Martín Esteves Casas

Expediente 262/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
262/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
01/08/2018

Partes del expediente

  • Martín Esteves Casas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mesa de Amparo IV-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de agosto de dos mil dieciocho. Se declara que la sentencia dictada en este asunto, ha causado ejecutoria. Archívese el expediente principal como asunto concluido. Como en la sentencia dictada en este juicio se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, se estima que este expediente es susceptible de depuración. [...]. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales... Hágase del conocimiento de las partes..., el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Devuélvanse cuatro tomos de pruebas a la autoridad responsable Magistrada Presidenta de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, de los que adjuntó a su informe justificado. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil dieciocho. AMPARO INDIRECTO 262/2018 JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. El Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, después de haber analizado los aspectos que son materia de estudio en este asunto, emite la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 262/2018, promovido por Martín Esteves Casas, por propio derecho, contra de actos de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, y otra autoridad. I. ANTECEDENTES 1. De autos se advierte que ante el Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Salina Cruz Oaxaca, se tramita el juicio ordinario civil de divorcio necesario 70/2015, promovido por Martin Esteves Casas en contra de Dolores Flores Garrido. 2. Seguida la secuela procesal, el once de abril de dos mil dieciséis, la secretaria de acuerdos encargada del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Salina Cruz, dictó sentencia definitiva en la cual decretó la disolución del vínculo matrimonial que celebraron Martin Esteves Casas y Dolores Flores Garrido; así como, la disolución de la sociedad conyugal legal; y, se reservó hacer pronunciamiento respecto de la división de los bienes, lo que deberían formular en ejecución de sentencia. 3. Inconforme con esa resolución, la nombrada Dolores Flores Garrido, interpuso recurso de apelación; medio de impugnación, que correspondió conocer a la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, al que se le asignó el toca familiar 452/2016. 4. Dicho tribunal el siete de febrero de dos mil diecisiete, resolvió el toca familiar de mérito y determinó confirmar la resolución impugnada. 5. Dicha resolución obedeció a que con independencia de los agravios hechos valer por la parte apelante, existe criterio temático resuelto por la Primera Sala del máximo tribunal de este país, emitido al resolver la contradicción de tesis 73/2014, que originó la jurisprudencia de rubro "DIVORCIO NECESARIO. EL RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO QUE EXIGE LA ACREDITACIÓN DE CAUSALES, VULNERA EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (CÓDIGOS DE MORELOS, VERACRUZ Y LEGISLACIONES ANÁLOGAS)". 6. En razón de ello, se estableció que los jueces de los estados no pueden condicionar el otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna causal (como lo establece el numeral 279 del Código Civil del Estado de Oaxaca, aplicable al juicio natural) , y para decreta la disolución del vínculo matrimonial basta que uno de los cónyuges lo solicite, sin expresar motivo alguno, como sucedió. 7. Inconforme nuevamente con esa resolución Dolores Flores Garrido, promovió demanda de amparo directo, el cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, el que se registró bajo el número 242/2017. 8. No obstante lo anterior, correspondió resolver en definitiva al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, asuntó que radicó bajo el amparo directo civil 786/2017 y el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, determinó conceder el amparo y protección a Dolores Flores Garrido. 9. Ello, en atención a que se vulneró de manera indirecta los derechos de la hija menor de edad de las partes del juicio de origen de nombre M.C.E.F. 10. Lo antes señalado, porque la sala responsable no se ocupó de decidir a cuál de los ex cónyuges corresponderá su guarda y custodia, ni estableció el régimen de convivencia respecto del que no estará a cargo de la menor ni respecto de la obligación alimenticia (esto último en el caso de que no sea objeto de diversa acción), siendo que en el juicio de origen no se emitió un pronunciamiento sobre tales aspectos, como era obligación de la responsable, en términos de lo dispuesto en los numerales 294, fracciones II y VI, 295 y 249 del Código Civil del Estado de Oaxaca. 