Martín Gerardo García Salazar y otros
Expediente 588/2015 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 588/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Martín Gerardo García Salazar y otros
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN DE CUATRO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EN CONSECUENCIA; SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. EN TAL VIRTUD DEVUELVASE EL EXPEDIENTE 280/2012 A SU LUGAR DE ORIGEN, SOLICITANDOE L ACUSE DE RECIBO, Y EN SU OPORTUNIDAD, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE ONCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PRECISADA EN EL AVISO JUDICIAL QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL ACUERDO DE CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Pachuca de Soto, Hidalgo, cuatro de junio de dos mil quince. Visto el oficio 1120/2015, de la Jueza Primera Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, registrado en la oficialía de partes bajo el número 3454/2015, mediante el cual remite cuaderno de amparo en donde obra la demanda de garantías signada por Martín Gerardo García Salazar, en su carácter de apoderado legal de Teresa Silvia Rosales Ramos y José Antonio Méndez Sagaón y/o José Antonio Méndez Sagón; acuerdo de diecisiete de abril del año en curso, y razón actuarial de veinticuatro de los referidos mes y año; además, remite dos copias de la demanda, dos copias simples del acuerdo de diecisiete de abril señalado y oficios 1118/2015 y 1119/2015, con los cuales las autoridades responsables rinden sus respectivos informes justificados; así como el expediente 280/2012; regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de oficio y aun preferente, por ser una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto por el numeral en cita. Primeramente, cabe apuntar que el ordinal 17 de la Ley de Amparo, establece como término para la interposición del juicio constitucional el de quince días, los cuales se computarán de acuerdo a lo que dispone el diverso numera 18 que textualmente refiere lo siguiente: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". De lo anterior, se deduce que dicho término debe contarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley que lo rige; es decir, para realizar el cómputo mencionado en el caso a estudio, la ley aplicable resulta ser el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo, ya que el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de treinta de enero de dos mil quince, dictada por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, dentro del toca civil 470/2013, derivado del Juicio Especial Hipotecario promovido por Alejandro López Serrano, en su carácter de apoderado legal de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, en contra de Teresa Silvia Rosales Ramos y José Antonio Méndez Sagaón y/o José Antonio Méndez Sagón, formando el expediente 280/2012. Por otra parte, de las constancias integrantes del expediente en mención, las que por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su ordinal 2º, se observa que obra agregada copia certificada de la sentencia de treinta de enero de dos mil quince, emitida dentro del toca civil 470/2013, del índice de la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo; y en la foja ciento dieciocho se advierte que la notificación del acto reclamado se realizó a aquí quejoso de manera personal el seis de febrero de dos mil quince, la cual surtió sus efectos en el momento mismo en que se realizó, atento a lo establecido por el ordinal 127 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, que a continuación se transcribe: "Artículo 127.- Los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación.". Asimismo, la certificación realizada en el escrito de demanda conforme a lo ordenado por el numeral 178, fracción I, de la ley de la materia, indica como fecha de notificación del acto reclamado al ahora quejoso, el seis de febrero de dos mil quince, misma que coincide con la asentada en el expediente referido; así como data de presentación de la demanda el nueve de abril del año en curso, mediando como días inhábiles entre ellas los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintidós y veintiocho de febrero; uno, siete, ocho, catorce, quince, dieciséis, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de marzo; así como uno, dos, tres, cuatro y cinco de abril dos mil quince. Bajo ese orden de ideas y toda vez que la notificación del acto reclamado surtió sus efectos al día siguiente a aquel en que se practicó, atento a lo establecido por este tribunal colegiado en la tesis: TC292002.10CI1, del siguiente rubro y texto: "NOTIFICACIONES EN MATERIA CIVIL. SURTEN EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUEN, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO PRO PERSONA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO). Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo en vigor, disponen, que el plazo genérico para la interposición del amparo es de quince días, y que el cómputo del mismo iniciará desde el día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución. Ahora bien, del análisis de los arábigos 109 a 126, del capítulo V, denominado Notificaciones, del Título Segundo, intitulado Reglas Generales, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo se advierte, que no hay una regla específica, que determine el momento a partir del cual surten efectos las notificaciones. En ese sentido, para suplir la oscuridad o insuficiencia de esa disposición, se debe acudir al principio interpretativo pro personae, contenido en el párrafo segundo del artículo 1°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y, consecuentemente, a preferir las interpretaciones que más favorezcan los derechos de la persona humana, y armonizarlo con la garantía de los particulares al acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, prevista en el artículo 17 de la propia Constitución; y establecer, que aun cuando el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, no prevea expresamente cuándo surten efectos las notificaciones, atendiendo al mayor beneficio para las partes, el juzgador deberá considerar, que surten sus efectos al día siguiente al en que se practiquen, pues sólo así, el quejoso contará con uno más para acceder a la jurisdicción mediante la presentación de su demanda de amparo, lo que no sucedería en el caso de que surtieran efectos el mismo día.". El término de quince días para la presentación de la demanda de garantías transcurrió del diez de febrero al dos de marzo de dos mil quince, descontando los días inhábiles indicados en el párrafo que precede; por lo tanto, si la demanda fue presentada ante la responsable hasta el nueve de abril de dos mil quince, es inconcuso que la misma se presentó extemporáneamente, razón por la que el acto reclamado fue tácitamente consentido por el quejoso, amén de que no se encuentra en ninguno de los casos excepcionales contenidos en el numeral 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con el diverso 62, ambos del ordenamiento legal anteriormente invocado, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Martín Gerardo García Salazar, en su carácter de apoderado legal de Teresa Silvia Rosales Ramos y José Antonio Méndez Sagaón y/o José Antonio Méndez Sagón, en contra de la sentencia de treinta de enero de dos mil quince, dictada por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, dentro del toca civil 470/2013, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 179 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Si bien es cierto, la anterior determinación resulta por tratarse de un estudio de orden oficioso del que se tiene la obligación de realizar por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, no pasa desapercibido para este órgano constitucional que la demanda de garantías fue presentada ante una autoridad distinta a la que emitió el acto reclamado, esto es, ante el Juzgado Primero Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo; pues lo que aquí se reclama es la sentencia de treinta de enero del año en curso, dictada por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en el toca civil 470/2013, y tratándose de la presentación de la demanda de amparo directo, el diverso ordinal 176 de la referida legislación prevé que debe hacerse ante la autoridad responsable, que es la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j) y III; de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo a las partes para su conocimiento. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizado para tales efectos, los indicados en la demanda de amparo. En su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de treinta de marzo de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de la misma anualidad y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, última reforma publicada el doce de diciembre de dos mil siete, derogó en términos de su artículo cuarto transitorio, los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; así como con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de veintinueve de enero de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero del mismo año, y cuya última reforma fue publicada el ocho de mayo de dos mil quince, en concordancia con lo preceptuado en el artículo Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º, 3º, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; por último, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.
- Juicio de Amparo Directo
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