Martin Guarneros Altamirano
Expediente 1189/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1189/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 06/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Martin Guarneros Altamirano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1189/2018-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el doce de noviembre de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó negar el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable, remitió diversas constancias debiendo formarse dos anexos; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 1189/2018-V, promovido por MARTÍN GUARNEROS ALTAMIRANO y VÍCTOR HUGO GARCÍA LUGO. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por demanda presentada el veintiséis de julio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada en esa fecha a este Juzgado, MARTÍN GUARNEROS ALTAMIRANO y VÍCTOR HUGO GARCÍA LUGO por propio derecho, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de veintisiete de julio de dos mil dieciocho se admitió la demanda, por lo que se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. Luego, por auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, se fijaron las nueve horas con cincuenta minutos del veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional, que inició en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; lo anterior, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman, siendo en el caso los siguientes: Del 1) Director General de la Unidad Jurídica en Materia de Seguridad Publica de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, el acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, por el que inició a los aquí quejosos, el procedimiento administrativo DGUAI/PA/061/2018-05. De las autoridades: 2) Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos; 3) Secretario de Gobierno del Estado de Morelos; 4) Director del Periódico Oficial Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado de Morelos; la expedición, promulgación y refrendo del decreto de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos en vigor, particularmente de la fracción normativa consistente en el artículo 18 apartado B) Fracción II, subinciso f), que a juicio de los quejosos, prevé la restricción a los elementos policiales, para impugnar el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad, a través del juicio de nulidad, por no tener el carácter de sentencia definitiva. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos que se reclaman al Congreso del Estado de Morelos, consistentes en la expedición de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos en vigor, particularmente de la fracción normativa consistente en el artículo 18 apartado B) Fracción II, subinciso f); toda vez que así lo manifestó al rendir informe justificado. También son ciertos los actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial Tierra y Libertad, consistentes en la sanción, promulgación y publicación, de la citada norma, pues se advierte que a dichas autoridades les atañen, en el ámbito de sus respectivas competencias. Lo anterior se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales, y por extensión las locales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, del rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". Es igualmente cierto el acto que se reclama a la Dirección General de la Unidad Jurídica en Materia de Seguridad Publica de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, consistente en el acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, que da inicio al procedimiento administrativo DGUAI/PA/061/2018-05, contra los aquí quejosos; pues así lo manifestó al rendir el informe justificado; lo que se corrobora con la copia certificada del procedimiento antes referido que, por reunir las características de un documento público al haber sido expedida por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, tiene pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2. CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser las causales de improcedencia de estudio oficioso en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a analizar si se actualiza alguna. Respecto a los actos reclamados al Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos; consistentes en la expedición, promulgación y refrendo de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos en vigor, particularmente del artículo 18 apartado B) Fracción II, subinciso f); se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XVIII, en relación con el 107, fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.". Conveniente explicar que los quejosos reclaman la disposición legal citada, según se advierte de la demanda, con motivo la aplicación en su perjuicio. En ese supuesto, es decir, cuando el reclamo de la norma obedece a un acto concreto de aplicación, en primer lugar, resulta necesario que el mismo se acredite; en segundo término, que ese acto indefectiblemente materialice los supuestos de la disposición combatida; y por último, que en el acto se haya concretado expresa o implícitamente la hipótesis normativa en perjuicio del quejoso; pues de no ser así, no se justificaría la afectación que le ocasiona a su esfera jurídica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio relativo a que el Juez de Distrito no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento impugnado de inconstitucional, del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. Sobre el mismo aspecto, el Máximo Tribunal agregó que la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no son inconstitucionales, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también al acto de su aplicación. El criterio anterior, está contenido en la jurisprudencia Séptima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo III, Parte SCJN, Página: 63, Tesis: 90, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa, del tenor literal siguiente: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también al acto de su aplicación.". En este orden de ideas, el artículo 18 apartado B) Fracción II, subinciso f), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, vigente al momento de la emisión del acto reclamado, que la parte quejosa combate, es de naturaleza heteroaplicativa, ya que por su sola vigencia no causa perjuicio alguno a los gobernados, sino que es necesario un acto posterior de aplicación para que se acredite el agravio personal y directo. La norma impugnada es del tenor literal siguiente: "Artículo 18. Son atribuciones y competencias del Pleno: B) Competencias: II. Resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción, por lo que conocerá de: (F. DE E., P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2017) f) Conforme a lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocerá de los juicios promovidos por los miembros de las instituciones de seguridad pública, derivados de su relación administrativa con el Estado y los Ayuntamientos, en contra de las sentencias definitivas mediante las que se imponen correctivos disciplinarios y sanciones impuestas por los Consejos de Honor y Justicia, con excepción de las responsabilidades administrativas graves previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas;.". De acuerdo a ella, se prevén condiciones relativas a la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos para conocer de los juicios promovidos por los miembros de las instituciones de seguridad pública, derivados de su relación administrativa con el Estado y los Ayuntamientos, contra sentencias definitivas mediante las que se imponen correctivos disciplinarios y sanciones impuestas por los Consejos de Honor y Justicia, con excepción de las responsabilidades administrativas graves previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Tal disposición se reclama por lo impetrantes, con motivo de un acto de aplicación, pues expresamente así lo refieren en la demanda al señalar lo siguiente: "2.