Martín Francisco Oliva Cristerna

Expediente 660/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
660/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Martín Francisco Oliva Cristerna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Téngase recibido el oficio número 19808/2023, firmado autógrafamente por los Integrantes del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Escuinapa, Sinaloa, a través del cual, informa que ante el incumplimiento de la autoridad responsable Ayuntamiento Municipal de aquella localidad, al requerimiento formulado en auto de veinticinco de octubre pasado, emitido en el expediente 61-12/2018, en el que se le solicita dé cumplimiento a la cláusula quinta del convenio laboral celebrado entre las partes el veinte de junio de dos mil veintidós, en dicho juicio laboral, la oficiante ordenó hacer efectiva la multa impuesta; sin embargo, dicho memorial por el momento sólo se ordena agregar en autos, hasta en tanto el citado cabildo cumpla con el requerimiento hecho por este juzgado el dieciséis de los cursantes.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que en el registro electrónico de oficialía de partes de este juzgado, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron la sentencia dictada por este juzgado el nueve de octubre del presente año, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que las autoridades responsables Ayuntamiento Municipal y Presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, ambos con sede en Escuinapa, Sinaloa, fueron notificadas en primer y último orden, esto es, el diez y veinticuatro de los propios mes y año, quedando comprendido dicho plazo del once del citado mes de octubre al siete de los cursantes; destacando además, que el acuse de recibo dirigido a la autoridad responsable citada en segundo orden, a través del cual se le comunico el referido fallo, fue recibido en esta secretaría el nueve de los corrientes. Sentado lo anterior, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que la sentencia dictada en el presente sumario HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Ayuntamiento Municipal, con sede en Escuinapa, Sinaloa, para que en el término de tres días contado legalmente, acate el fallo protector. Se apercibe que, de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que tenga al momento en que se emite el presente proveído, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 258 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado Circuito, para seguir el trámite de inejecución, atento a lo establecido en el dispositivo jurídico 193 del anotado cuerpo normativo, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación por el delito a que se refiere el numeral 267, fracción I, de la ley reglamentaria en cita. No pasa desapercibido para quien esto provee, que en auto de trece de los cursantes, se recibió el comunicado 19808/2023, a través del cual los integrantes del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Escuinapa, Sinaloa, a través del cual, en cumplimiento a la sentencia emitida en el presente asunto, anexaron copia certificada del auto emitido el veinticinco de octubre pasado, emitido en el expediente 61-12/2018, del que se desprende que requirió al demandado Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, para que dé cumplimiento a la cláusula quinta del convenio laboral celebrado entre las partes el veinte de junio de dos mil veintidós, en dicho juicio laboral, apercibiéndolo con multa por la cantidad correspondiente en caso de incumplimiento; sin embargo, se reserva proveer, hasta en tanto la restante autoridad responsable cumpla con el fallo protector.

  3. Principal

    Téngase recibido el oficio número 19808/2023, firmado autógrafamente por los Integrantes del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Escuinapa, Sinaloa, mediante el cual informan el cumplimiento dado a la sentencia que se le comunicó y anexan diversas constancias para acreditar su dicho; en atención a su contenido, se tienen hechas las manifestaciones que formula, las cuales serán tomadas en consideración, una vez que cause ejecutoria el referido fallo.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 660/2023, promovido por Martín Francisco Oliva Cristerna; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado a través del Portal de Servicio en Línea del Poder Judicial de la Federación, el veintisiete de julio de dos mil veintitrés, Martín Francisco Oliva Cristerna, por conducto de su apoderado legal Salvador Alcaraz Manjarrez, solicitó el amparo y la protección constitucional, contra los actos atribuidos a la Presidenta del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Escuinapa, Sinaloa, y otra autoridad; actos que estimó trasgresores de sus derechos humanos contenidos en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. Correspondió conocer de la demanda, por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, quien por medio de su titular, la registró con el número 660/2023, y en auto de veintiocho de julio del año en curso, la admitió a trámite; señaló data para el desahogo de la audiencia constitucional; requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado; y, se concedió