Martin Garcia Noriega

Expediente 303/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
303/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
22/04/2022

Partes del expediente

  • Martin Garcia Noriega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 303/2022-III. Puebla, Puebla, veintidós de abril de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa, no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, en el cual fue desechada la demanda de tutela constitucional. , SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS ORIGINALES....INEXISTENCIA DE ANEXOS. Notifíquese.

  2. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE. JUICIO DE AMPARO 303/2022-III. Puebla, Puebla, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. DESAHOGA PREVENCIÓN Se agrega al expediente el escrito de cuenta signado por el quejoso , mediante el cual pretende desahogar la prevención de veintitrés de marzo de dos mil veintidós y aclara que señala como acto reclamado: La omisión de resolver acerca de la conmutación de la pena concedida en sentencia condenatoria, que solicitó al juez de ejecución a través del escrito de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, y adjunta copia del referido escrito. Además refiere que es tal omisión de que se le proporciones el monto que debe pagar para recuperar su libertad, lo que reclama en la demanda de amparo, porque, bajo protesta de decir verdad mencionó que no ha recibido ninguna notificación. Ahora, en proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintidós se requirió al quejoso aclarara si deseaba reclamar la omisión de darle contestación a su escrito presentado el diecisiete del mismo mes y año o, en su defecto si reclamaba la omisión de resolver (un procedimiento jurisdiccional instaurado bajo las reglas indicadas en la Ley Nacional de Ejecución Penal). Así, aunque el quejoso refiere reclamar la omisión de resolver acerca de la conmutación de la pena concedida en sentencia condenatoria, de su escrito aclaratorio y anexo remitido, se desprende que el quejoso solicitó, mediante escrito presentado ante el juez responsable el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, le fuera proporcionado el monto para pagar la conmutación de la pena, además refirió que con ese escrito instauró el procedimiento respectivo. Por lo anterior se puede afirmar que el quejoso en realidad reclama la omisión de dar contestación (o dar trámite) al escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veintidós en el que solicitó se le proporcione el monto a pagar de la conmutación de la pena y se provea lo necesario del pago de las sanciones pecuniarias a que fueron condenados por el delito de robo agravado o en su caso la prescripción, en autos de la carpeta de ejecución + En tales condiciones, se tiene desahogado el requerimiento efectuado el veintitrés de los corrientes. DESECHAMIENTO. El numeral 113 de la Ley de Amparo1, establece la obligación de examinar la demanda de protección; y si al hacerlo resaltara una causal de improcedencia manifiesta e indudable, procederá el desechamiento de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el presente caso, se observa que la demanda presentada por la parte quejosa debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que el reclamo de la parte quejosa, en esencia, consiste en la omisión del juez de ejecución, de dar contestación al escrito de diecisiete de marzo de dos mil veintidós -con sello de recepción de la misma data-, en el que solicitó se le proporcione el monto a pagar de la conmutación de la pena y se provea lo necesario del pago de las sanciones pecuniarias a que fueron condenados por el delito de robo agravado o en su caso la prescripción, en autos de la carpeta de ejecución + Al respecto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, de la misma legislación, interpretado en sentido contrario, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal preceptúa: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". De los anteriores preceptos, debemos entender que para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales reconocidos en la constitución federal y los tratados internacionales. Las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona.3 En el caso, del escrito aclaratorio, no se advierte que la omisión atribuida al juez de ejecución responsable constituya un acto de imposible reparación que afecte de manera directa los derechos fundamentales del quejoso. Al respecto, no debe perderse de vista que la falta de respuesta a una petición o escrito no viola de forma inmediata y autónoma el derecho de petición del recurrente -consagrado en el referido artículo 8o. constitucional-, pues éste impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular. En el caso, recién el diecisiete de marzo de este año, se presentó el escrito del cual el promovente se duele por su falta de respuesta, por lo que a la fecha de presentación de la demanda (veintidós de marzo de dos mil veintidós) apenas ha trascurrido un día hábil desde que lo presentó hasta el momento en