Martín Gutierrez Loredo y Otros.
Expediente 392/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 392/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/11/2018
Partes del expediente
- Martín Gutierrez Loredo y Otros.
- Martín Gutierrez Loredo
Actuaciones
- Principal
Causa estado donde se tuvo por no presentada la demanda de amparo y se ordena archivar como asunto concluido.
- Principal
Se notifica por medio lista a la parte quejosa el proveído veinte de los actuales. Desechamiento de demanda Esta juzgadora estima que debe desecharse de plano la demanda de amparo, en virtud de que advierte de oficio que de manera manifiesta e indudable se actualiza la hipótesis de improcedencia, a que se contrae el artículo 61, fracción XXIII, con relación en el artículo 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Para sustentar la anterior aseveración, es menester traer a colación el contenido de los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V , este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, de cuyo contexto se obtiene, en lo que aquí interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio cuyo efectos no sean de imposible reparación; entendiéndose por éstos lo que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación al tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Segunda Sala en la tesis jurisprudencial 2a./J. 48/2016 , del rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS", ha establecido: 1) Que de conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. 2) Que por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. También cabe establecer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Segunda Sala en la tesis jurisprudencial 2a./J.98/2004 y en las tesis de los epígrafes: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TERMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO"; "PETICIÓN, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO" ; "PETICIÓN, DERECHO DE. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD COMUNICAR AL INTERESADO, EN BREVE TERMINO, TANTO LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA COMO, EN SU CASO, LOS TRÁMITES RELATIVOS A SU PETICIÓN" ; y, "PETICIÓN, DERECHO DE. BREVE TÉRMINO" , ha determinado: a) Que conforme al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. b) Que el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario. c) Que la expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse. d) Que el artículo constitucional invocado se refiere, no sólo al derecho que los gobernados tienen para que se les haga del conocimiento la resolución definitiva que pone fin a su petición, sino también a los trámites que se vayan cumpliendo en los casos en que la ley requiera la sustanciación de un procedimiento, imponiendo a las autoridades la obligación de hacer saber en breve término a los interesados todos y cada uno de los trámites relativos a sus peticiones. Asimismo, los Tribunales Colegiados de Circuito en la tesis jurisprudencial VI.2o.T. J/4 del rubro: "PROCEDIMIENTO LABORAL (ABIERTA DILACIÓN O SU PARALIZACIÓN TOTAL). PARÁMETROS QUE DEBEN CONSIDERARSE EN CADA CASO PARA DETERMINAR SU CONFIGURACIÓN", ha considerado que el derecho fundamental garantizado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la obligación de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, debe atender a la naturaleza y carga de trabajo de los diferentes órgano judiciales, que implica un tiempo suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales, sin que los plazos y términos lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Por lo que, para determinar la "dilación del procedimiento o su paralización total", debe atenderse a las peculiaridades de cada caso concreto, tales como: a) El plazo que prevé la ley respectiva para la emisión de la resolución de que se trate. b) La naturaleza de ésta. c) La complejidad del asunto. d) Los antecedentes del caso. Sin que sea factible establecer un término fijo y genérico que apique en todos los asuntos; asimismo, el "breve término" a que se refiere el dispositivo 8 constitucional, debe tomarse en cuenta, en cada caso, la naturaleza de la materia. En ese orden de ideas, el artículo 928 de la Ley Federal del Trabajo, establece que todos los días y horas serán hábiles; aunado a que dicha legislación en su numeral 873 precisa un plazo (quince días) normal para la fijación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En tanto que, el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo, establece que los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. Lo anterior, aplicado al caso, conlleva a establecer que se actualiza la causal de inatacabilidad supraindicada, porque el acto reclamado (omisión de señalar audiencia para que sea escuchado el quejoso en comento hasta para el cuatro de abril de dos mil diecinueve, a las trece horas, en el juicio laboral radicado con el número de expediente 348/2018, del índice de la autoridad responsable, para efecto de llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones) tiene naturaleza eminentemente procesal, por lo que la eventual afectación no se considera de aquellas que menciona el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es así, porque ese acto realizado por la autoridad responsable no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una "dilación" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta, esto es, la afectación de modo directo e inmediato a un derecho sustantivo. En efecto, con los datos proporcionados por el aquí quejoso en su escrito inicial de demanda de amparo, es inconcuso que revela que aún no existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, porque de los hechos que señaló bajo protesta de decir verdad indicó que el seis de noviembre de dos mil dieciocho, la responsable llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución, en la cual hizo el llamamiento al tercero interesado, señalando para escuchar a ése las trece horas del cuatro de abril de dos mil diecinueve, para su verificativo. Luego, conforme a la discrecionalidad del juzgador a que se refieren las jurisprudencias y tesis invocadas, la suscrita considera que para que se actualice tal circunstancia debe existir nula actividad procesal de la autoridad encargada del procedimiento, llegando al extremo de dejar paralizado el asunto y, además, de manera irracional postergue los plazos fijados por la ley para ciertos actos a los que está obligada; y, que cuyo actuar en automático, transgreda derechos fundamentales sustantivos de manera trascendental. Lo cual, en la especie no acontece, porque tomando en cuenta la naturaleza procesal de la materia laboral, ésta no sólo atiende al derecho de los gobernados, sino también a los trámites que se vayan cumpliendo en los casos en que la ley requiera la sustanciación de un procedimiento, imponiendo a la autoridad responsable la obligación de hacer saber de cada uno de los trámites relativos al procedimiento de que se trata, como fue en el caso, que al haber señalado la primera audiencia como lo establece el artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo, y no haberse celebrado fijó nuevamente la audiencia en un plazo que consideró prudente para su desahogo, en aras de mantener la equidad procesal, cumpliendo con su función jurisdiccional. De ahí que dicho acto reclamado tiene origen en cuestiones meramente adjetivas y no sustantivas, cuya exigencia, esta última, conlleva la procedencia del juicio biinstancial. Por tanto, con sustento en los artículos 112, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo, al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo respecto el acto reclamado.
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