Martín Eugenio Aguilar Bustos
Expediente 249/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 249/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Martín Eugenio Aguilar Bustos
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos en los que se actúa, así como el contenido de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa Martín Eugenio Aguilar Bustos, haya interpuesto recurso alguno en contra del auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y de conformidad con lo estipulado en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el escrito signado por Karen Rosalba Salazar Tamez, autorizada de la parte quejosa, por el que solicita la devolución de las documentales exhibidas por el quejoso en su escrito de demanda. En consecuencia, como lo solicita la autorizada del quejoso, previo cotejo que se realice de las documentales de referencia, hágase devolución de las mismas, previa razón de su entrega y recibo que se deje en autos. Notifíquese.
- Principal
En ese sentido, fórmese el cuaderno correspondiente; regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 249/2023. Ahora, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Luego, de lo antes precisado se advierte que reclama el oficio DGRH/DRL/DJCA/102-XV/2023, de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en el que dejó sin efecto la asignación de la plaza N°17486, nivel 110, puesto Auxiliar Administrativo, categoría AA Sindicato, con adscripción en la Secretaría de Bienestar Social, a partir del dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Bajo tal precisión, se advierte existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo promovido por el quejosa pues se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 1° y 5, fracción II que disponen lo siguiente: Los dispositivos en comento, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los numerales previstos se puede establecer que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se reclama un acto realizado por un ente, público o privado, que por sus características no puede considerarse como autoridad responsable, por encontrarse desprovisto de obligatoriedad y coercitividad, elementos necesarios, para que sus resoluciones (actos u omisiones) puedan trascender a la esfera fundamental del justiciable. Luego, por autoridad para efectos del juicio de amparo, debe entenderse a aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares; o bien, omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En otras palabras, por autoridad responsable debe considerarse a las personas (de hecho o de derecho) que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales (o bien omitirlos) a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Concluyéndose que las características de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, son: que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. I. Que tenga características de órgano público, II. Que las normas Jurídicas le otorguen potestad para actuar, III. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera Jurídica de los gobernados; y, IV. Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo. Institución que se encuentra plasmada en la tesis 2a./J.164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; que se transcribe: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En ese orden de ideas, se establece que las relaciones jurídicas se pueden clasificar, desde el punto en el que se encuentre el justiciable en referencia al ente o persona con el que se da el acto o hecho jurídico, en relaciones de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, las cuales deben atenderse a fin de determinar si un acto pudiera reputarse de autoridad. Es importante apuntar, con fines ilustrativos, que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías constitucionales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales (coercitividad). Así que, en términos de lo que importa al juicio de derechos fundamentales, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las nominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Por última, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, como las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que prevé el artículo 105, fracciones I y II, constitucional. Ahora bien, para determinar si un acto proviene de una autoridad para los efectos del juicio de amparo es necesario distinguir la relación jurídica de donde derivó y examinar si la que se somete al escrutinio constitucional se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. En tal virtud, si la parte quejosa reclama el oficio DGRH/DRL/DJCA/102-XV/2023, de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en el que dejó sin efecto la asignación de la plaza N°17486, nivel 110, puesto Auxiliar Administrativo, categoría AA Sindicato, con adscripción en la Secretaría de Bienestar Social, a partir del dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, acto atribuido al Director General de Recursos Humanos, así como al Director Administrativo de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Tamaulipas; de ahí que, es evidente que éstas no son autoridades para efectos del juicio de amparo. Para tener una mejor compresión, de la causa de improcedencia que se analiza en el presente asunto, cabe mencionar los artículos 100 fracción I, 100 bis fracción I y 101 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, que disponen: "Artículo 100.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios residirá en la capital del Estado y será competente para: I.- Conocer los conflictos individuales que se susciten entre el Gobierno del Estado o los Ayuntamientos y sus trabajadores, buscando en todo momento proponer la solución, a través de la conciliación de las partes;" "Artículo 100 Bis.- La Sala del Estado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, conocerá de los siguientes asuntos: I.- Los conflictos individuales que se susciten entre las instituciones públicas, entes gubernamentales y poderes del Estado, y sus trabajadores, buscando en todo momento proponer la solución, a través de la conciliación de las partes;" "Artículo 101.