11. Los efectos de dicha concesión son del tenor literal siguiente: ". En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se otorga la protección constitucional para el efecto de que: 1. La Sala responsable deberá dejar insubsistente la sentencia reclamada; 2. En caso que estime que cuenta con todos los elementos necesarios para determinar la situación jurídica que guarda la menor María del Carmen Esteves Flores, en términos del artículo 295 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca; entonces, deberá emitir una nueva resolución en la que reitere la disolución tanto del vínculo matrimonial como de la sociedad legal que existió entre Martín Esteves Casas y Dolores Flores Garrido y, además, deberá determinar la guarda y custodia de la referida menor, la obligación alimenticia (en caso de que no haya sido materia de otro juicio), los términos del régimen de convivencia con el padre no custodio o cualquier cuestión semejante; 3. En caso contrario, esto es, en el supuesto que considere que no cuenta con los elementos necesarios para decidir la situación jurídica de la menor de edad María del Carmen Esteves Flores, deberá ordenar la reposición de procedimiento de primera instancia, para efecto de que el juzgador natural se allegue de los elementos necesarios e indispensables que le permitan definir la situación y derechos de la menor de edad, procurando en todo momento proteger su interés superior; en cuyo caso, deberá ordenar al juez de primera instancia, que dicte todas las medidas precautorias necesarias que tiendan a proteger los derechos de la menor de edad María del Carmen Esteves Flores, respecto de la guarda y custodia, alimentos, régimen de convivencia o cualquier cuestión semejante mientras tanto se resuelve su situación en la sentencia definitiva y, en su momento, se reiteren las consideraciones relativas a la disolución del vínculo matrimonial, así como, de la sociedad conyugal." Énfasis propio. 12. En cumplimiento a esa ejecutoria, la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, en el toca familiar 452/2016, emitió la resolución de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en la cual I) se dejó sin efecto la resolución dictada el siete de febrero de dos mil diecisiete; y, II) ordenó la reposición del procedimiento en los términos indicados en el considerando tercero de esa resolución. (Determinación que constituye el acto reclamado) 13. Esa determinación obedece a que la sala responsable, consideró que no contaba con los elementos necesarios e indispensables que permitan definir la situación y derechos de la menor M.C.E.F.; por ende, dejó sin efecto la sentencia de once de abril de dos mil dieciséis y repuso el procedimiento de primera instancia para el efecto de allegar a juicio los elementos necesarios e indispensables que le permitan al juez primario definir la situación y derechos de la menor, procurando en todo momento proteger el interés superior de la misma, en términos del numeral 4° Constitucional. 14. El Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca, en proveído de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, recibió la resolución de la sala responsable; ordenó reponer el procedimiento, dejando sin efecto la sentencia de once de abril de dos mil dieciséis, así como la fase de alegatos del juicio de origen; y, señaló fecha y hora para la audiencia de carácter familiar en la que versaría sobre la convivencia de la menor M.C.E.F. 15. El trece de diciembre de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia de carácter familiar, en la que comparecieron el actor Martín Estévez Casas, la demandada Dolores Flores Garrido y después de haber dialogado, se determinó que la guarda provisional de la menor M.C.E.F., estaría a cargo de su progenitora, en virtud de que siempre ha estado con la nombrada; respecto a la convivencia de la menor con su señor padre, sería los fines de semana de cada quince días en virtud de que el mismo tiene un turno continuo, finalmente en relación a los alimentos la madre de la niña indicó que se encuentran garantizados en el expediente 636/2005 . II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 16. Martín Estevez Casas presentó un escrito ante la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, el once de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual interpuso demanda de amparo directo, contra la resolución de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete dictada en el toca familiar 452/2016 de su índice. 17. La sala responsable el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca y rindió su informe de ley. 18. Ese juicio se radicó bajo el amparo directo 194/2018; sin embargo, en auto de siete de marzo de dos mil dieciocho, el citado tribunal de alzada determinó que la resolución de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca familiar 452/2016, no tiene el carácter de definitiva para los efectos del juicio de amparo directo; por ende, de declaró legalmente incompetente para conocer del asunto y ordenó remitir los autos al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca en turno, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. 19. La demanda se turnó a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, el que mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil dieciocho, aceptó la competencia planteada; se avocó al conocimiento del asunto; la admitió a trámite y la registró bajo el número 262/2018; otorgó intervención conducente a la Agente del Ministerio Público adscrita; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA 20. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de un acto emitido por una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. IV. LEGITIMACIÓN 21. Martín Esteves Casas, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, porque es la parte actora del juicio ordinario civil de divorcio necesario de origen y con la resolución que ahora combate, que repuso el procedimiento en dicho juicio, aduce se violaron derechos fundamentales. V. OPORTUNIDAD 22. La resolución reclamada se notificó a la parte quejosa el uno de diciembre de dos mil diecisiete , notificación que de conformidad con el segundo párrafo del numeral 119 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca , que es la ley del acto que refiere el numeral 18 de la Ley de Amparo, surtió efectos el día hábil siguiente, esto es, el cuatro de diciembre siguiente, por lo que el término de quince días a que refiere el numeral 17 de la ley de la materia, transcurrió del cinco al veinticinco de diciembre de dos mil diecisiete, descontando los días nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de diciembre, por haber sido sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el numeral 19 de la Ley de Amparo. 23. Por lo que si la demanda se presentó el once de diciembre de dos mil diecisiete, según el sello que se aprecia a foja 10 del cuaderno de amparo, esto demuestra que se promovió dentro del término legal y es oportuna. VI. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 24. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 25. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. 26. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". 27. En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama de las autoridades responsables lo siguiente: Autoridad responsable ordenadora: I. Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec. Autoridad responsable ejecutora: II. Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca. Acto reclamado: ? La resolución de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca familiar 452/2016 del índice de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, la cual revocó la sentencia de once de abril de dos mil dieciséis, dictada en el juicio ordinario civil de divorcio necesario 70/2015 por el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca y ordenó reponer el procedimiento para el efecto de definir la situación y derechos de la menor de edad M.C.E.F. VII. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO 28. La Magistrada Presidenta de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado . 29. Esa confesión se estima suficiente para tener por acreditada la certeza o existencia de la determinación reclamada. 30. Por tanto, se le tiene como plenamente probado en términos de la Jurisprudencia número 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". 31. Lo que se corroboró con las actuaciones originales del toca familiar 452/2016 y del juicio ordinario civil de divorcio necesario 70/2015, que adjuntó al rendir su informe de ley, que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, y de las que se advierte la existencia del auto combatido. 32. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". 33. No es obstáculo para resolver el presente asunto, que no se encuentre rendido el informe justificado del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca, toda vez que de las constancias que obran en autos, se advierte su participación en la ejecución de la determinación combatida. VIII. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 34. En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente. IX. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 35. Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, al no existir dispositivo legal alguno que imponga esa obligación, máxime que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad los mismos habrán de ser analizados al momento de estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados. 36. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, cuyo rubro y texto indican: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." X. ESTUDIO DEL ASUNTO 37. Ahora bien, de un estudio integral de la demanda de amparo, se obtiene que el quejoso hace valer los siguientes conceptos de violación: a) Señala que la resolución que ahora se estudia es violatoria de derechos humanos, ya que la sala responsable no acató la resolución de amparo emitida en el amparo directo civil 786/2017, por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, donde concedió el amparo a Dolores Flores Garrido, para el efecto de que emitiera una resolución donde reiterara la disolución del vínculo matrimonial celebrado por las partes y únicamente se allegara de los elementos necesarios para verificar que no se habían vulnerado derechos de la menor M.C.E.F. b) Aduce que la sala responsable sin motivo, ni fundamento dejó sin efecto la sentencia de primera instancia de once de abril de dos mil dieciséis, dictada en al expediente familiar 70/2015 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca. c) Indica que la resolución que en esta vía se combate, al ordenar revocar la sentencia de once de abril de dos mil dieciséis, dictada en el juicio de divorcio necesario de origen, violó su derecho al libre desarrollo de la personalidad, ya que lo obliga a seguir casado con Dolores Flores Garrido, sin que exista voluntad de su parte. d) Manifiesta que la resolución reclamada le causa agravios, ya que solo bastaba que la sala responsable girara oficio al juez primario, para solicitar los informes necesarios del juicio de alimentos 636/2005 de su índice y poder así acatar la resolución de amparo, al resolver sobre la guarda y custodia de la menor. e) Expone que la sala responsable al dejar sin efecto la sentencia de primera instancia, viola el "principio de pronta justica", ya que ocasiona que el juicio sea tedioso, largo y la demandada tenga la oportunidad apelar el nuevo fallo. f) Alega que lo resulto por la sala familiar responsable le causa agravios, al reponer el procedimiento para que se determinara la guarda, custodia y pensión alimenticia de la menor M.C.E.F., ya que eso ya se encontraba atendido en el juicio de alimentos 636/2005 del propio índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca, por lo que resultaba innecesaria esa determinación. 