- Ahora bien, constituye el acto de aplicación, la inconstitucional restricción e impedimento que establece el apartado B) Fracción II, subinciso f) del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, a efecto de que los suscritos quejosos en nuestro carácter de elementos policiales, podamos impugnar el acuerdo de fecha 31 de mayo de 2018, dictado dentro de los autos del Procedimiento Administrativo Sancionador DGUAI/PA/061/2018-05 o cualquier otro Acto Administrativo que no tenga naturaleza de Sentencia Definitiva.". Ahora bien, al respecto debe decirse que la sola vigencia de la disposición normativa de que se trata, no genera un perjuicio cierto y directo, sino que se requiere para actualizarlo, de un acto diverso que condicione su aplicación, a saber, que los demandantes, como miembros de una institución de seguridad pública, interpongan un juicio demandando la nulidad de una resolución derivada de su relación administrativa con el Estado y/o los Ayuntamientos, que no se trate de sentencia definitiva y el tribunal juzgador condicione o niegue su admisión con base en el dispositivo legal indicado, a efecto de hacer procedente el juicio de garantías. Al respecto, apoya lo anterior la jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 176390, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 168/2005, Página: 40, del rubro y texto siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA CUANDO SE IMPUGNA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 693 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE EN 2004, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN. Del análisis de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que este Alto Tribunal ha emitido sobre el particular, se advierte que de ningún modo fijan límites para estimar procedente el juicio de amparo indirecto contra leyes de naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio al quejoso, específicamente con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha ley, en función de que no existe obligación de agotar, antes de acudir al amparo, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad. Por otra parte, si con base en dicha excepción se impugna una ley desde luego en amparo indirecto, con motivo de su primer acto concreto de aplicación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, no opera la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque al acogerse el gobernado al texto de la excepción citada, queda relevado de cumplir con el aludido principio, pudiendo acudir al amparo inmediatamente, sin que en la especie opere la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del indicado artículo 73. En tales circunstancias, procede el amparo en la vía indirecta cuando se impugna el artículo 693 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, con motivo de su primer acto concreto de aplicación, sin que pueda considerarse un uso indiscriminado de dicha instancia constitucional so pretexto de combatir la inconstitucionalidad de una ley dentro de un procedimiento de naturaleza civil, ya que si alguna de las partes decide impugnar esa norma en los términos referidos, lo hará con bases objetivas en virtud de la declaratoria de inconstitucionalidad que pesa sobre esa disposición procedimental vigente en 2004, por imponer una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Federal, conforme a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 60/2005. Por ello que no se justificaría la exigencia de agotar los recursos ordinarios procedentes, ya que en el caso la inconstitucionalidad de la citada ley no podría abordarse por la autoridad ordinaria dentro del procedimiento civil respectivo, en tanto que ello corresponde exclusivamente al Poder Judicial de la Federación.". En sentido, no se demostró en el presente juicio que los quejosos presentaran demanda en juicio de nulidad, para combatir el acuerdo de inicio de procedimiento aquí reclamado, ni que el Tribunal de Justicia Administrativa emitiera un acuerdo por el que se negara a tramitarlo en aplicación de la norma aquí combatida; actos que constituirían una aplicación del artículo 18 apartado B) Fracción II, subinciso f), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, vigente al momento de la emisión del acto reclamado, precisamente porque este dispone los actos por los que puede admitirse el juicio de nulidad, cuando es promovido por los miembros de las instituciones de seguridad pública, derivados de su relación administrativa con el Estado y los Ayuntamientos, en contra de las sentencias definitivas mediante las que se imponen correctivos disciplinarios y sanciones impuestas por los Consejos de Honor y Justicia, con excepción de las responsabilidades administrativas graves previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Bajo esta consideración, para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, de no hacerlo la parte quejosa, no se demuestra la actualización del perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías. Es aplicable la jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 196954, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 77/97, Página: 382, "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio. Por lo que se debe estimar que al no acreditarse la circunstancia explicada, los promoventes del amparo no asumieron esa carga probatoria que les asistía, a fin de demostrar la afectación jurídica por un ordenamiento legal; ya que era necesario que acreditaran estar colocados bajo los supuestos de la referida norma que dicha norma contempla. Resulta aplicable al respecto la jurisprudencia de la Octava Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Apéndice 2000, Tomo: Tomo I, Const., Jurisprudencia, SCJN, Tesis: 317, Página: 373, siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS. Por lo tanto, atento a la técnica del juicio de amparo, no se debe perder de vista que resulta necesario que se compruebe fehacientemente la existencia de actos en los que se concrete expresa o implícitamente en perjuicio del gobernado, la hipótesis normativa que combata, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de garantías sino, de su plena demostración. Orientan tal argumento, la tesis de la Séptima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 199-204 Primera Parte, Página: 79, Tesis Aislada, Materia(s): Constitucional, Común: "LEY, AMPARO CONTRA. CUANDO SE RECLAMA CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN, ESTE DEBE PROBARSE. De lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, se infiere que cuando se reclama una ley, autoaplicativa o heteroaplicativa, con motivo de un acto de aplicación, éste debe acreditarse, para probar la vinculación del acto con la ley cuya inconstitucionalidad se reclama.". En todo caso, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una norma general con motivo de un acto concreto de aplicación, no se debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su aplicación; de tal manera que si el juicio de amparo resulta improcedente respecto del acto de aplicación, como en el caso que no se probó su existencia, tampoco existe agravio provocado por la norma impugnada, motivo por el cual debe igualmente sobreseerse por lo que hace a ésta última. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191311, del rubro siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN." En las condiciones apuntadas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XVIII, en relación con el 107, fracción I, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio respecto a la norma impugnada, con fundamento en el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Por otra parte, respecto a los actos reclamados al Director General de la Unidad Jurídica en Materia de Seguridad Publica de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, consistente en el acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, por el que inició a los aquí quejosos, el procedimiento administrativo DGUAI/PA/061/2018-05, precisamente dicha autoridad hace valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, argumentando que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad; en específico, que no instó el juicio contencioso ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Es infundada la causal de improcedencia que se invoca. El principio de definitividad que impone el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, conlleva que la acción constitucional es procedente si, previamente a su ejercicio, el gobernado agotó el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado, a través del cual éste podría ser modificado, revocado o