Martin Guillermo Espinoza Valle

Expediente 1243/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1243/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Martin Guillermo Espinoza Valle

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, de los que se advierte que la parte promovente no interpuso recurso de queja en contra del auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental y tampoco se ubica en los supuestos de los considerandos como conservables, acorde a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que a criterio de este juzgado se considera que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, téngase por recibida la demanda promovida por ************************, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de México y otras autoridades. Anotaciones Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 1243/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. Además, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y del Acuerdo General Conjunto 12/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Desechamiento Sin proveer sobre la admisión de la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 112 y 113, de la Ley de Amparo, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, adminiculado con las constancias anexas a la misma, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente a este Juzgador, de acuerdo con el numeral 62, de la ley en cita. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama en esencia: La orden de aprehensión y/o presentación dictada contra del quejoso y su ejecución. En ese sentido, debe destacarse que de las manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo por el quejoso, se tiene que el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, adquirió conocimiento de los actos reclamados derivado de que la quejosa manifestó lo siguiente: Por tanto, al efectuarse el cómputo de los quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover válidamente la demanda de amparo que se atiende, a partir del día siguiente al en que la parte quejosa tuvo conocimiento de la existencia de los actos reclamados, tal como lo ordena el numeral 18 de la misma ley, se obtiene que dicho lapso transcurrió para la parte promovente del seis al veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, sin contar los días inhábiles, conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo. Por lo que si la solicitud de amparo que dio inicio a este asunto se presentó hasta el seis de octubre de dos mil veintiuno, es patente que la demanda de amparo resulta improcedente en términos de la fracción XIV, del numeral 61, de la citada legislación, pues dicha disposición establece la improcedencia del juicio de amparo contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos, como en el caso que nos ocupa. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época con el registro 163172, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Página 5, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar.". Cabe precisar que la presente determinación no se emite en contravención con la hipótesis prevista en el artículo 17, fracciones II y IV de la Ley de Amparo, las cuales en la primera de ellas dispone que cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; situación que en el caso no acontece. Asimismo, en la segunda de las fracciones mencionadas se sostiene que la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal "fuera de procedimiento", Incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales; lo cual tampoco sucede, pues si bien se reclama una orden de privativa de libertad, lo cierto es que la misma fue emitida dentro de un procedimiento judicial que se lleva ante el Juez de Control el Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México. Por tanto, la parte quejosa no se encuentra en alguna de las causas de excepción descritas en la Ley de Amparo, para no haber promovido el juicio dentro los quince días establecidos para ello. A mayor abundamiento debe decirse que desde el momento en que la parte quejosa tuvo certeza del acto reclamado y la autoridad que lo ordenó, estuvo en condiciones de promover su demanda de amparo contra el acto que reclama. Ello, aun cuando no conociera la totalidad de la fundamentación y motivación de éste; pues, en todo caso, a consecuencia de la rendición del informe justificado de las autoridades responsables, en los que la parte quejosa fuera enterada del contenido completo de los actos reclamados, podría haber promovido ampliación a su demanda de derechos fundamentales, de conformidad con lo que establece el artículo 111 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.12/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Además, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 1555, libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "TÉRMINO DE QUINCE DÍAS PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL EN TRATÁNDOSE DE ATAQUES A LA LIBERTAD DENTRO DE PROCEDIMIENTO, NO TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El hecho de que el Congreso de la Unión, haya sujetado a un término perentorio de quince días la procedencia de la acción constitucional, cuando el acto que se reclame afecte la libertad dentro de un procedimiento, no transgrede el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, pues se considera un plazo razonable, que además de encontrar sustento en la tradición jurídica nacional, al ser también el plazo genérico contemplado en la Ley de Amparo de mil novecientos treinta y seis, permite el balance entre varios derechos fundamentales que eventualmente pueden llegar a interferirse, pues por un lado, en dicho término es factible allegarse de las constancias que permitan conocer a cabalidad los fundamentos y razones en que la autoridad se haya apoyado para emitir el acto que se pretende impugnar a través del amparo y por otro, abona a la prontitud en la que debe impartirse la justicia, particularmente la que deriva de procesos penales, en forma directa en relación al propio procesado, y paralelamente por lo que atañe a la víctima u ofendido, quien verá satisfecho de forma más celera la reparación del daño; en igual sentido, la sola imposición del plazo de quince días de manera alguna impide al gobernado acudir a los órganos jurisdiccionales de amparo en tutela de sus derechos fundamentales, a través de un procedimiento constitucional y legalmente regulado, por el que obtendrá respuestas a las peticiones formuladas, lo cual es congruente con lo establecido en el normativo 17 del Pacto Federal." En consecuencia, al quedar acreditado que la parte quejosa no promovió su demanda de amparo dentro del término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, es que queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, del cuerpo normativo en cita, por lo que es dable concluir que se hizo valer en forma extemporánea, de ahí que lo procedente es desechar de plano la demanda de que se trata, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados

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