunto. En atención a su contenido, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones vertidas en el alegato de mérito, para ser tomadas en cuenta en la audiencia constitucional. Finalmente, como lo solicita el representante social de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, una vez que se dicte la sentencia en este juicio, expídasele copia certificada de la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, toda vez que aún no obra en autos constancia de que se hubiera notificado personalmente a la parte quejosa el auto de trece de noviembre del año en curso, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las diez horas con veinte minutos del veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, autoridad responsable en este asunto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para el ejercicio de sus derechos de estimarlo pertinente. Asimismo, toda vez que de las constancias remitidas por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en el informe de cuenta, se advierte que la detención que reclama el directo quejoso Martín Hernán Ojeda Solís en su demanda de amparo concluyó con una sanción de arresto por treinta y seis horas, misma que fue calificada por la citada autoridad mediante resolución de doce de octubre de dos mil diecinueve. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, en relación con el 17 de la Ley en comento, dése vista al referido quejoso, a efecto de que manifieste si es su voluntad ampliar su demanda respecto a dicho acto y a dicha autoridad, con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto, el presente asunto se resolverá únicamente por lo que respecta a los actos y autoridades señalados de manera primigenia. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 112/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época, Materia Común visible a página 93 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada". Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · 9,211 expedientes
- Martín Esaú Velázquez Sosa134/2023
- Martin Gerardo Alvarez Ibarrondo1450/2021
- Martín Gerardo Álvarez Ibarrondo2266/2022
- Martin Gerardo Alvarez Ibarrondo919/2020
- Martín Guillermo Novelo Uribe390/2023
- Martín Gutiérrez Juvera52/2022
- Martín Isaías Caballero Chable85/2023
- Martín Jacob Velázquez Sosa1524/2019
- Martín Jesús Castillo Varguez2114/2022
- Martín Jesús Rejón Vela637/2019
- Martín Jíménez Barrientos848/2022
- Martín Jiménez Barrientos574/2023