Martin Dueñez Ortiz
Expediente 1074/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 28 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1074/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 12/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Martin Dueñez Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a doce de agosto de dos mil veintidós. Escrito. Agréguese a sus antecedentes el escrito del quejoso Martin Dueñez Ortiz, para que obre como legalmente corresponda. Copias. Atento a lo solicitado, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º, expídasele copia certificada de lo que solicita, previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos para constancia legal de las personas que designa para tal efecto. Notifíquese.
- Principal
VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, Martín Dueñez Ortiz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y los actos que a continuación se digitalizan: En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veinte, se admitió y formó la referida demanda con el número 1074/2020-VI, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes; se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada; y, se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Asistencia de la víctima. El ocho de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por asistida a la tercero interesada víctima con el Instituto de la Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura Federal, en este juicio de amparo. Luego, se celebró audiencia constitucional conforme el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que, en este caso, se reclaman actos emitidos por una autoridad residente en esta localidad, lugar en el cual este juzgado federal ejerce su jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que la parte quejosa, reclama lo siguiente: La orden de aprehensión girada en su contra en la causa penal 44/2020. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio, y en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Juez Primero de Control y Enjuiciamiento del Segundo, Tercero y Décimo Segundo Distrito, con residencia en Gómez Palacio, Durango, al rendir su informe justificado negó categóricamente el acto que se le reclama, sin que la parte quejosa aportara pruebas a fin de demostrar su existencia. En efecto, ante la negativa precisa externada por la autoridad responsable antes mencionada al rendir su informe justificado, en torno al acto reclamado a ella atribuidos, a la parte quejosa incumbe demostrar su existencia en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones dichas autoridades se hallan en una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos de que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin." Luego, si la autoridad negó la certeza del acto de que se trata y la parte promovente no desvirtuó tal negativa, es evidente que subsiste para efectos de este juicio de amparo, por lo cual, sin duda, es inexistente el acto que no ocupa. En congruencia con lo anterior lo procedente en la especie es, sin duda, sobreseer en este juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, desde luego, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el juicio respectivo. Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección. Tesis: 284. Página: 305.). "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 187-192 Primera Parte. Página: 88.). "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 509. Página: 335.). CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal, Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes del Segundo, Tercero y Décimo Segundo Distrito, con sede en Gómez Palacio, Durango, Agente del Ministerio Público Adscrita al Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes y Comandante Regional de la Policía Investigadora de Delitos Región Laguna Zona III, con sede en esta ciudad, ya que así lo manifestaron al rendir su informe con justificación. Certeza que se corrobora con las documentales que remitió la autoridad en comento como complemento a su respectivo informe justificado, consistentes en copia certificada de la solicitud de orden de aprehensión presentada por el Agente del Ministerio Público, así como de la orden de aprehensión emitida en la causa penal 44/2020, del índice del Juzgador responsable; constancias a las que se otorga valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º. Por tanto, al quedar acreditada la existencia del acto reclamado, lo procedente es analizar la procedencia del mismo. QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto procede analizar de oficio las causas de improcedencia por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, las partes no hicieron valer causa de improcedencia y quien resuelve no advierte de oficio la actualización de alguna, motivo por el cual se procederá al estudio del fondo del asunto. SEXTO. Conceptos de violación. En primer lugar, cabe precisar que no es necesario trascribirlos, pues al constar en la demanda, se tienen por reproducidos en esta parte, además, no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que obligue a ello. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010 Página: 830, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Decisión judicial. Cabe destacar que el quejoso no formuló argumento jurídico que estudiar, por tal motivo, se analizará la constitucionalidad del acto reclamado bajo la suplencia de la queja en términos del numeral 79 de la Ley de Amparo. Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. . No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder." Por su parte, los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión. En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia. El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." De las porciones normativas transcritas se desprenden los siguientes elementos de fondo y forma requeridos para librar una orden de aprehensión, a saber: a) Que provenga de autoridad judicial. b) Que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. c) Que de lo actuado en autos aparezcan datos suficientes que acrediten que se ha cometido ese hecho. d) Datos suficientes que demuestren la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. e) Que la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada. f) Necesidad de cautela. Además, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha resolución debe estar debidamente fundada y motivada, es decir, sustentarse en consideraciones en las que se citen los preceptos legales aplicables y se expongan los hechos, circunstancias inmediatas y razones particulares con las que se ponga en evidencia que en el caso en particular se actualizan las hipótesis legales invocadas. Bajo ese contexto, de las constancias de autos se advierte satisfecho el primer requisito, virtud a que la orden de aprehensión reclamada fue librada por una autoridad judicial. De igual manera, el segundo requisito se encuentra acreditado, ya que de los antecedentes narrados por la Juez responsable en la orden de captura combatida, se advierte la denuncia realizada por la madre de la menor víctima del delito. Con motivo de la denuncia de referencia, el agente de Ministerio Público, solicitó a la Juez responsable se librara orden de aprehensión en contra del quejoso como probable responsable en la comisión del delito de violación con penalidad agravada; siendo dicha solicitud un elemento de procedencia indispensable para la judicialización del delito en mención y evidenciado que actualmente se encuentra sujeto a una investigación instaurada en su contra. Tal ilícito se encuentra previsto y sancionado en el artículo 176 con la agravante del numeral 180, fracción IV, del Código Penal del Estado de Durango, del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 176. A quien por medio de la violencia realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a catorce años y multa de quinientas setenta y seis a mil ocho veces la Unidad de Medida y Actualización. Se entiende por cópula, la introducción del pene por vía vaginal, anal o bucal. Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de concubinato o de pareja, se impondrán las penas previstas en este artículo. Se sancionará con las mismas penas a quien introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, por medio de la violencia o sin el consentimiento de la víctima; . ARTÍCULO 180. Las penas previstas para los delitos de violación y de abuso sexual, se aumentarán en dos terceras partes, cuando fueren cometidos: . IV. Por la persona que tenga a la víctima bajo su custodia, guarda o educación o aproveche la confianza en ella depositada;" Ello es así, virtud a que en forma correcta el Juez de Control tomando en consideración los medios de investigación expuestos por la Representación Social, una vez que realizó una apreciación conjunta, integral y armónica, acorde a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, los consideró dignos de crédito y en ese sentido tuvo por acreditados datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Ahora, los elementos del delito en cita son: -A quien realice copula, entendiéndose por esto la introducción por vía vaginal el pene a otra persona. - Con persona que aproveche la confianza en ella depositada o que se encuentre a su cargo. Elementos que como bien lo considero el Juez se encuentran acreditados esencialmente con: -Denuncia de María Zulema Castro Dueñas, de veinte de junio de dos mil veinte, en la que manifestó que es madre de la adolescente L.M.C.C., de quince años, con fecha de nacimiento de 23 de enero de 2005, la cual acredita con copia del acta de nacimiento con folio 34899, ante la Oficialía 5 del Registro Civil de Ciudad Lerdo, Durango, en la que sustancialmente se enunció el siguiente hecho: Que el tres de junio de dos mil veinte, aproximadamente a las trece horas, en casa de la abuela de la menor, en la localidad las Piedras, Municipio de Lerdo, Durango, la mamá de la menor dejó al cuidado de su hermano Martín Dueñez Ortiz (inculpado) y su mamá (abuela); que estaba la menor en el cuarto de su hermano Martín viendo caricaturas y que él entró a la habitación y comenzó a tocarle pechos y vagina, que la adolescente intentó salir corriendo pero Martín la jaló del brazo, la aventó a la cama, se subió encima de ella y le bajó el short y pantaleta y luego él su short y calzón para penetrarla vaginalmente, y que ella no quería pero la amenazó de muerte, aprovechando que la abuela no estaba en el domicilio. - El dictamen ginecológico de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, por el médico legista adscrito a la coordinación de servicios periciales de la fiscalía, en que se concluyó que la adolescente es púber, que sí presenta datos de penetración vaginal de antigua data y no de reciente data, y que no presenta signos de embarazo. - Manifestación de la adolescente víctima acompañada por la madre, asesor y psicóloga, en la que manifestó el mismo hecho mencionado, incluso la menor manifestó que desde los nueve años ya le realizaba tocamientos, destacó que le tiene miedo a su tío Martín. - Dictamen psicólogo de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, elaborado por la psicóloga adscrita a la coordinación de servicios periciales, en el que se determinó que la victima sí presenta afectación con relación a los hechos de carácter sexual que refiere, que el grado de afectación es moderado y que requiere tratamiento psicológica. Datos de prueba al que la Juez de manera correcta, otorgó valor, ya que su testimonio