Martín Flores Juárez
Expediente 177/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 177/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Martín Flores Juárez
- Todas las Partes
- Arturo Villegas Ruiz
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, para que surta los efectos legales procedentes, y atento a su contenido, téngase al Juez Municipal de Tierra Blanca, Veracruz, devolviendo diligenciado el despacho 135/2021, orden 273, mediante el cual se le encomendó notificar los autos de dieciséis de marzo y quince abril del año en curso, a la parte promovente del amparo Abigail Hernández Ramírez, en su carácter de apoderada legal de Arturo Villegas Ruiz, David García Pavón, Martín Flores Juárez y Alejandro Quevedo Vela, diligencia que se llevó a cabo el siete de mayo actual, como se advierte de las constancias que integran la comunicación que se recibe, por lo que téngasele por legalmente notificada de los citados proveídos; en consecuencia, dese de baja la citada comunicación en el libro de gobierno respectivo. Ahora, vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo el artículo 97, fracción I, inciso "a", en relación con el diverso 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veinte de mayo de dos mil veinticuatro. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
- Principal
Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se aprecia que no fue posible notificar a la parte promovente Abigail Hernández Ramírez, en su carácter de apoderada legal de Arturo Villegas Ruiz, David García Pavón, Martín Flores Juárez y Alejandro Quevedo Vela, el auto de dieciséis de marzo del presente año, por los motivos que se exponen; sin embargo, del escrito de demanda de se advierte un diverso domicilio ubicado en calle Libertad número 222 entre calles Lerdo de Tejada y Francisco I Madero, en Tierra Blanca, Veracruz. En consecuencia; a fin de no dejar en estado de indefensión a dicha parte y ya que el domicilio se encuentra fuera del lugar de residencia en este órgano jurisdiccional, con apoyo en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez Municipal, con sede en Tierra Blanca, Veracruz, para que en auxilio de las labores de este juzgado, siguiendo los lineamientos establecidos para las notificaciones personales en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, notifique el auto de dieciséis de marzo del presente año y el presente acuerdo a la aludida parte. Indíquese al referido juzgador que en caso de ser necesario, se le faculta para que habilite días y horas inhábiles, a fin de que realice la notificación encomendada, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo y se le solicita, de la manera más atenta, que una vez diligenciada la citada comunicación, se sirva devolverla a la brevedad con lo en ella actuado.
- Principal
Vista la demanda de cuenta, promovida por Abigail Hernández Ramírez, en su carácter de apoderada legal de Arturo Villegas Ruiz, David García Pavón, Martín Flores Juárez y Alejandro Quevedo Vela, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, con las constancias que anexa, de las que se advierte que tiene reconocida dicha personalidad ante la Junta señalada como responsable; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese bajo el juicio de amparo 177/2021-II. DESECHAMIENTO Con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por advertirse de forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia. De la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, el desechamiento de las pruebas confesionales a cargo de Geyler Enrique Sosa Caseres y Juan Manuel González Hernández, así como la compulsa y cotejo con las originales de las documentales que enlistó del arábigo 13 al 61, y la reproducción de un disco compacto (CD), ofrecidas dentro de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral 1225/X/2019 y sus acumulados 1228/X/2019, 1237/X/2019 y 1240/X/2019, del índice de la Junta señalada como responsable. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113, en relación con el 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso "b", de la Constitución Federal, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de protección de derechos fundamentales. En efecto, los citados preceptos, establecen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." Ley de Amparo "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la lectura de los preceptos transcritos, se desprende que por regla general es procedente el amparo directo respecto a las violaciones que se cometan durante, el procedimiento, siempre que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se determina la procedencia del amparo indirecto cuando se trata de actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Conforme lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por actos de imposible reparación, debe entenderse aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales en los que el Estado sea parte. Dicho de otro modo, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, son aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales; como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les pueda resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 24/92 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Agosto de 1992, Página 11, registro digital 205651, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Es decir, los actos procesales no tienen efectos sobre las cosas o las personas en sus