38. Una vez ubicados los motivos de disenso expuestos por el promovente del amparo, este juzgador realizará su estudio para su mayor comprensión en diferente orden de los señalados, sin que esto implique alguna violación a sus derechos fundamentales. 39. Apoya a lo expuesto con anterioridad, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, visible a página 2018, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Décima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2011406, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." 40. En ese orden de ideas, respecto de los conceptos de violación señalados en los incisos a), c), d) e) y f), resultan inoperantes. 41. Se explica. Como bien se adelantó, esos motivos de disenso resultan inoperantes, ya que van encaminados a combatir consideraciones que en su caso debieron ser materia del cumplimiento de la ejecutoria del amparo directo civil 786/2017 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar del Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa; por ende, para evidenciar lo antes expuesto, se precisan los puntos torales en los que se basó la ejecutoria del tribunal de alzada, a saber: I. Se desestimaron los conceptos de violación expuestos por la parte recurrente en contra la sentencia reclamada y se coincidió con la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al confirmar la sentencia de primera instancia en la que se declaró la disolución del vínculo matrimonial, ya que en ella se expuso que el numeral 279 del Código Civil del Estado de Oaxaca, vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad humana, al exigir la acreditación de alguna causal de divorcio para disolver el vínculo matrimonial, cuando la única determinante para considerarse constitucionalmente válida lo es la libre voluntad expresada por el actor en su demanda; además, hay criterio temático resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a ese tema. II. Se advirtió de oficio una omisión que vulneró de manera indirecta los derechos de la hija menor de edad de las partes del juicio de origen, de nombre M.C.E.F., ya que la sala responsable no se ocupó de decidir a cuál de los ex-cónyuges corresponderá su guarda y custodia ni estableció el régimen de convivencia respecto del que no estará a cargo de la menor ni respecto de la obligación alimenticia (esto último en el caso de que no sea objeto de diversa acción), siendo que en el juicio de origen no se emitió un pronunciamiento sobre tales aspectos, como era obligación de la responsable en términos de los dispuesto en los artículos 294, fracciones II y VI, 295 y 429 del Código Civil para el estado de Oaxaca aplicable, así como de conformidad con el criterio contenido en la jurisprudencia 28/2015, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que aun en los casos en que se decrete el divorcio sin la existencia de cónyuge culpable resulta necesario resolver las cuestiones familiares relacionadas con la disolución del matrimonio, como son la guarda y custodia de los hijos, del régimen de convivencia con el padre no custodio, los alimentos o cualquier semejante. Es por ello, que ante tal omisión de pronunciarse en torno a una de las consecuencias jurídicas de la disolución del matrimonio, como lo es la determinación en cuanto a la guarda y custodia, la obligación alimenticia (incluyendo en su caso, en su caso, la declaratoria si es objeto de diverso juicio) y la disposición del régimen de convivencia con el padre no custodio, siendo que el juez primario estaba obligado a decidir tales cuestiones, incluso, de oficio, en términos de lo dispuesto por el artículo 696 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, a fin de proteger debidamente el interés de la familia, por ende, se vulneró en perjuicio de la referida menor de edad los derechos mencionados, lo que ameritó la concesión del amparo para el efecto de que la sala responsable subsane la referida omisión y emita el pronunciamiento que en derecho corresponda. En esa línea de pensamiento, a la sala responsable se le ordenó actuar de la siguiente manera: a) Deje insubsistente la sentencia combatida y, en su lugar, deberá dictar otra en la que se pronuncie en relación a la situación de la menor de edad. b) En aras de garantizar la restitución en el goce efectivo de sus derechos de protección, alimentos y convivencia, debe decidir a cuál de los padres corresponde su guarda y custodia, lo relativo a la obligación alimenticia (en caso de que no haya sido materia de un juicio diverso), así como el régimen de convivencias con el padre no custodio. III. Ello tuvo por objeto lograr la inmediata y efectiva protección del interés superior de la menor de edad, pues resulta necesario que la responsable fije su situación jurídica para efecto que se respeten sus derechos de protección, alimentos y convivencia con el progenitor no custodio. Lo anterior, sin perjuicio que, de estimar la responsable que no obran en autos elementos suficientes para decidir en la sentencia definitiva a quien corresponderá la guarda y custodia de la menor, la obligación alimenticia (en caso de que no haya sido