Martin Fernando González Ramírez y Otros.

Expediente 662/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
662/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
22/07/2019

Partes del expediente

  • Martin Fernando González Ramírez y Otros.
  • Martin Fernando González Ramírez
  • Juan Manuel Delgado Villalobos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Estado de autos. Del estado procesal de los presentes autos, así como de la certificación realizada por el Secretario, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de inconformidad contra el auto de quince de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en consecuencia, se provee: Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el expediente, como asunto concluido. Orden de depuración. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en su artículo Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la protección constitucional. Relevancia documental. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno en original que devolver a las partes. Cambio de Titular. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que en proveído de nueve de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director Jurídico de Ingresos de la Procuraduría Fiscal, adscrito a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el cual remitió copia certificada de las constancias con las que, a su parecer, da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con el citado oficio y anexo, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida. En esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa no desahogó dicha vista, y el plazo de tres días otorgado feneció, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: por sentencia de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Martin Fernando González Ramírez, Juan Manuel Delgado Villalobos, Rafael Cuellar Morones, Jorge Alberto Cornejo Guzmán, Luis Antonio Ramírez Aguirre, María Guadalupe Guzmán Villalobos, Mónica Jazmín Sánchez Pérez, Eva Luz Sánchez Pérez y Antonio Padilla Palomar, contra actos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, cuyos efectos consistieron esencialmente, en que respecto del artículo 16, fracción I incisos a) y h) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el año dos mil dieciocho, les sea aplicada a la parte quejosa la tasa fija de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), misma que resulta ser la cantidad mínima contemplada en dicho numeral por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales; incluidos fideicomisos o hipotecas. Además, deberá devolvérseles la cantidad que, descontando el citado monto, pagado por concepto de derechos por el registro de diversos actos jurídicos ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, mediante los recibos oficiales números A36882808, A36075108, A36075109, A36080756, A36080757, A36080758, A36080759, A36080760, A36080761, A36080762, A36080763, A36080764 y A36080765, por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales; por lo que deberá realizarse el ajuste respecto del acto jurídico efectuado en la escritura; consecuencia del acto reclamado en el presente juicio constitucional. Por acuerdo de catorce de agosto de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento del fallo protector. En este contexto, el cumplimiento otorgado por la autoridad responsable fue el siguiente: - Mediante auto de nueve de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo al Director Jurídico de Ingresos de la Procuraduría Fiscal, adscrito a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, remitiendo a este Juzgado, oficio PF-DJI-JA-24328 de cinco de octubre de dos mil dieciocho, en el que se informa que el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, se hizo presente ante dicha dependencia el apoderado legal de los quejosos Martín Fernando González Ramírez, Juan Manuel Delgado Villalobos, Rafael Cuellar Morones, Jorge Alberto Cornejo Guzmán, Luis Antonio Ramírez Aguirre, María Guadalupe Guzmán Villalobos, Mónica Jazmín Sánchez Pérez, Eva Luz Sánchez Pérez, la C. María Luisa Romo Cuevas, a quien fueron entregados los contra recibos y cheques que amparan la devolución ordenada en la sentencia de mérito. Asimismo, el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, se hizo presente ante la citada dependencia la parte quejosa Antonio Padilla Palomar, a quien fue entregado el contra recibo y cheque que ampara la devolución ordenada en la ejecutoria. Respecto de tal manifestación la autoridad responsable, anexa copias certificadas de los recibos firmados por los quejosos, identificaciones oficiales, así como de la expedición de los cheques que amparan la devolución de ingresos. En consecuencia, debe decirse que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se declara cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto y 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. Orienta lo anterior, la tesis: 2a. XCVI/2013 (10a.), de epígrafe y contenido: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema de materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento, debe ser total, sin excesos o defectos, por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el plazo de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que a partir del día diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la licenciada Elisa Georgina Álvarez Maldonado, funge como Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez de Distrito, de conformidad con lo estipulado en el oficio CCJ/ST/1513/2019, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo además en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Por este conducto se notifica al quejoso el auto de 15 de mayo de 2019, el cual dice: Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que en proveído de nueve de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director Jurídico de Ingresos de la Procuraduría Fiscal, adscrito a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el cual remitió copia certificada de las constancias con las que, a su parecer, da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con el citado oficio y anexo, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida. En esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa no desahogó dicha vista, y el plazo de tres días otorgado feneció, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: por sentencia de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Martin Fernando González Ramírez, Juan Manuel Delgado Villalobos, Rafael Cuellar Morones, Jorge Alberto Cornejo Guzmán, Luis Antonio Ramírez Aguirre, María Guadalupe Guzmán Villalobos, Mónica Jazmín Sánchez Pérez, Eva Luz Sánchez Pérez y Antonio Padilla Palomar, contra actos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, cuyos efectos consistieron esencialmente, en que respecto del artículo 16, fracción I incisos a) y h) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el año dos mil dieciocho, les sea aplicada a la parte quejosa la tasa fija de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), misma que resulta ser la cantidad mínima contemplada en dicho numeral por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales; incluidos fideicomisos o hipotecas. Además, deberá devolvérseles la cantidad que, descontando el citado monto, pagado por concepto de derechos por el registro de diversos actos jurídicos ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, mediante los recibos oficiales números A36882808, A36075108, A36075109, A36080756, A36080757, A36080758, A36080759, A36080760, A36080761, A36080762, A36080763, A36080764 y A36080765, por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales; por lo que deberá realizarse el ajuste respecto del acto jurídico efectuado en la escritura; consecuencia del acto reclamado en el presente juicio constitucional. Por acuerdo de catorce de agosto de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento del fallo protector. En este contexto, el cumplimiento otorgado por la autoridad responsable fue el siguiente: - Mediante auto de nueve de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo al Director Jurídico de Ingresos de la Procuraduría Fiscal, adscrito a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, remitiendo a este Juzgado, oficio PF-DJI-JA-24328 de cinco de octubre de dos mil dieciocho, en el que se informa que el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, se hizo presente ante dicha dependencia el apoderado legal de los quejosos Martín Fernando González Ramírez, Juan Manuel Delgado Villalobos, Rafael Cuellar Morones, Jorge Alberto Cornejo Guzmán, Luis Antonio Ramírez Aguirre, María Guadalupe Guzmán Villalobos, Mónica Jazmín Sánchez Pérez, Eva Luz Sánchez Pérez, la C. María Luisa Romo Cuevas, a quien fueron entregados los contra recibos y cheques que amparan la devolución ordenada en la sentencia de mérito. Asimismo, el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, se hizo presente ante la citada dependencia la parte quejosa Antonio Padilla Palomar, a quien fue entregado el contra recibo y cheque que ampara la devolución ordenada en la ejecutoria. Respecto de tal manifestación la autoridad responsable, anexa copias certificadas de los recibos firmados por los quejosos, identificaciones oficiales, así como de la expedición de los cheques que amparan la devolución de ingresos. En consecuencia, debe decirse que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se declara cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto y 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. Orienta lo anterior, la tesis: 2a. XCVI/2013 (10a.), de epígrafe y contenido: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema de materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento, debe ser total, sin excesos o defectos, por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el plazo de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que a partir del día diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la licenciada Elisa Georgina Álvarez Maldonado, funge como Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez de Distrito, de conformidad con lo estipulado en el oficio CCJ/ST/1513/2019, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo además en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, el oficio signado por la autoridad responsable Director Jurídico de Ingresos de la Procuraduría Fiscal, adscrito a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, por medio del cual remite copia certificada de las constancias con las que, a su parecer, da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena correr traslado a la parte quejosa con las constancias de referencia para que, dentro del término de tres días computados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga.

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