es verosímil y confiable, pues proviene de quien resintió el daño en su integridad corporal, y que culminaron en la imposición de la cópula, por lo que no existe duda que tuvo conocimiento a través de sus sentidos y por ello señaló, acorde a su corta edad, circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión, de una congruente y creíble, utilizando expresiones coloquiales para describir sus partes íntimas y resulta evidente que describir un acto de esta índole no es producto de su imaginación, sino de que tuvo una vivencia sexual directa con una persona. Situación que se explica en la obra "El Niño Víctima del Delito", publicada por la Secretaría de Seguridad Pública Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Dirección General de Derechos Humanos, específicamente por la ODI Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C., México, D.F., en diciembre de 2009, al referir en relación al Estadio de las operaciones formales (a partir de los 11-12 años), en la página 69, que: Es la última etapa y se logra después de los once o doce años de edad, cuando el niño es capaz de abstraer, es decir, manejar conceptos abstractos de manera independiente a su medio ambiente concreto inmediato. En esta etapa, pueden considerar simultáneamente múltiples aspectos o propiedades de un problema. Ahora las relaciones lógicas se comprenden sin que para ello sea necesaria la experiencia perceptiva concreta y subjetiva. Lo anterior también se corrobora con las periciales rendidas por el médico legista y psicóloga adscritas a la fiscalía, ya que el primero encontró en la menor datos clínicos compatibles con penetración por vía vaginal de data antigua, y la segunda, concluyó que le víctima presenta datos que guardan relación directa con los acontecimientos que se investigan. Datos de investigación que de manera correcta la Juez otorgó, ya que provienen de profesionales de la materia que actuaron con motivo del encargo público que se les ha encomendado, nos hace ver que sus emisores carecen de motivos para falsear información. En efecto, el médico legista, que dentro de sus funciones se encuentran la elaboración de certificados de lesiones, de agresión sexual, de integridad y necropsias. Respecto a su informe de agresión sexual, realiza revisiones ginecológicas y proctológicos, realiza una metodología, en donde el Ministerio Público le solicita que revise a una víctima o paciente, niños o niñas, solicita una autorización al tutor o a la madre para poder valorar, después, realiza el periodo de ventana, donde es una entrevista directa o indirecta, así como los antecedentes personales, realiza un examen clínico general y segmentario, se le informa el procedimiento que va a realizar; se pone a la paciente en posición ginecológica, observa labios mayores y menores y pasa a la realización de la maniobra de riendas, donde observa el himen, para poder determinar si existen datos, o no, de penetración, de ahí, sigue la exploración proctológica, y si se requiere o amerita, toma muestras biológicas de las áreas antes mencionadas y de la metodología que realizó y la observación, concluye si existe data de penetración o no, y si es de data antigua o reciente. Luego el examen ginecológico señaló que no había datos de penetración reciente, sino de penetración antigua, y que no hay dato de embarazo. Informe de valor eficaz, realizado por una experta en medicina forense, adscrita a Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado, quien, con motivo y ejercicio de sus funciones, manifestó que examinó a la niña víctima, y encontró, en el cuerpo de la menor, datos compatibles con data de penetración antigua por vía vaginal, concordando dicha prueba científica con el dicho de la menor. En síntesis, los medios de investigación recabados perfecta armonía, y debe tomarse en cuenta que la Suprema Justicia de la Nación ha reiterado por conducto de sus tribunales que el dicho de la víctima de un delito sexual cuenta con singular valor dado que generalmente se realiza de manera oculta y por lo tanto es refractario a la prueba directa, como acontece en este caso. De igual manera, el Juez tuvo por acreditado que la víctima, es una persona menor de edad, pues en el acta de su nacimiento aparece que nació el 2005 y que al momento del hecho contaba con quince años. Documento de valor eficaz, conforme al numeral 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese tenor, como bien lo consideró la Juez responsable, hasta la etapa procesal en que se revisa, se tiene por demostrado en grado de probabilidad, el hecho que la ley señala como delito de VIOLACIÓN CON PENALIDAD AGRAVADA, en términos de los artículos 176, fracción I con relación al 180, fracción IV, del Código Penal del Estado de Durango, en especial con el dato de prueba consistente en la declaración de la víctima, en la que indica que fue atacada sexualmente en contra de su voluntad, imponiéndole la cópula; en efecto, en los delitos de índole sexual, por lo general son de realización oculta, por lo que la imputación que hace la víctima tiene un valor preponderante, por lo que sí es verosímil, es suficiente para que se le otorgue valor probatorio si además se encuentra corroborada, como sucede en el caso en estudio, con diversos datos de prueba, que resultan ser la entrevista psicológica y el dictamen médico reseñados en líneas precedentes. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo Segunda Parte, XII, Página 159, Sexta Época, del Semanario judicial de la Federación, que a la letra dice: "OFENDIDO, VALOR DE SU DICHO (DELITOS SEXUALES). En los delitos sexuales, la declaración del ofendido tiene, como indicio, un valor preponderante, en razón de que para cometerlo, el infractor procura la ausencia de testigos; en esta virtud, cuando la imputación de la víctima se encuentra corroborada por otros elementos de convicción, se configura la prueba indirecta, bastante para fundar la responsabilidad del acusado.". Así como la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo LXXXIX, Página 2265, Quinta Época, del Semanario judicial de la Federación, que a la letra dice: "OFENDIDA, VALOR DE SU DECLARACION (DELITO DE VIOLACION).La declaración de la víctima del delito de violación, aunque proceda de parte ofendida, produce fuerte presunción de culpabilidad en contra del acusado, especialmente por tratarse de un delito que casi siempre se comete a escondidas o huyendo de cualquier persona que pudiera presenciarlo, y mientras no aparezca comprobado móvil alguno que la induzca a acusarlo de una manera injustificada, la ausencia de tal circunstancia, reviste de fuerza probatoria su dicho." Y la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN Sección - Adjetivo, página 400, Apéndice de 2011, Séptima Época, que a la letra dice: "DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE. Tratándose de delitos sexuales, adquiere especial relevancia el dicho de la persona ofendida, por ser este tipo de ilícitos refractarios a prueba directa." Asimismo, como correctamente lo consideró la Juez responsable, existen datos suficientes para acreditar el hecho ilícito relativo a que el quejoso fue la persona que a la menor víctima, le impuso la cópula vía vaginal, el veinte de junio de dos mil veintiuno, aproximadamente a las trece horas, en el domicilio de la abuela ubicado en la localidad Las Piedras, Lerdo, Durango. Finalmente, en cuanto a la necesidad de cautela, la Juez natural, razonó y fundamentó acertadamente que la comparecencia del quejoso pudiera verse demorada o dificultada. Que el artículo 176, del Código Adjetivo en la materia señala el ilícito de Violación como uno de aquellos en los que habrá imponerse como medida cautelar de manera oficiosa la de prisión preventiva, por lo que necesariamente habría de enfrentar el proceso privado de su libertad, situación que evidentemente sería suficiente para motivarlo a que se sustrajera de la acción de la justicia. En ese tenor, este Juzgado Federal considera que del contenido de la orden combatida se desprende que el Juez de Control se pronunció sobre las razones expuestas por el órgano investigador, asimismo, valoró el cumulo probatorio, expresó los elementos y circunstancias que consideró relevantes para concluir que el extremo relativo a la comparecencia del imputado pudiera verse dificultada o demorada y existe necesidad de cautela. Apoya lo considerado, en lo conducente la tesis que a continuación se cita: Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: I.6o.P.86, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III Materia(s): Penal P (10a.) Página: 1943, Décima Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AUN CUANDO ÉSTA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SIN NECESIDAD DE QUE EXISTA CITA PREVIA U ORDEN DE COMPARECENCIA POR MEDIO DE LA FUERZA PÚBLICA, SIEMPRE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEMUESTRE LA NECESIDAD DE CAUTELA. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: citatorio al imputado para la audiencia inicial (fracción I); orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna (fracción II); orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela (fracción III); de donde se colige que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto; sin embargo, el Juez de control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, esto es, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia." Por las razones expuestas, se concluye que la orden de aprehensión se encuentra ajustada a derecho; de ahí que, al no advertir deficiencia de la queja que deba suplirse en favor del quejoso, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo, por la autoridad precisada en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a MARTIN DUEÑEZ ORTIZ, contra el acto y autoridades precisadas en el considerando cuarto por los motivos expuestos en el último apartado de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a nueve de julio de dos mil veintiuno. Estado de autos. En atención al estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado para la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, toda vez que no ha transcurrido el plazo para que el tercero interesado, se imponga de autos, así como del informe justificado, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, la tesis aislada V.4o.1K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1119, tomo XXI, marzo de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que se cita bajo el rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL ADVIERTE QUE NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE LA FECHA EN QUE ÉSTE SE VERIFICÓ Y AQUELLA EN QUE SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ADVIERTA QUE NO HABRÁ DE SOBRESEERSE O NEGARSE EL AMPARO SOLICITADO". Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que habría de celebrarse el día de hoy y se señalan las once horas con cincuenta minutos del treinta de julio de dos mil veintiuno, para su celebración. Entrega de oficio. Finalmente, reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega del oficio respectivo, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a cinco de julio de dos mil veintiuno. Tercero interesado. Agréguese a sus antecedentes el oficio signado por la autoridad responsable, mediante el cual remita las constancias en auxilio de este órgano jurisdiccional respecto al emplazamiento formulado a la asesora de la víctima tercero interesado; lo anterior para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
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