Martin Eulalio Baena Olvera
Expediente 1366/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1366/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Martin Eulalio Baena Olvera
Actuaciones
- Principal
TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DEL PROVEIDO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADO EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE EL REFERIDO PROVEÍDO A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL ENUNCIA: "Pachuca, Hidalgo, uno de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el auto por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Martin Eulalio Baena Olvera; para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese Personalmente. ". NOTIFÍQUESE
- Principal
Pachuca, Hidalgo, uno de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el auto por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Martin Eulalio Baena Olvera; para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese Personalmente.
- Principal
TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DEL RESOLUCION DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2017, DICTADO EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE EL REFERIDO PROVEÍDO A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL ENUNCIA: "Pachuca de Soto, Hidalgo, catorce de noviembre de dos mil diecisiete Vista la demanda de derechos promovida por MARTIN EULALIO BAENA OLVERA, por derecho propio; contra actos del Juez Penal de Control del Segundo Circuito Judicial con sede en Actopan, Hidalgo. Fórmese expediente y regístrese con el número 1366/2017-1, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo , procede desechar la demanda de derechos por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora, el juicio de amparo es improcedente cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo ; en el caso, la disposición señalada en último término, expresamente señala como causal de improcedencia, cuando los actos derivan de un juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, es decir, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución General . En el caso, el acto reclamado, consiste en la resolución de ocho de noviembre de la presente anualidad, que declaró improcedente la nulidad de actuaciones de actos de investigación efectuados en la carpeta de investigación NUC 03-2017-0346, que deriva de la causa penal 15/2017 del índice del Juzgado Penal de Control del Segundo Circuito Judicial con sede en Apán, Hidalgo. Como antecedente a dicho planteamiento, el aquí amparista, en audiencia de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, por conducto de su defensor, hizo valer el incidente de nulidad de actuaciones que derivan de la carpeta de investigación que dio origen a la causa penal que se le instruye en su contra, como lo son: el dictamen en genética, reconocimiento de persona, fotografías, registro de llamadas; mismo que se declaró improcedente. Entonces, el reclamado se trata de un acto que por sus características no es de imposible reparación; esto es, no produce afectación de alguno de los derechos sustantivos protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son por ejemplo, la libertad, las propiedades, el derecho de tránsito, la inviolabilidad del domicilio o a la correspondencia, etcétera; sino sólo afectación adjetiva o intraprocesal, que puede quedar subsanada si el aquí amparista obtiene una sentencia favorable a sus intereses, en cuya hipótesis, la afectación reclamada no dejará huella en su esfera jurídica y, en el supuesto de no ser así, estará en aptitud de impugnarla a través del juicio de amparo directo en contra del fallo que culmine el procedimiento judicial, en términos del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, en relación con el 174 de la Ley de Amparo. Así las cosas, el acto reclamado no es un acto dictado dentro del juicio que tenga efectos que sean de imposible reparación, en términos de lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu; pues, en todo caso, solamente produce efectos intraprocesales sin que la misma traiga aparejada una afectación directa y actual a sus derechos sustantivos o adjetivos, en grado predominante o superior. Es aplicable sobre el particular, la jurisprudencia 3a./J.43 29/89, al resolver la contradicción de tesis 3/89, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 291, Tomo IV Primera Parte, Octava Época al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES EL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL". Asimismo, es aplicable al caso, la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Pleno, agosto de 1992, página: 11, la cual es del texto y rubro siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El concepto de imposible reparación, presupuesto indispensable para la procedencia de la vía constitucional, consagrado en el artículo 107, fracción III inciso b), de la legislación de amparo, resulta ser una violación insustituible en la esfera jurídica de los agraviados; y a manera de ejemplo, son actos que tienen una ejecución de imposible reparación: el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordene la intervención de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conmine a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior durante el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad y no dejan huella en la esfera jurídica del afectado. Es preciso señalar que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo como ya se citó, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 172 de la Ley de Amparo; pero existen una serie de excepciones en las que procederá el amparo indirecto ante el Juez de Distrito que señala el mismo artículo 107, fracción III, incisos b) y c), Constitucional y que precisa el diverso numeral 107, fracciones III y IV, de su Ley Reglamentaria, entre otras, cuando se trate de actos en el juicio cuya afectación sea en grado predominante o superior que