Martin Gonzalez Mendoza

Expediente 587/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
587/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
20/05/2022

Partes del expediente

  • Martin Gonzalez Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veinte de mayo de dos mil veintidós. Acuse de recibo. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California. En atención a su contenido, se acusa recibo del oficio 11081/2021 a través del cual remitió copia certificada del testimonio de ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión 192/2021-I administrativo de su índice y el expediente original del juicio en que se actúa, los cuales se tuvieron por recibidos el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Cúmplase.

  2. Principal

    El suscrito actuario judicial licenciado Román Manuel García Trujillo hago constar: que en esta fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, y en atención a que la parte quejosa no compareció a este órgano jurisdiccional a notificarse personalmente, no obstante el aviso que el veinticinco de enero de dos mil veintidós, se le dejó en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, a efecto de que dentro de los dos días hábiles siguientes se presentara en este juzgado; por lo cual, al haber transcurrido dicho plazo sin que se presentara, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el aviso y le notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y por lista en la página electrónica correspondiente, el contenido del acuerdo de siete de enero de dos mil veintidós al quejoso de referencia, mismo que en síntesis dice: Tijuana, Baja California, siete de enero de dos mil veintidós. Cumplimiento. Vista la cuenta que antecede y dado que la parte quejosa no hizo manifestación alguna con relación a la vista otorgada respecto al cumplimiento de la ejecutoria dado por la autoridad responsable Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana; en consecuencia, procede resolver de oficio sobre el acatamiento de la misma con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable en los siguientes términos: De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija y en la especie se actualiza el segundo supuesto. Por sentencia dictada el nueve de marzo de dos mil veintiuno, se concedió la protección constitucional al quejoso Martín González Mendoza, para los siguientes efectos: "Séptimo. Efectos del fallo protector. Con fundamento en los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se precisa que el efecto de la concesión del amparo y la protección de la federal, es para que el Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, realice lo siguiente: Acredite que la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, haya sido notificada al quejoso Martín González Mendoza. Con plenitud de jurisdicción dé contestación de manera congruente a la petición que en términos del artículo 8 constitucional formuló la quejosa, específicamente a los puntos 2 y 3 de su escrito respectivo que quedaron transcritos en el considerando que precede. 3. Notifique la contestación respectiva." Sentencia que fue recurrida por la autoridad responsable; por auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en Mexicali, Baja California, que confirmó la sentencia, por lo que se requirió a la responsable por su cumplimiento, y mediante proveído de veinticuatro de diciembre de dos mi veintiuno, se dio vista a las partes por el término de tres días a fin que manifestaran lo que a su interés conviniera con el mismo. Acciones realizadas para el cumplimiento del fallo protector. Luego, la autoridad responsable Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, por conducto de su delegado, mediante oficio con número de registro 16087, remitió las siguientes documentales: a) Acta de notificación realizada por el Notificador adscrito a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, a través de la cual se notificó la resolución de veintisiete de agosto de dos mil veinte, así como el oficio con folio número 202013036 (respuesta al escrito de petición), en la que se asentó que recibió la notificación la autorizada del quejoso en este asunto, Hilaria Guadalupe Carmona Marín, pero que no quiso firmar. b) Oficio de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, firmado por el Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, con número de folio 202013036, a través del cual da respuesta a la petición elevada en términos del artículo 8 constitucional y le hizo saber a la peticionaria que sí existía un crédito fiscal a su nombre en términos de la factura emitida por esa autoridad. De las cuales se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, notificó la resolución relativa al recurso de inconformidad presentado por el quejoso Martín González Mendoza, así como que dio respuesta al escrito de petición elevado en términos del artículo octavo constitucional. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2º de esta última legislación, por haber sido expedida por funcionario en ejercicio de sus facultades legales conferidas. Se determina cumplido el fallo protector. En esa medida, como se patentizó en párrafos supra, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, dio cabal cumplimiento con la ejecutoria de amparo, dado que realizó lo siguiente: El veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se emitió la respuesta al derecho de petición elevado por la quejosa. En esa fecha, notificó a la autorizada el quejoso Hilaria Guadalupe Carmona Marín, la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil veinte y la respuesta de veinte de diciembre de dos mil veintiuno a la petición formulada por el quejoso en términos del artículo octavo constitucional. Sin que obste lo anterior, que la autorizada del quejoso manifestó que no era su deseo firmar la notificación que practicó la autoridad responsable, ya que les fueron notificadas el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, de manera personal por conducto de la actuaria de este órgano jurisdiccional al momento de darle vista con el cumplimiento dado por la autoridad responsable. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se colige que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni defecto en el cumplimiento y por tanto, se declara que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, se determina: Cuaderno principal. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración ya que se concedió el amparo y protección de la justicia federal; por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su depuración en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Sin mayor proveído. Agréguense a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexos que remite la autoridad responsable; sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, toda vez que el veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido diverso oficio con el mismo contenido. Notifíquese personalmente.Así lo acuerda y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Lares Carrillo que firma y da fe. Doy fe. MALC/paola*