que pretendió accionar en sede constitucional. De lo anterior se colige que no resulta correcto referir que alguna autoridad judicial o administrativa, encargadas de algún procedimiento, violen el derecho de petición de la parte quejosa, cuando no responden a un escrito o promoción presentada en el propio procedimiento, dado que no puede reclamarse de forma autónoma; en cuyo caso, en los procedimientos judiciales o administrativos, existen otras violaciones, como son, el debido proceso y el de acción, lo cual está regulado por diversas disposiciones y no necesariamente constitucionales, por lo que, en estos casos, no existe una violación directa a la constitución. Así es, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, señaló que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene derechos públicos subjetivos que tiene el gobernado, los cuales son oponibles al poder público; así, dentro de los artículos 8o., 14, 16 y 17 constitucionales, se concibió una relación en la que interviene tanto el Estado como el gobernado aplicables en determinados contextos. Respecto del primero de esos numerales, explicó la sala, contiene la obligación de los funcionarios y empleados públicos de respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; de ahí que a toda petición, deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. En relación con dicho precepto, es vasta la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se ha señalado que el derecho de petición implica la obligación correlativa a cargo de la autoridad de dictar el acuerdo correspondiente a la solicitud elevada y de darla a conocer en breve término al peticionario, siendo que éste debe señalar el domicilio en que se deba notificar tal solicitud; asimismo, el referido derecho está reconocido exclusivamente frente a las autoridades, esto es, en las relaciones entre gobernantes y gobernados. De igual forma, explicó la sala, dentro de la relación entre el particular y el gobernado se destacan preceptos constitucionales, como los artículos 14 y 16. En específico, el primero, regula el debido proceso, el cual se cumple de acuerdo con las formalidades esenciales del procedimiento. El segundo, en su parte inicial, consagra la garantía de legalidad. En el precedente en cuestión, la sala explicó que la garantía de debido proceso resulta aplicable a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional, ya sea formal o material permite que los gobernados desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica, para ello, se destacó la tesis "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." De dicho criterio se extrajo que el respeto a la garantía de audiencia por parte de las autoridades se integra, de manera genérica, cuando: i) se notifica el inicio del procedimiento; ii) se da oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; iii) se da oportunidad de alegar; y iv) se emite una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Aunado a lo anterior, explicaron que el diverso 17 constitucional tutela el derecho de acceso a la justicia, conforme al cual, quien ha visto violado un derecho o incumplida una obligación, puede dirigirse a los tribunales para que atiendan a su pretensión, órganos que estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, teniendo el deber de dictar sus resoluciones de manera pronta, es decir, tal precepto normativo establece la obligación de las autoridades jurisdiccionales a emitir las sentencias correspondientes sin dilaciones. De esa forma, se concede a las personas el derecho público subjetivo de acción, conforme al cual, el gobernado tiene el derecho de activar la función jurisdiccional, mientras que el gobernante la obligación para resolver lo sometido a su potestad, en relación con la controversia que se plantea. Continuaron explicando que la misma corte ha considerado el derecho de acceso a la justicia como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Por ello, la tutela judicial efectiva genera dos deberes, uno negativo para que los órganos del Estado se abstengan de obstaculizar a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas y uno positivo, consistente en facilitarles el acceso a la justicia. Bajo tales premisas, cada derecho está construido con una finalidad determinada, pues si bien los derechos previstos en los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gozan de ciertas similitudes por regular las relaciones entre el Estado y el individuo; también lo es que los derechos y obligaciones que se derivan de ellos son diversos, por lo que también generan consecuencias distintas. Entonces, no es posible reclamar de forma autónoma una violación al derecho de petición dentro de un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, pues aun cuando la Constitución regula diversos supuestos mediante los cuales el particular puede entrar en contacto con el Estado, debe atenderse al que regula de manera integral su situación. En esas condiciones, el derecho de petición regula de forma genérica las obligaciones de la autoridad frente a las solicitudes del