sea de imposible reparación, y cuando afecten a personas extrañas a la controversia. Lo anterior evidencia que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse por la vía constitucional, pues si se trata de aquéllas que lesionen las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación en grado predominante o superior o afecten a personas extrañas a juicio. En síntesis, los actos dentro de juicio son de imposible reparación en los supuestos siguientes: a) Cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de los derechos fundamentales de que se trate. b) Complementario de lo anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis P. LVII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Octubre de 2004, visible a página 9, que dispone: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". Por lo tanto, el acto reclamado en el presente juicio no es de aquellos que le causen una afectación de imposible reparación, por tanto, no es procedente el amparo indirecto. De estimar lo contrario, es decir, considerar que algunas violaciones procesales -que no tienen una ejecución de imposible reparación- son impugnables mediante el juicio de amparo indirecto por producir una "afectación en grado predominante" o "afectación superior" generaría inseguridad jurídica, dado que daría lugar a hacer interpretaciones subjetivas (ante la indeterminación de estos últimos conceptos) para establecer casuísticamente los actos dentro de juicio susceptibles de combatirse mediante el amparo indirecto. A más de lo anterior, no debe soslayarse que la legislación procesal vigente para el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en sus artículos 480, 481 y 482 , esto es, del Código Nacional de Procedimientos Penales, contemplan la procedencia de la reposición del procedimiento a través del recurso de apelación contra la sentencia definitiva, cuando el tribunal de apelación advierta que hubo violaciones graves al debido proceso, así como que dicho Tribunal podrá hacer valer y reparar de oficio, a favor del sentenciado, las violaciones a sus derechos fundamentales; de modo que, aún ante el recurso ordinario, tiene la posibilidad de reparar dicha violación en una instancia ulterior si es que tal proceder trasciende al resultado del fallo -pues se desconoce si el hecho de que la autoridad le haya declarado improcedente dicho incidente de nulidad de actuaciones interpuesto respecto a actos de investigación dentro de la carpeta de investigación NUC 03-2017-0346 de la que deriva la causa penal 15/2017, vaya o no a trascender al resultado del fallo, lo que implica que no desaparece la posibilidad de que el promovente aún pueda obtener fallo definitivo favorable, pues va a ser hasta entonces cuando se entere si tal situación del procedimiento le afectó o no. En consecuencia, se desecha de plano por improcedente, la presente demanda de derechos, conforme a los artículos 61 fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo, en relación con el 107 fracción V aplicado en sentido contrario del mismo cuerpo de leyes. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Epazoyucan número 216, manzana M, lote 20, Colonia Parque de Poblamiento, en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Oscar Castillo Hernández, al contar con el registro de cédula en el sistema correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa". NOTIFÍQUESE
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, catorce de noviembre de dos mil diecisiete Vista la demanda de derechos promovida por MARTIN EULALIO BAENA OLVERA, por derecho propio; contra actos del Juez Penal de Control del Segundo Circuito Judicial con sede en Actopan, Hidalgo. Fórmese expediente y regístrese con el número 1366/2017-1, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo , procede desechar la demanda de derechos por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora, el juicio de amparo es improcedente cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo ; en el caso, la disposición señalada en último término, expresamente señala como causal de improcedencia, cuando los actos derivan de un juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, es decir, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución General . En el caso, el acto reclamado, consiste en la resolución de ocho de noviembre de la presente anualidad, que declaró improcedente la nulidad de actuaciones de actos de investigación efectuados en la carpeta de investigación NUC 03-2017-0346, que deriva de la causa penal 15/2017 del índice del Juzgado Penal de Control del Segundo Circuito Judicial con sede en Apán, Hidalgo. Como antecedente a dicho planteamiento, el aquí amparista, en audiencia de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, por conducto de su defensor, hizo valer el incidente de nulidad de actuaciones que derivan de la carpeta de investigación que dio origen a la causa penal que se le instruye en su contra, como lo son: el dictamen en genética, reconocimiento de persona, fotografías, registro de llamadas; mismo que se declaró improcedente. Entonces, el reclamado se trata de un acto que por sus características no es de imposible reparación; esto es, no produce afectación de alguno de los derechos sustantivos protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son por ejemplo, la libertad, las propiedades, el derecho de tránsito, la inviolabilidad del domicilio o a la correspondencia, etcétera; sino sólo afectación adjetiva o intraprocesal, que puede quedar subsanada si el aquí amparista obtiene una sentencia favorable a sus intereses, en cuya hipótesis, la afectación reclamada no dejará huella en su esfera jurídica y, en el supuesto de no ser así, estará en aptitud de impugnarla a través del juicio de amparo directo en contra del fallo que culmine el procedimiento judicial, en términos del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, en relación con el 174 de la Ley de Amparo. Así las cosas, el