materia de otro juicio), los términos del régimen de convivencia con el padre no custodio o cualquier cuestión semejante, entonces, conforme a las facultades contenidas en el numeral 696 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, deberá ordenar la reposición del procedimiento de primera instancia, para el efecto de allegar al juicio elementos necesarios e indispensables que le permitan al juez de origen definir la situación y derechos de la menor de edad, procurando en todo momento proteger el interés superior de la niña, en términos del numeral 4 Constitucional. IV. Además, para el supuesto de que estimara necesario reponer el procedimiento natural, deberá ordenar al juzgador de primera instancia que dicte todas las medias precautorias necesarias que tiendas a proteger los derechos de la menor de edad. V. Finalmente, al no advertir violaciones a los derechos fundamentales de la quejosa en relación a la disolución del vínculo matrimonial decretado por el juez de origen, lo resuelto respecto de ese tema deberá ser reiterado en la sentencia que en su momento se dicte. 42. Ahora bien, como bien se señaló, los conceptos de violación antes citados, hechos valer por el quejoso, van encaminados a controvertir determinaciones que fueron materia de la ejecutoria de amparo y su cumplimiento. 43. En efecto, el quejoso en sus argumentaciones tendentes a exponer que la reposición del procedimiento y al dejar sin efecto la sentencia de primera instancia le causan agravios; ello se debió a la facultad de jurisdicción que otorgó el órgano colegiado a la sala responsable, como bien se especificó en puntos precedentes, ello para determinar que si no contaba con los elementos necesarios para decir la situación de la menor, ordenara la reposición del juicio de origen, para que el juez natural se allegara de dichos elementos y proteger su interés; por tanto, esa determinación deriva de una decisión que ya fue materia de análisis en un juicio anterior y, por ello, con independencia de lo que pudiera argumentar el peticionario del amparo en sus conceptos de violación, no puede ser objeto de análisis por este órgano jurisdiccional, pues implicaría trastocar una decisión definitiva emitida por un tribunal colegiado. 44. Luego, en sus conceptos que esgrimen un indebido incumplimiento a la sentencia de amparo por la sala responsable; de igual forma, no puede analizarse por este Juzgado Federal, estudiando en una misma resolución cuestiones relacionadas con lo que se estima que es un exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector, y las que atañen a la violación de derechos que se alega, sino que tales planteamientos, por ser de índole diversa y en este caso excluyentes entre sí, obligan al suscrito resolver únicamente por lo que atañe a los conceptos de violación que se relacionan con la transgresión de derechos humanos derivados del nuevo o novedoso acto que la autoridad responsable emitió. 45. Ello es así, ya que no es dable concluir que en el presente juicio de amparo que se insta en contra de la resolución de segunda instancia que se dicta en cumplimiento de la citada ejecutoria de amparo de dicho tribunal de alzada, sólo resultan operantes los conceptos de violación dirigidos a combatir las cuestiones que la responsable 1) resolvió directamente en ejercicio de la libre jurisdicción que se le confirió o en vía de consecuencia de ese ejercicio erigiéndose lo anterior en una conditio sine qua non o condición necesaria para ser analizables; y, 2) lo que dejó de resolver en perjuicio del quejoso y que debió fallar en ejercicio de una plenitud de jurisdicción. 46. Por ende, por vía de exclusión, los argumentos ajenos a estos temas son inoperantes por inatendibles, de ahí que no es factible estudiarlos en la presente resolución. 47. Es aplicable la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 22, Tomo VI, Diciembre de 1997, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL NUEVO JUICIO PROMOVIDO EN SU CONTRA, RELACIONADOS CON EL EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DEL FALLO PROTECTOR, SON INOPERANTES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EL SOBRESEIMIENTO DE AQUÉL. Dado el principio de unidad que rige el cumplimiento de las sentencias de amparo, cuando se trata específicamente de resoluciones de índole jurisdiccional que, por su propia naturaleza, implican la emisión de un solo fallo, éste no puede analizarse por el tribunal de amparo, estudiando en una misma resolución cuestiones relacionadas con lo que en el nuevo amparo se estima que es un exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector, y las que atañen a la violación de garantías que se alega, sino que tales planteamientos, por ser de índole diversa y en este caso excluyentes entre sí, obligan a que el tribunal que conoce del ulterior juicio de amparo resuelva éste por lo que atañe a los conceptos de violación que se relacionan con la transgresión de garantías derivada del nuevo acto que la autoridad responsable emitió en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en la que se le devolvió su propia jurisdicción y, en caso de que proceda el beneficio de la suplencia, se pronuncie respecto de las violaciones manifiestas que advierta de oficio; en tanto que, en lo referente a los argumentos relacionados con el exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, debido a que no son materia de la litis constitucional del nuevo juicio de garantías que se promueva, sino de otro trámite diverso, deben estimarse inoperantes al ser jurídicamente imposible su estudio; sin que esto último ocasione el sobreseimiento del juicio promovido, ya que ello implicaría omitir, sin encontrar apoyo en precepto jurídico alguno, el análisis de las cuestiones constitucionales debatidas o de aquellas que, en su caso, derivaran de la suplencia de la queja." 