Martin Gaspar Ortiz

Expediente 908/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
908/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
10/12/2020

Partes del expediente

  • Martin Gaspar Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    MESA I "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el diez de noviembre de dos mil veinte en el amparo en revisión 20/2020 de esa estadística, de la que se advierte que confirmó la sentencia recurrida, asimismo, devuelve el original del juicio de amparo en que se actúa, un cuaderno de pruebas y un disco compacto. Acúsese el recibo de estilo; y, agréguese al expediente el cuaderno de antecedentes respectivo, a partir del acuerdo relativo a la interposición del referido medio de impugnación, para evitar la voluminosidad de este asunto y para su mejor manejo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales consiguientes. Ahora, de la resolución emitida por el Tribunal de alzada se advierte que confirmó la determinación recurrida, donde se negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso MARTÍN GASPAR ORTIZ. Por tanto, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, devuélvase a la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, un disco compacto y el cuaderno de pruebas que remitió como apoyo a su informe justificado, dado que carece de objeto que continúe en este Juzgado. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA I-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes el escrito del quejoso ..., y firma a ruego de ..., por medio del cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; por tanto, procédase conforme a lo dispuesto por los artículos 80, 81, inciso e), 84, 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Amparo, remítanse los presentes autos, un tomo de prueba y un disco certificado en formato DVD al Tribunal Colegiado que corresponda, una vez que se encuentre debidamente integrado, instruyéndose al secretario para que vigile el cumplimiento de esta orden, para la substanciación del recurso de revisión; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y distribúyanse entre las demás partes las copias del escrito de expresión de agravios para los efectos legales correspondientes. Finalmente, visto el estado de autos y de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió en exceso el plazo de tres días concedido en proveído de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, a la parte tercero interesada, para que compareciera al presente juicio constitucional si a sus intereses conviniere, y para que señalara domicilio dentro del ámbito de la residencia de este juzgado, para oír y recibir notificaciones, sin que haya comparecido ni señalado domicilio; en consecuencia se hace efectivo el apercibimiento decretado y con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a dicha parte procesal por lista de acuerdos, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en la Ciudad de Oaxaca o zonas conurbadas, para tal efecto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MESA I B "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 908/2019; y, (...)= R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ....contra el acto reclamado a los Magistrados de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal, consistentes en la resolución de fecha seis de septiembre de dos mil diecinueve, dictada dentro en toca penal *..... SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. "EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO,,SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS, LA PRESENTE DETERMINACIÓN HASTA EL DIA DE HOY, DEBIDO A QUE EL EXPEDIENTE FUE TURNADO AL ÁREA DE ACTUARIA EL TRES DEL ACTUAL"

  4. Principal

    VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 908/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, y recibido en este órgano jurisdiccional el tres siguiente, MARTÍN GASPAR ORTÍZ demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de los Magistrados de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, consistentes en: ".ACTO RECLAMADO: 1.