acto reclamado no es un acto dictado dentro del juicio que tenga efectos que sean de imposible reparación, en términos de lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu; pues, en todo caso, solamente produce efectos intraprocesales sin que la misma traiga aparejada una afectación directa y actual a sus derechos sustantivos o adjetivos, en grado predominante o superior. Es aplicable sobre el particular, la jurisprudencia 3a./J.43 29/89, al resolver la contradicción de tesis 3/89, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 291, Tomo IV Primera Parte, Octava Época al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES EL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL". Asimismo, es aplicable al caso, la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Pleno, agosto de 1992, página: 11, la cual es del texto y rubro siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El concepto de imposible reparación, presupuesto indispensable para la procedencia de la vía constitucional, consagrado en el artículo 107, fracción III inciso b), de la legislación de amparo, resulta ser una violación insustituible en la esfera jurídica de los agraviados; y a manera de ejemplo, son actos que tienen una ejecución de imposible reparación: el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordene la intervención de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conmine a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior durante el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad y no dejan huella en la esfera jurídica del afectado. Es preciso señalar que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo como ya se citó, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 172 de la Ley de Amparo; pero existen una serie de excepciones en las que procederá el amparo indirecto ante el Juez de Distrito que señala el mismo artículo 107, fracción III, incisos b) y c), Constitucional y que precisa el diverso numeral 107, fracciones III y IV, de su Ley Reglamentaria, entre otras, cuando se trate de actos en el juicio cuya afectación sea en grado predominante o superior que sea de imposible reparación, y cuando afecten a personas extrañas a la controversia. Lo anterior evidencia que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse por la vía constitucional, pues si se trata de aquéllas que lesionen las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación en grado predominante o superior o afecten a personas extrañas a juicio. En síntesis, los actos dentro de juicio son de imposible reparación en los supuestos siguientes: a) Cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de los derechos fundamentales de que se trate. b) Complementario de lo anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis P. LVII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Octubre de 2004, visible a página 9, que dispone: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". Por lo tanto, el acto reclamado en el presente juicio no es de aquellos que le causen una afectación de imposible reparación, por tanto, no es procedente el amparo indirecto. De estimar lo contrario, es decir, considerar que algunas violaciones procesales -que no tienen una ejecución de imposible reparación- son impugnables mediante el juicio de amparo indirecto por producir una "afectación en grado predominante" o "afectación superior" generaría inseguridad jurídica, dado que daría lugar a hacer interpretaciones subjetivas (ante la indeterminación de estos últimos conceptos) para establecer casuísticamente los actos dentro de juicio susceptibles de combatirse mediante el amparo indirecto. A más de lo anterior, no debe soslayarse que la legislación procesal vigente para el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en sus artículos 480, 481 y 482 , esto es, del Código Nacional de Procedimientos Penales, contemplan la procedencia de la reposición del procedimiento a través del recurso de apelación contra la sentencia definitiva, cuando el tribunal de apelación advierta que hubo violaciones graves al debido proceso, así como que dicho Tribunal podrá hacer valer y reparar de oficio, a favor del sentenciado, las violaciones a sus derechos fundamentales; de modo que, aún ante el recurso ordinario, tiene la posibilidad de reparar dicha violación en una instancia ulterior si es que tal proceder trasciende al resultado del fallo -pues se desconoce si el hecho de que la autoridad le haya declarado improcedente dicho incidente de nulidad de actuaciones interpuesto respecto a actos de investigación dentro de la carpeta de investigación NUC 03-2017-0346 de la que deriva la causa penal 15/2017, vaya o no a trascender al resultado del fallo, lo que implica que no desaparece la posibilidad de que el promovente aún pueda obtener fallo definitivo favorable, pues va a ser hasta entonces cuando se entere si tal situación del procedimiento le afectó o no. En consecuencia, se desecha de plano por improcedente, la presente demanda de derechos, conforme a los artículos 61 fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo, en relación con el 107 fracción V aplicado en sentido contrario del mismo cuerpo de leyes. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Epazoyucan número 216, manzana M, lote 20, Colonia Parque de Poblamiento, en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Oscar Castillo Hernández, al contar con el registro de cédula en el sistema correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,460 expedientes
- Martín Candelario del Rosario1481/2021
- Martin Coronel Borbon750/2016
- Martín Dario Reyna Rosete280/2021
- Martin Esteban Garcia Ortega513/2019
- Martin Eulalio Baena Olvera632/2017
- Martin Eulalio Baena Olvera455/2019
- Martin Felipe Mendoza Garcia1011/2018
- Martin Flores Flores1219/2022
- Martin Garcia Cruz577/2016
- Martín Garnica Rodríguez1387/2023
- Martín Gerardo Torres Salguero946/2021
- Martin Gerardo Torres Salguero112/2022