48. Seguidamente y tocante al concepto de violación señalado en el inciso b), consistente en que la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al emitir la resolución de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete y ordenar reponer el procedimiento primario, lo hizo sin motivarlo y fundamentarlo. 49. Ese concepto de violación, resulta infundado, como a continuación se expondrá. 50. En principio, cabe precisar que los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente establecen: "Artículo 14. .nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." 51. Del segundo artículo trascrito, se desprende uno de los derechos fundamentales más comunes que deben respetar las autoridades en el ejercicio de sus funciones, es la de legalidad, misma que se traduce en fundar y motivar sus determinaciones. 52. La fundamentación de un acto de autoridad, supone apoyar la procedencia de tal acto en razones legales que se encuentran establecidas en un cuerpo normativo; y la motivación implica que la autoridad que lo emita, explique o dé razón de los motivos que la condujeron a emitirlo. 53. Al caso es aplicable la Jurisprudencia de la Séptima Época, registro: 815374, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Informe 1973, Parte II, Tesis: 11, página: 18, de contenido siguiente: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". 54. Así, todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y de conformidad con el primer artículo antes mencionado, todo procedimiento jurisdiccional se rige por las leyes expedidas con anterioridad al momento de su inicio, el cual debe seguirse por todas las etapas procesales hasta su conclusión definitiva bajo la aplicación de dicha normatividad, no obstante que durante el desarrollo de ese juicio o procedimiento, la ley que en un inicio se comenzó a aplicar sea superada por una nueva, pues precisamente el principio de seguridad jurídica, estriba en que las partes que contienden en un determinado juicio o proceso, tienen la certeza de los criterios, procedimientos y normas, con las cuales se substanciará el citado procedimiento en el cual participan, es decir, se debe de aplicar la norma vigente al momento de iniciar el juicio o al momento de adquirir el derecho. Principio, que se deduce de la interpretación lógica del primer párrafo del artículo 14 Constitucional. 55. En ese tenor, como se expuso en los antecedentes del acto reclamado, la resolución que ahora se combate, se emitió en parte en cumplimiento a la ejecutoria de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el amparo directo civil 786/2017 por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, cuyo efectos son los siguientes: ". En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se otorga la protección constitucional para el efecto de que: 1. La Sala responsable deberá dejar insubsistente la sentencia reclamada; 2. En caso que estime que cuenta con todos los elementos necesarios para determinar la situación jurídica que guarda la menor María del Carmen Esteves Flores, en términos del artículo 295 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca; entonces, deberá emitir una nueva resolución en la que reitere la disolución tanto del vínculo matrimonial como de la sociedad legal que existió entre Martín Esteves Casas y Dolores Flores Garrido y, además, deberá determinar la guarda y custodia de la referida menor, la obligación alimenticia (en caso de que no haya sido materia de otro juicio), los términos del régimen de convivencia con el padre no custodio o cualquier cuestión semejante; 3. En caso contrario, esto es, en el supuesto que considere que no cuenta con los elementos necesarios para decidir la situación jurídica de la menor de edad María del Carmen Esteves Flores, deberá ordenar la reposición de procedimiento de primera instancia, para efecto de que el juzgador natural se allegue de los elementos necesarios e indispensables que le permitan definir la situación y derechos de la menor de edad, procurando en todo momento proteger su interés superior; en cuyo caso, deberá ordenar al juez de primera instancia, que dicte todas las medidas precautorias necesarias que tiendan a proteger los derechos de la menor de edad María del Carmen Esteves Flores, respecto de la guarda y custodia, alimentos, régimen de convivencia o cualquier cuestión semejante mientras tanto se resuelve su situación en la sentencia definitiva y, en su momento, se reiteren las consideraciones relativas a la disolución del vínculo matrimonial, así como, de la sociedad conyugal." Énfasis propio. 56. De los efectos de la ejecutoria de amparo antes transcritos, se advierte que el tribunal de alzada dejó en libertad de jurisdicción a la sala responsable, para el caso que estimara que de contar con todos los elementos necesarios para determinar la situación jurídica que guarda la menor M.C.E.F., en términos del numeral 295 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, debía remitir una nueva resolución en la que reitere la disolución tanto del vínculo matrimonial como de la sociedad legal que existió entre Martín Esteves Casas y Dolores Flores Garrido; además, determinar la guarda y custodia de la referida menor, la obligación alimenticia (en caso de que no haya sido materia de otro juicio), los términos del régimen de convivencia con el padre no custodio o cualquier cuestión semejante. 