Martín Espinoza Modesto y Otros.

Expediente 528/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
528/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
11/09/2018

Partes del expediente

  • Martín Espinoza Modesto y Otros.
  • Nicolas Martínez Alvárez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, once de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda este asunto y la certificación de cuenta se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese hecho valer recurso de queja contra el auto de veintisiete de agosto último, mediante el cual se desechó de plano la demanda promovida por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en su carácter de apoderados de los aquí quejosos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en tales condiciones, se declara que dicha determinación ha causado estado. Ahora bien, toda vez que no existe actuación alguna por cumplimentar, archívese el presente asunto como totalmente concluido y en su oportunidad remítase al archivo de este juzgado para su resguardo. Por otro lado, se hace la precisión de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en el supuesto previsto en la fracción I del Artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que en este asunto se desechó de plano la demanda de amparo; es decir, se dictó un acuerdo que sin decidor el juicio en lo principal lo dio por concluido; y al prudente arbitrio de este juzgador se considera que no tiene relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del expediente; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL PROMOVENTE, EL PROVEÍDO DE 27 DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO Visto el escrito de demanda promovido , personalidad que acreditan tener reconocida ante la autoridad responsable, con las constancias respectivas que exhiben, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, contra actos de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje y Presidente la de la misma, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente electrónico e impreso y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número 528/2018-I*E. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, el artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda es necesario que se encuentre causa de improcedencia del juicio constitucional; además que esta causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, página 1631, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". En ese sentido, previo análisis del contenido integral de la demanda de amparo y anexos que se acompañan, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 206, de la Ley de Amparo. El precepto 61, fracción XXIII, de la ley de la materia dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]" Por su parte, los diversos artículos 206, 207 y 208, previstos en el Capítulo V "INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN", del Título Tercero CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, del mismo ordenamiento legal prevén: "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo." Artículo 207. El incidente se promoverá ante el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de la suspensión concedida en amparo indirecto, y ante el presidente del tribunal colegiado de circuito si la suspensión fue concedida en amparo directo. Artículo 208. El incidente se tramitará de conformidad con las reglas siguientes: I. Se presentará por escrito, con copias para las partes, ante el órgano judicial correspondiente señalado en el artículo anterior; en el mismo escrito se ofrecerán las pruebas relativas; II. El órgano judicial señalará fecha para la audiencia dentro de diez días y requerirá a la autoridad responsable para que rinda informe en el plazo de tres días. La falta o deficiencia del informe establece la presunción de ser cierta la conducta que se reclama; y III. En la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes, se dará oportunidad para que éstas aleguen oralmente y se dictará resolución". De los artículos transcritos se desprende que el juicio de derechos fundamentales es improcedente cuando ello resulte de alguna disposición de la Ley de Amparo, como sucede cuando el acto reclamado se constituye por actos u omisiones realizados en el ámbito del cumplimiento a una suspensión, ya que en la citada ley se prevé como medio de defensa el incidente de incumplimiento de la suspensión por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, ya sea de plano o definitiva. En estos casos, el juicio constitucional es improcedente, toda vez que si al pretender dar cumplimiento a la medida cautelar suspensional, la autoridad responsable se excede (va más allá de lo ordenado) o bien, incurre en defecto de cumplimiento (no realiza todas las conductas impuestas en el acuerdo o interlocutoria en cuestión, es decir, cumple parcialmente), la parte interesada deberá interponer el incidente de incumplimiento de la suspensión por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión previsto en el artículo 206 antes transcrito. Lo anterior partiendo principalmente de la premisa que el actuar de la autoridad responsable en cuanto al debido cumplimiento de la medida suspensional, está sujeto a lo decidido cuando se resolvió sobre la suspensión, situación que obliga a las partes del amparo a agotar el incidente por incumplimiento en la suspensión, sea por exceso o defecto, porque es el medio de defensa previsto en la ley para tal fin. En el caso, se actualiza el supuesto de improcedencia invocado, porque los impetrantes se duelen del acuerdo emitido el trece de agosto del año en curso, en el expediente laboral 4/09/3201, en el que el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta localidad, tuvo por recibidos los escrito