Martin Ernesto del Valle Medina

Expediente 8/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
8/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
07/02/2019

Partes del expediente

  • Martin Ernesto del Valle Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; siete de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos el oficio 2729, recibido vía electrónica y signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, mediante el cual informa que en proveído de uno de febrero del año en curso, fue aceptada la competencia declinada por este Juzgado, para conocer del juicio de amparo número II-8/2019 promovido por MARTÍN ERNESTO DEL VALLE MEDINA. Háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo. Acúsese recibo. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como asunto totalmente concluido. Por otra parte, y a efecto de dar cumplimiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expedientillo, carece de relevancia documental en términos de lo establecido en el punto Décimo primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, así como de documentos originales; por tanto, realícese la anotación que corresponde en la carátula del mismo. Asimismo, toda vez que el presente expedientillo de mérito se encuentra en la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Por otro lado, toda vez que mediante proveído de treinta y uno de enero del presente año, se reservó acordar respecto del contenido del oficio 2244, recibido vía electrónica y suscrito por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México; no ha lugar de hacer pronunciamiento alguno respecto del contenido del mismo, ya que la autoridad remitente, es la misma, que acepto la incompetencia planteada. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    Agréguese a estos autos el oficio 2244 rendido vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, y en atención a su contenido resérvese a acordar lo conducente, hasta en tanto el Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México informe sobre la aceptación o no de la competencia declinada.

  3. Principal

    Agréguese a estos autos el oficio 4000/2019, signado por el Secretario de Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y un anexo, mediante el cual remite el expediente original 8/2019 del índice de este juzgador federal e informa que no acepta la competencia por territorio planteada mediante proveído de dieciocho de enero del año en curso y señala que el juez legalmente competente para conocer del mismo lo es el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, toda vez que este fue el primero en conocer del presente asunto. Ahora bien, y toda vez que mediante proveído de dieciocho de enero del presente año, se agregó a los presentes autos del escrito suscrito por MARTÍN ERNESTO DEL VALLE MEDINA, con once copias y sin anexos, mediante el cual dio cumplimiento al requerimiento de siete de enero del presente año e informó que los actos reclamados al Secretario de Gobernación y al Director de Diario Oficial de la Federación, no los reclama por vicios propios; así como que por un error mecanográfico, se asentó en su demanda de amparo que el aquí quejoso trabaja en la sucursal del Banco de México, con sede en Mérida, Yucatán, cuando lo correcto es que trabaja en la oficina del Banco de México, con sede en la Ciudad de México. En tal virtud y toda vez que de un estudio integral de la demanda de amparo en la citada data, así como de su memorial con el que dio cumplimiento al requerimiento de siete de enero del año en curso, se adviertío que este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la presente demanda de amparo, según se pondrá de relieve al tenor de las consideraciones que enseguida se realizan: La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Sobre tal base, es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. A guisa de ejemplo se puede decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual es determinada mediante acuerdos generales por el honorable Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tal es el caso del Acuerdo General número 3/2013. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal, y el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución o trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante quien se hubiere presentado la demanda; que es competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, cuando ésta no requiera ejecución material; y, que la citada regla se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viole algún derecho fundamental, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Para corroborar la certeza del anterior aserto, es conveniente acudir al texto de los preceptos invocados, que es el siguiente:CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas, contra leyes o contra acto de autoridades administrativas, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. LEY DE AMPARO. REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La interpretación gramatical de los preceptos transcritos permite corroborar que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber:1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado;2. Cuando el acto tenga ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo; y,3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.Entonces, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia número 13/95 de la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto los siguientes: COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades. La parte quejosa señala como autoridades responsables y acto reclamado el siguiente: II. AUTORIDADES RESPONSABLES. a) Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. b) Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. c) Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. d) C. Secretario de Gobernación. e) C. Director del Diario Oficial de la Federación. f) Banco de México (por la aplicación de la Ley impugnada. IV. ACTOS RECLAMADOS DE LAS REFERIDAS AUTORIDADES: De lo anterior, se tiene que la parte quejosa, acudió a esta instancia controvirtiendo la regularidad constitucional de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución. Ahora, si la parte quejosa mediante escrito de catorce de enero del presente año, señaló que es EMPLEADO DEL BANCO DE MÉXICO, EN SUS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO", es posible concluir que la competencia para conocer de este asunto recae en el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde este tiene su domicilio y labora, pues es su circunscripción territorial. En consecuencia, debe por tanto destacarse, que el acto que por esta vía se reclama tendrá todos sus efectos legales en la Ciudad de México, lugar que se encuentra ubicado fuera de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional, como así lo corrobora la manifestación de la parte quejosa; por lo que debe afirmarse que este Juzgado carece de competencia para conocer de la presente demanda de amparo. Por lo anterior, los actos que se reclaman no se encuadran dentro de la hipótesis establecida en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que las consecuencias jurídicas de los actos que se reclaman, se llevarán a cabo por autoridades, cuyo ámbito de competencia pertenezca a la Ciudad de México. En ese orden de ideas, puede desprenderse que los efectos jurídicos no surtirán dentro del ámbito competencial de este Órgano Jurisdiccional, sino dentro de la jurisdicción de la Ciudad de México; y tomando en consideración los actos aquí reclamados, se estima que se deben remitir los autos de este asunto al Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, toda vez que fue el que conoció primeramente del juicio. Además, de que la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo.También sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, por identidad de razones, la jurisprudencia número 2ª./J.11 de la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 193, tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, que lleva por rubro y texto los siguientes: LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPAROS CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se les identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, quedan automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos. Así, la regla competencial fijada en el artículo del que se ha dado noticia consiste en que el acto reclamado que requiere ejecución material y, concretamente, dentro de la primera hipótesis de competencia, es decir, en la que señala que conocerá del asunto relativo el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución el acto que es reclamado en la demanda de amparo, para poder determinar el lugar en que los gobernados cumplirán con las obligaciones, debe atender primordialmente al lugar en donde legalmente tengan el deber de acatarla, y al caso concreto, en donde tenga su domicilio fiscal la parte quejosa, esto es, en la Ciudad de México. Por los motivos antes señalados, se determina que el conocimiento de la presente demanda no corresponde a este órgano de control constitucional; por ello, con apoyo en los artículos antes citados de la Ley de Amparo y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y ordena remitir el presente expediente, al Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, a quien se considera competente para conocer del asunto, al conocer de manera primera del presente juicio. Se solicita al Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente informando sobre la aceptación o no de la competencia declinada.Lo anterior, sin que haya lugar a pronunciarse en relación a la suspensión de los actos reclamados en la demanda de amparo, en tanto que éstos no se ubican en los supuestos del artículo 15 de la ley de la materia; es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo la tesis de la quinta época emitida por la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 357, tomo CXXX del Semanario Judicial de la Federación, que lleva por rubro y texto los siguientes: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE LA. Si no se trata de los casos a que se contraen los artículos 17 y 50 de la Ley de Amparo porque no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de una demanda de amparo en la que el acto reclamado emane de un asunto de ramo diverso del de la jurisdicción del Juez de Distrito ni de una competencia suscitada después de iniciado el procedimiento y el cual deba suspenderse, se está precisamente en presencia del caso a que se contrae el artículo 54 de la Ley de Amparo, sin que el Juez haya debido proveer o tramitar la suspensión respectiva, porque, estima que le falta competencia para conocer, y esa falta de competencia abarca todo el procedimiento de amparo, de donde el Juez de Distrito en una entidad federativa no puede ni debe proveer, por limitación expresa de la ley de la materia, sobre la suspensión, en tanto no se decida la competencia a su favor.