nulificado; sin embargo, dicho principio admite excepciones, reguladas en la propia Ley de Amparo y en los criterios adoptados por los órganos del Poder Judicial de la Federación. En tal sentido, conviene citar la tesis P./J.11/2018 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece a foja 8 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, libro cincuenta y cinco, junio de dos mil dieciocho, registro 2017117, que literalmente precisa: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. En el caso, no es necesario que los peticionarios de amparo agotaran previamente el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa Estatal, en virtud de que el acto reclamado se trata de un acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad, por ello, esa instancia ordinaria judicial administrativa sólo procede conforme a lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conociendo de los juicios promovidos por los miembros de las instituciones de seguridad pública, derivados de su relación administrativa con el Estado y los Ayuntamientos, en contra de las sentencias definitivas mediante las que se imponen correctivos disciplinarios y sanciones impuestas por los Consejos de Honor y Justicia, con excepción de las responsabilidades administrativas graves previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como en contra de la resolución definitiva en materia de responsabilidades administrativas que en el ejercicio de sus funciones dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar los Órganos Internos de Control o sus equivalentes en las dependencias que integran la Administración Pública Estatal y Municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales. Lo anterior se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 18, inciso B), fracción II, subinciso f) y 30, fracción B), inciso I, ambos de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que señala: "Artículo 18. Son atribuciones y competencias del Pleno: . B) Competencias: I. Fijar la jurisprudencia del Tribunal; II. Resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción, por lo que conocerá de: f) Conforme a lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocerá de los juicios promovidos por los miembros de las instituciones de seguridad pública, derivados de su relación administrativa con el Estado y los Ayuntamientos, en contra de las sentencias definitivas mediante las que se imponen correctivos disciplinarios y sanciones impuestas por los Consejos de Honor y Justicia, con excepción de las responsabilidades administrativas graves previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; "Artículo 30. Los Magistrados de Sala Especializada tendrán además de la que corresponde a los demás Magistrados, competencia para: . B) Conocer: I. Los juicios que se promuevan en contra de cualquier resolución definitiva en materia de responsabilidades administrativas que en el ejercicio de sus funciones dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar los Órganos Internos de Control o sus equivalentes en las dependencias que integran la Administración Pública Estatal y Municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales, y ." Con independencia de lo anterior, cabe invocar el texto de la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), también de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Décima Época, página 1329 de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno procede el juicio de amparo indirecto, por violaciones a las reglas que lo rigen establecidas en la legislación aplicable a cada caso en concreto, al constituir un acto de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que conforme al precepto 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prohibido reinstalarlos aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución respectiva; motivo por el que una violación acaecida durante el inicio del procedimiento se traduciría, en última instancia, en una transgresión que trasciende irremediablemente al derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él, reconocido tanto a nivel constitucional como convencional." Conforme a éste criterio, se puede concluir que al no existir obligación de agotar el juicio contencioso antes de promover la presente vía constitucional, es procedente esta instancia constitucional, puesto que el acto que esencialmente combaten -acuerdo de inicio-, constituye un acto dictado dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio que ocasiona daños de imposible reparación, razón por la que no se actualiza la causal de improcedencia invocada. QUINTO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado. Al no existir diversa causa de improcedencia que hagan valer las partes o cuya actualización se advierta oficiosamente, lo procedente es analizar la constitucionalidad del acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en el cual se inició a los quejosos el procedimiento administrativo número DGUI/PA/061/2018-05. Debe quedar precisado que no se actualiza alguna de las hipótesis que regula el artículo 79 de la Ley de Amparo, por ello, se examinarán los conceptos de violación del quejoso a la luz del principio de estricto derecho, en observancia a la jurisprudencia localizable en la Décima Época, con registro 2013378, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, en Materia Común, tesis 2a./J. 190/2016 (10a.), del rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO, POR NO ESTAR INMERSOS EN LA MATERIA LABORAL. Para que proceda la aplicación de la suplencia de la queja deficiente a que se refiere la indicada porción normativa, es menester no sólo que el quejoso tenga la calidad de trabajador o empleado sino que, además, se trate de un asunto cuya materia derive de un conflicto laboral, es decir, que tenga incidencia, de manera directa e inmediata, en algún derecho previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar si el origen de la relación de subordinación deriva de una relación regulada por leyes laborales o administrativas, pues basta con que se afecte algún interés fundamental tutelado por el precepto constitucional aludido y que en el amparo intervenga un trabajador o empleado en defensa de aquél para que surja la obligación del órgano de control constitucional de aplicar la institución de mérito a su favor. Por tanto, como el procedimiento de responsabilidad administrativa contra servidores públicos no nace ni se desarrolla a partir de la conceptualización del derecho laboral vinculado con las prestaciones y obligaciones a que se contrae aquel precepto constitucional, sino del régimen a que están sujetos por virtud del ejercicio de una función pública en estricto derecho administrativo, conforme al artículo 109, fracción III, de la Constitución Federal (antes 113, párrafo primero), es claro que en los juicios de amparo cuya materia se ciña a algún acto dictado en ese tipo de procedimientos no opera la suplencia de la queja deficiente a que se refiere el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo." Esta conclusión se sustenta en el hecho de que los disconformes MARTÍN GUARNEROS ALTAMIRANO y VÍCTOR HUGO GARCÍA LUGO, reclamaron un acto administrativo consistente en el auto de inicio de un "procedimiento administrativo" en su contra y en su calidad de elementos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, emitido en acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, por la Dirección General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Publica en el Estado de Morelos, como se corrobora con las documentales anexas a su demanda y al informe justificado que remitió la responsable. Esto es, emana de un procedimiento administrativo como causa de una posible responsabilidad que amerite una sanción administrativa (conocido como derecho administrativo sancionador), por la conducta positiva u omisiva desplegada por ese servidor público en el ejercicio de su función; procedimiento, cuyo objetivo principal es verificar si el acto u omisión atribuido al servidor público afecta los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen a la función pública, lo que es totalmente distinto al procedimiento administrativo de separación por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia. Tal divergencia fue explicada en la ejecutoria dictada en sesión de veinte de octubre de dos mil dieciséis, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 228/2014, que en la parte que interesa, se expuso lo siguiente: "La relación entre el Estado y los servidores públicos que se rigen por leyes especiales, es decir, los Ministerios Públicos, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, se regula a través de un régimen jurídico administrativo especializado; la razón de ello atiende a la naturaleza de las funciones específicas -de seguridad pública nacional- que realizan. Se basa en una jerarquía de poder, donde el órgano jerárquicamente superior impone mandatos sobre los órganos inferiores y la relación entre todos ellos es de carácter público, perteneciente al ramo administrativo, pues quien da las órdenes y quien las cumple, no deben perseguir un interés privado propio, sino el interés público. Respecto a este régimen especial, dejando de lado los procedimientos laborales ordinario y burocrático, cabe distinguir dos tipos de procedimientos bajo los cuales se puede llegar a la separación del cargo: a) el procedimiento administrativo de separación por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, el que podría eventualmente llevar a la separación del servicio por imposibilidad para continuar en él; y b) el procedimiento administrativo como causa de responsabilidad que amerite la imposición de una sanción administrativa. En el procedimiento administrativo de separación por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia (caso que analizaron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes), la terminación del servicio con alguna de estas instituciones se decreta por incumplir con los requisitos de permanencia previstos en las leyes respectivas; esto es, el servidor público incumple con los presupuestos legales que garantizan a la sociedad el cumplimiento eficaz de las funciones de seguridad pública; en este procedimiento se regulan aspectos relativos a la relación entre el servidor público y la dependencia en la que labora, así como a los derechos y obligaciones de éstos. En cambio, en el procedimiento administrativo como causa de responsabilidad (conocido como derecho administrativo sancionador), la separación del servicio podría decretarse por considerar que el miembro del servicio incurrió en alguna causa de responsabilidad administrativa, es decir, como consecuencia de un procedimiento disciplinario por la conducta positiva u omisiva desplegada por dicho servidor público en el ejercicio de sus funciones; en este último caso, el objetivo principal es verificar si el acto u omisión atribuido al servidor público afecta los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen a la función pública. Esto es, la separación del servicio por incumplir con los requisitos de ingreso y permanencia es muy distinta a la imposición de una sanción derivada de un procedimiento de responsabilidad administrativa. Por ejemplo, la falta de aprobación del proceso de evaluación de control de confianza, que da lugar a la ausencia del perfil físico, médico y ético del servidor público, no puede ser considerada como infracción que deba dar lugar a la imposición de una sanción administrativa, por haber incurrido en causa de responsabilidad; en este caso, al no aprobar los exámenes de control de confianza, la terminación del servicio se decreta por incumplir con los requisitos de permanencia previstos en las leyes respectivas, sobre la base de aspectos relativos a la relación entre el servidor público y la dependencia en la que labora; mas no por haber incurrido en una causa de responsabilidad administrativa. Es por tal situación que cuando un miembro de alguna institución de seguridad pública, no cumple con el requisito de aprobar las evaluaciones a las que es sometido, éste podrá ser separado de su cargo, previo desahogo del procedimiento previsto en la ley respectiva, pero ello no constituye responsabilidad alguna para dicho funcionario, toda vez que no se le imputa conducta irregular, esto es, no se le está sancionando por haber cometido alguna infracción a las obligaciones que le impone la ley; sino que es separado de su cargo por no reunir los requisitos de permanencia requeridos en la institución respectiva (de seguridad pública), para prestar el servicio que le es requerido de manera satisfactoria. En conclusión, en el procedimiento administrativo de separación por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia se dirimen temas relativos a la relación que surge entre el Estado como patrón y el servidor público como empleado; y en el procedimiento de responsabilidad administrativa se analiza si la conducta de un servidor público en el ejercicio de sus funciones afectó o no, los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen a la función pública." Partiendo de esa distinción, es evidente que no es aplicable la jurisprudencia visible en la Décima Época, con registro 2014203, que derivó de esa referida contradicción de tesis resuelto por el Pleno del máximo tribunal del país, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, en Materia Común, Tesis P./J. 7/2017 (10a.), que dispone: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA. El precepto referido establece que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo; mandato que debe interpretarse como una ampliación del ámbito de tutela de esta institución en favor de todos los trabajadores, con independencia de la naturaleza de su relación con la parte patronal, lo cual incluye a los miembros de los cuerpos de seguridad pública, por ser personas al servicio del Estado. Así, esta interpretación resulta acorde con el núcleo de protección de la figura de la suplencia de la queja deficiente, pues si lo que con ella se pretende es salvaguardar los derechos de la clase trabajadora, posicionándolos en un plano de igualdad material frente al ejercicio de la labor jurisdiccional, es claro que dicha razón se surte igualmente tratándose de los miembros de las instituciones de seguridad pública, pues en este caso también se encuentran en una relación de subordinación donde la parte patronal, en principio, encuentra mayores facilidades para hacer valer sus pretensiones en juicio, máxime cuando, como en el caso, se trata del propio Estado." Dicho lo anterior, se analizará el fondo del asunto a la luz de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, mismos que por cuestión de técnica se analizarán en un orden diverso al en que se proponen. Esencialmente la parte quejosa manifiesta lo siguiente: Que se viola el artículo 1o Constitucional, porque no se le otorgó la protección más amplia de sus derechos, ya que no cumplieron con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, siendo obligación de la responsable, prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos; Que se violan los artículos 14 de la Constitución Federal, porque no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, ya que se inició el procedimiento administrativo sin existir pruebas suficientes, como lo exige el artículo 171, fracción I, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, y sólo por "posibilidades" y/o "suposiciones" acerca de la conducta de la parte quejosa; y que las actuaciones que sirvieron para el inicio del procedimiento administrativo, no fueron objeto de algún ejercicio de contradicción o bien de interrogatorio por parte de la responsable, por lo que no se le otorgó el derecho de refutar, es decir, a ser escuchados, ofrecer pruebas y alegar. Que trasgredió en su perjuicio el artículo 16 Constitucional, porque se inició el procedimiento administrativo, sin especificar cuál es la conducta desplegada o qué se les atribuye, de ahí que se encuentra carente de fundamentación y motivación, al no señalarse qué hipótesis del artículo 159 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, actualiza el actuar de los quejosos; Que se infringe el artículo 20 Constitucional, al violar el principio de presunción de inocencia, ya que se les está sentenciando de manera anticipada, al suponer la responsabilidad de los quejosos, sin allegarse a pruebas que acrediten ni aun de manera presuntiva su responsabilidad, además de no indicar qué pruebas le sirvieron para sujetarlos al procedimiento, sino únicamente en base a una queja deficiente y testimonios insuficientes es que estableció que los aquí peticionarios de amparo, pudieron haber cometido una conducta irregular y la encuadra en el artículo 159 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. El concepto de violación número 1), es inoperante, pues si bien es una obligación de toda autoridad prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos, acorde a lo que regula el numeral 1o constitucional, así como el de observar ciertos principios de optimización interpretativa, entre éstos, el de interpretación más favorable a la persona, también lo es que, el referido principio no conlleva que las autoridades en ejercicio legítimo de sus funciones dejen de observar en su labor los diversos principios y restricciones previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los procedimientos de que conocen. Por otra parte, el ejercicio de control constitucional o convencional está supeditado, tratándose del que debe ejercerse a petición de parte, a que se cumplan los requisitos mínimos del planteamiento respectivo, aunado a que se pida la aplicación del principio pro persona o se impugne su falta de aplicación por la autoridad responsable, se señale también cuál es el derecho humano cuya maximización se pretende, se indique la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental restringido y se precisen los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles, desde luego, todo esto con incidencia en la estimación de que el acto reclamado es inconstitucional o inconvencional, por lo que debido a que la parte quejosa se limitó a invocar la aplicación del principio pro persona o del nuevo modelo de control constitucional, como causa de pedir, pero no cumplió con los aludidos parámetros mínimos para la eficacia de esta solicitud, por ello, deviene inoperante su argumento de disentimiento. Por similitud jurídica, es aplicable a la jurisprudencia localizable en la Décima Época, con registro 2010532, de Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, en Materia Común, Tesis IV.2o.A. J/10 (10a.), que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE, ADEMÁS DE NO CONTROVERTIR EFICAZMENTE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA, SE LIMITAN A INVOCAR LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA O DEL NUEVO MODELO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, COMO CAUSA DE PEDIR, PERO NO CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS MÍNIMOS PARA LA EFICACIA DE ESTA SOLICITUD. Si bien es cierto que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, generó nuevos deberes para las autoridades del Estado Mexicano y, particularmente, para los órganos jurisdiccionales, en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con independencia de su fuente, de conformidad con ciertos principios de optimización interpretativa, entre éstos, el de interpretación más favorable a la persona, y dio lugar a un nuevo modelo de control constitucional y convencional ex officio, también lo es que, según interpretaron la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis aisladas 1a. LXVII/2014 (10a.) y 1a. CCCXXVII/2014 (10a.) y de jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.) y 2a./J. 123/2014 (10a.), por una parte, el referido principio no conlleva que los órganos jurisdiccionales dejen de observar en su labor los diversos principios y restricciones previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los procedimientos de que conocen y, por otra, el ejercicio de control constitucional o convencional está supeditado, tratándose del oficioso, a que el órgano jurisdiccional advierta la sospecha de disconformidad de la norma aplicable o el acto de autoridad, con los derechos humanos reconocidos y, tratándose del que debe ejercerse a petición de parte, a que se cumplan los requisitos mínimos del planteamiento respectivo, consistentes en que, aunado a que se pida la aplicación del principio pro persona o se impugne su falta de aplicación por la autoridad responsable, se señale también cuál es el derecho humano cuya maximización se pretende, se indique la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental restringido y se precisen los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles, desde luego, todo esto con incidencia en la estimación de que el acto reclamado es inconstitucional o inconvencional, con lo cual se evita una carga excesiva al ejercicio jurisdiccional y se parte de reconocer que el ordenamiento jurídico nacional y los actos fundados en él gozan de la presunción de constitucionalidad, aun en lo relativo al respeto a los derechos humanos y a las restricciones que constitucionalmente operan en esta materia. Consecuentemente, si en el amparo directo los conceptos de violación, además de no controvertir eficazmente las consideraciones de la sentencia reclamada, se limitan a invocar la aplicación del principio pro persona o del nuevo modelo de control constitucional, como causa de pedir, pero no cumplen con los aludidos parámetros mínimos para la eficacia de esta solicitud, son inoperantes, más aún, ante el imperio de la regla general de estricto derecho, como previsión constitucional encaminada a asegurar, en condiciones ordinarias en el procedimiento de amparo, la imparcialidad del órgano de control y la igualdad de trato hacia las partes, cuando no concurre un motivo que excepcionalmente permita suplir la deficiencia de la queja en los términos establecidos en la Ley de Amparo y tampoco se advierte sospecha de disconformidad constitucional o convencional de una norma aplicada en perjuicio del quejoso; en el entendido de que si lo que se hace valer es la omisión de la responsable de ejercer el control referido, ello no constituye, en sí mismo, una violación pues, en todo caso, el justiciable estuvo en aptitud de efectuar el planteamiento respectivo ante la jurisdicción constitucional, cumpliendo con los parámetros mínimos requeridos, sin que lo hubiese hecho." A fin de dar contestación a los conceptos de violación 2) y 3), conviene tener presente el contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la parte quejosa estima violados en su perjuicio. El artículo 14 constitucional, establece: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)". El artículo constitucional transcrito, consagra la garantía de audiencia que se traduce en la posibilidad de defensa de los gobernados frente a los actos que pretendan privarlo de su libertad, propiedad, posesiones y derechos. La garantía de audiencia implica la existencia de un juicio previo, frente a actos privativos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, el cual debe sustanciarse ante tribunales previamente establecidos observando las formalidades esenciales del procedimiento y dictarse apoyado en las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. Por su parte, el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." El citado artículo regula, entre otras garantías, la de seguridad jurídica, cuya finalidad es proteger el respeto de los derechos personales, patrimoniales y cívicos de los gobernados en sus relaciones con las autoridades, a efecto de que éstas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino en conformidad con las reglas establecidas en la ley, para que el particular esté cierto de que el actuar de la autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley. Resulta necesario reiterar que el artículo 14, párrafo segundo, constitucional prevé el derecho de defensa que debe tener todo gobernado frente a actos que tiendan a privarlo de sus derechos, el cual se integra, a su vez, con cuatro derechos específicos de seguridad jurídica, que son: a) Que en contra de la persona a quien se pretenda privar de alguno de los bienes jurídicos tutelados por la disposición constitucional, se siga un juicio. b) Que el juicio se substancie ante tribunales previamente establecidos. c) Que en el juicio se observen las formalidades esenciales del procedimiento; y, d) Que el fallo respectivo se dicte conforme a las leyes existentes con anterioridad al hecho. En ese sentido, las formalidades esenciales del procedimiento son aquellas que resultan necesarias e indispensables para garantizar una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, de tal suerte que su omisión o infracción produzca indefensión al afectado, o lo coloque en una situación que afecte