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Recepción de autos y testimonio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo 587/2020-I y el testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión de diecinueve de noviembre del año en curso, en el amparo en revisión administrativo 192/2021-I; en consecuencia, estese a lo resuelto por el referido tribunal, el cual determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a Martín González Mendoza, en contra de los actos que reclamó de la autoridad señalada como responsable, por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos sexto, y séptimo de la sentencia que se revisa. TERCERO. El presente asunto no tiene relevancia documental en términos del ultimo considerando." Acuse, anotaciones y cuaderno de antecedentes. Consecuentemente, acúsese recibo de estilo a la superioridad vía electrónica y háganse las anotaciones conducentes tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); asimismo, glósese a los autos las actuaciones que no obran en este expediente y que se encuentran anexas al cuaderno de antecedentes que se ordenó formar con motivo del recurso de revisión. Se requiere cumplimiento. Ahora, en la sentencia emitida en este asunto, la cual fue confirmada por el Tribunal de Alzada, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en los siguientes términos: "Séptimo. Efectos del fallo protector. Con fundamento en los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se precisa que el efecto de la concesión del amparo y la protección de la federal, es para que el Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, realice lo siguiente: Acredite que la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, haya sido notificada al quejoso Martín González Mendoza. Con plenitud de jurisdicción dé contestación de manera congruente a la petición que en términos del artículo 8 constitucional formuló la quejosa, específicamente a los puntos 2 y 3 de su escrito respectivo que quedaron transcritos en el considerando que precede. Notifique la contestación respectiva." Apercibimiento. Bajo el apercibimiento para la autoridad que de no acatar lo antes precisado, esto es, de no informar, ni remitir las constancias conducentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la precitada ley, le será impuesta multa de cien días, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir el mandato aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. Asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.54/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página diecinueve, tomo I, noviembre de dos mil catorce, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, registro 2007918, que señala (énfasis añadido): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Superior jerárquico. Gírese oficio al Consejo de Administración de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, en esta ciudad, para que en su carácter de superior jerárquico del Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, de inmediato conmine a la autoridad responsable respectiva a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debiendo acreditar que dio la orden a la misma, remitiéndole para tal efecto copia simple de la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo; bajo el apercibimiento que de no acatar lo antes precisado, esto es, de no informar, ni remitir las constancias conducentes se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización vigente -ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional-, conforme a lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la precitada ley; medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir el mandato aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. Una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad responsable, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos a que hubiere lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Informa admisión de recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, a través del cual informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, por conducto de su delegado Alejandro Rincón Guevara, en contra de la sentencia de nueve de marzo de dos mil veintiuno, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Acceso a expediente electrónico. Finalmente, en atención a la solicitud que realiza el tribunal de alzada, se comisiona a la Analista Jurídico SISE, a fin de que realice las medidas pertinentes para efecto de que el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, tenga acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo. Notifíquese.

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