  4. Principal

    II. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por MARTÍN ERNESTO DEL VALLE MEDINA, con once copias y sin anexos, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de siete de enero del presente año e informa que los actos reclamados al Secretario de Gobernación y al Director de Diario Oficial de la Federación, no los reclama por vicios propios; asimismo, informa que por un error mecanográfico, se asentó en su demanda de amparo que el aquí quejoso trabaja en la sucursal del Banco de México, con sede en Mérida, Yucatán, cuando lo correcto es que trabaja en la oficinas del Banco de México, con sede en la Ciudad de México. En tal virtud y toda vez que de un estudio integral de la demanda de amparo, así como de su memorial con el que dio cumplimiento al requerimiento de siete de enero del año en curso, se advierte que este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la presente demanda de amparo, según se pondrá de relieve al tenor de las consideraciones que enseguida se realizan: La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Sobre tal base, es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. A guisa de ejemplo se puede decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual es determinada mediante acuerdos generales por el honorable Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tal es el caso del Acuerdo General número 3/2013. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal, y el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución o trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante quien se hubiere presentado la demanda; que es competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, cuando ésta no requiera ejecución material; y, que la citada regla se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viole algún derecho fundamental, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Para corroborar la certeza del anterior aserto, es conveniente acudir al texto de los preceptos invocados, que es el siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas, contra leyes o contra acto de autoridades administrativas, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." LEY DE AMPARO. REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." La interpretación gramatical de los preceptos transcritos permite corroborar que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto tenga ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia número 13/95 de la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto los siguientes: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." La parte quejosa señala como autoridades responsables y acto reclamado el siguiente: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. a) Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. b) Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. c) Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. d) C. Secretario de Gobernación. e) C. Director del Diario Oficial de la Federación. f) Banco de México (por la aplicación de la Ley impugnada." "IV. ACTOS RECLAMADOS DE LAS REFERIDAS AUTORIDADES: De lo anterior, se tiene que la parte quejosa, acudió a esta instancia controvirtiendo la regularidad constitucional de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución. Ahora, si la parte quejosa mediante escrito de catorce de enero del presente año, señaló que es "EMPLEADO DEL BANCO DE MÉXICO, EN SUS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO", es posible concluir que la competencia para conocer de este asunto recae en el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde este tiene su domicilio y labora, pues es su circunscripción territorial. En consecuencia, debe por tanto destacarse, que el acto que por esta vía se reclama tendrá todos sus efectos legales en la Ciudad de México, lugar que se encuentra ubicado fuera de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional, como así lo corrobora la manifestación de la parte quejosa; por lo que debe afirmarse que este Juzgado carece de competencia para conocer de la presente demanda de amparo. Por lo anterior, los actos que se reclaman no se encuadran dentro de la hipótesis establecida en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que las consecuencias jurídicas de los actos que se reclaman, se llevarán a cabo por autoridades, cuyo ámbito de competencia pertenezca a la Ciudad de México. En ese orden de ideas, puede desprenderse que los efectos jurídicos no surtirán dentro del ámbito competencial de este Órgano Jurisdiccional, sino dentro de la jurisdicción de la Ciudad de México; y tomando en consideración los actos aquí reclamados,, se estima que se deben remitir los autos de este asunto a un Juez de Distrito en Materia Administrativa en Turno en la Ciudad de México. Además, de que la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. También sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, por identidad de razones, la jurisprudencia número 2ª./J.11 de la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 193, tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, que lleva por rubro y texto los siguientes: "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPAROS CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se les identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, quedan automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos." Así, la regla competencial fijada en el artículo del que se ha dado noticia consiste en que el acto reclamado que requiere ejecución material y, concretamente, dentro de la primera hipótesis de competencia, es decir, en la que señala que conocerá del asunto relativo el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución el acto que es reclamado en la demanda de amparo, para poder determinar el lugar en que los gobernados cumplirán con las obligaciones, debe atender primordialmente al lugar en donde legalmente tengan el deber de acatarla, y al caso concreto, en donde tenga su domicilio fiscal la parte quejosa, esto es, en la Ciudad de México. Por los motivos antes señalados, se determina que el conocimiento de la presente demanda no corresponde a este órgano de control constitucional; por ello, con apoyo en los artículos antes citados de la Ley de Amparo y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y ordena remitir el presente expediente, al Juzgado de Distrito en Materias Administrativa en Turno, con sede en la Ciudad de México, a quien se considera competente para conocer del asunto. Se solicita al Juzgado de Distrito en Materias Administrativa en Turno, con sede en la Ciudad de México, que por razón de turno le corresponda conocer de la presente demanda de amparo, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente informando sobre la aceptación o no de la competencia declinada. Lo anterior, sin que haya lugar a pronunciarse en relación a la suspensión de los actos reclamados en la demanda de amparo, en tanto que éstos no se ubican en los supuestos del artículo 15 de la ley de la materia; es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo la tesis de la quinta época emitida por la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 357, tomo CXXX del Semanario Judicial de la Federación, que lleva por rubro y texto los siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE LA. Si no se trata de los casos a que se contraen los artículos 17 y 50 de la Ley de Amparo porque no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de una demanda de amparo en la que el acto reclamado emane de un asunto de ramo diverso del de la jurisdicción del Juez de Distrito ni de una competencia suscitada después de iniciado el procedimiento y el cual deba suspenderse, se está precisamente en presencia del caso a que se contrae el artículo 54 de la Ley de Amparo, sin que el Juez haya debido proveer o tramitar la suspensión respectiva, porque, estima que le falta competencia para conocer, y esa falta de competencia abarca todo el procedimiento de amparo, de donde el Juez de Distrito en una entidad federativa no puede ni debe proveer, por limitación expresa de la ley de la materia, sobre la suspensión, en tanto no se decida la competencia a su favor." En consecuencia, se ordena formar con copia certificada de la papeleta de turno, demanda de amparo y el presente proveído, el cuaderno de antecedentes respectivo para constancia legal.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano