Martin Grijalva Renteria
Expediente 1088/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1088/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Martin Grijalva Renteria
Actuaciones
- Principal
"... Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que, en la especie, en proveído de trece de septiembre de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo promovida por *********, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, el cual se le notificó el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; .... se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, el cual será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirán al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente..."
- Principal
Se notifica mediante lista de acuerdos a la parte quejosa, el proveído de trece de septiembre de dos mil veintidós, que a la letra dice: "... Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. Registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1088/2022. Improcedencia. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De la lectura de la demanda de amparo se desprende que el quejoso reclama del Juez de Control del Distrito Judicial de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, la determinación emitida para que comparezca para la formulación de la imputación que hará en mi contra el Agente del Ministerio Público de la Santiago Pinotepa Nacional Oaxaca. En ese sentido, se estima que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el precepto 107, fracción I, de la Constitución Federal y el diverso 5, fracción I, del primer ordenamiento citado, los cuales disponen: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". Los preceptos transcritos, establecen que el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Del análisis del referido artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo solamente puede promoverse por la parte a quien afecte el acto o la ley que se reclame; esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial- siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida implica que tenga que ser real y no de carácter subjetivo. Para que se actualice un agravio, éste debe afectar algún derecho jurídicamente tutelado en favor del directo quejoso, es decir, de quien acude a la demanda de amparo, a efecto de salvaguardar aquel derecho; por lo que ese agravio debe concretarse en aquél y no ser abstracto o genérico, así como también, debe ser de realización pasada, presente o inminente. Para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere por una parte de la existencia de derechos legítimamente tutelados y, por otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle, habida cuenta que si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal, o en caso de existir, no resientan perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados, no es viable tener por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia. Para que proceda la acción constitucional, no basta que se manifieste o en su caso se acredite algún interés cualquiera o simple sin contar con respaldo legal, sino que es necesario que encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley y que se ocasione perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados. En ese contexto, únicamente puede promoverse juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce tener un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica; de conformidad con lo expuesto en la fracción I, del numeral 107 de la Carta Magna. Por su parte, los numerales 21, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales... En el caso, la parte quejosa se duele de la determinación emitida por el Juez de Control del Distrito Judicial de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, para que comparezca el diecinueve de septiembre del presente año, a la formulación de imputación solicitada en su contra por el Agente del Ministerio Público de Santiago Pinotepa Nacional Oaxaca. Ahora bien, la orden de citación reclamada está encaminada a la investigación de hechos probablemente constitutivos de delitos por parte de la autoridad ministerial ante quienes se haya realizado la denuncia con ese fin, lo cierto es, que dicho acto no ocasiona un perjuicio a la esfera jurídica del impetrante del amparo, porque no se ha ocasionado alguna afectación en sus derechos fundamentales, como el de gozar de libertad o algún otro. Lo anterior, no implica que el quejoso hubiere participado en la comisión de un hecho probablemente constitutivo de algún ilícito, ya que simplemente representa un aviso de que debe presentarse ante la autoridad jurisdiccional o ministerial a efecto continuar con la investigación. En efecto, para emitir el acto reclamado, la autoridad señalada como responsable únicamente está actuando en estricto apego a las facultades que les son conferidas en el precepto constitucional marcado con el numeral 21, de tal modo que a la parte quejosa no se le causa un perjuicio de índole jurídico, la investigación que se realice en relación a hechos que puedan determinar si un hecho es calificado como delito, o no. En ese orden de ideas, no puede considerarse que la citación reclamada está encaminado a la investigación de hechos probablemente constitutivos de delitos por parte de la autoridad responsable, sin que ocasionen un perjuicio a la esfera jurídica de derechos de la parte quejosa, pues su emisión se trata de un acto futuro de realización incierta ya que la autoridad correspondiente podría determinar que, con motivo de la investigación que en su caso se realizara, el aquí quejoso no tendría responsabilidad alguna, caso en el cual, ninguna afectación resentirá en su esfera de derechos. Ante este panorama no existe un acto tendente de manera inmediata a privar de la libertad a la parte quejosa y que por ello lesione sus derechos humanos o las garantías que para su protección establece la norma fundamental, ya que en todo caso será hasta que la autoridad jurisdiccional determine que existe la posibilidad de que el indiciado lo cometió o participo en su comisión; y derivado de la petición que formule el representante social, se ordene entonces librar una orden de aprehensión, momento en el cual, de forma real y efectiva se afectará su esfera jurídica. Y si bien, el promovente debe comparecer ante la autoridad señalada como responsable, ello no es motivo para que su libertad se vea afectada, pues su presencia únicamente busca demostrar la verdad detrás de los probables hechos delictuosos para determinar si existe o no responsabilidad de su parte en la comisión de aquéllos, mas no así, privarlo de su libertad; además, se encuentra con libertad de acudir o no a la orden de citación; por tanto, dicho acto, no tiene como finalidad restringir su derecho de libertad, pues ésta sería, como ya se destacó, la diversa en la que se determine librar la orden de aprehensión por una autoridad judicial. Considerar que la orden de citación en base a la llamada que aduce recibo de la que se duele la parte quejosa, transgrede su derecho de libertad, resulta improcedente, porque lejos de beneficiar la administración de justicia y garantizar los derechos de las partes en el procedimiento, concebiría un abuso en la promoción del juicio de amparo indirecto, que a su vez daría origen a la dilatación en la celebración de las etapas que integran el nuevo sistema penal. Lo anterior, en apego al criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, en el que definió que de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar; por ende, ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Consideraciones que se encuentran contenidas en la jurisprudencia 78/2018, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a... En consecuencia, con fundamento en el diverso 113 del ordenamiento legal invocado, por notoriamente improcedente, de plano, se desecha, la demanda de amparo..."
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