- El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios iniciará la presentación de la demanda respectiva, que deberá hacerse por escrito; a la respuesta que en igual forma se dé a la demanda y a una sola audiencia en la que se presentarán pruebas y alegatos de las partes. El Tribunal pronunciará resolución dentro del término de diez días hábiles siguientes a la audiencia, a menos que, a su juicio, se requiera la práctica de audiencia y diligencias posteriores, en cuyo caso ordenará que se lleven a cabo." De los preceptos legales trascritos, se advierte que las controversias que existan entre el funcionario de una unidad burocrática con sus trabajadores serán dirimidas ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, en atención a que la relación jurídica que une al Estado con sus trabajadores no lo hace con su potestad de autoridad sino como patrón, efectivamente, el acto a combatir en el presente asunto tiene su origen en la existencia de un vínculo laboral, ya que todo aquel que se encuentre vinculado a otra persona, de manera permanente o eventual, por una relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón debe ser sujeto de controversia ante un Tribunal de Conciliación y Arbitraje. En virtud de lo anteriormente expuesto, el acto consistente en el oficio DGRH/DRL/DJCA/102-XV/2023, no es susceptible de reclamarse por esta vía de control constitucional al carecer de la potestad e imperio de los actos provenientes de las autoridades dentro de una relación de supra a subordinación, sino que sólo se trata de actos entre particulares, al devenir de una relación laboral, el cual es susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente, ante la autoridad de esa misma naturaleza. Se corrobora la existencia de una relación laboral, con lo manifestado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, pues en lo que interesa el promovente de mérito manifestó lo siguiente: ".1. El suscrito soy Empleado de Base Sindical adscrito a la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con número de empleado 47237.", lo cual hace prueba plena de su confesión en términos de los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 14/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 4389, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuya transcripción dice: "ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LAS DETERMINACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, DERIVADAS DE UN CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ASCENSO A UN NIVEL O CATEGORÍA SUPERIOR PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO, CONSISTENTES EN LA NEGATIVA A OTORGAR UNA PLAZA AL QUEJOSO Y SU ENTREGA A UN TERCERO. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, y con diversos precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los requisitos que deben satisfacerse para considerar que un acto es de autoridad para efectos del juicio de amparo, consiste en que exista un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. Ahora bien, las determinaciones de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, derivadas de un concurso de oposición para la promoción de ascenso a un nivel o categoría superior para los trabajadores de la educación del Estado, consistentes en la negativa a otorgar una plaza al quejoso y su entrega a un tercero, no tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación entre dicha Secretaría y los docentes o servidores de la educación que aspiran a ser promovidos o ascendidos a un nivel más alto dentro de la misma estructura educativa estatal es de coordinación y no de supra a subordinación, pues: a) Deriva de una relación laboral-burocrática entre el Estado como patrón (no como autoridad o ente superior) y el servidor público como trabajador; y, b) Del artículo 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente abrogada, se advierte que las diferencias en las relaciones de trabajo que surjan entre el personal al que se refiere la propia ley y las autoridades educativas y organismos descentralizados, se rigen por la legislación laboral aplicable y, en consecuencia, serán dirimidas ante los órganos jurisdiccionales competentes en esa materia, característica propia de las relaciones de coordinación, por lo que si el quejoso no está de acuerdo con el resultado del concurso de oposición o con sus consecuencias, puede impugnarlo por la vía laboral." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 5 fracción II de la misma legislación, con apoyo en el artículo 113 del mismo ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA, respecto de los quejosos citados con antelación. Lo anterior, sin que pase inadvertido que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a/J.54/2012, determinó que el auto inicial de trámite del juicio no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos de su promoción. Sin embargo, excepcionalmente dicho auto puede constituir la actuación ideal para analizar si los actos son de autoridad para efectos de la instancia constitucional cuando, a su vez, exista jurisprudencia en que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación haya definido criterio respecto de un acto determinado. Dicho criterio se ve reflejado en la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L, emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, localizable en la página 1224, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Apoya también a lo anterior, por su contenido, la Jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. Se tiene como autorizado en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a la licenciada ********************, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada ante el Registro único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa de recibo el oficio enviado por este juzgado relativo al proveído de trece de febrero de dos mil veintitrés. Notifíquese.
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