a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento. TERCERO. Desahogo de la audiencia constitucional. Una vez integrado el expediente en que se actúa y emplazados a juicio a los sujetos procesales correspondientes, se celebró la audiencia constitucional sin la comparecencia de las partes, al tenor del acta precedente; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado es competente para conocer del presente juicio de amparo, en términos de lo previsto en los postulados 103, fracción I, 107, fracciones VII y XII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49, 50 y 61, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37, último párrafo, y 107, de la Ley de Amparo; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide el territorio de la República Mexicana; así como al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, debido a que las omisiones reclamadas se atribuyen a autoridades residentes en la circunscripción donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Jurisprudencia. La aplicación de los criterios jurisprudenciales que se citan a lo largo de esta ejecutoria, emitidos con anterioridad al tres de abril de dos mil trece, tienen como fundamento el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir de esa fecha, habida cuenta que no se oponen a la legislación en consulta, conforme a la Jurisprudencia 2a./J.10/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. TERCERO. Fijación de la litis. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, y los criterios contenidos en la jurisprudencia número P./J.40/2000 y la tesis P.VI/2004, se obtiene que la parte quejosa toralmente reclama: 1. De la Presidenta del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Escuinapa, Sinaloa: La omisión de proveer eficaz e inmediatamente la ejecución de la cláusula quinta del convenio laboral celebrado el veinte de junio de dos mil veintidós, entre el quejoso y el Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, en el juicio laboral 61-12/2018, así como la omisión de dictar las medidas necesarias para que el cumplimiento del mencionado convenio sea pronto y expedito. 2. Del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa: El incumplimiento a lo pactado en la cláusula quinta del convenio en mención. CUARTO. Existencia de las omisiones reclamadas. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto controvertido, ya que en toda sentencia de amparo debe primarse su análisis, tal como se corrobora de la jurisprudencia XVII.2o. J/10. Son ciertos los actos que se reclaman al Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, pues así lo reconoció el representante legal de éste al rendir su informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia 278 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Por su parte, la Presidenta del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Escuinapa, Sinaloa, al rendir su informe con justificación negó la existencia de los actos reclamados; no obstante, a continuación realizó diversas manifestaciones a partir de las cuales es posible arribar a la convicción de su existencia y, por tanto, para los efectos del juicio de amparo que aquí se resuelve, los mismos se tienen como plenamente probados. Lo expuesto, encuentra sustento en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito de rubro: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. Aunado a que remitió copias certificadas de las constancias que integran el juicio laboral de origen, documentales públicas que revisten valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que consisten en documentos emitidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Encuentra apoyo en la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. QUINTO. Oportunidad de la demanda de amparo. Para determinar si la demanda fue presentada oportunamente, se debe atender lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que dispone los plazos para la interposición del juicio de amparo atendiendo al acto que se reclama. En ese orden de ideas, toda vez que los actos reclamados no encuadran en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV, del artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo general que es de quince días. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del mismo. Cabe destacar que dichas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. En el caso, en el expediente de origen, obra, entre otras constancias, la diligencia de once de julio de dos mil veintitrés, en la cual se requirió por última ocasión (previo a la presentación de la demanda de amparo) al ayuntamiento demandado el cumplimiento de la cláusula quinta del convenio laboral celebrado el veinte de junio de dos mil veintidós, entre éste y el aquí quejoso, en el juicio laboral 61-12/2018 del índice del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Escuinapa, Sinaloa, y en la cual se asentó la manifestación de la parte demandada en torno a la imposibilidad de dar cumplimiento a lo requerido. Por tanto, al ser dicha diligencia la última realizada a fin de lograr el cumplimiento de la cláusula recién señalada, cuya omisión de dictar medidas pertinentes e incumplimiento se reclama en esta instancia constitucional, esa fecha es la que se tomará en cuenta para el cómputo de