- La resolución de fecha seis de septiembre de dos mil diecinueve, dictada dentro de la Toca Penal JOTP/34/2019." SEGUNDO. En auto de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, este Juzgado admitió la demanda; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que legalmente le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; ordenó emplazar a CARMEN GASPAR MARTÍNEZ, representante legal de A.L.G.G. y a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado, y, citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo con el resultado del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y las razones de la jurisprudencia P./J. 40/2000 y tesis aislada número P. VI/2004 , se fijan en forma clara y precisa los actos reclamados del análisis integral de la demanda de amparo, en vinculación con la totalidad de la información que obran en el presente juicio, a saber: -La resolución dictada el seis de septiembre de dos mil diecinueve en el toca penal JOTP/34/2019, que confirmó la diversa de doce de febrero anterior, de la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, donde excluyó diversos medios de prueba ofrecidos por la defensa del imputado, en la causa penal 371/2018. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Magistrados de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal, al rendir su informe justificado (foja 22), aceptó la existencia del acto reclamado. Como apoyo a su informe, remitió el original del toca penal JOTP/34/2019; y, un disco certificado en formato DVD, que dijo contiene el registro de audio y video de la audiencia intermedia de doce de febrero de dos mil diecinueve, así como un archivo en formato PDF con la resolución del auto de apertura a juicio de la misma fecha, los acuerdos de dieciocho y veintiocho de febrero del año en curso, y, uno de marzo siguiente, con sus respectivas notificaciones, deducidos de la causa penal 371/2018. CUARTO. Antecedentes: 1.- El doce de febrero de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia intermedia en la causa penal 371/2018, en donde la representación social formuló acusación contra el imputado por el delito de tentativa de violación equiparada, previsto y sancionado por el artículo 247, primer párrafo, en su segunda parte, en relación con los artículos 10, fracción II y 57, del Código Penal vigente en el Estado; asimismo, anunció sus pruebas, al igual que la defensa; se llevó a cabo el debate entre las partes respecto de las mismas y la juez resolvió al respecto, admitiendo las siguientes pruebas que habrán de desahogarse en juicio por parte del Ministerio Público: 1.- Las testimoniales de la menor víctima A.L.G.G. 2.- La declaración de MARÍA ISABEL GASPAR GASPAR. 3.- La declaración del menor FREDY GASPAR GASPAR. 4.- La declaración de ERNESTO LÓPEZ RODRÍGUEZ. 5.- La declaración de CARMEN GASPAR MARTÍNEZ. 6.- La declaración de CIRINO SANTA ANA GARCÍA, médico general del Centro de Atención Múltiple (CAM). 7.- La declaración de EDUARDO ROQUE SANTIAGO, médico del Hospital Psiquiátrico "Cruz del Sur". 8.- La declaración de la perito médico de la Fiscalía General del Estado, MARIEL IVONNE CRISANTO CONTRERAS. 9.- La declaración de la perito en materia de psicología ALMA LUISA SALAZAR GUZMÁN, dependiente de la Fiscalía General del Estado. 10.- Copia certificada del acta de nacimiento de la menor víctima. Por lo que respecta a la reparación del daño, admitió: 1.- La declaración de CARMEN GASPAR MARTÍNEZ. 2.- La declaración del Agente Estatal de Investigaciones MIGUEL MARTÍNEZ TERÁN. 3.- Original del comprobante de pago, expedido por la Fundación Teletón a favor de la menor. 4.- Recibo único estatal, de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. En cuanto a la pena, admitió: 1.- La testimonial de CARMEN GASPAR MARTÍNEZ. 2.- La declaración del Agente Estatal de Investigación MARIO SIERRA ROJAS. 3.- Copia certificada del acta de nacimiento de la menor. Por parte de la defensa, quien manifestó que las pruebas tienden a demostrar que su defendido no realizó el hecho que se le imputa; admitió como pruebas que habrán de desahogarse en juicio: 1.- La declaración de la perito químico de la Fiscalía General del Estado, ADRIANA RODRÍGUEZ TRONCOSO. 2.- La declaración de JUAN MANUEL GÓMEZ LÓPEZ, perito químico de la Fiscalía General del Estado. En cambio, excluyó: 1.- La testimonial de la médica psicóloga MERCEDES LORENA PÉREZ MORGA, y las periciales de la médica MARIEL IVONNE CRISANTO CONTRETAS y la psicóloga ALMA LUISA SALAZAR GUZMÁN. Lo anterior, señaló (1:28:04), porque no se expuso porqué son pertinentes, ya que la inocencia del imputado está investida de esa presunción, no precisó qué relación guardan esos testimonios con la postura que va asumir en la audiencia de juicio, máxime, dijo, que si bien ya fueron ofrecidas por la institución ministerial, en el ejercicio de contradicción que tiene la defensa podrá extraer la información de dichos testigos al momento de contra interrogarlos conforme a la postura que pretenda plantear; por lo que serían sobreabundantes tales testimonios, ya que van hablar de los mismos aspectos que la fiscal ofreció su declaración (1:29:50). Lo que se desprende del audio y video de la audiencia intermedia contenida en el disco DVD, que remitió la autoridad responsable como apoyo a su informe justificado. 