Martín Eduardo Sierra Morales

Expediente 103/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 1 actuación registrada, la última del 1 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
103/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
01/02/2023

Partes del expediente

  • Martín Eduardo Sierra Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, uno de febrero de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda promovido por ********************, contra actos de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. Regístrese la misma bajo el número 103/2023-VIII en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este tribunal. A continuación, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, de la que se advierten en síntesis, las siguientes autoridades responsables, actos reclamados, antecedentes y conceptos de violación: Autoridad responsable: Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: "Acuerdo de fecha 25 de noviembre de 2022 dentro de expediente laboral número ******************** tramitado ante la Autoridad Responsable señalada." Antecedentes del acto reclamado: ". En fecha 26 de agosto de 2022, se promueve en mi representación Juicio Ordinario Laboral en contra de los ahora Terceros Perjudicados por concepto de Reinstalación ante la ahora Autoridad Responsable; en acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2022 se radica y registra Juicio bajo el número de expediente ********************, señalándose a las 10:30 horas del día 11 de enero de 2023 para que tuviera verificativo audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones y en el cual se ordena notificar y emplazar a los Terceros Perjudicados en los términos de Ley en los domicilios señalados en el escrito inicial de demanda. Así las cosas, en fecha 17 de noviembre de 2022, el C. Actuario adscrito a la Autoridad Responsable se presenta en el domicilio señalado a fin a emplazar los Terceros Perjudicados, al no estar presente persona alguna con la capacidad de recibir notificaciones realizó Constancia de Citación y en fecha 18 de noviembre de 2022 se expide Cédula de Notificación en la cual el C. Actuario adscrito asentó razón, señalando los elementos de convicción, características y los medios en que se basa para realizar el emplazamiento a los Terceros Perjudicados. Ahora bien, en fecha 23 de noviembre de 2022 por medio de escrito, el C. Licenciado Roberto Sibaja Perales en su calidad de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada VIDRIO DECORATIVO OCCIDENTAL, S.A. DE C.V., señalado como Tercero Perjudicado, hace devolución de las notificaciones actuaciones y traslado dirigidas a las personas morales ODL INCORPORATED y VIDRIO DECORATIVO OCCIDENTAL, S.A. DE C.V. ODL INCORPORATED en atención que dicho Apoderado Legal manifiesta que no van dirigidos a la empresa que representa y que lo es VIDRIO DECORATIVO OCCIDENTAL, S.A. DE C.V. que según su dicho es la única empresa domiciliada en calle poniente 4 y calle norte 7 sin número de la Ciudad Industrial de esta Ciudad, presentando impresión digital de constancia de situación fiscal a fin de acreditar lo manifestado. Por consecuencia en fecha 25 de noviembre de 2022, la Autoridad Responsable acuerda respecto al Escrito del Apoderado Legal de VIDRIO DECORATIVO OCCIDENTAL, S.A. DE C.V., el cual se agrega a los autos, teniendo por devueltos los documentos correspondientes a diversas notificaciones y que analizando las circunstancias que dan origen a lo planteado y que el C. Actuario al momento de hacer el emplazamiento a los Terceros Perjudicados no da cumplimiento a lo establecido por el artículo 743 fracción 1 de la Ley Federal del Trabajo, y que al no tener la certeza de que la moral demandada habite o trabaje o tenga su domicilio en la casa o local señalado en autos para su notificación, la Autoridad Responsable determina ordenar nuevamente notificar a las partes del Juicio Origen antes mencionado. Ahora bien, en fecha 09 de enero de 2023, se notifica a mi persona e través de uno de mis abogados sobre el acuerdo del 25 de noviembre de 2022, en el cual únicamente me entero de la determinación que la Autoridad Responsable hizo sobre el emplazamiento de fecha 18 de noviembre de 2022 hacia los ahora Terceros Perjudicados." Conceptos de violación. ".SEGUNDO. deja de atender la Ley aplicable antes referida; en ningún momento tomó en cuenta la manera correcta de atender una inconformidad procesal, bastó la unipersonal manifestación de una parte para determinar ordenar nuevamente notificar a las partes del juicio de origen, no atendió que la ley establece vías incidentales, como la nulidad de actuaciones, para atender la inconformidad de emplazamiento de una de las partes, simplemente determinó restar valor procesal a la actuación del C. Actuario. .TERCERO. la autoridad responsable no toma en cuenta las circunstancias que acontecen en el desarrollo del procedimiento ordinario laboral que refiero y que nuevamente afectan mi derecho de impartición de justicia y de procedimiento." De lo antes reseñado, se advierte en esencia que el quejoso ******************** tiene la calidad de parte actora en el expediente administrativo laboral de origen, donde, entre otras prestaciones, demandó de su contraparte la reinstalación en su trabajo; y su causa de reclamo en este amparo, lo constituye el acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, emitido en el expediente administrativo número ******************** que se tramita ante la junta que señala como responsable; a través del cual, en atención a la solicitud de quien refirió es el apoderado de una de las empresas demandadas, se ordenó realizar de nueva cuenta el emplazamiento a las partes demandadas; proveído que constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, pues el juicio natural se encuentra en trámite y dicho auto en su