los quince días genéricos que prevé la Ley de Amparo para la presentación del escrito inicial que dio origen a este sumario; esto es, el plazo aludido transcurrió del doce al veintisiete de julio de esta anualidad. Con la precisión de que los días quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de julio de dos mil veintitrés, fueron inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 de la ley de la materia, por ser sábados y domingos. Lo anterior, se esquematiza a continuación: JULIO 2023 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 Día inhábil 2 Día inhábil 3 4 5 6 7 8 Día inhábil 9 Día inhábil 10 11 Tuvo conocimiento de la última diligencia de requerimiento de pago, en la cual la demanda expresó la imposibilidad de cumplimiento 12 Inicia cómputo para la presentación de la demanda de amparo 13 14 15 Día inhábil 16 Día inhábil 17 18 19 20 21 22 Día inhábil 23 Día inhábil 24 25 26 27 Presentó la demanda de amparo 28 29 30 31 En consecuencia, es evidente que la promoción del amparo estuvo en tiempo, pues presentó su escrito inicial el veintisiete de julio del año en curso, en el Portal de Servicio en Línea del Poder Judicial de la Federación, según se advierte de la papeleta generada por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, y de la evidencia criptográfica generada con motivo de la firma electrónica de la demanda de amparo. SEXTO. Causales de improcedencia. La autoridad responsable Presidenta del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Escuinapa, Sinaloa, hizo valer la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, empero, de forma genérica esgrime que dicha autoridad laboral ha dado seguimiento puntual a efecto de que la parte demandada dé cumplimiento al convenio celebrado entre ésta y el trabajador aquí quejoso y, por ende, no ha transgredido la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante, las omisiones y abstenciones de actuar en el juicio laboral de origen y sus consecuencias jurídicas, es un tema concomitante con el fondo de la controversia constitucional que nos ocupa, por ende, se desestiman los argumentos del indicado sujeto procesal. Apoya este argumento, la jurisprudencia P./J. 135/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siguiente rubro: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Así, al no advertir este Juzgador de amparo alguna otra causa de improcedencia alegada por las partes o de manera oficiosa, se procede al análisis del fondo de la controversia planteada. SÉPTIMO. Conceptos de violación. No se trascriben los conceptos de violación expuestos por el quejoso, toda vez que la Ley de Amparo no contiene una disposición que lo establezca como obligación, además de que ello no la deja en estado de indefensión, al tenor del criterio contenido en la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010. Empero, para dejar patente la pretensión del inconforme, se sintetiza de la siguiente manera: Se trasgrede su derecho a la justicia de manera pronta y completa, contenido en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 131 y 133 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa, los cuales imponen la obligación a las juntas o tribunales laborales proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa tiene la calidad de trabajador (parte actora) en el juicio laboral de origen, los conceptos de violación deberán ser suplidos en su deficiencia, siempre y cuando resulte útil para favorecerla, de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 67/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). OCTAVO. Decisión. Son fundados los conceptos de violación propuestos por el quejoso, aunque para estimarlo así se supla la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Para evidenciar lo así precisado, se traen a colación las actuaciones llevadas a cabo por la presidenta responsable dentro del juicio laboral 61-12/2018, en la etapa de ejecución del mismo, cuyas constancias fueron allegadas al sumario, siendo las siguientes: 1. El veinte de junio de dos mil veintidós, el quejoso Martín Francisco Oliva Cristerna y la fuente de trabajo Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, celebraron convenio laboral, el cual, en la propia data, fue ratificado y aprobado en todos sus términos y condiciones, ante el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Escuinapa, Sinaloa, y elevado a categoría de laudo, por lo que surtió sus efectos inherentes como cosa juzgada. 2. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo del año en curso, ante la Presidenta del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Escuinapa, Sinaloa, la parte actora solicitó la ejecución del mencionado convenio en los términos siguientes: (.) con el presente ocurso aclaro que lo correcto es que se solicita decrete la ejecución de la cláusula quinta del convenio laboral de fecha 20 de junio de 2022 que celebraron la parte actora y el H. Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, es por ello, que pido se comisione a la Secretaria en funciones de Actuaria adscrita a este tribunal para que acompañada de la parte actora se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera por el pago de la cantidad de $1'032,017.89 conforme se encuentra pactado en la citada cláusula, haciéndole los apercibimientos de ley, fundo esta petición en lo establecido por los artículos 131, 132, 133 y 139 de la Ley de los Trabajadores al Servicios de los Municipios del estado de Sinaloa. 