gravemente su defensa. Por su parte, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que a toda persona a la que se le pretenda causar una molestia en su esfera jurídica, por parte de los órganos del estado, se le deberá entregar por escrito el acto debidamente fundado y motivado; encontrándose las autoridades obligadas además a fundar su competencia. Al respecto, cabe precisar que por acto de molestia se debe entender aquella actuación de la autoridad que provoca una mera perturbación en la esfera jurídica del gobernado; y que tal acto no constituye el fin último, ya que la afectación no es de manera definitiva o permanente, sino que es de carácter provisorio o transitorio. El artículo 16 constitucional permite a cualquier autoridad, emitir actos de molestia contra los gobernados, sin embargo, la emisión de ellos debe cumplir con ciertos requisitos, a saber: a) Que provenga de autoridad competente; b) Que se encuentre fundado y motivado, y c) Que conste por escrito. Se considera entonces, que un acto de molestia emitido por autoridad competente se encuentra fundado cuando en él se citan con precisión los preceptos legales aplicables al caso, y para razonar que se encuentra motivado la autoridad debe exponer todas aquellas circunstancias o hechos que estimó al momento de emitir el acto reclamado, siendo necesario, además, que los hechos aducidos por la autoridad encuadren en la hipótesis normativa citada, si por el contrario, la autoridad no cumple con dicho requisito, daría cabida entonces a declarar la inconstitucionalidad del acto. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, Tomo XIV, Noviembre de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 57/2001, de rubro siguiente: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO." Cabe agregar que el principio de tipicidad es aplicable a las infracciones y sanciones administrativas. Dicho principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una "lex certa" que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones. En principio, con base en las explicaciones que anteceden, se determina que el acuerdo del inicio del procedimiento administrativo de responsabilidades que se reclama en este juicio de amparo, no se rige por el derecho de audiencia previa reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que, en todo caso, está sujeto al cumplimiento de los requisitos del diverso artículo 16 constitucional, referentes a que el acto respectivo debe constar por escrito, ser emitido por la autoridad competente, y estar debidamente fundado y motivado, puesto que atento a la naturaleza jurídica del acto reclamado, el propio momento procesal en que se emite y los efectos que produce, no pudiera catalogarse como un acto privativo, ya que no priva o restringe de manera definitiva al gobernable de derecho alguno, sino que por el contrario sería a partir de éste que se garantiza y tutela el debido proceso en su vertiente de defensa adecuada y garantía de audiencia, de manera previa al acto que en definitiva se emite en el procedimiento administrativo de que se trata. De ahí que no pueda sostenerse que se dejó en estado de indefensión a los quejosos, al tratarse de un acto de molestia y no de un acto privativo, del que se hicieron sabedores por medio de un citatorio en el que se le emplazó al procedimiento administrativo, logrando tener pleno conocimiento de los hechos o conductas que se le atribuyen y que motivaron el procedimiento de origen, al estar insertado en ese documento el acuerdo de inicio de mérito, quedando en esos términos fijada la imputación de la autoridad, por lo que desde ese momento se respetó su garantía de defensa y debido proceso, dándoles oportunidad de probar y alegar dentro del procedimiento administrativo; motivo por el cual no es dable estimar el acto reclamado como violatorio del artículo 14 Constitucional, contrario a lo alegado. Siguiendo con este orden de ideas, en lo tocante al tema de la debida fundamentación y motivación, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas consideradas infractoras o merecedoras de sanción debe gozar de tal claridad y univocidad que la autoridad pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora bien, del estudio del acto reclamado es evidente que la autoridad responsable sí motivó suficientemente su actuar, al exponer las razones lógico-jurídicas que le llevaron a iniciar el procedimiento administrativo contra la parte quejosa, pues consideró que existían pruebas suficientes para el estado procesal de que se trata, que acreditaron que una conducta de MARTÍN GUARNEROS ALTAMIRANO y VÍCTOR HUGO GARCÍA LUGO, contraria a los principios de actuación, obligaciones y deberes contempla la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. La responsable estableció, que del oficio SSC/OS/0479/2018-05 de siete de mayo del año dos mil dieciocho, relacionado con el diverso de cinco de mayo del año mil dieciocho, suscrito por el Policía MARTÍN GUARNEROS ALTAMIRANO, se observa que la unidad con número económico 00343, permaneció estacionada desde el día veintitrés de abril del año dos mil dieciocho; no obstante que del reporte generado por la empresa NCUBO CAPITAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, se refleja que de acuerdo a la tarjeta EPAY que dicha unidad tiene asignada para abastecer combustible, con número 5063517018778049, presentó movimiento en cuanto a tal abastecimiento, los días veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintisiete, veintiocho y treinta de abril del año dos mil dieciocho, unidad que se encontraba bajo resguardo del policía, MARTÍN GUARNEROS ALTAMIRANO. De igual manera, la responsable argumentó en la resolución combatida, por cuanto a VÍCTOR HUGO GARCÍA LUGO, que al entrar al estudio de las actuaciones y de las documentales consistentes en las fatigas de servicio generadas por la Dirección Preventiva de la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, correspondientes a los días veintitrés, veintisiete y treinta abril de dos mil dieciocho, el elemento VÍCTOR HUGO GARCÍA LUGO (delta 8- Supervisor diario), se encontraba desempeñando funciones Operativas como supervisor de las unidades oficiales y personal adscrito a la Dirección General de la Policía Preventiva de Cuernavaca, en específico del agrupamiento Motorizado "Ligeros", con un horario de doce horas al día; que se encontraba como Encargado del Parque Vehicular de las Unidades Oficiales del Estado, y del Abastecimiento de las Unidades Oficiales, así como también se encargaba de llevar el control de las tarjetas de abastecimiento de combustible. De ahí que, de acuerdo a la resolución combatida, se acreditó que los aquí quejosos pudieron incurrir en una acción u omisión dentro de su servicio asignado, en relación con la unidad vehicular con número económico 00343, contraria a los principios de actuación, deberes y obligaciones de los elementos de las Instituciones Policiales, por el hecho de que permaneció estacionada desde el día veintitrés de abril del año dos mil dieciocho, sin embargo, de acuerdo a la tarjeta asignada para abastecer combustible, presentó movimientos los días veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintisiete, veintiocho y treinta de abril del año dos mil dieciocho; siendo VÍCTOR HUGO GARCÍA LUGO, encargado de ese vehículo, de su abastecimiento y de la tarjeta respectiva. De ahí que, para la responsable, posiblemente realizó un ejercicio indebido en su empleo cargo o comisión, al existir una posible acción u omisión en relación con la unidad referida, contrario a los principios de actuación, deberes y obligaciones de los elementos policiales, de acuerdo a la declaración de María Magdalena Olivares Moctezuma, de veintinueve de mayo del año dos mil dieciocho; quien refirió que, VÍCTOR HUGO GARCÍA LUGO, en efecto era el encargado del parque vehicular y del abastecimiento de las unidades oficiales del Estado. También, se advierte que la autoridad responsable sí fundamentó se actuación, refiriendo que los aquí quejosos, dejaron de cumplir las obligaciones que les establecían los artículos 100, fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XX y XXIII, y 101, fracciones VI, VII, XI y XIII, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos; y que en tales circunstancias se podría actualizar las causas de remoción