particular, con la finalidad de obtener una respuesta; pero de forma específica los artículos 14 y 17 constitucionales, dependiendo de si se trata de procedimientos jurisdiccionales o administrativos, seguidos en forma de juicio, regulan el actuar de la autoridad ante peticiones de los particulares, por lo que son estos preceptos los aplicables para dar respuesta a dichas solicitudes, ya que fue el particular el que se sometió a este régimen para entrar en contacto con la autoridad. Así, el derecho como género previsto en el artículo 8o. constitucional pretende que a la petición hecha ante una autoridad le recaiga una respuesta en breve término; en cambio, el artículo 14, así como el 17 constitucionales, prevén el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acción como especie del derecho de petición, mediante los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan las pretensiones deducidas, de manera completa y congruente con lo solicitado. Por tanto, en los procedimientos ventilados ante tribunales, así como de todos aquellos seguidos ante autoridades administrativas que -al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones- realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la construcción de los derechos y obligaciones inmersos en ese derecho, están encaminadas a cumplir con dicha finalidad; tal como también lo dispone el artículo 8o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (derecho de acceso efectivo a la justicia). Lo anterior, habida cuenta de que el debido proceso y el derecho de acción como facultad de provocar la actividad estatal, abren la posibilidad legal de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que le es sometida a su conocimiento de forma congruente y completa, la que constituye el objeto del proceso. Explicado de otra manera, si dentro de un procedimiento material o formalmente jurisdiccional se ejerce el derecho de acción, el desarrollo de dicho proceso se sujeta a los plazos y términos que rigen el mismo, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones. Ello, porque si el gobernado dentro de un procedimiento material o formalmente jurisdiccional promueve o insta al órgano del conocimiento para que resuelva una petición sometida a su consideración, su proceder debe regirse por los derechos al debido proceso y el derecho de acción de los artículos 14 y 17 de la constitución, pues atendiendo a dichos derechos es que el particular puede obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas de forma íntegra, generando a su vez los deberes positivos y negativos desarrollados en párrafos anteriores; es decir, el que la conducta se rija por dichos artículos, permite al particular obtener una mejor respuesta a sus pretensiones y, por ende, una mayor protección, puesto que el derecho de petición sólo obliga a la obtención de una respuesta básica. Abundó la primera sala, al explicar que no podría considerarse que lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la respuesta completa a las solicitudes de los particulares, sólo es aplicable para los procedimientos formalmente jurisdiccionales, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, debiéndose atender a la naturaleza del asunto que se resuelva. Las anteriores premisas interpretativas quedaron resumidas en la siguiente jurisprudencia: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o.constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento.4 En ese contexto, como ya se adelantó, se advierte que el acto reclamado no le produce una afectación directa e inminente a los derechos fundamentales de la parte quejosa. De ahí que, en este caso el amparo indirecto sea improcedente, pues no estamos ante la excepción de procedencia consistente en que la omisión de emitir los pronunciamientos correspondientes afecta el ejercicio de algún derecho sustantivo de la parte quejosa. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia5 de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." Si bien, el quejoso se encuentra recluido en un centro penitenciario, lo cierto es que la propia Ley Nacional de Ejecución Penal establece los plazos en que deben llevarse a cabo los procedimientos jurisdiccionales como el instaurado por el quejoso. Es por eso que esta operadora jurídica considera que el tiempo que ha transcurrido desde la fecha de presentación del escrito que nos ocupa cuya respuesta aún no se emite (un día hábil) a la data de presentación de la demanda, no constituye una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, dada la complejidad de la petición efectuada. Ello, sumado al hecho de que la parte quejosa, tampoco ha vuelto a instar a la autoridad responsable para que dé respuesta a su petición. Por lo tanto, se estima actualizada en forma indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo presentada por + Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 303/2022-III. Puebla, Puebla, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. DESAHOGA PREVENCIÓN Se agrega al expediente el escrito de cuenta signado por el quejoso , mediante el