57. En caso contrario y en el supuesto que considerara que no contaba con los elementos necesarios para decidir la situación jurídica de la menor de edad, repusiera el procedimiento de primera instancia, para efecto de que el juzgador natural se allegara de los elementos necesarios e indispensables que le permitan definir la situación y derechos de la citad menor, procurando en todo momento proteger su interés superior. 58. Ahora bien, contrario a lo manifestado por el quejoso, se estima que la sala responsable si motivó y fundamentó la resolución en estudio, que llevó a reponer el procedimiento. 59. Primeramente, en cuanto a la motivación del acto que se combate, esto referente a que la autoridad al momento de emitirlo, explique o dé razón de los motivos que la condujeron a emitirlo, se encuentra satisfecho puesto que al realizar una ponderación de los elementos allegados por el juzgador primario, advirtió una omisión en el juicio de origen, que vulneró de manera incorrecta los derechos de la menor M.C.E.F. 60. De ahí, que estimó correcto suplir la queja en favor de dicha menor, atendiendo a lo dispuesto por el numeral 696 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca y con apoyo en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación de rubro "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LSO DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE". 61. En razón de ello, determinó lo siguiente: ".por consiguiente se colige que MARÍA DEL CARMEN ESTEVES FLORES tiene fijada una pensión alimenticia en el expediente 636/2005 del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Salina Cruz Oaxaca, sin que conste en autos la resolución dictada en el expediente que permita corroborar el monto de la pensión alimenticia definitiva determinada a favor de la menor de dieciocho años de edad. Por ende el juez deberá recabar las copias certificadas del expediente de referencia para tener la certeza de la cantidad o porcentaje en que fue fijada la pensión alimenticia a favor de la referida menor de dieciocho años de edad, si esta es provisional o definitiva, asimismo si en el juicio se estableció guarda y custodia definitiva a favor de alguno de los progenitores. ." 62. Una vez precisado lo anterior, la sala responsable determinó que se vulneró derechos de la menor en cuestión, porque la sentencia de primera instancia no se ocupó de cuál de los ex-cónyuges correspondería la guarda y custodia, ni se estableció el régimen de convivencia respecto del que no estará a cargo de la menor; sin embargo, advirtió que si bien es cierto que respecto de la obligación alimenticia existe un juicio diverso como lo refieren las partes en la demanda y contestación, no se acreditó si esta es definitiva, el monto o porcentaje determinado, ni si se otorgó la guarda y custodia a alguno de los progenitores. 63. Dichos argumentos los fundamento con apoyo en lo dispuesto por los artículos 294, fracciones II y VI, 295 y 429 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, que son del tenor literal siguiente: "Artículo 294.- Al admitirse la demanda de divorcio, o antes si hubiere urgencia, y solo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes, conforme a las disposiciones siguientes: I. [.] II. Establecerá las modalidades del derecho de visita o convivencia de los menores o incapaces con el progenitor que no los tenga en custodia, en caso de discenso (sic), el Juez resolverá lo conducente teniendo presente el interés superior de los hijos; III. [.] IV. [.] V. [.] VI. Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren designado los cónyuges pudiendo ser uno de éstos. En defecto de ese acuerdo, el cónyuge que pida el divorcio propondrá la persona en cuyo poder deban quedar provisionalmente los hijos. El juez, previo el procedimiento que fije el Código respectivo, resolverá lo conveniente; VII. [.] En todo caso, el Juez atenderá al interés superior de los menores y, si fuere necesario, los escuchará respecto de las medidas que piensa tomar." "Artículo 295. La sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos, para lo cual el Juez gozará de las facultades que le concede este Código y en especial, la referida en el último párrafo del artículo que antecede, para resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida, suspensión o limitación, según el caso, así como la custodia y el cuidado de los hijos, debiendo evaluar pormenorizadamente todos los elementos de juicio a su alcance y razonando debidamente su determinación. También llamará al ejercicio de la patria potestad a quien legalmente tenga derecho a ello, o cuando proceda, designar tutor, de acuerdo con las disposiciones correspondientes. I. Cuando la causa de divorcio estuviere comprendida en las fracciones I, II, III, IV, V, VIII, XIV, XV, XVII y XVIII del artículo 279, los hijos quedarán bajo la patria potestad del ascendiente que corresponda, y si no lo hubiere se nombrará tutor. II. (DEROGADA, P.O. 20 DE ABRIL DE 2001) III. (DEROGADA, P.O. 20 DE ABRIL DE 2001) En cuanto a las modalidades del derecho de visita serán acordadas por ambos progenitores y en caso de desacuerdo, será el Juez quien resuelva discrecionalmente tales modalidades, en ejecución de sentencia, con audiencia tanto de la madre como del padre." "Artículo 429.