presentados por la parte actora ahora quejosa y demandada; y acordó tener al apoderado legal de la parte demandada Grupo Roma de Juárez, Sociedad Anónima de Capital Variable, dando cumplimiento en tiempo y forma a la prevención realizada mediante acuerdo de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, en el que concedió la suspensión de la ejecución del laudo con motivo de la demanda de amparo directo y otorgó el plazo de cinco días para que exhibiera la cantidad que estimó necesaria para la subsistencia de los trabajadores aquí quejosos. Asimismo, en atención al escrito signado por la parte actora ahora quejosa por el cual había solicitado la ejecución de la condena (laudo), en razón de que en el término que se le concedió a la parte patronal para exhibiera la cantidad correspondiente a la subsistencia está exhibió cheques con la leyenda o restricciones "para deposito en cuenta", lo que estima implica restricción para su cobro, siendo que debía haberlo hecho en efectivo o en su caso en cheque únicamente nominativo sin ninguna restricción; sin embargo, el presidente de la junta responsable, determino acordar de no ha lugar ya que en ese mismo acuerdo se había tenido a la demandada dando cumplimiento en tiempo y forma a lo requerido en auto de veintinueve de junio del año en curso e hizo del conocimiento de la parte actora que los títulos de crédito relativos a la subsistencia de los actores, se ponía a su disposición para que de manera personal sean recibidos por cada uno de trabajadores. De lo antes narrado es inconcuso que el acto que reclama la parte quejosa a las autoridades responsables, es realizado en el ámbito de ejecución de la suspensión otorgada con motivo del amparo directo que interpuso la parte demandada en contra del laudo dictado en el expediente laboral 4/09/3201, por lo que no es susceptible de analizarse a través del juicio de amparo indirecto, sino a través del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión. Así se considera, toda vez que la Ley de Amparo contempla de manera clara y precisa el medio de defensa a través del cual pueden combatirse los actos que las autoridades realicen de manera excesiva o defectuosa en cumplimiento a la suspensión del acto reclamado, concediendo facultades a las autoridades rectoras del juicio de amparo para que, frente a la interposición del incidente contemplado en el artículo 206 de la ley de la materia, puedan, en el supuesto de advertir que las responsables actuaron de manera excesiva o defectuosa, requerirlas para que en el plazo de veinticuatro horas cumplan con la suspensión, que rectifiquen los errores en que hubiesen incurrido o, en su caso, que subsanen las deficiencias. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 206, de la Ley de Amparo, razón por la cual, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de ahí que con fundamento en el precepto 113 de la invocada ley, se desecha por notoria improcedencia la demanda de amparo promovida por J. Jesús Castañeda Nájera y Juan Castañeda Rosell, en su carácter de apoderados de los aquí quejosos Martín Espinoza Modesto, Nicolás Martínez Álvarez y Juan Fabián Morales Arreguín. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6o.T.18 K (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Materia(s): Común, Décima Época, página 2606, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO SE IMPUGNAN ACTOS U OMISIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZADOS EN EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE AQUÉLLA, PROCEDE EL INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN SU CUMPLIMIENTO Y NO EL AMPARO INDIRECTO. Del artículo 206 de la Ley de Amparo se advierte que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión procede contra las autoridades responsables, cuando cualquier persona resulte afectada por el incumplimiento de la medida, por considerar que existe exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. En tal virtud, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando al pretender dar cumplimiento a la medida cautelar, la autoridad responsable se excede (va más allá de lo ordenado), o bien, incurre en defecto de cumplimiento (no realiza todas las conductas impuestas en el acuerdo o interlocutoria en cuestión, es decir, cumple parcialmente), toda vez que el numeral citado prevé expresamente el medio de defensa consistente en el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, por medio del cual pueden impugnarse los actos que las autoridades realicen excesiva o defectuosamente en el cumplimiento de aquélla, concediendo facultades al órgano de amparo para que, frente a la interposición del incidente relativo, puedan requerirlas para que en el plazo de 24 horas cumplan con la medida cautelar, que rectifiquen los errores en que hubiesen incurrido o, en su caso, que subsanen las deficiencias". Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa en calle José Borunda número 1130 esquina con calle 5 de Mayo, colonia Partido Romero, en esta ciudad. En términos de lo previsto en los artículos 6 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 16 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1, 40 y 41, del Reglamento de la citada ley; y 8º, párrafo primero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Unión y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, infórmese a las partes, que tienen derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la resolución que se dicte en el presente asunto, no obstante comuníquese también que en la versión pública de la sentencia que se emita, se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, procurado que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.

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