cual pretende desahogar la prevención de veintitrés de marzo de dos mil veintidós y aclara que señala como acto reclamado: La omisión de resolver acerca de la conmutación de la pena concedida en sentencia condenatoria, que solicitó al juez de ejecución a través del escrito de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, y adjunta copia del referido escrito. Además refiere que es tal omisión de que se le proporciones el monto que debe pagar para recuperar su libertad, lo que reclama en la demanda de amparo, porque, bajo protesta de decir verdad mencionó que no ha recibido ninguna notificación. Ahora, en proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintidós se requirió al quejoso aclarara si deseaba reclamar la omisión de darle contestación a su escrito presentado el diecisiete del mismo mes y año o, en su defecto si reclamaba la omisión de resolver (un procedimiento jurisdiccional instaurado bajo las reglas indicadas en la Ley Nacional de Ejecución Penal). Así, aunque el quejoso refiere reclamar la omisión de resolver acerca de la conmutación de la pena concedida en sentencia condenatoria, de su escrito aclaratorio y anexo remitido, se desprende que el quejoso solicitó, mediante escrito presentado ante el juez responsable el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, le fuera proporcionado el monto para pagar la conmutación de la pena, además refirió que con ese escrito instauró el procedimiento respectivo. Por lo anterior se puede afirmar que el quejoso en realidad reclama la omisión de dar contestación (o dar trámite) al escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veintidós en el que solicitó se le proporcione el monto a pagar de la conmutación de la pena y se provea lo necesario del pago de las sanciones pecuniarias a que fueron condenados por el delito de robo agravado o en su caso la prescripción, en autos de la carpeta de ejecución + En tales condiciones, se tiene desahogado el requerimiento efectuado el veintitrés de los corrientes. DESECHAMIENTO. El numeral 113 de la Ley de Amparo1, establece la obligación de examinar la demanda de protección; y si al hacerlo resaltara una causal de improcedencia manifiesta e indudable, procederá el desechamiento de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el presente caso, se observa que la demanda presentada por la parte quejosa debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que el reclamo de la parte quejosa, en esencia, consiste en la omisión del juez de ejecución, de dar contestación al escrito de diecisiete de marzo de dos mil veintidós -con sello de recepción de la misma data-, en el que solicitó se le proporcione el monto a pagar de la conmutación de la pena y se provea lo necesario del pago de las sanciones pecuniarias a que fueron condenados por el delito de robo agravado o en su caso la prescripción, en autos de la carpeta de ejecución + Al respecto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, de la misma legislación, interpretado en sentido contrario, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal preceptúa: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". De los anteriores preceptos, debemos entender que para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales reconocidos en la constitución federal y los tratados internacionales. Las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona.3 En el caso, del escrito aclaratorio, no se advierte que la omisión atribuida al juez de ejecución responsable constituya un acto de imposible reparación que afecte de manera directa los derechos fundamentales del quejoso. Al respecto, no debe perderse de vista que la falta de respuesta a una petición o escrito no viola de forma inmediata y autónoma el derecho de petición del recurrente -consagrado en el referido artículo 8o. constitucional-, pues éste impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular. En el caso, recién el diecisiete de marzo de este año, se presentó el escrito del cual el promovente se duele por su falta de respuesta, por lo que a la fecha de presentación de la demanda (veintidós de marzo de dos mil veintidós) apenas ha trascurrido un día hábil desde que lo presentó hasta el momento en que pretendió accionar en sede constitucional. De lo anterior se colige que no resulta correcto referir que alguna autoridad judicial o administrativa, encargadas de algún procedimiento, violen el derecho de petición de la parte quejosa, cuando no responden a un escrito o promoción presentada en el propio procedimiento, dado que no puede reclamarse de forma autónoma; en cuyo caso, en los procedimientos judiciales o administrativos, existen otras violaciones, como son, el debido proceso y el de acción, lo cual está regulado por diversas disposiciones y no necesariamente constitucionales, por lo que, en estos casos, no existe una violación directa a la constitución. Así es, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, señaló que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene derechos públicos subjetivos que tiene el gobernado, los cuales son oponibles al poder público; así, dentro de los artículos 8o., 14, 16 y 17 constitucionales, se concibió una relación en la que interviene tanto el Estado como el gobernado aplicables en determinados contextos. Respecto del primero de esos numerales, explicó la sala, contiene la obligación de los funcionarios y empleados públicos de respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; de ahí que a toda petición, deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. En relación con dicho precepto, es vasta la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se ha señalado que el derecho de petición implica la obligación correlativa a cargo de la autoridad de dictar el acuerdo correspondiente a la solicitud elevada y de darla a conocer en breve término al peticionario, siendo que éste debe señalar el domicilio en que se deba notificar tal solicitud; asimismo, el referido derecho está reconocido exclusivamente frente a las autoridades, esto es, en las relaciones entre gobernantes y gobernados. De igual forma, explicó la sala, dentro de la relación entre el particular y el gobernado se destacan preceptos constitucionales, como los artículos 14 y 16. En específico, el primero, regula el debido proceso, el cual se cumple de acuerdo con las formalidades esenciales del procedimiento. El segundo, en su parte inicial, consagra la garantía de legalidad. En el precedente en cuestión, la sala explicó que la garantía de debido proceso resulta aplicable a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional, ya sea formal o material permite que los gobernados desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica, para ello, se destacó la tesis "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." De dicho criterio se extrajo que el respeto a la garantía de audiencia por parte de las autoridades se integra, de manera genérica, cuando: i) se notifica el inicio del procedimiento; ii) se da oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; iii) se da oportunidad de alegar; y iv) se emite una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Aunado a lo anterior, explicaron que el diverso 17 constitucional tutela el derecho de acceso a la justicia, conforme al cual, quien ha visto violado un derecho o incumplida una obligación, puede dirigirse a los tribunales para que atiendan a su pretensión, órganos que estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, teniendo el deber de dictar sus resoluciones de manera pronta, es decir, tal precepto normativo establece la obligación de las autoridades jurisdiccionales a emitir las sentencias correspondientes sin dilaciones. De esa forma, se concede a las personas el derecho público subjetivo de acción, conforme al cual, el gobernado tiene el derecho de activar la función jurisdiccional, mientras que el gobernante la obligación para resolver lo sometido a su potestad, en relación con la controversia que se plantea. Continuaron explicando que la misma corte ha considerado el derecho de acceso a la justicia como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Por ello, la tutela judicial efectiva genera dos deberes, uno negativo para que los órganos del Estado se abstengan de obstaculizar a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas y uno positivo, consistente en facilitarles el acceso a la justicia. Bajo tales premisas, cada derecho está construido con una finalidad determinada, pues si bien los derechos previstos en los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gozan de ciertas similitudes por regular las relaciones entre el Estado y el individuo; también lo es que los derechos y obligaciones que se derivan de ellos son diversos, por lo que también generan consecuencias distintas. Entonces, no es posible reclamar de forma autónoma una violación al derecho de petición dentro de un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, pues aun cuando la Constitución regula diversos supuestos mediante los cuales el particular puede entrar en contacto con el Estado, debe atenderse al que regula de manera integral su situación. En esas condiciones, el derecho de petición regula de forma genérica las obligaciones de la autoridad frente a las solicitudes del particular, con la finalidad de obtener una respuesta; pero de forma específica los artículos 14 y 17 constitucionales, dependiendo de si se trata de procedimientos jurisdiccionales o administrativos, seguidos en forma de juicio, regulan el actuar de la autoridad ante peticiones de los particulares, por lo que son estos preceptos los aplicables para dar respuesta a dichas solicitudes, ya que fue el particular el que se sometió a este régimen para entrar en contacto con la autoridad. Así, el derecho como género previsto en el artículo 8o. constitucional pretende que a la petición hecha ante una autoridad le recaiga una respuesta en breve término; en cambio, el artículo 14, así como el 17 constitucionales, prevén el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acción como especie del derecho de petición, mediante los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan las pretensiones deducidas, de manera completa y congruente con lo solicitado. Por tanto, en los procedimientos ventilados ante tribunales, así como de todos aquellos seguidos ante autoridades administrativas que -al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones- realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la construcción de los derechos y obligaciones inmersos en ese derecho, están encaminadas a cumplir con dicha finalidad; tal como también lo dispone el artículo 8o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (derecho de acceso efectivo a la justicia). Lo anterior, habida cuenta de que el debido proceso y el derecho de acción como facultad de provocar la actividad estatal, abren la posibilidad legal de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que le es sometida a su conocimiento de forma congruente y completa, la que constituye el objeto del proceso. Explicado de otra manera, si dentro de un procedimiento material o formalmente jurisdiccional se ejerce el derecho de acción, el desarrollo de dicho proceso se sujeta a los plazos y términos que rigen el mismo, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones. Ello, porque si el gobernado dentro de un procedimiento material o formalmente jurisdiccional promueve o insta al órgano del conocimiento para que resuelva una petición sometida a su consideración, su proceder debe regirse por los derechos al debido proceso y el derecho de acción de los artículos 14 y 17 de la constitución, pues atendiendo a dichos derechos es que el particular puede obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas de forma íntegra, generando a su vez los deberes positivos y negativos desarrollados en párrafos anteriores; es decir, el que la conducta se rija por dichos artículos, permite al particular obtener una mejor respuesta a sus pretensiones y, por ende, una mayor protección, puesto que el derecho de petición sólo obliga a la obtención de una respuesta básica. Abundó la primera sala, al explicar que no podría considerarse que lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la respuesta completa a las solicitudes de los particulares, sólo es aplicable para los procedimientos formalmente jurisdiccionales, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, debiéndose atender a la naturaleza del asunto que se resuelva. Las anteriores premisas interpretativas quedaron resumidas en la siguiente jurisprudencia: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o.constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento.4 En ese contexto, como ya se adelantó, se advierte que el acto reclamado no le produce una afectación directa e inminente a los derechos fundamentales de la parte quejosa. De ahí que, en este caso el amparo indirecto sea improcedente, pues no estamos ante la excepción de procedencia consistente en que la omisión de emitir los pronunciamientos correspondientes afecta el ejercicio de algún derecho sustantivo de la parte quejosa. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia5 de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." Si bien, el quejoso se encuentra recluido en un centro penitenciario, lo cierto es que la propia Ley Nacional de Ejecución Penal establece los plazos en que deben llevarse a cabo los procedimientos jurisdiccionales como el instaurado por el quejoso. Es por eso que esta operadora jurídica considera que el tiempo que ha transcurrido desde la fecha de presentación del escrito que nos ocupa cuya respuesta aún no se emite (un día hábil) a la data de presentación de la demanda, no constituye una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, dada la complejidad de la petición efectuada. Ello, sumado al hecho de que la parte quejosa, tampoco ha vuelto a instar a la autoridad responsable para que dé respuesta a su petición. Por lo tanto, se estima actualizada en forma indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo presentada por + Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa y cúmplase.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 303/2022-III. Puebla, Puebla, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales presentada por , por su propio derecho, contra actos del Juez de Ejecución PREVENCIÓN La lectura integral1 que se hizo a la demanda de protección, llevó a encontrar diversas irregularidades en el señalamiento de los actos reclamado, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. Sobre todo porque las imprecisiones detectadas habrán de impedir la pronta integración del presente juicio, pues no permitirían que las autoridades responsables rindan con precisión sus informes justificados y remitan las actuaciones que respalden los mismos, en detrimento de la justicia expedita que debe asegurarse en este juicio de amparo -si fuera admitido-.Para evidenciar lo anterior, primero, es necesario destacar el señalamiento que como actos reclamados, realizó el promovente:".Del ciudadano juez de ejecución de la región judicial centro, con sede en la ciudad de Puebla, Puebla, reclamo dentro de la