Martín Gutiérrez Gómez
Expediente 331/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 29 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 331/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 29/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Martín Gutiérrez Gómez
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR ESTE CONDUCTO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 29 DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL QUE SE ACORDÓ: II. Autoridad responsable. Juez Único de Ejecución de la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato. III. Formación y registro del expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 331/2021-I y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Incompetencia. Resulta necesario analizar la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y preferentes. Así, este Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de León, se declara incompetente para conocer del presente asunto, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos en que se Divide la República Mexicana; y al Número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, atento a las consideraciones que enseguida se exponen. El artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito se desprenden las tres hipótesis que rigen la competencia de los jueces de distrito, las cuales son, a saber: 1) Con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro para determinar la competencia consiste en que será competente el que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución el acto reclamado, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En dicho supuesto se atiende a la naturaleza material de ejecución del acto reclamado, es decir, si necesita la participación de al menos una autoridad ejecutora que deba ejecutarlo, trate de ejecutarlo o lo haya ejecutado. Esta regla de competencia es la general e implica que el juicio de amparo debe promoverse ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción tenga verificativo o pueda tener verificativo la materialización del acto reclamado, de ahí que resulte aplicable cuando el acto está pendiente de ejecutarse, se está ejecutando o ya se ejecutó. 2) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Si el acto reclamado no precisa ejecución material, es decir, no requiere de acto de ejecución alguno, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo antes expuesto puede concluirse que la competencia en materia de amparo guarda relación con la naturaleza de los actos reclamados, siendo la primera regla competencial de carácter general, en tanto que las otras dos solo desarrollan la casuística de la naturaleza de los mismos. Por tanto, la competencia territorial de un juez de Distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere o no de ejecución material, se está en posibilidad de determinar la competencia al juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, o de ser el caso, no lo requiera. Por su parte, el artículo 48, primer párrafo, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (.)." De la porción normativa reproducida, se desprende que en el supuesto de que se promueva un juicio de amparo ante un juez de Distrito legalmente incompetente, éste debe declinar la competencia en favor del diverso juzgador que, en su concepto, deba conocer de dicho asunto. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo de cuenta, se advierte que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato y acude a reclamar la negativa del juez Único de Ejecución con sede en Valle de Santiago, Guanajuato, de dar trámite al incidente relativo a la concesión del beneficio del tratamiento de preliberación, en la carpeta 253/2018, de su índice, así como de permitirle trasladarse a dicho recinto judicial a efecto de consultar dicho expediente, para poder seguir con el trámite del referido incidente. Por tanto, si el peticionario del amparo acude a reclamar la negativa por parte del juez Único de Ejecución con sede en Valle de Santiago, Guanajuato, de tramitar el incidente relativo a la concesión del beneficio del tratamiento de preliberación, dentro de la carpeta 253/2018, de su índice, así como de permitirle trasladarse a dicho recinto judicial a efecto de consultar dicho expediente, para poder seguir con el trámite del referido incidente; es inconcuso que las consecuencia de dichos actos no tienen ejecución material dentro de la circunscripción territorial en la que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, sino que sus efectos perjudiciales tienen verificativo precisamente en el lugar donde se encuentra recluido el impetrante, el cual además es el domicilio donde se ubica la autoridad señalada como responsable (Valle de Santiago, Guanajuato) y, por ende, conforme al precepto legal antes invocado, la autoridad competente para conocer de la demanda de amparo es el juez de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, pues es dentro de su jurisdicción donde se llevan a cabo las consecuencias de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 15, Volumen 65, Segunda Parte, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." Así las cosas, se advierte que resulta imperativo que se atiendan a las consecuencias jurídicas del acto reclamado por el quejoso, es decir, si requiere o no ejecución material, según lo establece la tesis I.1o.A.44 A del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1299, del Tomo XIV, Agosto 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En ese tenor, con fundamento en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgado de Distrito se declara incompetente legalmente para resolver el juicio de amparo en estudio. Fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo y una vez notificado este proveído remítase el presente expediente, con sus anexos, al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, quien se estima competente para conocer y resolver el mismo, a fin de que analice la competencia que se declina y, en su caso, sea quien determine la procedencia de la demanda de amparo. V. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Ponce Calderón, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del numeral 12 y el correlativo artículo 24 segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, a la diversa persona que menciona, por no encontrarse en dicho supuesto. VI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Comuníquese a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintisiete de abril de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos de la fracción VIII, primer párrafo, artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a su periodo de vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento.
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