Martin Garcia Huerta
Expediente 350/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 350/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Martin Garcia Huerta
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, quince de mayo de dos mil veintitrés. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que el once de mayo actual feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo de la Ley de Amparo, sin que el promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de veintiséis de abril del año en curso a través del que se desechó la demanda de amparo. En esas condiciones, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la citada ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se declara que dicho auto ha causado estado, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso d) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, tres de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, en Córdoba, mediante el cual remite por incompetencia los autos del juicio de amparo 304/2023 de su índice; lo anterior, sin mayor trámite, ya que el mismo fue recibida el veinticuatro de abril del año en curso vía el correo electrónico institucional de la Oficialía Común de los Juzgados de Distrito de esta sede, turnado a este juzgado el día siguiente y en auto de veintiséis del mes y año en cita se proveyó lo procedente. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte promovente el auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Agréguese a los autos el oficio 8970/2023 signado por la Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba; en atención a su contenido, se le tiene remitiendo por incompetencia legal el juicio de amparo 304/2023 de su índice estadístico, promovido por Martín García Huerta, y recibida en línea, recibido en línea y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, provéase lo conducente. En primer término, con las constancias enviadas, fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 350/2023; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, acúsese recibo. Ahora bien, tal como lo considera el Juzgado declinante, la regla que rige la competencia territorial es la prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que prevé tres hipótesis: a) Es competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso se estima que se actualiza la primera hipótesis, identificada con el inciso a). Las reglas de competencia por razón de territorio, contenidas en el referido precepto, tienen como base fundamental la ejecución material del acto reclamado. En el caso, el quejoso reclama de la 1. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México y otra autoridad, el acto consistente en la aprobación de las reformas a la Ley General de Institución y Procedimientos Electorales publicada el dos de marzo de dos mil veintitrés, misma que tendría ejecución en Cosamaloapan, Veracruz toda vez que el quejoso actualmente es funcionario del Instituto Nacional Electoral, pues tiene el nombramiento de Vocal de Organización Electoral en la Junta Distrital Ejecutiva del Distrito 17 de Cosamaloapan, Veracruz. Así, dicho municipio corresponde a la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional; por tanto, el caso se ubica en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, toda vez que el suscrito comparte los razonamientos que sustentan su declaratoria de incompetencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I de la Constitución Política Federal, 37, 48, 107 y 108 de la Ley de Amparo, SE ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA y se avoca al conocimiento del asunto. DESECHAMIENTO Con fundamento en los artículos 113, 62, 61, fracción XII, de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, porque el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos o legítimos de la quejosa. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De los citados artículos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 198, con registro digital 221353, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Ahora, analizada en su integridad la demanda promovida por Martín García Huerta por propio derecho y en su carácter de Vocal de Organización Electoral de la 17 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz, con sede en Cosamaloapan, se obtiene que reclama la aprobación de las reformas a la Ley General de Institución y Procedimientos Electorales publicada el dos de marzo de dos mil veintitrés, al considerarlas violatorias de derechos humanos. En esencia, aduce que el decreto reclamado contiene normas tendientes a realizar la restructuración de su fuente de trabajo con lo que perdería su empleo, pues el cargo que desempeña, desaparece con motivo de dicha reforma electoral. Ahora bien, en el caso se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII , de la Ley de Amparo, que dispone: Del numeral transcrito se advierte que es presupuesto para la procedencia del juicio de amparo, que sea promovido por la parte agraviada, esto es, por quien resiente una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en con motivo de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). El interés jurídico presupone la existencia de un derecho subjetivo que se dice vulnerado por la actuación de una autoridad, su titular queda facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional para demandar el cese de esa violación. El interés legítimo es aquel interés personal, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, en el entendido que dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, personal, de salud pública o cualquier otra. En ese tenor, cuando el amparo se promueve contra una norma general, para su procedencia, se requiere de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, lo que puede acontecer en dos momentos, con su sola entrada en vigor (autoaplicativa) o con el primer acto de aplicación y a través de un acto concreto de aplicación (heteroaplicativa). Ha sido criterio reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las normas autoaplicativas son aquellas que con su entrada en vigor crean modifican o extinguen una determinada situación jurídica, sin necesidad de que se actualice alguna condición futura. Por su parte, las normas heteroaplicativas no surgen en forma automática -como el anterior supuesto-, sino que su materialización se encuentra sometida a la realización de un evento, es decir, cuando por su sola entrada en vigor no causa perjuicio, sino que requiere de la realización de un acto distinto y posterior al cual está condicionada su aplicación. Para determinar cuándo la norma general es autoaplicativa o heteroaplicativa -señala el Alto Tribunal- se debe atender al concepto de individualización incondicionada de las mismas, lo que constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer en cada caso concreto si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren de forma condicionada o incondicionada. En tal distinción, la norma es individual condicionada o heteroaplicativa, cuando necesita la realización de un acto para que adquiera su individualización, que bien puede revestir de carácter administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan en la hipótesis de la norma general. Caso contrario, cuando la norma es incondicionada o autoaplicativa, las obligaciones de hacer o no hacer nacen con la vigencia de la misma, esto es desde un inicio crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. Es aplicable la jurisprudencia 55/97, Novena Época, registro digital 198200, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Asimismo, orienta la tesis XIX/96, Novena Época, registro digital 200627, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que expresa: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS (DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que para distinguir las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consubstancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional e incluso comprende el acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de lanorma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En este sentido, resulta válido sostener que el carácter autoaplicativo o heteroaplicativo de una disposición es una cuestión (jurídica) diferente a la del acreditamiento del interés jurídico (cuestión de prueba) para reclamarla, pues lo primero se refiere a la obligatoriedad del mandato legal, ya sea que se actualice desde la entrada en vigor o con motivo de un acto concreto de aplicación; en cambio, el interés jurídico se vincula con la afectación que el propio mandato original, la cual es susceptible de probarse mediante un acto de aplicación. En el caso, el quejoso refiere que con la entrada en vigor de la reforma electoral reclamada, atenta contra su fuente de trabajo, desapareciendo estructura, cargos y puestos. Sin embargo, contrario a lo manifestado por la inconforme, la aprobación de las reformas a la Ley General de Institución y Procedimientos Electorales publicada el dos de marzo de dos mil veintitrés, con su entrada en vigor, por sí mismo, no afecta su interés jurídico pues en este momento no existe un acto concreto de aplicación que imponga obligaciones de hacer o no hacer que afecte sus esferas jurídicas, es decir, la norma general impugnada, para la quejosa, no es de carácter autoaplicativa. En efecto, el quejoso refiere que el acto impugnado tiene como consecuencia que desaparezca la plaza en la que actualmente se desempeña, sin respeto a sus derechos laborales. Sin embargo, no se advierte que su relación laboral con motivo de la entrada en vigor de las reformas a la ley reclamada haya concluido; tan es así que para acreditar su interés frente a la norma, refiere que aún labora en la 17 Junta Distrital Ejecutiva en Cosamaloapan, Veracruz. Sin embargo, en la demanda de amparo la citada ley fue reclamada únicamente por su entrada en vigor, y no con motivo de algún despido. Consecuentemente, lo anterior constituye un motivo para colegir que la norma general reclamada, desde la perspectiva autoaplicativa, aun no genera afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa, ante la ausencia de un acto de aplicación, puesto que la misma estará condicionada a que se materialice en lo futuro, es decir, la norma reclamada está condicionada a su aplicación (heteroaplicativa), en los efectos y términos que refiere. Luego, si por el momento no existe un acto de aplicación posterior a la vigencia del decreto reclamado que, desde su inicio, cree, transforme o extinga situaciones concretas en la esfera jurídica de la quejosa, es que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de amparo, toda vez que hasta este momento no existe una afectación material a los derechos sustantivos de la parte promovente, por tanto, procede desechar de plano la demanda de amparo en que se actúa. No se soslaya la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (registro digital 178541), de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ESTABLECER LA NATURALEZA HETEROAPLICATIVA O AUTOAPLICATIVA DE AQUELLAS EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE HACER CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA"; puesto que en el análisis realizado para la conclusión alcanzada, no se requirió de un análisis exhaustivo que se relacione con el fondo de la litis, pues únicamente se verificaron las circunstancias propias del caso expuestas por la quejosa en los actos reclamados y antecedentes de los mismos, para la procedencia del juicio constitucional, donde refirió que por la vigencia de la norma general impugnada, se afectaba su situación laboral, empero, como se demostró, con la vigencia de la misma no se ven concretadas las circunstancias que hecho que mencionan. Debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando a la promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis aislada 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 324, Materia(s): Común, con registro digital 165538, que a continuación se transcribe: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA.- Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo". En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XII, de la propia ley. CONSULTA Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la consulta vía internet, con el nombre de usuario "martin.garciah", mismo que se encuentra vinculado a la cuenta de correo electrónico martin.gar.hue@gmail.com que proporciona el quejoso, como se aprecia de la consulta en el Sistema de Seguimiento de Expedientes: De igual forma, en atención a su diversa solicitud, se le tiene como forma para oír y recibir notificaciones en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley. Ahora, no ha lugar a tener por designados los medios alternativos que menciona para la práctica de notificaciones (correo electrónico y número de celular) ya que por "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO" aprobado el trece de octubre de dos mil veintidós, abrogó los acuerdos de contingencia por COVID-19 que preveía ese medio alternativo, por lo que únicamente se encuentran autorizados los establecidos en la Ley de Amparo. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Notifíquese en términos de ley.
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