3. Atento a lo solicitado, el veinte de junio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable Presidenta del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Escuinapa, Sinaloa, emitió auto, en lo que interesa, de la literalidad siguiente: DA CUENTA. - Licenciada Brenda Carina Mayorquín Jiménez como Secretaria de Acuerdos, da cuenta a la Licenciada Beatriz Vázquez Rodríguez, Presidenta del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Escuinapa, Sinaloa, del estado procesal que guardan los presentes autos. CONSTE. Vistas las constancias que integran el expediente laboral en que se actúa, se advierte que la secretaria de acuerdos en funciones de actuaria de este tribunal se constituyó con las formalidades de ley de acuerdo a lo ordenado en el auto de nueve de marzo del presente año a efecto de llevar acabo la diligencia de requerimiento de pago, misma que fue programada para el día quince de junio del año en curso a las 11:00 horas, por lo que se observa que ocurrió un error involuntario, toda vez que se realizó con el acuerdo referido, mismo que se dejó insubsistente mediante proveído de fecha veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. LA PRESIDENTE ACUERDA. - En mérito de lo anterior en el presente auto, con fundamento en el artículo 719 de la Ley Federal del Trabajo se REPROGRAMA EL REQUERIMIENTO DE PAGO DE LA CL?USULA QUINTA del convenio celebrado entre las partes, para el día 11 de julio de 2023 a las 11:00 horas. En consecuencia, con fundamento a lo establecido en el artículo 133 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa, se comisiona a la Secretaria de Acuerdos en funciones de Actuaria para que se constituya en el domicilio de la demandada ubicado en Avenida Gabriel Leyva Solano #1 colonia Centro de esta Ciudad, en compañía de la parte actora C. MARTIN FRANCISCO OLIVA CRISTERNA, a efecto de que el Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, por medio del área que corresponda dé cumplimiento al pago referido en el párrafo que antecede, pactado en la cláusula quinta del convenio celebrado el 20 de junio de 2022 y su respectiva aclaración de 24 de noviembre de 2022 de manera inmediata, con el apercibimiento de ley en caso de incumplimiento. 4. En el acta de la diligencia de requerimiento de pago de once de julio de dos mil veintitrés, se hizo constar que la parte actora en compañía del personal de la autoridad responsable, se constituyeron en el domicilio de la demandada ubicado en calle Gabriel Leyva Solano, colonia Centro, en Escuinapa, Sinaloa, donde el apoderado legal de la parte demandada les indicó que se trasladaran al área de tesorería, lugar en el que fueron atendidos por Rosalva Isela Barrón Crespo, contadora del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, a quien le comentaron el motivo de la diligencia y requirieron el pago de la cantidad citada, persona que manifestó textualmente lo siguiente: En estos momentos esta dependencia se encuentra gestionando los recursos toda vez que el recurso no fue presupuestado, y en virtud de que el actor ya se encuentra reinstalado y no está siendo afectado, para ello anexo copia anexo (sic) del recibo de nómina. 5. En auto de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, la Presidenta del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Escuinapa, Sinaloa, requirió al ayuntamiento demandado, a efecto de que informara las acciones realizadas a fin de dar cumplimiento a la cláusula quinta del multicitado convenio. -Siendo ésta, la última actuación que obra en el expediente laboral de origen-. Lo anterior denota, por una parte que, opuesto a lo alegado por la parte impetrante, la autoridad jurisdiccional responsable en realidad no fue omisa en su actuar legal hasta la presentación de la demanda de amparo, ni con posterioridad. Ahora, de acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo su resolución de manera pronta, completa e imparcial. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la garantía de acceso a la impartición de justicia que consagra dicho artículo en favor de los gobernados, descansa en los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. 2. De justicia completa, que consiste en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. El criterio del que se dio noticia es el contenido en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, de rubro: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. Analizada la norma constitucional invocada se obtiene el derecho fundamental reconocido en favor de la parte quejosa para que se le imparta justicia dentro de los plazos y términos previstos por la ley. Precisado lo anterior, se destaca que el procedimiento para la ejecución del laudo se encuentra contenido en los artículos 131, 132 y 133 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del estado de Sinaloa, los cuales establecen lo siguiente: Artículo 131.- El Presidente del Tribunal tiene la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, debiendo al efecto dictar las medidas necesarias para que sea pronta y expedita. Artículo 132.