Martín Espejo García
Expediente 477/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 477/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Martín Espejo García
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de cinco de junio de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **********, quien se ostenta defensora particular del quejoso **********, contra actos del Juez Único de Ejecución del Sistema Oral, con sede en esta ciudad y de otra autoridad, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 477/2018-II. El suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "." "XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." (.) "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley" Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de " actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. Ahora, en la especie la parte quejosa señaló como actos reclamados: ".la orden de reaprehensión proporcionada a las ejecutoras para que priven de la libertad personal a mi defenso **********, sin ser oído y vencido en Juicio, es decir violando su garantía individual de Juicio Previo y de Audiencia." Asimismo, del capítulo atinente a los antecedentes del acto reclamado, se advierte que la defensora del quejoso, narró bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Que el veintiséis de febrero de dos mil quince, se suscitó un evento de tránsito, y por tal motivo se radicó la averiguación previa ********** de la estadística de la Agencia del Ministerio Público II de Apaseo el Alto, Guanajuato. Que posteriormente se radicó la citada indagatoria ante el Juzgado Único Penal de Apaseo el Grande, Guanajuato, quien la registró con el número de proceso penal 33/2016 y fue remitido al Juzgado Segundo Penal de Celaya, Guanajuato, por los ilícitos de lesiones y daños a título de culpa, el primero en agravio de ********** y el segundo a las morales denominadas ********** y **********, emitiendo sentencia condenatoria en contra del defenso, por lo que se interpuso recurso de apelación en contra de dicha resolución. El quince de diciembre de dos mil diecisiete, fue emitida la resolución del Toca 104/2017, por el Magistrado Supernumerario de la Décima Sala Penal del Estado de Guanajuato, capital, condenando al defenso al pago de diversos conceptos a favor de todos los ofendidos, radicándose la carpeta de ejecución 7/2018 en el Juzgado Único de Ejecución del Sistema Oral, sede Celaya, Guanajuato. El treinta de enero de dos mil dieciocho, acudió con su defenso ante la Juez de Ejecución, a fin de solicitar una prórroga de cuatro meses para el pago de la reparación del daño al que fue condenado. Por situaciones administrativas ajenas a la suscrita, no fue posible contar con el cheque el día del límite concedido por la Juez de Ejecución, existiendo al día de hoy el riesgo inminente de que le haya sido girada una orden de reaprehensión al defenso, pues fue apercibido en ese sentido en la petición ante la Juez. De esto último, se desprende que la posible restricción de la libertad que reclama el quejoso es un acto futuro e incierto, contra el cual es improcedente el juicio de amparo intentado. Lo anterior es así, pues como lo manifestó el quejoso bajo protesta de decir verdad, promueve el presente juicio de amparo, porque por situaciones ajenas a su defenso no se ha podido dar cumplimiento a la ejecutoria de quince de diciembre de dos mil diecisiete emitida dentro del toca 104/2017 del índice de la Décima Sala Penal del Estado de Guanajuato, capital, consistente en el pago de la reparación de daño, fijado en la carpeta de ejecución 7/2018, existiendo al día de hoy el riesgo de que se le haya girado una orden de aprehensión en contra de su defeso, pues el mismo fue apercibido en ese sentido por la Juez responsable, de ahí que se considere a dicho acto reclamado como acto futuro de realización eventual, pues no existe dato alguno que genere la certeza clara y fundada de que el acto impugnado pueda llegar a existir. En otras palabras, dados los antecedentes narrados por el quejoso no se advierte la ineludible emisión de la orden de aprehensión o detención reclamada. Lo antes expuesto se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de la garantía individual violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 1384, Tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." Debe decirse que este Juzgador no soslaya la Jurisprudencia 1ª./J.25/2003, de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro contiene la siguiente afirmación: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO E INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRAMITE." Esto se afirma, en virtud que en el presente caso este Juzgador se encuentra en condiciones de determinar racionalmente que las responsables no ha ordenado la realización del acto reclamado o que está a punto de hacerlo, puesto que para llegar a dicha conclusión se sopesó que el propio quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que acude a esta instancia constitucional porque por situaciones ajenas a su defenso no se ha podido dar cumplimiento a la ejecutoria de quince de diciembre de dos mil diecisiete emitida dentro del toca 104/2017 del índice de la Décima Sala Penal del Estado de Guanajuato, capital, consistente en el pago de la reparación de daño, fijado en la carpeta de ejecución 7/2018, existiendo al día de hoy el riesgo de que se le haya girado una orden de aprehensión en contra de su defeso, pues el mismo fue apercibido en ese sentido por la Juez responsable, manifestación a la que se le otorga valor pleno de CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).". Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 1°, fracción I, de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. Téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su libelo constitucional, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***********, en virtud de que cuenta con su cédula profesional número **********, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral a Daniel Villegas Palomino, por no encontrarse en el citado supuesto. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes.
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