caso, surtirá efectos dentro del procedimiento de origen y sólo podría incidir en afectación del agraviado, en el caso de que al resolverse el asunto laboral, se llegara a dictar laudo desfavorable a los intereses del actor, aquí quejoso. Del contenido de lo expuesto por el agraviado bajo protesta de decir verdad, en los antecedentes y conceptos de violación de su ocurso inicial de garantías, se aprecia que hace referencia a una afectación de derechos procesales durante la tramitación del expediente laboral en el que figura como parte actora; esto es, se trata de violaciones intraprocesales, que no resultan de imposible reparación, sino que se trata de actuaciones durante la substanciación del juicio de origen que se encuentra en trámite. Con ello, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio de garantías, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]" Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [...] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." En ese sentido, los actos que se combaten en esta vía constitucional, no pueden considerarse de aquéllos que deban producir sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que sea procedente el juicio de garantías biinstancial, porque el proceder de la autoridad responsable al ordenar de nueva cuenta el emplazamiento de las partes demandadas, constituye una violación procesal cuya ejecución no es de imposible reparación con efectos intraprocesales, toda vez que con su dictado no se causa al quejoso un agravio directo a los derechos fundamentales que tutela la Ley Suprema, como son, la libertad, integridad física, posesiones o derechos; y en caso de que pueda llegar a influir al resultado del laudo, que en el juicio de origen en su momento se dicte; debe alegarse y demostrarse como violación procesal a través del juicio de amparo directo que se promueva, en términos de lo dispuesto en el ordinal 172, fracción XII, de la Ley de Amparo. Esto es así, pues de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 Constitucional, en relación con los diversos 107, fracción V y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción procede el amparo indirecto cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten personas extrañas al juicio. En efecto, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtenerse una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata. Lo anterior encuentra fundamento en la tesis de jurisprudencia número IX.1º.J/10, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1303, Tomo XVI, octubre de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO. El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramita en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio." Así como, en la tesis de jurisprudencia I.11o.C. J/7, del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1536, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, correspondiente al mes de mayo de 2006, Novena Época, que dice: "GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. Conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Partiendo de tal interpretación es dable concluir que la posible afectación que en forma temporal se pudiera ocasionar con un acto de autoridad a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, verbigracia, el auto que desecha un recurso, el auto que no admite pruebas, etcétera, de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso." Por tanto, el acto reclamado por el quejoso en el presente asunto, no puede ser considerado como un acto de imposible reparación, ya que tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, y sus efectos en ese tipo de violaciones son meramente formales, y en el supuesto de que llegara a trascender en su momento, al resultado del laudo -aún no se dicta, está en trámite- corresponderá de ser el caso, promover demanda de amparo directo. Entonces, si el acto reclamado no es susceptible de reclamarse en amparo indirecto, constituye un acto procesal cuya ejecución no reviste características de imposible reparación y de ser el caso, podría ser impugnable en amparo directo. Tiene aplicación al respecto la tesis aislada X.1o.20 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en la página 1196, Tomo VII, Enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro y texto dice: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción XVIII, ibídem, resulta improcedente el juicio de garantías promovido contra el acuerdo que desechó el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso que denegó la designación de perito tercero en discordia, al no tener aquél una ejecución de imposible reparación, precisamente porque se trata de una violación a las leyes que rigen el procedimiento, reclamable al través del juicio de amparo directo, en el supuesto de que trascienda al resultado del fallo con afectación a las defensas del quejoso." En esa tesitura, al actualizarse la causa manifiesta e indudable de improcedencia que se ha estudiado, establecida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por ********************, contra actos de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta localidad. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia I.1o.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, que en su rubro y texto dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexan a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En otro orden de ideas, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en escrito de demanda de garantías, y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que refiere en su escrito de garantías. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Con el fundamento apuntado, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por ********************. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.

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