Martín Díaz De los Santos
Expediente 600/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 600/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 05/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Martín Díaz De los Santos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de quince de noviembre de dos mil dieciséis, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las constancias relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de noviembre de dos mil dieciséis. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 600/2016-I, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintinueve de julio de dos mil dieciséis, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por ***. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Coordinador General de Centros Federales adscrito al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Director General de Administración adscrito al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 9 Norte y Encargado de la Dirección de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social Número 9 Norte, a quienes les reclamó: IV.- ACTO RECLAMADO 1.- LA ILEGAL RETENCIÓN DE MI SALARIO, que se me ha venido efectuado de manera ilegal, razón por la cual solicito el amparo y protección de la justicia federal para que se las autoridades señaladas como responsables dejen de retener mi salario. 2.- Por ende, que se libere mi salario para que este me sea entregado en forma íntegra y que no se me sigan reteniendo. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 5, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de primero de agosto de dos mil dieciséis, la demanda de amparo se registró con el número 600/2016-I-2; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CUARTO. Autoridad inexistente. El dieciocho de octubre de dos mil dieciséis en virtud de lo informado por el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, se tuvo por inexistente al Director General adjunto de Administración de Personal, adscrito al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el impetrante reclama la retención de su salario. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Coordinador General de Centros Federales adscrito al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Director General de Administración adscrito al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 9 Norte y Encargado de la Dirección de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social Número 9 Norte, al rendir sus respectivos informes justificados negaron el acto que les atribuye el accionante del amparo. Ahora, la quejosa ofreció como prueba original de la constancia de nombramiento, asignación de remuneraciones y funciones a desempeñar, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, según su numeral 2°, así como copia simple de la credencial para votar y del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/14822/2016 de uno de marzo de dos mil dieciséis, tales documentos carecen de eficacia demostrativa y por tanto son ineficaces para acreditar lo que el promovente pretende, en virtud de que se presentaron sin certificación, de manera que solo son indicios según lo estipulado en los artículos 136 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa del numeral dos, así como, por identidad de razón, en la tesis registrada con el número 228231 sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, consultable en el Tomo III, Segunda Parte-1 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra establece: COPIAS FOTOSTATICAS SIN CERTIFICAR. VALOR PROBATORIO. Si la autoridad responsable acompañó a su informe justificado copia fotostática de determinados documentos sin certificación, carecen de valor probatorio en los términos de los artículos 93, 136 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al juicio de amparo. Así como la diversa IV.3o. J/23 con número de registro 202550 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Novena Época de texto y rubro siguiente: DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas. Así pues, se estima que de las pruebas de la parte quejosa únicamente se deriva que se llama como quedó establecido, que el treinta de septiembre de dos mil catorce tomó posesión del empleo de oficial en prevención penitenciaria y que el uno de marzo de dos mil dieciséis le informaron que cambiaba de adscripción, sin que, con esto demuestre que le retuvieron su salario. Por lo anterior, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la tesis jurisprudencial número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que textualmente dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 600/2016-I-2, promovido por ***, respecto de las autoridades responsables y actos precisados en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de octubre de dos mil dieciséis. Vista la circular 29/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en la que se informa que el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis se determinó declarar inhábiles los días treinta y uno de octubre, uno y dos de noviembre de dos mil dieciséis. Ahora, del estado que guardan los autos se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las nueve horas con diez minutos del treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis. Sin embargo, no es posible llevarla a cabo en esa fecha, por lo que, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del quince de noviembre de dos mil dieciséis para llevarla a cabo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social por el que manifiesta que el Director General adjunto de Administración de Personal, adscrito al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social no existe con esa denominación En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 5, fracción II, 108, fracción III, de la Ley de Amparo y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria se tiene por inexistente al Director General adjunto de Administración de Personal, adscrito al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, por lo que se ordena cancelar toda comunicación con el mismo. Para sustentar lo anterior, sirve la tesis de jurisprudencia con número de registro 167784, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 52, del Tomo XXIX, de la Novena Época, Materia Común, último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, cuyo rubro y texto son: AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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