derechos sustantivos, sino adjetivos. Para ello, conviene diferenciar uno de otro; por los primeros se entiende aquellos que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en la Constitución Federal y tratados internacionales, en razón a que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juico o en la resolución del procedimiento correspondiente; y por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesales, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Por lo tanto, no basta que determinado acto y la posible violación que con él se cometa en juicio, ya no sea materia de la resolución que en dicho procedimiento se dicte, sino es necesario, además, que tal cuestión afecte inmediata y directamente derechos fundamentales, para que sea susceptible de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto. Se cita como apoyo, el criterio I.13o.A.3 K sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Marzo de 2001, página 1742, Novena Época, registro digital 190188, que establece: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aun no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En este sentido, conviene destacar que de la lectura integral de la demanda de amparo, la promovente en lo medular señala como acto reclamado el acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 1225/X/2019 y sus acumulados 1228/X/2019, 1237/X/2019 y 1240/X/2019, por el cual, la Junta señalada como responsable desechó las pruebas confesionales a cargo de Geyler Enrique Sosa Caseres y Juan Manuel González Hernández, así como la compulsa y cotejo con las originales de las documentales que enlistó del arábigo 13 al 61, y la reproducción de un disco compacto (CD), ofrecida por la actora, dentro de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. En tal virtud, resulta claro que el acto en esta vía tildado de inconstitucional, no constituye para la peticionario de amparo un acto de imposible reparación, ya que no puede reputarse como de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de ese carácter, ya que ese tipo de actos se presentan cuando sus consecuencias afectan de forma directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos del gobernado, por lo que el acto reclamado no le afecta de manera directa sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, sino que sus efectos son de naturaleza eminentemente formal o procesal, porque sólo inciden sobre la posición de las partes dentro del proceso, con vista a obtener un fallo favorable, mediante la oportunidad de probar sus pretensiones, lo cual es susceptible de anularse en el supuesto de que obtenga sentencia favorable, sin que deje huella en su esfera jurídica; o a través del juicio de amparo directo, cumplidos los requisitos legales correspondientes, que se intente en contra del laudo que ponga fin al juicio, ya que hasta ese momento se sabrá si la violación de que se trata afectó al particular trascendiendo al resultado del fallo. Lo anterior es así, pues en todo caso, las violaciones que pudiera entrañar pueden ser remediadas si el directamente agraviado obtiene laudo favorable a sus intereses en el juicio de origen, pero en caso de que le resulte perjudicial, tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal, en términos del artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo que promueva contra la sentencia que se pronuncie... De tal suerte que el acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral del índice de la Junta señalada como responsable, se trata de un acto meramente intraprocesal. En tal virtud, resulta claro que el acto en esta vía tildado de inconstitucional, no constituye para la peticionaria de amparo un acto de imposible reparación, y por ende, no es susceptible de análisis constitucional mediante la vía indirecta, sino deberá hacerla valer hasta el amparo directo para el caso de que sea adversa la sentencia y en el supuesto de que sea favorable a la afectada, lo puede plantear en el amparo adhesivo conforme al numeral 107, fracción III, inciso "a" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 182 de la Ley de Amparo... Por lo anteriormente considerado y fundado, resulta improcedente la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con apoyo en los artículos 113, en relación con el 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso "b", de la Constitución Federal, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo promovida. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en el ocurso de cuenta; por autorizados con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionales que menciona. Asimismo, téngasele por señalado los números de teléfono que indica como medio de contacto; en términos del artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, dicho medio se utilizará tratándose de comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL PERSONAL ADSCRITO AL JUZGADO: Se autoriza a los Secretarios del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, para librar oficios derivados de este asunto. Se habilita a cualquiera de los actuarios adscritos para que practiquen en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal que surjan del presente juicio. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS: Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN A CUALESQUIERA DE LOS ACTUARIOS ADSCRITOS AL JUZGADO: Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos.
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