Martín Enrique Suárez Culebro
Expediente 1132/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1132/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/08/2023
Partes del expediente
- Martín Enrique Suárez Culebro
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, uno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de catorce de julio de dos mil veintitrés en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Martín Enrique Suárez Culebro. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 80 y 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Atento a lo dispuesto en artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción IV, en relación con el precepto 34, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó de plano la demanda de amparo; además, de no advertirse la actualización de alguna de las hipótesis de relevancia documental ni contener documentación clasificada como reservada, para su conservación, establecida en los párrafos penúltimo y final, del numeral 20 en mención. Hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del citado cuerpo normativo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 20, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra concluido, se previene a la parte quejosa, que a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, acuda a este Juzgado Federal a recoger si es su voluntad las documentales exhibidas en el escrito inicial de demanda; apercibida que de no hacerlo dentro de un plazo de noventa días, contados a partir de este proveído, dichas documentales podrán ser destruidas conjuntamente con el presente asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Número de expediente: 1132/2023 Acuerdo: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, uno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de catorce de julio de dos mil veintitrés en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Martín Enrique Suárez Culebro. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 80 y 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Atento a lo dispuesto en artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción IV, en relación con el precepto 34, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó de plano la demanda de amparo; además, de no advertirse la actualización de alguna de las hipótesis de relevancia documental ni contener documentación clasificada como reservada, para su conservación, establecida en los párrafos penúltimo y final, del numeral 20 en mención. Hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del citado cuerpo normativo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 20, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra concluido, se previene a la parte quejosa, que a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, acuda a este Juzgado Federal a recoger si es su voluntad las documentales exhibidas en el escrito inicial de demanda; apercibida que de no hacerlo dentro de un plazo de noventa días, contados a partir de este proveído, dichas documentales podrán ser destruidas conjuntamente con el presente asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de julio de dos mil veintitrés. Visto, el oficio de cuenta signado por el Consejero Jurídico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo, Chiapas, por medio del cual informa a esta autoridad que, en atención a la resolución interlocutoria dictada en el incidente innominado de liquidación de sentencia, giró instrucciones al Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública, al Cabildo Municipal, Secretaria Municipal, Presidente Municipal, Sindicatura Municipal y Tesorería Municipal, todos de dicho Ayuntamiento, para que se dé cumplimiento a la citada resolución, anexando constancia en su apoyo. Al efecto, se acuerda: Con base en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el oficio y anexo de cuenta, y en atención a su contenido, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de lo informado por la autoridad oficiante, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, y anexo que lo acompaña, mediante el cual informa que ese órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo, promovida por Martín Enrique Suárez Culebro; asimismo, remite el original del juicio de amparo 1120/2023, de su índice. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, fracción II y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, SE ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA, Y ESTE JUZGADO SE AVOCA, AL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO. En ese tenor, acúsese de recibo correspondiente al juzgado oficiante de las constancias descritas supralíneas. TRÁMITE. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo 1132/2023-VIII. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. La formación del expediente físico relativo al juicio de amparo, y en su caso, del incidente de suspensión que derive del mismo, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." INSTRUCCIÓN AL SECRETARIO ENCARGADO DEL EXPEDIENTE, OFICIAL JUDICIAL "A" Y ACTUARIOS ADSCRITOS. Se instruye al secretario de Juzgado adscrito, que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes, a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora, tomando en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo, impone a esta autoridad, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Al efecto, cobra aplicación la jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145, DE LA LEY DE AMPARO." Esencialmente, conforme a la tesis en cuestión, para desechar de plano de una demanda de amparo, es necesario encontrar un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, dicho motivo debe ser manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y clara de la lectura del libelo; y ha de ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que esa causa es operante en el caso concreto. Ahora, de la lectura que se hace al escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama del Director General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad y otra autoridad, lo siguiente: La omisión de dar respuesta al escrito de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés presentado ante las autoridades responsables el diez de febrero de la anualidad en curso. Al respecto, tienen aplicación los criterios sustentados por la Segunda Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, que a la letra dicen: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Atento a lo anterior, se considera que en el caso concreto, en cuanto al acto reclamado, en este asunto, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Toda vez que de la consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que el citado promovente, entabló diverso juicio de amparo indirecto, el cual por razón de turno tocó conocer a este Juzgado de Distrito, registrándolo bajo el número 965/2023-VIII, en el cual estableció el mismo acto reclamado, las mismas autoridades responsables, así como los mismos antecedentes. Por lo que en la especie acontece la figura de litispendencia, la cual tiene como finalidad evitar que se dicten sentencias contradictorias sobre una misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que la constitucionalidad del mismo solo puede juzgarse una vez. De tal suerte que para su actualización es necesario, que converjan la identidad en el quejoso, las autoridades responsables, el acto reclamado y que al momento de presentar la demanda de amparo exista un diverso juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Ello en la inteligencia de que el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista un diverso juicio en trámite o pendiente de resolución y se promueva una ulterior demanda de amparo por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto motivo de disenso o norma general. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel que ya ha sido promovido y que no ha sido resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente incluso aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Por las razones que informa, es conducente invocar la tesis sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de epígrafe y contenido: LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente. Lo cual acontece en la especie, pues se itera que en este juicio de amparo indirecto, el promovente Martín Enrique Suárez Culebro, reclamó del Director General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad y otra autoridad, la omisión de dar respuesta al escrito de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés presentado ante las autoridades responsables el diez de febrero de la anualidad en curso, siendo el mismo quejoso, autoridades responsables y acto reclamado que en el diverso juicio de amparo indirecto 965/2023-VIII, del índice de este juzgado, mismo que fue admitido el dieciséis de junio del año en curso, y se encuentra en trámite, tal y como se desprende de la certificación que antecede y del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Incluso, se advierte a simple vista que se trata de las mismas firmas, asimismo, que el contenido de la demanda es idéntico, en ambos asuntos. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. Por tanto, es inconcuso que si una persona interpone un juicio de amparo bajo estas condiciones, es incuestionable que es improcedente, porque existe un diverso juicio de amparo en trámite. La razón de ser de la improcedencia en comento descansa en la falta de necesidad de estudiar dos veces la constitucionalidad de una misma ley o acto de autoridad, así como evitar emitir sentencias contradictorias. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción X, de la Ley de Amparo; con fundamento en el arábigo 113, de la ley de la materia, por notoria improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Martín Enrique Suárez Culebro, contra los actos reclamados al Director General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en su escrito de demanda, el ubicado en ******************** ******************** Y como autorizados en términos restringidos del artículo 12, de la Ley de Amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, por así haberlo solicitado. Por otra parte, respecto al correo electrónico proporcionado, únicamente tómese nota del mismo, toda vez que son sólo un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. OFICIO COMPENSATORIO. Comuníquese esta determinación a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, a fin de que se realice el registro y la compensación correspondiente, equilibrando así las cargas de trabajo, de conformidad con los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Juan Carlos de León Betanzos, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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