Martín Fernando Caballero García

Expediente 446/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
446/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
27/07/2023

Partes del expediente

  • Martín Fernando Caballero García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. NO HA LUGAR Agréguese a los presentes auto el escrito de cuenta que suscribe el apoderado del quejoso Martín Fernando Caballero García, atento a su contenido, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad a lo solicitado en el sentido de retomar la tramitación del presente juicio de amparo y modificar el sentido del fallo dictado en el presente expediente, atendiendo a la concesión de amparo decretada en el diverso juicio constitucional ********************, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. Lo anterior, debido a que en diverso proveído de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, se declaró que había causado estado el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, al no haberse recurrido mediante el recurso de revisión, por lo que se ordenó el archivo del mismo. Ello porque si se tiene en cuenta que la ley de la materia, establece los recursos y medios de impugnación que proceden ante alguna irregularidad en el trámite o resolución de un juicio de garantías, son esos medios de impugnación los que han de hacerse valer para pretender modificar el sentido de una determinación y no solicitar que este juzgado revoque sus propias determinaciones. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintiuno de julio al cuatro de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/3021/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra del auto diecinueve de mayo del año en curso, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de garantías promovido por Martín Fernando Caballero García, en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Por ende una vez transcurrido el referido plazo de tres años, dentro de los siguientes treinta días destrúyase el expediente. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. REMITE INFORME JUSTIFICADO Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad rinde informe justificado que le fue solicitado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado. CUENTA CON AUTOS Ahora, de las constancias remitidas por las autoridades responsables se desprende que en acuerdo de tres de mayo de dos mil veintitrés, el Tribunal responsable modificó la cuantificación de las prestaciones materia de cumplimiento en el juicio laboral de origen, inicialmente establecidas en la resolución interlocutoria de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés -que resolvió el incidente de liquidación de sentencia-, en particular los montos relativos al pago de prima vacacional y aguinaldo, por reducir el periodo por el que deberían calcularse. Por otro lado debe destacarse que precisamente la determinación interlocutoria apuntada constituye el acto reclamado en el presente medio de control constitucional, respecto al cual se explicó que se omitió cuantificar las diferencias de salario generados a partir del tres de octubre de dos mil doce a la fecha, respecto al concepto de diferencia salariar, así como la cuantificación de las diferencias de salario en la prima vacacional y aguinaldo, generados a partir de veinte de febrero de dos mil veinte a la fecha. ANÁLISIS DE CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO Entonces, quien esto suscribe, considera que debe sobreseerse en el juicio de amparo porque actualmente el acuerdo reclamado ya no le causa perjuicio al peticionario del amparo al haber cesado sus efectos, lo cual configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" En torno a la figura de la cesación de efectos, se materializan dos hipótesis distintas que pueden actualizarse, a saber: 1) Por revocación, cuando los efectos desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. 2) Por sustitución, se actualiza al producirse un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del que se reclamó, cuya firmeza se da por la posterior actuación que la sustituyó, es decir, por la que constituye el objeto de análisis del juicio constitucional. Es aplicable a lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro 165870, visible en la página 1491, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "Registro digital: 165870 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materia(s): Común Tesis: I.3o.C.92 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1491 Tipo: Aislada "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Con esas bases, se estima que en el caso se actualiza la segunda hipótesis de la cesación, relativa a la sustitución del acto reclamado, pues en la especie, aconteció una circunstancia que superó la omisión de cuantificar las diferencias salariales alegadas por el quejoso y el cálculo correcto de los montos que deberán ser materia de cumplimiento en el juicio laboral, en específico en lo relativo a los conceptos de prima vacacional y aguinaldo. Lo anterior en la medida en que en el referido proveído de tres de mayo de dos mil veintitrés -cuya copia certificada se remite junto con el informe justificado- el Tribunal responsable cuantificó las prestaciones laborales que serían materia de cumplimiento conforme a lo establecido en el laudo de veinte de febrero de dos mil veinte, para lo cual modificó diversos montos establecidos en la resolución interlocutoria de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. En efecto, en dicho proveído, el tribunal laboral reiteró la cantidad calculada respecto al rubro de diferencia salariar, pero modificó los conceptos de prima vacacional y aguinaldo, al estimar que estos solo deberían cuantificarse del tres de octubre de dos mil once al tres de octubre de dos mil doce, fecha en la que el trabajador actor presentó su demanda laboral y tomando en consideración la prescripción opuesta por la parte demandada; y no hasta el año de dos mil veinte como inicialmente se había calculado. Con esas bases, queda de manifiesto que la resolución interlocutoria que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo ya no rige la situación jurídica del peticionario del amparo, respecto a los conceptos y montos que deberán ser materia de cumplimiento en la etapa de ejecución del juicio laboral de origen, toda vez que la determinación inicialmente asumida por el tribunal responsable quedó sustituida por la cuantificación estimada en el proveído de tres de mayo de dos mil veintitrés, en la que se modificaron tales conceptos y los elementos que deberían tomarse en consideración para cuantificar el monto total que deberá ser materia de cumplimiento en el juicio laboral. Con lo anterior, se pone de manifiesto que en el presente asunto de estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de la Materia, toda vez que han cesado los efectos del acto que la parte quejosa reclamó a la autoridad responsable. De ahí que sea factible decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, por cese de efectos del acto reclamado, ya que aún llegada la fecha de la audiencia el sentido en que habrá de dictarse el fallo correspondiente será exactamente el mismo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999, Página: 38, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Así como la siguiente jurisprudencia 2a./J. 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al haber cesado los efectos de los actos reclamados, es claro que se actualiza la causal de improcedencia invocada, lo que conlleva a decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, en términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Por ende, también se deja sin efectos la fecha señalada para las once horas del uno de junio de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno; en su oportunidad, archívese el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.Jegp

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en cuanto autoridad responsable ha sido omiso en rendir su respectivo informe justificado, no obstante de haber sido requerido con la oportunidad debida, como se obtiene del acuse de recibo que obra en el presente sumario. Ahora bien, teniendo en consideración que ante la omisión de la autoridad en cita, procedería, en su caso, al momento de resolver el juicio de amparo en que se actúa, que se presuman ciertos los actos que se le atribuyen; sin embargo, a efecto de estar en aptitud de analizar la constitucionalidad de los actos reclamados requiérase a la referida autoridad, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación de este proveído, remita las constancias con las cuales justifique la constitucionalidad de los actos que se le atribuyen en este juicio de amparo. APERCIBIMIENTO Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de ese lapso, se le impondrá, en la sentencia que se dicte en el presente asunto, una multa por el equivalente a cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de la materia. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS DEL UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy Fe.

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