y terminación de la relación administrativa establecidas en los artículos 159, fracciones I, VI, VII, VIII, XXV y XXVIII, del mismo ordenamiento legal; con lo que se satisface el requisito de fundamentación y motivación, ya que será al momento de dictar resolución definitiva y una vez analizadas las pruebas que integran el expediente, que se determine la conducta que en específico y de manera concreta realizaron los quejosos, para lo cual, la autoridad indicará qué obligación y deber no fueron atendidos como integrantes de la Institución de Seguridad Pública; de ahí que, contrario a lo alegado, fue suficiente la invocación normativa vertida por la responsable, ya que tales preceptos regulan diversos principios y obligaciones que se estimaron infringidos y suficientes para dar inicio a esa instancia administrativa, por lo que en oposición a lo alegado se aprecia que sí se estableció el porqué del inicio del procedimiento administrativo para cada uno de los impetrantes de amparo. En este tenor, estaba facultada la autoridad responsable para iniciar el procedimiento administrativo contra los quejosos, en el que en respeto a su derecho de defensa al notificarles formalmente de su inicio y los motivos por los cuales se aperturaba; será en esa sede administrativa en la cual se determinará si las actuaciones de los servidores públicos, como integrantes de la institución policial, cumplieron con los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, de conformidad con el artículo 21 constitucional; asimismo, con las obligaciones que establece el artículo 100 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, o bien, desahogadas las etapas de ese procedimiento, se determinará si existe o no la demostración de una causa justificada de remoción. Por otra parte, resulta infundado el concepto de violación sintetizado con el inciso 4), al alegar una violación al principio de presunción de inocencia, bajo el argumento de se le está sentenciando de manera anticipada, al suponer la responsabilidad de los quejosos, sin allegarse pruebas que acrediten aun de manera presuntiva su responsabilidad, además de no indicar qué pruebas le sirvieron para sujetarlos al procedimiento, sino únicamente en base a una queja deficiente y testimonios insuficientes se estableció que los aquí quejosos, pudieron haber cometido una conducta irregular y la encuadra en el artículo 159 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. En efecto, contrario a lo que afirman los accionantes, no se viola tal principio, dado que el acto reclamado no contiene una sanción y mucho menos en forma definitiva, ya que a partir de las pruebas que se tomaron en consideración para su dictado, permite advertir que se privilegie que los peticionarios de amparo, al hacerles del conocimiento los motivos, razones y medios de convicción en que se sustentará el procedimiento sancionador, éstos cuenten con los medios procesales a su alcance para ejercer su derecho de defensa. Además, el alcance probatorio y valor legal que se otorgue a los elementos de prueba debe definirse al resolverse el fondo del asunto, para estar en posibilidad de verificar si en su caso el fincamiento de responsabilidad se realizó a partir de pruebas insuficientes, o por el contrario con pruebas bastantes para sancionar las conductas reprochadas, en el entendido que, adversamente a lo alegado, el material recabado en la etapa de investigación y apreciado por parte de la responsable para el inicio de procedimiento de responsabilidad combatido, sí se estima suficiente, sin que sea factible valorar la eficacia o certeza de los testimonios que se invocan, pues ello no constituye un parámetro de actuación en el juicio de amparo, debido a que la valoración de los elementos de convicción es una facultad exclusiva de la autoridad responsable que no pueden ejercitar los jueces de Distrito, ya que se incurriría en una sustitución de las atribuciones de la autoridad administrativa en la apreciación de los elementos de convicción. En la parte conducente, orienta lo anterior la jurisprudencia de la Novena Época, con registro 165883, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, en Materia Constitucional y Penal, Tesis 1a./J. 74/2009, que dispone: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. CUANDO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO SE COMBATE LA FALTA DE DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE CIRCUNSCRIBIRSE A LA VALORACIÓN DEL JUICIO DE PRUEBA LLEVADO A CABO POR EL JUZGADOR NATURAL. El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto vigente antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) establece que el auto de formal prisión debe contener: el delito que se imputa al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la valoración de los elementos de convicción es una facultad exclusiva del juez de la causa que no pueden ejercitar los jueces de distrito, salvo que se comprueben alteraciones que afecten la actividad intelectual que aquél debe llevar a cabo para otorgar valor determinado a las pruebas; sin embargo, si bien es cierto que el juez de distrito no puede sustituirse al juez natural en la apreciación de los elementos de convicción, también lo es que ello no implica que no pueda revisar el juicio de valoración de la prueba desarrollado por la autoridad responsable, en tanto que el juicio de garantías se circunscribe a analizar la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado, no del medio de prueba en sí. Por tanto, se concluye que cuando a través del juicio de amparo se combate la falta de debida fundamentación y motivación en la valoración de las pruebas relacionadas con los requisitos de fondo del auto de formal prisión -cuerpo del delito y presunta responsabilidad-, el órgano de control constitucional debe circunscribirse a la valoración del juicio de prueba llevado a cabo por el juzgador y resolver respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho auto. Sin que lo anterior signifique que el tribunal constitucional sustituye al juez natural en la apreciación de los elementos de convicción, ya que en el caso aludido, aquél únicamente analiza la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad responsable para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal." En el entendido que al verificar el juicio de valor efectuado por la responsable al material probatorio que sustentó la determinación combatida, permite al suscrito arribar al convencimiento que se apreciaron de manera acertada, legal y constitucionalmente, conforme al rigor probatorio que se requiere para la emisión de un acto de molestia, esto es con un estándar menor al necesario para el dictado de un acto definitivo, de conformidad con lo dispositivos 14 y 16 Constitucionales. En efecto, debe destacarse que en el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo, sí se señalaron las pruebas en que se sustentó el inicio del procedimiento, y que le permitieron a la responsable determinar presuntivamente que se encontraban acreditadas conductas que motivaron su actuación. Asimismo, se observa que la autoridad fundó y motivó ésta, y se remitió el expediente correspondiente, en el que obraban las pruebas que sirvieron de sustento para su dictado; lo que conlleva la obligación de verificar que ésas sean legales e idóneas, pues sólo así se cumplirán las obligaciones constitucionales de fundar y motivar sus actuaciones, así como de garantizar una adecuada defensa a los incoados, al permitirle ofrecer pruebas con las que desvirtúen la imputación en su contra. Bajo esa óptica, del estudio del acuerdo de inicio del procedimiento reclamado, se puede determinar que la autoridad responsable contrario a lo que afirman los quejosos, no careció del señalamiento y valoración de pruebas, ya que consideró las siguientes: 1. Oficio Número CES/CDyVIDCG0/0098/2018, de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por NANCY MENDOZA VALDOVINOS, a través del cualremite impresión del reporte generado por la empresa NCUBO CAPITAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, endonde se refleja el número de tarjeta tipo EPAY asignada a la unidad con placa 00343, así como los movimientos referentes a sus abastecimientos. 