MARTÍN GALINDO MOLINA y Otros.
Expediente 1366/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1366/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- MARTÍN GALINDO MOLINA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Del estado procesal que guardan los autos de este juicio de amparo y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este asunto. Asimismo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, la resolución con la cual se sobreseyó en este juicio para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN. Ello es así, pues si bien encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído, lo cierto es que se concedió la suspensión de plano, por lo cual debe conservarse, pues dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio, de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de 2012; además, no existen documentos originales exhibidos por las partes y el expediente carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto vigésimo primero referido. Por lo tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 76, 79 y demás relativos a la Ley de Amparo vigente, se resuelve lo siguiente: R E S O L U T I V O S PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Martín Galindo Molina y Jaime Francisco Salgado Cerrato, por las autoridades mencionadas en el resultando primero, respecto de los actos reclamados destacados en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Como está ordenado en el considerando cuarto, entréguese copia autorizada de este fallo a la parte que lo solicite y esté legitimada para ello. TERCERO. Cúmplase lo establecido en el considerando último de esta resolución.
- Principal
Téngase por recibido el informe justificado que rinde la autoridad responsable perteneciente al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz; con su contenido, así como con el de las constancias que anexa, dese vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo; asimismo, como lo solicita la autoridad oficiante, con fundamento en el artículo 9º de la Ley de Amparo, ténganse como sus delegados a los profesionistas que indica. Por otra parte, agréguese a los autos el diverso comunicado remitido por el Encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente"; en atención a su contenido, estese a lo acordado en el proveído de dieciocho del mes y año en curso (foja 16), en el que se tuvo por inexistente a la autoridad que la parte quejosa denominó como "Representante del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco ´Oriente´, con supuesta residencia en Villa Aldama, Veracruz".
- Principal
Analizada la demanda de amparo promovida Martín Galindo Molina y Jaime Francisco Salgado Cerrato, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Cerro de León, Municipio de Villa Aldama, Veracruz, y otra autoridad; con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 35, 107, 108, 110, 115, y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos; en consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y regístrese el juicio de amparo con el número 1366/2015, que le corresponde. SUSPENSIÓN DE PLANO En primer término, dado que el acto reclamado en la demanda que se provee se hace consistir en la falta de atención médica y medicamentos requeridos por la parte quejosa, en relación con los padecimientos que aduce; por tanto, con fundamento en los artículos 125 y 126, en relación con el artículo 15 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano a favor del quejoso, por lo que las autoridades responsables deberán proporcionarle la atención médica, además de los medicamentos que requiera la parte quejosa, en relación con los padecimientos que aduce. Se previene a las autoridades responsables para que informen a este órgano jurisdiccional en el término de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, en relación con los artículos 103 y 107 Constitucionales. Hágase saber a las autoridades que la violación de esta medida suspensional entraña la comisión de un delito, conforme con lo que disponen los artículos 262 y 266, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse o seguirse ejecutando el acto que se les reclama, de inmediato se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para los efectos a que haya lugar. Cabe destacar que si bien no todos los actos reclamados encuadran exactamente en las hipótesis del artículo 22 Constitucional, se considera procedente conceder la suspensión de plano, porque se aducen violaciones a derechos humanos y la medida es acorde con el principio Pro Hómine. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión, debido a que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En términos del artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las DOCE HORAS DEL DOS DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE, para la celebración de la audiencia, la cual se objetivamente atendiendo a la disponibilidad de fechas que presenta la agenda de audiencias. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que en el término de quince días, rindan su informe justificado. Dicho informe deberá ser rendido en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, remitiendo a este juzgado: 1) Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley de Amparo. 2) En orden. 3) Completas y legibles. 4) Asimismo, cuando las autoridades adviertan que cesaron los efectos del acto reclamado, o se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberán informarlo a este juzgado, remitiendo al efecto, copia certificada de las constancias que así lo acredite, lo anterior con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se apercibe a las autoridades responsables que, en caso de no hacerlo así, y con las copias respectivas, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone los artículos 117, en relación con el diverso 260, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. CONSTANCIAS PARA RESOLVER Con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables pertenecientes al Centro Federal de Readaptación Social número Cinco Oriente, con residencia en Villa Aldama, Veracruz, para que al rendir su respectivo informe justificado remitan copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias relativas al expediente médico de los quejosos, en ese centro penitenciario; apercibidas que de no hacerlo en los términos señalados, se les impondrá una multa por el equivalente de CINCUENTA A MIL días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Se hace de su conocimiento que la fracción I del artículo 262 de la Ley de Amparo, establece una pena de tres a nueve años de prisión destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad. Tiene aplicación la tesis siguiente: Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra podrá por deberá, se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. INFORMACIÓN DE EGRESOS En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a Ley de Amparo, constituye un hecho notorio que diversos juicios radicados en este juzgado, han sido sobreseídos, en atención a las múltiples órdenes de egreso de internos efectuadas en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con residencia en la congregación Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz. En mérito de lo anterior, se solicita atentamente al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, con residencia en Villa Aldama, Veracruz, que informe a este Juzgado si los quejosos Martín Galindo Molina y Jaime Francisco Salgado Cerrato egresaron por algún motivo de tal centro de reclusión y, de ser el caso, deberá acreditar su dicho con las copias certificadas correspondientes. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en lo previsto por el artículo 13, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se designa como representante común a Martín Galindo Molina. TERCERO INTERESADO Dada la naturaleza del acto reclamado, se considera que en el caso no existe tercero interesado, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Con fundamento en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena efectuar las notificaciones que deriven de este juicio de manera personal en el Centro Federal de reclusión de la parte quejosa. NOTIFICACIONES MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Notifíquese la radicación del presente juicio a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo y dese la intervención que legalmente le corresponde; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda. AUTORIDADES RESPONSABLES Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a las autoridades responsables, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES Por otra parte, conforme con lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de la autoridad responsable, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en caso de que las autoridades que señaló como responsables no existan con la denominación o en la localidad indicada, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes y suspendida toda comunicación con éstas. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a las partes que con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica.
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