- Los laudos deberán cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos su notificación, pudiendo las partes convenir en las modalidades del cumplimiento. Artículo 133.- Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Presidente dictará auto de ejecución y comisionará al Actuario para que asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la parte demandada y la requiera para que cumpla la resolución; apercibiéndola de multa en caso de no hacerlo. De los dispositivos legales trascritos, se pone de manifiesto que el Tribunal, por conducto de su Presidente, tiene la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, debiendo al efecto dictar las medidas necesarias para que sea pronta y expedita, los cuales deberán cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos su notificación, pudiendo las partes convenir en las modalidades del cumplimiento. Así, cuando se pida la ejecución de un laudo, el presidente de dicho órgano dictará auto de ejecución y comisionará al actuario para que en compañía de la parte que obtuvo resolución en forma de laudo favorable, se constituyan en el domicilio de la parte demandada y la requieran para que cumpla la resolución, con apercibimiento de multa en caso de no hacerlo. En ese contexto, si bien es cierto que el principio de ejecución de un laudo condenatorio tratándose de juicios laborales, en el que una entidad municipal en su calidad de "patrón" se encuentre inmersa como parte vencida está sujeta al cumplimiento voluntario por parte de este último, en razón de que los bienes muebles (objetos, valores, cuentas bancarias, entre otros) e inmuebles de los que sea titular el Ayuntamiento son inembargables, considerando que el legislador local estableció dicha salvedad por el evidente daño que podría ocasionarse a la población en general cuando se afecten bienes que conforme a la ley están exceptuados de someterse a ese gravamen dirigido a cubrir créditos de particulares, dada su naturaleza específica, esto es, que la pertenencia de éstos tienen como finalidad principal destinarlos al servicio público, en términos de lo previsto en los artículos 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el estado de Sinaloa, 9 de la Ley Sobre Inmuebles del Estado y Municipios y 516 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Sinaloa. Sin embargo, ello no impide a la Presidenta del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Escuinapa, Sinaloa, emprender las acciones necesarias para lograr la ejecución de la cláusula quinta del convenio laboral celebrado el veinte de junio de dos mil veintidós, entre el quejoso y el Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, en el juicio laboral 61-12/2018, dentro del marco de las atribuciones que la ley le otorga, lo que en la especie no ocurrió, toda vez que la presidenta responsable, si bien efectuó auto de requerimiento de pago, lo cierto es que no dejó patente el apercibimiento de multa a que se refiere el numeral 133 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del estado de Sinaloa, para lograr la efectividad del mencionado convenio elevado a categoría de laudo. Es así, pues la Presidenta del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Escuinapa, Sinaloa, ciertamente, en auto de veinte de junio de dos mil veintitrés, requirió al ayuntamiento demandado, con fundamento a lo establecido en el artículo 133 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa, a efecto de que diera cumplimiento al pago de la cantidad de $1'172,469.89 (un millón ciento setenta y dos mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 89/100 M.N.), pactado en la cláusula quinta del referido convenio; no obstante, fue omisa en precisar el apercibimiento concreto en caso de incumplimiento por parte de la demandada, esto es, multa, conforme al numeral recién citado. Lo que evidencia que no se ha actuado eficazmente respecto a la ejecución del convenio celebrado entre las partes en el juicio de origen, siendo que la parte actora mediante escrito presentado ante la responsable el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, solicitó se decretara la ejecución de la cláusula quinta del aludido convenio laboral, y al efecto comisionara a personal a su cargo para el requerimiento respectivo con los apercibimientos de ley correspondientes, fundando su petición en los artículos 131, 132, 133 y 139 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del estado de Sinaloa. Sin embargo, como se dijo, la responsable, fue omisa en proveer de manera eficaz y completa, conforme al numeral 133 de la recién mencionada legislación. Tampoco se aprecia que la presidenta responsable haya hecho efectivo el apercibimiento de ley a que alude en el auto de requerimiento señalado, ante la conducta contumaz de la autoridad demandada en acatar dentro del plazo de setenta y dos horas dicho fallo, como lo establece el artículo 132 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del estado de Sinaloa, no obstante que en términos del ordinal 131 de la propia normativa, tiene la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, debiendo al efecto dictar las medidas necesarias para que sea pronta y expedita. De ahí que se estime que dicho tribunal