Martín Duron Lemus y Otros.
Expediente 322/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 322/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Martín Duron Lemus y Otros.
- Juez Municipal en turno, adscrito a la Dirección de Justicia Municipal de Aguascalientes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Se tiene que el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda, ha causado estado. ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO.Glósese copia autorizada de este proveído en los cuadernos incidentales que derivan del presente juicio, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Juez Tercero Familiar del Estado de Aguascalientes, informa las gestiones que está realizado a efecto de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio constitucional; en consecuencia, una vez que dicha autoridad remita las constancias con las que se acredite dicho cumplimiento, se acordará lo que en derecho corresponda.
- Incidental
Se tiene que el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, remite el escrito presentado por la persona moral quejosa, en el que exhibe el recurso de revisión que interpone en contra de la sentencia dictada en el presente juicio.Ahora bien, requiérase a la recurrente, para que dentro del término de tres días cumpla con los lineamientos que se precisan, bajo el apercibimiento respectivo.
- Principal
Aguascalientes, Aguascalientes, once de marzo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Adriana Duron Lemus en representación de los directos quejosos Martín Duron Lemus, Ángel Duron Lemus y José Francisco Bustos Flores, contra actos del Juez Municipal en Turno adscrito a la Dirección de Justicia Municipal de Aguascalientes, los cuales se hacen consistir en la incomunicación y otros, a lo cual se dice se encuentra sometidos los quejosos. Por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1°, 2°, 5°, 6°, 15, 17, 20, 107, 109, 110, 112, 125 126, y demás relativos de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda, fórmese el expediente correspondiente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 322/2018-XI-6; en atención a que la señalada demanda de garantías no se encuentra firmada por los directos quejosos y que los actos reclamados los hacen consistir, entre otros, en la incomunicación; con apoyo en los artículos 20, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la SUSPENSIÓN DE PLANO de dicho acto reclamado, para el efecto de que cese de inmediato toda incomunicación a la que se dice están siendo sometidos los quejosos o cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en los artículos 15, 20, 22, 112 y demás relativos de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que dentro del término de veinticuatro horas, informe sobre el cumplimiento de esta resolución, para lo cual deberá agregar copia certificada de las constancias que así lo acrediten, apercibida que de no cumplir con lo que aquí se ordena, con fundamento en los diversos numerales 237, fracción I, 238 y 259 de la indicada legislación, se le sancionará con multa de cincuenta a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Con independencia de lo anterior, hágase saber a la responsable que de no obedecer la presente determinación se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.) Cabe puntualizar, que en relación al cumplimiento de la suspensión de oficio del acto reclamado, consistente en la incomunicación, la autoridad responsable, deberá adoptar las medidas necesarias a fin de respetar los derechos fundamentales a que se refiere la medida aquí decretada de los quejosos Martín Duron Lemus, Ángel Duron Lemus y José Francisco Bustos Flores y subsiguientemente, asegurar el cumplimiento a la suspensión de plano otorgada por este Juzgado de Distrito, respecto de dicho acto reclamado. Por tanto, en relación con la suspensión de plano de tal acto, a fin de garantizar la integridad física de los quejosos, la seguridad de sus visitantes y del propio personal que se encuentre en las instalaciones del lugar en el que se encuentran, la autoridad responsable debe establecer las condiciones que permitan que quienes se ostenten como defensores particulares de los quejosos o bien, personas de su confianza o familiares se entrevisten con éstos, con el propósito de garantizar el derecho que el artículo 20 constitucional otorga a favor de los que eventualmente podrían verse involucrados en un procedimiento penal; aunado a que de esta forma se garantiza también el derecho a una defensa adecuada, y permite el ejercicio profesional de los abogados, así como de familiares de los quejosos, aplicando para la fijación de los horarios respectivos la buena fe y el sentido común, y actuando de manera razonable ante situaciones extraordinarias, sin que lo anterior implique trasgredir la normatividad que regule el ingreso a las instalaciones del lugar en donde se encuentran los aquí quejosos ni las medidas de seguridad necesarias de acuerdo a la medida cautelar de que se trata, pero sí un imperativo para que la autoridad responsable respete los derechos fundamentales de los quejosos Martín Duron Lemus, Ángel Duron Lemus y José Francisco Bustos Flores. En este mismo orden de ideas y en relación con la suspensión de plano del indicado acto reclamado, en aras de una eficaz observancia de los derechos fundamentales de los quejosos, consagrados en los artículos 17, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, tutela jurisdiccional efectiva, adecuada defensa y la proscripción de los actos contemplados en el último precepto constitucional, la autoridad responsable ordenadora y ejecutora y/o custodios, deberán permitir el acceso, en compañía del fedatario federal adscrito que se constituya en el lugar o incluso sin él, al familiar y/o abogado que ahí se encuentren y se ostenten como tales de los quejosos, a efecto de patentizar la no incomunicación y el acceso a una adecuada defensa, inclusive, podrán acceder documentos tendentes a garantizar tal defensa e incluso, dichas autoridades deberán recibir los que para ello les presenten; ingreso que deberá regirse por la temporalidad y frecuencia razonables para los efectos indicados en líneas precedentes, aplicando se insiste la buena fe y el sentido común y actuando de manera razonable ante situaciones extraordinarias, observando además los tiempos legales y constitucionales que rigen para la eventual integración de una investigación. Se reitera, sin que lo anterior implique trasgredir la normatividad que regule el ingreso a las instalaciones del lugar en donde se encuentran los aquí quejosos, ni las medidas de seguridad necesarias de acuerdo a la medida cautelar de que se trata, pero sí un imperativo para que la autoridad responsable respete los derechos fundamentales de los impetrantes del amparo. No obstante ello, la admisión de la demanda en todos sus términos, se reserva hasta el momento en que sea debidamente ratificada; momento en el cual se señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio. En relación al diverso acto reclamado consistente en la ilegal detención y arresto, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo a este juicio de control constitucional. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal, para que se constituya en las instalaciones que ocupan los separos de la Policía Ministerial del Estado, el complejo de Seguridad Pública Municipal o en cualquier otro lugar que cuente con separos de detención en esta ciudad, en donde deberá requerir al encargado de éste, para que presente ante dicho funcionario a los directamente agraviados Martín Duron Lemus, Ángel Duron Lemus y José Francisco Bustos Flores, hecho lo cual, deberá requerir a éstos para que en el acto de la notificación o bien, dentro de los tres días siguientes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15, párrafo tercero de la Ley de Amparo, manifiesten si ratifican o no la demanda interpuesta en su nombre por Adriana Duron Lemus; asimismo, proceda el Actuario adscrito a cerciorarse de las condiciones del lugar en donde se encuentran los quejosos, igualmente deberá dar fe y asentar pormenorizadamente en el acta respectiva, las condiciones físicas que presentan los directamente agraviados, que manifiesten si ha sido objeto de tortura, golpes o malos tratos por parte de los custodios o elementos aprehensores, así como asiente si existe evidencia razonable y objetiva de actos de tortura contra los justiciables y en su caso, tomar fotografías para registrar las lesiones por tortura que pudieran existir, y de inmediato dar cuenta a este Juzgado, para proporcionar el auxilio médico respectivo y realizar las certificaciones médicas correspondientes. En caso de que el encargado del lugar se niegue a ponerlos ante su presencia, o permitirle el acceso a dichas instalaciones para cerciorarse si los quejosos se encuentran en las mismas, deberá apercibir a dicho encargado que de persistir en su actitud, se procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, con tales hechos constitutivos de delito. Se tiene como domicilio para oír notificaciones el indicado en la demanda de conformidad con el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo y como autorizados a los Licenciados Edgar Cesar Fortuna Rodríguez, Arturo Mata Sánchez y Mario Eusebio Duarte Romero, quienes contarán con todas las facultades a que se refiere el párrafo primero del artículo 12 de la ley en cita, en virtud de que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema de Registro de Cédulas Profesionales del Consejo de la Judicatura Federal. En cuanto a las diversas personas que indica, únicamente podrán recibir notificaciones e imponerse de los autos por no acreditar que tienen cédula profesional de licenciado en derecho, conforme lo dispone el segundo párrafo del artículo 12, en relación con el numeral 24, párrafo segundo de la supracitada ley. Se hace del conocimiento de la autoridad que conforme a una interpretación integral del artículo 26, fracciones II y III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones de los acuerdos de trámite de menor trascendencia que al efecto se dicten en este expediente se le practicarán por medio de lista que al efecto se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, ello atendiendo a la jurisprudencia número 176/2012 de la Décima Época, consultable en la página 1253 del Libro XVI del mes de Enero de 2013, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" que resulta aplicable por igualdad de razón, en la que se señala que atendiendo a la trascendencia que un proveído o resolución pueda tener en la secuela procedimental, el juzgador tiene la facultad de decidir la forma en la que deba comunicarse a las partes, entre ellas, cuando la autoridad tenga el carácter de responsable o tercero interesado, a quien también se le puede practicar comunicaciones por medio de lista; sin perjuicio de que si así lo considera este titular, la notificación de tales acuerdos se realicen por oficio. En cuanto a la designación de la autoridad responsable, desde este momento se hace saber a las partes que de no existir con la denominación que se indica en la demanda de amparo, las constancias que demuestren dicha situación se glosarán al sumario, y sin necesidad de nuevo proveído, se suspenderá toda comunicación con ella, con independencia de dejar a salvo su derecho para proporcionar la denominación correcta y en el fallo respectivo se resolverá en consecuencia; lo anterior, por considerar que corresponde no sólo a este Juzgado, sino también a la parte quejosa el seguimiento cuidadoso de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, el cual procura la impartición de justicia pronta y expedita, y con el principio de celeridad procesal; asimismo, con la obligación que al efecto impone la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1ª./J. 111/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta y dos, del Tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente". Asimismo, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación aplicable, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, desde ahora se ordena la devolución de los documentos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes, previa copia certificada y razón que de su recibo se deje en autos. Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo que dispone el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, para los casos en los que en el presente juicio se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes que intervienen en los mismos y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de lo dispuesto por los artículos 26 y 27, fracción I de la Ley de la materia, sin necesidad de razón que se asiente por el actuario, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán sin la supresión de sus datos personales, salvo los casos de excepción. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el veinticinco de noviembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes en los Juzgados de Distrito, en el que se establecen los lineamientos para depuración, destrucción y conservación de los juicios de amparo, se considera que este expediente es conservable, en virtud de que se decretó la suspensión de plano. Asiéntese el sello respectivo en la carátula. Por último, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde. Notifíquese a las partes como legalmente corresponda.Así lo proveyó y firma el Licenciado GUILLERMO BALTAZAR Y JIMÉNEZ, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, quien actúa asistido de la Licenciada Alejandra Jacqueline Castellanos Castellanos, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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