2.- El doce de febrero de dos mil diecinueve, la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, dictó el auto de apertura del juicio a prueba. 3.- Inconforme, el imputado, aquí quejoso, con la exclusión de las pruebas que ofreció en la audiencia intermedia, interpuso recurso de apelación. Datos que obran en formato PDF en el DVD, remitido por la responsable. 4.- El cinco de septiembre de dos mil diecinueve, la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ordenó formar el toca JOTP/34/2019. 5.- El seis de septiembre de dos mil diecinueve, la citada Sala dictó resolución en el toca penal JOTP/34/2018, en la que declaró improcedente en cuanto al fondo el recurso de apelación formulado por el imputado MARTÍN GASPAR ORTÍZ; y, confirmó la resolución en la que la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, excluyó diversos medios de prueba ofrecidos por la defensa del imputado en la causa penal 371/2018. Datos que se deprenden del toca penal JOTP/34/2019, remitido por la autoridad responsable. Esta última resolución constituye el acto reclamado. QUINTO. Estudio del acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación formulados por el quejoso. Aduce en esencia, que la responsable viola en su perjuicio los derechos humanos y garantías individuales que consagran a su favor los artículos 1, 14, 16, 17 y 20, apartado B, Constitucionales. Es así, señala, porque en la resolución reclamada, primero declara improcedente en cuanto al fondo el recurso de apelación formulado por el imputado, y en segundo lugar, confirma la resolución de fecha catorce de febrero de dos mil diecinueve, en la que la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, excluyó diversos medios de prueba ofrecidos por su defensa. Lo anterior, dice, vulnera su derecho humano a probar, al considerar que las periciales de la médica Mariel Ivonne Crisanto Contreras y la psicóloga Alma Luis Salazar Guzmán, son inconducentes, por ser desconocido para el Tribunal de Alzada, así como para la jueza de control, lo que pretende probar. Lo que es equivocado, afirma, porque dichas pruebas fueron ofrecidas para demostrar que no realizó los hechos por los que se le acusa; además de que para su defensa es muy importante el testimonio de las peritos, ya que al tratarse de un delito de carácter sexual, en donde el solo testimonio de la víctima puede ser fundamental en el fallo, la fiscal podría desistir de tales pruebas en su perjuicio. Aparte, señala, la consideración de la responsable de que en la etapa que nos ocupa los citados medios de prueba no son aptos para demostrar un evento, implica que está prejuzgando, porque en la etapa de juicio es en donde se valoran las pruebas, no en la etapa intermedia. Que si bien tales pruebas fueron admitidas a la fiscalía, ésta puede desistirse si a sus intereses conviniere, por lo que por seguridad jurídica su defensa las hizo suyas. Lo anterior, porque diversos datos de prueba que fueron tomados en cuenta al dictar el auto de vinculación a proceso, no fueron ofertados en la intermedia, por lo que existe el temor de que la fiscalía se vaya a desistir de las referidas pruebas. Que dichas pruebas no tienen ninguna restricción legal para ser excluidas, por lo que debe protegerse su derecho de defensa consagrado en los artículos 14 y 20 Constitucionales. No le asiste razón. En efecto, la Sala responsable, en lo conducente expuso: ".34. A pesar de ello, en el asunto fue adecuada la determinación de excluir los medios de prueba consistentes en las periciales de la médica Mariel Ivonne Crisanto Contreras y la psicóloga Alma Luis Salazar Guzmán, empero, no por resultar sobreabundantes como resolvió la juzgadora, sino en virtud de ser inconducentes para la defensa. Según el diccionario de la real academia de la lengua española, inconducente significa: no conducente para un fin. 35. Esto es que los referidos medios de prueba no conducen a un fin o propósito determinado para la defensa, por ser desconocido para este Tribunal de alzada como para la Jueza de Control lo que se pretende probar. Lo que se traduce en que dichos medios de prueba no son aptos para demostrar un evento, por ser incognito. 36. Máxime que como refiere el propio imputado, a la agente del Ministerio Público le fueron admitidas las mismas pruebas, por lo que no había necesidad de que su defensor las hiciera suyas (sic). Debido a que como refirió la Jueza de Control, la defensa en la audiencia de debate estaría en condiciones de obtener la información que requiera para sustentar su teoría del caso, la cual se desconoce hasta este momento. 37. Así mismo, no le asiste la razón al imputado, al señalar que la fiscalía podría desistirse de las pruebas periciales y no desahogarlas en la audiencia de Juicio Oral, lo que ocasionaría que se vulnerara su derecho de defensa adecuada y no se hiciera efectivo el principio de contradicción. Al respecto, se tiene que estas manifestaciones son opiniones subjetivas, al versar sobre un acontecimiento futuro desconocido, por tanto, es infundado señalar que se vulneraría su derecho de defensa y el principio de contradicción, por ser un hecho que no ha pasado y no existe probabilidad de que así suceda. 38. Lo anterior, aunado a que en los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se patentiza que una de las garantías de defensa de todo imputado durante el procedimiento penal, consiste en la posibilidad de aportar todos los medios de prueba que considere adecuados, por ello, los Jueces y tribunales se encuentran constreñidos constitucionalmente a lo establecido en los dispositivos legales citados en primer término, que únicamente imponen como limitante, que las pruebas que se aporten al proceso no sean manifiestamente impertinentes, que no tengan por objeto acreditar hechos público y notorios, así como que no hayan sido obtenidas por medios ilícitos, con la correlativa obligación de la autoridad de recibirlas, admitirlas y desahogarlas. 39. Así de la interpretación sistemática de los dispositivos constitucionales citados, se infiere que la Constitución establece a favor del imputado en el proceso penal de corte acusatorio, el derecho de que el Juez de Control, al momento de celebrar la audiencia intermedia o de preparación a juicio oral, admita las pruebas que ofrezca, siempre que puedan ser conducentes y no vayan contra el derecho, pues se está en presencia de un derecho fundamental reconocido como garantía individual, y su observancia no debe quedar al arbitrio o discrecionalidad del juzgador de juicio oral. 40. De ahí que cuando el imputado o el Ministerio Público ofrezca alguna prueba en la citada etapa, sea admitida por el Juez de Control y el tribunal de debate la tiene por no desahogada sin tomar las medidas a su alcance para posibilitarlo, ese proceder implica, sin duda, una violación al derecho fundamental de defensa que produce la reposición del procedimiento desde el estado procesal donde se cometió la violación. 43. En consecuencia, contrario a lo apreciado por el apelante, la Jueza tomó en cuenta que las citadas peritas pueden arrojar información sobre los hechos para esclarecer la verdad del caso; ya que el defensor refirió que los puntos sobre los que tratarían las peritas, eran exactamente los mismos por los que ofreció esos medios de prueba la agente del Ministerio Público." Tal determinación se estima correcta. En efecto, los artículos 334 y 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 334. Objeto de la etapa intermedia. La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio." "Artículo 346. Exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate. Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el Juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio aquellos medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, así como aquellos en los que se actualice alguno de los siguientes supuestos: I. Cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios, en virtud de ser: a) Sobreabundante: por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo, testimonial o documental, que acrediten lo mismo, ya superado, en reiteradas ocasiones; b) Impertinentes: por no referirse a los hechos controvertidos, o c) Innecesarias: por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos; II. Por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales; III. Por haber sido declaradas nulas, o IV. Por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este Código para su desahogo. En el caso de que el Juez estime que el medio de prueba sea sobreabundante, dispondrá que la parte que la ofrezca reduzca el número de testigos o de documentos, cuando mediante ellos desee acreditar los mismos hechos o circunstancias con la materia que se someterá a juicio. Asimismo, en los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, el Juez excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima. La decisión del Juez