- Si el padre y la madre se separan o viven separados decidirán, de común acuerdo, quien atenderá la guarda y la custodia de los hijos. En caso de que no se pongan de acuerdo sobre éste punto, el Juez, teniendo siempre en cuenta los intereses de los hijos, designará a la persona que deba hacerlo. Los hijos habitarán con el ascendiente al que se encargue la custodia. En todo caso, los hijos tienen derecho de convivir con el progenitor que esté separado, para lo cual, en caso de discenso (sic) entre el padre y la madre, el Juez regulará el régimen de visitas y convivencia que mejor atienda a los intereses de los hijos. Para tomar su decisión, deberá oír a los menores." 64. Dichas porciones normativas señalan las medidas que tomará el juez primario en relación con los menores de edad, cuando se decrete el divorcio, resulta necesario resolver cuestiones familiares relacionadas con la disolución del matrimonio, como son la guarda y custodia de los hijos, el régimen de convivencias con el padre no custodio, los alimentos o cualquier cuestión semejante, lo cual se reitera, como bien lo señaló la responsable no se acató, lo que trajo como consecuencia una vulneración a los derechos de la menor de edad M.C.E. F. 65. En ese sentido, ante la evidente vulneración de derechos de la menor es que consideró el reponer el procedimiento para allegar a juicio los elementos necesarios e indispensables que permitan definir la situación y derechos de la menor de edad, procurando en todo momento proteger el interés superior de la niña, en términos del numeral 4 Constitucional. 66. Por ende, por las consideraciones antes expuestas, se reitera que el concepto de violación hecho valer por el promovente es infundado, ya que contrario a lo que señala, la resolución de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, emitida por la Primera Sal Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en la que determinó reponer el procedimiento para proteger los derechos de la multicitada menor de edad, se encuentra fundada y motivada. 67. En apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 175082, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Tesis: I.4o.A. J/43, página: 1531, cuyo rubro y texto es: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción". XI. DECISIÓN 68. Consecuentemente, al resultar inoperantes e infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal a Martín Esteves Casas, sin que se advierta queja que suplir en término del numeral 79 de la Ley de Amparo. 69. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución que se atribuye al juzgador de primera instancia, en razón de que no se le reclamó por vicios propios, sino como consecuencia del diverso pronunciado por la sala responsable. 70. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia VI.2o. J/338, visible en la página 69, volumen 83, Noviembre de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución". 71. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se niega el amparo y protección de la justicia federal a Martín Esteves Casas, contra actos de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por los argumentos que se esgrimen en el apartado X de este fallo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mesa de Amparo IV-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de mayo de dos mil dieciocho. [...]. La audiencia constitucional señalada para hoy se reprograma para las once horas con diez minutos del quince de junio de dos mil dieciocho. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio y el anexo señalado en la cuenta al expediente en que se actúa, para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en cumplimiento al requerimiento formulado el siete de mayo del año en curso, remite la papeleta de turno de la que se aprecia a que Juzgado correspondió conocer del exhorto con número de orden 192/2018 del índice de este órgano jurisdiccional; sin que haya lugar a dictar providencia alguna, toda vez que el nueve de mayo del presente año, se tuvo por devuelta dicha comunicación oficial, acordándose lo conducente. En otro aspecto, del estado procesal de los autos se advierte que el dieciocho de enero del año en curso, fue emplazada a juicio la tercero interesada Dolores Flores Garrido. Por tanto, en obvio de dilaciones procesales, se comisiona a la actuaria de este órgano jurisdiccional para que se constituya en el domicilio ubicado en Avenida Independencia, número mil setecientos, esquina con Carteros, colonia Postal en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y le notifique el acuerdo dictado el nueve de marzo del año en curso; haciendo de su conocimiento que este Juzgado de Distrito aceptó la competencia declinada por el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa de este mismo circuito, para conocer del juicio de amparo 194/2018, promovido por Martín Esteves Casas; asimismo, deberá requerirla para que dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación señale domicilio en la zona metropolitana de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para recibir notificaciones, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes de carácter personal sin ulterior acuerdo, se le harán mediante lista de acuerdos en términos del precepto 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

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