laboral con su actuar contraría en perjuicio de la parte quejosa lo dispuesto en los artículos 131 y 133 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del estado Sinaloa. Por otra parte, en el caso, se evidenció que la autoridad responsable Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, ha omitido cumplir voluntariamente con la cláusula quinta del convenio laboral celebrado el veinte de junio de dos mil veintidós, entre éste y el aquí quejoso, en el juicio laboral 61-12/2018 del índice del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de aquella localidad, y con ello ha vulnerado en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa tesitura, una vez acreditada la trasgresión al derecho a una justicia pronta y completa, reconocido en el artículo 17 constitucional, en relación con los numerales 131, 132 y 133 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del estado de Sinaloa, en detrimento de los derechos procesales del quejoso, lo que procede es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por Martín Francisco Oliva Cristerna. Lo expuesto no soslaya el criterio contenido en la contradicción de tesis 44/2023, sustentada por el Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, de rubro: LAUDOS DICTADOS POR EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE GUERRERO. PARA SU CUMPLIMIENTO, ADEMÁS DEL AYUNTAMIENTO OBLIGADO, EL TRIBUNAL PUEDE VINCULAR A CUALQUIER AUTORIDAD QUE, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y COMPETENCIAS, PUEDA REALIZAR LO NECESARIO PARA OBTENER LOS RECURSOS ECONÓMICOS INDISPENSABLES PARA ELLO. El cual, esencialmente, dispone que en el procedimiento de ejecución de un laudo emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, además del ayuntamiento de que se trate y siempre que éste agote el o los procedimientos necesarios para cumplir por sí el laudo, esto es, que internamente instruya a quien corresponde a efecto de obtener los recursos económicos para ello, debe vincularse a cualquier otra autoridad que, con motivo de sus facultades y competencias, pueda intervenir realizando las acciones pertinentes para el cumplimiento del laudo, como puede ser la asignación de recursos económicos para hacer frente a las condenas de esa naturaleza. Sin embargo, para llegar a ese estadio, es necesario, primigeniamente, el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago en los términos que la ley señala; y, en su caso, de no lograrse la ejecución de laudo, entonces, el actor, aquí quejoso, estará en aptitud de realizar las gestiones correspondientes, acorde a los parámetros del criterio de autoridad de que se ha dado noticia. Aunado a que, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, establece el procedimiento de formulación y aprobación del presupuesto de egresos de los municipios para cada ejercicio, en el cual, pueden incluirse partidas presupuestales para el pago de resoluciones emitidas por autoridad competente, como acontece en la especie; procedimiento que, en su caso, debe ponderarse ante la autoridad responsable. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO: En consecuencia, con fundamento en los artículos 74, fracciones IV, V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo solicitado para el efecto de que las autoridades responsables, una vez que cause ejecutoria la presente determinación, realicen lo siguiente: a. La Presidenta del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa: Dentro del plazo de tres días contado legalmente, (i) emita acuerdo en el que requiera al demandado Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, para que dé cumplimiento a la cláusula quinta del convenio laboral celebrado entre las partes el veinte de junio de dos mil veintidós, en el juicio laboral 61-12/2018, de su índice, (ii) lo aperciba de multa por la cantidad que corresponda, en caso de incumplimiento y, (iii) de acontecer esto último, la haga efectiva a la brevedad posible; lo anterior, conforme al numeral 133 de la Ley de los Trabajadores de los Municipios del estado de Sinaloa. b. El Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa: Dé cumplimiento a la cláusula quinta del convenio celebrado el veinte de junio de dos mil veintidós, entre éste y el aquí quejoso, en el juicio laboral 61-12/2018, del índice del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Escuinapa, Sinaloa, una vez que sea requerido en los términos del apartado que antecede. NOVENO. Transparencia y acceso a la información pública. Conforme establece el artículo 6°, Apartado "A", fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los órganos jurisdiccionales deben proteger la vida privada y los datos personales en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos, sirve de apoyo, el criterio 01/2011. Por lo expuesto y fundado en los artículos 74 a 77, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Martín Francisco Oliva Cristerna, respecto de los actos indicados en el considerando octavo de este fallo y para los efectos precisados en el mismo. SEGUNDO. En términos del último considerando de este fallo, se ordena su publicación con supresión de datos personales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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