carpeta administrativa .". Luego, en el apartado de antecedentes refirió que la causa penal 1005/2019/PUEBLA, en la cual se le impuso una pena de cinco años de prisión y además se le concedió el beneficio de la conmutación de la pena privativa de libertad por el pago de una multa. En su etapa de ejecución, dicha causa dio origen a la carpeta administrativa 59/2019/EJECUCIÓN, de donde emana la omisión reclamada, en la cual no efectuó el pago de la multa para conmutar la pena puesto que fue aprehendido por diversa causa penal, en la cual ya le fue dictada sentencia absolutoria, empero no obtuvo su libertad debido a que tenía pendiente de compurgar la pena referida en el párrafo anterior. Luego, en los conceptos de violación, refiere que la carpeta de ejecución ya tiene más de dos años y en ese tiempo el juez de ejecución debió dar cumplimiento al contenido de los artículos 103 y 106 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, recabando la información correspondiente y determinar la fecha en la que se dará por compurgada la pena, para que pueda cuantificar el monto de la multa para la conmutación de la pena. Con la anterior afirmación, pareciera que el quejoso se duele de la omisión del Juez de Ejecución de resolver sobre la conmutación de la pena que le fue concedida al dictarse sentencia condenatoria, pues indica que no le ha sido indicado el monto de la multa que debe pagar. Empero, omitió mencionar si en efecto ya solicitó al Juez de Ejecución iniciara el procedimiento para obtener el beneficio que le concedió el juez de la causa, referente a la conmutación de la pena, en términos de la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, pues para que el juez pueda pronunciarse al respecto, debe mediar solicitud de su parte, pues no basta con un escrito donde solicite se le señale el monto para acceder a un beneficio para que le sea informado, pues para ello la Ley Nacional de Ejecución Penal estableció un procedimiento. Con independencia de lo anterior, el quejoso refiere reclamar la falta de contestación al escrito de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, pero no indicó si en la misma fecha fue presentado, lo que genera incertidumbre respecto a la violación del artículo 17 de la constitución, pues desde esa fecha a la de presentación de la demanda, solo han transcurrido dos días y se desconoce si el quejoso pudo haber sido notificado, de forma personal en los momentos siguientes a la presentación de la demanda. Con todo lo expuesto, ante la incertidumbre de cuál es en realidad el acto que desea reclamar surge la necesidad de aclarar la demanda, pero ésta debe realizarla el quejoso, porque la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable perfeccionar el señalamiento de los actos reclamados, dado que esto corresponde a quien suscribe la demanda. Así, con fundamento en el artículo 114 fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a Martín García Noriega para que, dentro del plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito con la protesta de decir verdad en el cual: I. Aclare si insiste en reclamar la falta de contestación al escrito de fecha diecisiete de marzo del año dos mil veintidós, a través del cual solicitó se le proporcionara el monto que debe pagar por concepto de conmutación de pena corporal, a fin de recuperar su libertad personal; en cuyo caso deberá indicar la fecha en la que presentó el referido escrito o exhibir copia del acuse de recibo, y si en fechas posteriores a la presentación de la demanda se le ha realizado alguna notificación personal referente al mismo. Pese a que podría actualizarse una causa de improcedencia debido al corto tiempo transcurrido entre la fecha de presentación de dicho escrito y la fecha de presentación de la demanda. II- O en su caso aclare si lo que desea es reclamar al Juez de Ejecución la omisión de resolver acerca de la conmutación de la pena que le fuera concedida en sentencia condenatoria, pero para ello deberá aclarar en qué fecha inició el trámite respectivo, esto es la fecha en la que presentó su solicitud para acogerse a tal beneficio, para justificar, de esa forma, la omisión en resolver sobre el monto para la conmutación de la pena. APERCIBIMIENTO Se formula al quejoso el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas) se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. AUTORIZADO Y DOMICILIO DEL QUEJOSO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicando el escrito de cuenta, en esta ciudad de Puebla. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Martín García Noriega, porque así fue solicitado, además se cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Sin que haya lugar a tener el correo electrónico u número de teléfono como medios de notificación por no estar previstos como tal en la Ley de Amparo, pero se toma nota del mismo para establecer contacto en caso de ser necesario. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa (en el domicilio para oír y recibir notificaciones) y cúmplase.

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