Martín Francisco Romero Rodríguez

Expediente 1275/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1275/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
30/05/2019

Partes del expediente

  • Martín Francisco Romero Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de mayo de dos mil diecinueve. Vistos los autos que integran el presente juicio de amparo, se advierte que ha transcurrido el término de tres días otorgado a las partes mediante proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve (foja 223), por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito procede al examen de los elementos que obran en el expediente, para resolver si la sentencia pronunciada en autos está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Lo anterior, con apoyo además en la tesis jurisprudencial número 26/2000 , bajo el rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Así, el análisis de las constancias de autos revela que en el presente juicio, mediante sentencia terminada de engrosar el quince de marzo de dos mil diecinueve, por la Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en apoyo a este órgano judicial, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Martín Francisco Romero Rodríguez, contra actos del Juez Primero de lo Penal, con sede en Tijuana, Baja California -autoridad sustituta del Juzgado Segundo de lo Penal-, para el efecto siguiente: "1. Que el Juez Primero de lo Penal, con sede en Tijuana, Baja California -autoridad sustituta del Juzgado Segundo de lo Penal-, deje insubsistente el auto de formal prisión uno de septiembre de dos mil diez, emitida en la causa penal 481/2010 -ahora 353/2017-, únicamente en relación con el aquí quejoso Martín Francisco Romero Rodríguez. 2. Dicte una nueva determinación en la que siga los lineamientos dados en la presente ejecutoria de amparo, es decir, prescinda de tomar en consideración las declaraciones ministeriales del aquí quejoso y sus coinculpados, rendidas ante el Representante Social Investigador el veinticinco de agosto de dos mil diez; así como los informes policiales en las averiguaciones previas 4932/10/206/AP y 2773/10/20B/AP , y con libertad de jurisdicción pondere tanto en lo individual como en su conjunto el resto de las pruebas que obran en el sumario para determinar lo correspondiente en torno a la acreditación del cuerpo de los delitos de asociación delictuosa y robo con violencia y la probable responsabilidad del aquí quejoso en la comisión de los mismos." Mediante proveído de nueve de mayo de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriado dicho fallo y se requirió a la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal, con sede en Tijuana, Baja California, para que informara el cumplimiento dado a la sentencia en comento (fojas 192 a 194). Así, mediante oficio recibido el dieciséis de mayo del año en curso (foja 203), la autoridad responsable informó haber dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo, en relación al quejoso de mérito, y al efecto, adjuntó copia certificada del auto de plazo constitucional dictado el quince de mayo de la anualidad que transcurre, dentro de la causa penal 481/2010, ahora 353/2017 de su índice, a través del cual dejó insubsistente el auto de formal prisión uno de septiembre de dos mil diez, únicamente en relación con el aquí quejoso Martín Francisco Romero Rodríguez y siguiendo los lineamientos precisados en la sentencia concesoria de amparo, por los razonamientos expuestos en el considerando tercero, de la citada resolución, la responsable estableció los motivos por los cuales excluyó de valor probatorio a las declaraciones ministeriales del aquí quejoso y sus coinculpados Valeriano Acosta de la Rosa, Francisco López Reyes y José Ramón Pacheco Rodríguez, rendidas ante el Representante Social Investigador, el veinticinco de agosto de dos mil diez; así como los informes policiales en las averiguaciones previas 4932/10/206/AP y 2773/10/20B/AP (fojas 210 y 211). En el mismo orden, la autoridad judicial responsable, dentro del considerando cuarto del auto de plazo constitucional en análisis, expuso las razones por las cuales no consideró acreditado el cuerpo del delito de asociación delictuosa, ni la probable responsabilidad del aquí quejoso Martín Francisco Romero Rodríguez, lo que motivó a que se le dictara auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas legales, por lo que a dicho antijurídico se refiere (foja 211). En otro aspecto, dentro de la resolución de término constitucional, precisamente en el considerando quinto, la responsable de que se trata, estableció lo relativo al cuerpo del delito de robo con violencia imputado al impetrante Martín Francisco Romero Rodríguez, el cual por los razonamientos expuestos consideró plenamente acreditado; sin embargo, dentro del considerando sexto expuso los razonamientos lógico jurídicos por los que determinó que no se encontró acreditada la probable responsabilidad penal del antes mencionado, en la comisión del referido ilícito, lo que motivó le decretara auto de libertad por falta de elementos para procesar en su favor, también por dicho delito, ordenado así su libertad, al Director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad (fojas 211 a 221). Lo anterior, efectuándolo el Juez Primero de lo Penal, con sede en Tijuana, Baja California -autoridad sustituta del Juzgado Segundo de lo Penal-, con libertad de jurisdicción, ponderando tanto en lo individual como en su conjunto, los elementos de prueba que obran en la causa penal 481/2010, ahora 353/2017, para determinar lo correspondiente en torno a la acreditación del cuerpo de los delitos de asociación delictuosa y robo con violencia, así como la probable responsabilidad del quejoso Martín Francisco Romero Rodríguez, en los términos que se precisaron dentro de la resolución de plazo constitucional analizada. Documentales que obran en autos y que tienen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; y que al haber sido expedidas por la autoridad responsable en el ejercicio de sus funciones, gozan de la presunción de plena legalidad en cuanto a las aseveraciones contenidas en esas documentales, y por consiguiente son bastantes para tener por cumplido el fallo protector. Por todo lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 196 y 214, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida en sus términos la ejecutoria pronunciada en este asunto; sin que se advierta de las constancias analizadas anteriormente que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto en el referido cumplimiento, menos aún que existiera imposibilidad para dar cumplimiento al fallo protector emitido en autos; por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Brando Arturo González Ramírez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Lorena Lugo Romero, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    dese vista a las partes con las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; se notifica lo anterior a los terceros interesados Javier Alfonso Monzón Muños o Javier Monzón Muñoz

  3. Principal

    Causó ejecutoria sentencia que concedió el amparo, se requiere el cumplimiento...

  4. Principal

    se notifica personalmente a la parte tercero interesada Javier Alfonso Monzón Muños o Javier Monzón Muñoz, la sentencia y proveído de quince y veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, dictada en autos del juicio de amparo al rubro indicado, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional; lo anterior, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar - - - se resuelve: primero. se sobresee. segundo. la justicia de la unión ampara y protege... - - -

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