2. Oficio Número CEAISP/DRSP/0990/V/2018, de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por el Director de Registros de Seguridad Pública, a través del cual remite en copia certificada, una constancia de Consulta de la Clave Única de Identificación Permanente (CUIP), donde se hace constar que el elemento VÍCTOR HUGO GARCÍA LUGO, se encuentra en activo y es un elemento operativo, adscrito a la Dirección General de la Policía Preventiva Estatal. 3. Oficio Número CES/CDV/DRH/0999/2018, de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho suscrito por la Directora de Recursos Humanos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, a través del cual remite perfil socioeconómico y domicilio particular del elemento VICTOR HUGO GARCIA LUGO,perteneciente a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, adscrito a la Dirección General de la Policía Preventiva Estatal, asignado al Mando único del Municipio de Cuernavaca. 4. Oficio Número DGCCCCCC/1097/2018, de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, signado por el Director General del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo, a través del cual informa que la unidad 00343, no se cuenta con información para la fecha solicitada. 5. Oficio Número SSC/OS/0499/2018-05, de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por el Suboficial DANIEL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Persona Designada para Supervisar y Ejecutar las Instrucciones Operativas en Materia de SeguridadPública, emitidas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en el Municipio de Cuernavaca, Morelos. 6. Oficio número DGPP/OF.0494/2018, de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, signado por el SUBINSPECTOR JORGE ALEJANDRO OCAMPO GALINDO, dirigido a la Directora de Recursos Humanos, a través del cual solicita copia de las boletas de arresto, correctivos disciplinarios actas administrativas que se le hayan impuesto al Policía VÍCTOR HUGO GARCÍA LUGO. 7. Oficio DGCCCCCC/1162/2018, de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por el Director General delCentro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Computo, a través del cual remite los videos de las cámaras de video vigilancia ubicadas en Avenida Domingo Diez Número 1301, de la Colonia Lomas de la Selva (norte) del Municipiode Cuernavaca, Morelos del veinte al treinta de abril de dos mil dieciocho. 8. Diligencia consistente en la comparecencia de MARTÍN GUARNEROS ALTAMIRANO, de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, en su carácter de testigo, ante la Dirección General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. 9. Diligencia consistente en la comparecencia de CLAUDIO MIGUEL CASTILLO RODRÍGUEZ, de veinticuatro de mayo del año dos mil dieciocho, en su carácter de testigo ante la Dirección General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. 10. Diligencia consistente en la comparecencia de JUAN CARLOS SILVAR HERNÁNDEZ, de veinticuatro de mayo del año dos mil dieciocho, en su carácter de testigo, ante la Dirección General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. 11. Oficio Numero CES/CDyV/DCGO/0104/2018, de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por la Directora de Control del Gasto Operativo, através del que emite impresión del reporte generado por la empresa NCUBO CAPITAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que refleja el número de tarjeta tipo EPAY asignada a la unidad con placa 00343 así como los movimientos referentes a sus abastecimientos los días uno y dosde mayo de dos mil dieciocho. 12- Oficio CES/CDV/DRH/1034/2018, de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por la Directora de RecursosHumanos, dirigido al Subinspector Jorge Alejandro Ocampo Galindo. 13. Diligencia de comparecencia de MARIA MAGDALENA OLIVARES, de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, con el carácter de testigo, ante la Dirección General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. 14. Oficio girado al Gerente o Responsable de la Gasolinera con Razón Social "ANACELE", a efecto de que informe en relación al hecho que se investiga. 15. Oficio Número DGPPE/OF.0526/2018, de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por el SUBINSPECTOR JORGE ALEJANDRO, Director General de la Policía Preventiva Estatal. 16. Oficio girado al SUBOFICIAL DANIEL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, persona designada para supervisar y ejecutar las instrucciones operativas en materia de seguridadpública, emitidas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en el Municipio de Cuernavaca, Morelos, a efecto de que rinda informe. 17. Oficio girado a la Directora del Gasto Operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, a efecto de que informe. 18. Oficio Número SSC/CAJIDTPJ T/0968/2018-05, de veintinueve de mayo del año dos mil dieciocho, suscrito por el SUBOFICIAL DANIEL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, persona designada para supervisar y ejecutar las instrucciones operativas en materia de Seguridad Pública, emitidas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos Municipio de Cuernavaca. Las citadas pruebas, investigaciones y declaraciones, valoradas, en su conjunto de manera acertada, fueron con las que la autoridad responsable se apoyó para determinar el inicio del procedimiento administrativo contra los aquí quejosos, recabados en la etapa de investigación; procedimiento en el que se dirima la infracción administrativa que se les atribuye, respetando el debido proceso; juicio de valor que de manera opuesta a lo alegado, se aprecia apegado a la legalidad y consecuente constitucionalidad, acorde al rigor probatorio necesario para el dictado de un acto de molestia, pues en ningún momento partió de los datos obtenidos de dichas probanzas para fincar una sanción definitiva en contra del quejoso, sino que por el contrario a la luz de los elementos que de éstos obtuvo, resolvió en aras de tutelar y respetar los derechos de terceros y principalmente los de los investigados, aquí quejosos, al permitirles de manera legal conocer los hechos imputados. Por tal razón, las inconsistencias que se alegan por los quejosos por las que se pretende nulificar o restar eficacia probatorio a los elementos de prueba considerados para dictar el inicio de procedimiento disciplinario, son infundadas, al ser una cuestión que sólo atañe al fallo definitivo que se emita por parte de la autoridad responsable, estando en aptitud legal el servidor público quejoso, de ofrecer sus pruebas, objetar las recabadas, y alegar lo que en derecho de defensa corresponda, precisamente dentro del procedimiento administrativo, sin que pueda determinarse plenamente en el auto inicial su eficacia probatoria, como los disconformes pretenden. En las relatadas condiciones, al ser inoperantes e infundados los conceptos de violación, y no advertirse que se configure alguna hipótesis por la que deba operar la suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado por los quejosos. Por lo expuesto, fundado y fundado; se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A MARTÍN GUARNEROS ALTAMIRANO y VÍCTOR HUGO GARCÍA LUGO, respecto del acto y autoridad precisados en la parte considerativa de esta esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy doce de noviembre de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores de este Juzgado Federal, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, dando cumplimiento al requerimiento formulado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió se ordena formar el anexo II, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, tomando en cuenta que no obran en autos las constancias solicitadas al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, por auto de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. En consecuencia y para estar en condiciones de resolver el presente incidente de suspensión, solicítese nuevamente a dicho órgano jurisdiccional, que de no haber inconveniente alguno, remita a este Juzgado copia certificada de la papeleta de turno, demanda de amparo, auto admisorio, en su caso la sentencia y ejecutoria que se hayan dictado, así como también se informe el estado procesal que guarda el juicio de amparo 1282/2018 promovido por Martín Guarneros Altamirano. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
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