de control de exclusión de medios de prueba es apelable." Conforme a los invocados preceptos, la etapa intermedia o de preparación de juicio oral, tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, para lo cual las partes podrán solicitar al juez de control que dé por acreditados ciertos hechos, de forma que ya no sean materia de debate en el juicio oral. De igual forma, que durante el desarrollo de esta audiencia, el juez de control concederá el uso de la palabra a las partes para que realicen las solicitudes, observaciones y planteamientos que estimen relevantes respecto de la admisión o inadmisión de los medios probatorios ofrecidos. Además, que es facultad del juez de Control de excluir aquellos medios de prueba que no se refieran al objeto de la investigación, ni sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, así como los que actualicen los supuestos establecidos. En el caso concreto, tenemos que en la audiencia intermedia celebrada el doce de febrero de dos mil diecinueve, la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, dentro de la causa penal 371/2018, determinó excluir los medios de prueba ofrecidos por el defensor particular, consistentes en: las periciales de la médica MARIEL IVONNE CRISANTO CONTRERAS y la psicóloga ALMA LUISA SALAZAR GUZMÁN, de lo que se inconforma el quejoso. Lo anterior, dijo la Juez, en razón de que no se expuso porqué son pertinentes, ya que la inocencia del imputado está investida de esa presunción; no precisó qué relación guardan esos testimonios con la postura que va asumir en la audiencia de juicio; máxime, dijo, que si bien ya fueron ofrecidas por la institución ministerial, en el ejercicio de contradicción que tiene la defensa podrá extraer la información de dichos testigos al momento de contra interrogarlos conforme a la postura que pretenda plantear; por lo que, señaló la Juez, serían sobreabundantes tales testimonios, ya que van hablar de los mismos aspectos que la fiscal ofreció su declaración. Bajo esa óptica, se considera correcta la decisión de la Sala responsable, al confirmar la resolución de su inferior vertida en la audiencia intermedia, en el aspecto relativo a la exclusión de las mencionadas pruebas, en la medida en que la defensa no expuso la finalidad de las mismas, diversa a probar la inocencia de su defendido, que es un hecho que se presume hasta que la representación social demuestre lo contrario, pues en la citada audiencia (1:08:55), dijo que por estrategia de la defensa no expondría la teoría del caso y que las pruebas eran tendentes a acreditar que su defendido no realizó la conducta que se le imputa. Además, porque si la representación social las ofreció y le fueron admitidas, en la audiencia de juicio tendrá la oportunidad de obtener o extraer la información que requiera para sustentar su teoría del caso. Por tanto, era innecesario admitirlas nuevamente; y, en cuanto al hecho de que la representación social pudiera desistir de las mismas en la audiencia de juicio, no es una razón objetiva por la cual debieron admitirse. En consecuencia, la resolución reclamada, contrario a lo que aduce la parte quejosa, no vulnera su derecho humano a probar, pues se insiste, tendrá esa oportunidad en la audiencia de juicio, en la medida en que las peritos acudirán y ahí su defensor podrá interrogarlas sobre los aspectos que considere necesarios para sustentar su teoría. Además, la exclusión de las pruebas corresponde en la etapa intermedia, cuando se actualizan las hipótesis establecidas en el artículo 346 del ordenamiento legal invocado, como es el caso, lo que no implica una valoración, como lo sostiene el inconforme, y que dice debe realizarse en la audiencia de juicio. Por otro lado, precisamente por ubicarse en una de las hipótesis previstas en el artículo 346 citado, al ser inconducentes, por los motivos expuestos por la Sala responsable, fueron excluidas las pruebas de referencia, de ahí que sí existe una razón legal para ello, contrario a lo que afirma el quejoso. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo solicitado. SEXTO. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a MARTÍN GASPAR ORTÍZ, contra el acto reclamado a los Magistrados de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal, consistentes en la resolución de fecha seis de septiembre de dos mil diecinueve, dictada dentro en toca penal JOTP/34/2019. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. la sentencia se notifica a la parte quejosa, previo aviso, en términos de la ley de amparo.

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