Martín Diaz De La Cruz

Expediente 460/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
460/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
25/05/2017

Partes del expediente

  • Martín Diaz De La Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. La certificación precedente evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley mencionada, contra el auto veintisiete de abril del presente año (fojas 29 a 32), en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes se declara que el mismo ha causado firmeza. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    V.- SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE 27 DE ABRIL DE 2017, QUE EN SÍNTESIS DICE: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por medio del cuales rinde su informe justificado y remite diversas constancias relativas al expediente J.29/632/2009. Con sustento en el artículo 117 de la ley de la materia, se tienen por rendidos los informes justificados y constancias exhibidas. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 119 y 123, ambos de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales que adjunta la responsable. Resulta aplicable al caso, por analogía, la tesis emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3456 del Tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, la cual establece: "INFORME JUSTIFICADO, OBLIGACIÓN DE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LAS CONSTANCIAS QUE LAS AUTORIDADES ADJUNTAN A AQUEL. El artículo 149 de la Ley Orgánica del Juicio de Amparo, obliga a las autoridades responsables a rendir sus informes justificados y a acompañar a éstos, en su caso, copia certificada de las constancias que tiendan a demostrar la legalidad de su actuación; por tanto, la finalidad perseguida en el precepto citado, es la de que los Jueces de Distrito tengan en cuenta las constancias contenidas en esa copia certificada, para juzgar de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esas constancias tienden precisamente a comprobar, por parte de las responsables, la legalidad de su actuación." No obstante, es pertinente mencionar que de la interpretación al contenido del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, y, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En ese orden resulta oportuno precisar que el acto reclamado es la omisión de dictar resolución en las promociones con números de folio 003404, 003405 y 003406. Ahora bien, una vez analizadas las constancias que obran en autos, en lo particular el informe justificado y las documentales enviadas en complemento al mismos, las cuales tienen valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; este órgano jurisdiccional considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." (Énfasis añadido) En efecto, la omisión reclamada a la autoridad responsable, al no emitir el acuerdo correspondiente dentro del expediente J.29/632/2009, ha cesado sus efectos, toda vez que de las copias certificadas que remitió la referida responsable, se advierte que el siete de abril de dos mil diecisiete, se dictó el proveído siguiente: ".Agréguense a sus autos tres escritos, presentados ante esta Junta el día 13 de marzo de 2017, por el apoderado de la parte actora, con números de folio 003404, 003405 y 003406, y visto el contenido del primer escrito, se tiene a la parte actora haciendo suyo el avalúo rendido por el C. FERNANDO MACÍAS CARMONA, mismo que obra en fojas 669 a 680 de los autos, por lo que con fundamento en el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo dese vista a la parte demandada para que en un término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, quedando apercibido de que de no hacerlo así se le tendrá por perdido su derecho y esta Junta acordará lo conducente; visto el contenido del segundo escrito, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado toda vez que no se ha concluido el procedimiento de remate establecido en la Ley Federal del Trabajo, por lo que una vez que sea el momento procesal oportuno se acordará conforme a derecho, por último, y por lo que hace al tercer escrito de cuenta mencionado con anterioridad, con fundamento en el artículo 723 de la Ley Federal del Trabajo, expídansele al promovente las copias certificadas solicitadas, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar...". Dicho acuerdo fue notificado a las partes a través de los estrados, como se advierte de las constancias copias certificadas que anexa la responsable para acreditar su dicho. En consecuencia, se acredita que han cesado los efectos del acto reclamado, lo cual, implica una desaparición total de sus consecuencias, restituyendo al quejoso en el pleno goce de sus garantías como si se hubiera concedido el amparo. Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de 1998, materia común, Novena Época, con número de registro 196820, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así como la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, publicada en la página 198, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación, de marzo de 1993, materia común, Octava Época, con número de registro 216806, que establece: "ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas." La tesis publicada en la página 1641, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, Décima Época, cuyo rubro es: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA." Y la diversa publicada en la página 2274, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, cuyo rubro es: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO." En tal sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las once horas diez minutos del dos de mayo de dos mil diecisiete. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Asimismo, por analogía, la jurisprudencia II.2o.P. J/23, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegido en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la página 991, Tomos XXIV, de Noviembre de dos 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO.". Sin que sea óbice que no obre la constancia de emplazamiento al tercero interesado, toda vez que dado el sentido del presente auto, ningún perjuicio le recae.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de abril de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta supuestamente signado por Martín Díaz der la Cruz, a través del cual da cumplimiento a la prevención decretada en auto de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete; por lo tanto, se tiene por desahogada la misma, dejándose sin efecto el apercibimiento formulado. En tal virtud, vista la demanda de garantías promovida por Martín Díaz de la Cruz, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje; de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, XII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se forma incidente de suspensión, pues la parte agraviada no solicitó la medida cautelar en términos del numeral 128 de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde por lista el presente acuerdo. SEÑALAMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las once horas con diez minutos del dos de mayo de dos mil diecisiete. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y CONSTANCIAS. En atención a los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se le reclama; además, deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este juzgado. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. Se reserva el emplazamiento de los terceros interesados hasta en tanto obren en autos del presente juicio, tanto los informes justificados de las responsables, como las constancias originadoras del acto reclamado. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especia naturaleza las pruebas ofertadas por el quejoso consistente en la presuncional en su doble aspecto, legal y humano, así como las copias simples de los acuses de recibo que exhibe, sin perjuicio de dar de nueva cuenta con ella al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, con relación a los medios de convicción relativos a la instrumental de actuaciones, las constancias que integran el expediente laboral J.29/632/2009 y la inspección judicial que ofrece el impetrante, se reserva de acordar lo conducente hasta que se tenga por recibido el informe justificado de la responsable. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES. Finalmente, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, con número de registro 2002576, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las responsables, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en este Juzgado de Distrito. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. Como está ordenado en auto de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal relativo al juicio de amparo 1792/2016-IV, promovido por Daniel Liberman Sourasky, Aby Saadia Hassouni y Abrahim Zaki Saadia Mussali, por conducto de su apoderado Enrique Monteagudo Gutiérrez, contra actos de la Gobernador del Estado de México y otras autoridades; se integra por duplicado el presente incidente. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 138, 139 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo el que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; al efecto, remítase copia simple de la demanda. Se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del treinta de marzo de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 138 de la Ley de Amparo. Se apercibe a las responsables que en caso de ser omisas en rendir su informe previo, se presumirá cierto el acto reclamado para el sólo efecto de la suspensión, además, de conformidad con los preceptos legales 238 y 260, fracción I, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se hará acreedora a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Ahora bien, en el caso en estudio, la parte impetrante textualmente solicitó la suspensión de los efectos relativos a los actos que hizo consistir en: "II. La falta de contestación al escrito ingresado en fecha 06 de mayo de 2015 ante la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, dirigido a la Directora General de Operación Urbana de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México y Secretaria Técnica de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, por virtud del cual se solicitó se valorara la documentación integrada a efecto de poder obtener el Dictamen de Protección Civil para el conjunto urbano denominado "Residencial Club Hípico la Hacienda". III. La falta de contestación al escrito ingresado de 18 de mayo de 2015 ante la Dirección general de Operación Urbano de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano, dirigido a la Directora General de Operación Urbana de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México y Secretaria Técnica de la comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, por virtud de cual se solicitó la renovación de la Constancia de viabilidad con número de oficio 224020000/1986/2014. IV. La falta de contestación al escrito ingresado el 18 de mayo de 2015 ante la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, dirigido a la Directora General de Operación Urbana de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México y Secretaria Técnica de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, por virtud de la cual se solicitó la renovación de la Constancia de viabilidad con número de oficio 224020000/1986/2014. V. La falta de contestación al escrito ingresado en fecha 13 de octubre de 2015 ante la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, dirigido a la Directora General de Operación Urbana de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México y Secretaria Técnica de la comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, por virtud de la cual se solicitó información referente al trámite de solicitud de conjunto urbano de 02 de septiembre de 2015. VII. La falta de contestación al escrito ingresado en fecha 27 de octubre de 2015 ante la Directora General de Operación Urbano de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano del estado de México y Secretaria Técnica de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, por virtud del cual se solicitó la renovación de la Constancia de Viabilidad con número de oficio 224020000/1986/2014, por virtud de que la solicitud en el mismo sentido de fecha 18 de mayo de 2015. VIII. La falta de contestación al escrito ingresado en fecha 02 de diciembre de 2015 ante la Dirección General de Operación Urbano de la secretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano, dirigido Directora General de Operación Urbana de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México y Secretaria Técnica de la Comisión Estatal de Desarrollo urbano y Vivienda, por virtud de cual se solicitó se tuviera por aclarada la irregularidad del oficio DOPYDUC/CJ/1713/2015 de fecha 06 de julio de 2015, suscrito por la Directora de obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Atizapán de Zaragoza. IX. La falta de contestación del escrito ingresado en fecha 04 de febrero de 2016 ante la Directora general de Operación Urbana de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México y Secretaria técnica de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, por virtud del cual se solicitó confirmara el cumplimiento de los requisitos solicitados en minutas de trabajo de 07 de diciembre, 30 de noviembre, 18 de noviembre, 21 de agosto y 06 de agosto, todas del año dos mil quince." Al respecto, debe hacerse notar que, a efecto de proveer sobre el particular es necesario acudir a la apariencia del buen derecho y del interés social, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dada la naturaleza del acto reclamado. Hecha tal precisión, se niega la suspensión provisional, toda vez que en al caso se trata de actos cuyos efectos son de naturaleza omisiva, es carentes de ejecución, que implican un no actuar de la autoridad responsable, por tanto, no existe materia para conceder la suspensión, porque si se actuara en forma diversa se darían efectos constitutivos de derechos a la suspensión y ello es materia de la sentencia definitiva que llegare a dictarse en el juicio principal, es decir, la suspensión no puede tener como efecto el constreñir a la responsable a que se pronuncie sobre las omisiones alegadas, porque entonces el juicio de amparo quedaría sin materia. Es aplicable la tesis XXI.2o.11 K, consultable en la página 214, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Abril de 1997, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con número de registro 199059; con el rubro y texto siguientes: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." Igualmente, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 312, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 1993, Octava Época, con número de registro 216236, que establece: "SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifícan en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión táctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida." Es aplicable la tesis I.3o.C.25 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito, publicada en la página 1468, del Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Marzo de 2002, Novena Época, con número de registro 187375, que establece: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender." En diverso aspecto, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas detalladas en el ocurso que se atiende, debiendo dar nueva cuenta de ellas en la audiencia de ley, a efecto de acordar sobre su admisión o desechamiento. No obstante lo anterior, no ha lugar a ordenar integrar las constancias procesales que obran en el juicio de amparo principal, dado que al tramitarse por cuerda separada tal aspecto les incorpora autonomía e independencia uno de otro, por ende tampoco procede la compulsa solicitada habida cuenta que dicho promovente no adjunto las constancias correspondientes para proceder en consecuencia. En otro orden de ideas, se previene a la parte quejosa para que, en el caso de que las autoridades señaladas como responsables, no existan con la denominación indicada, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se les tendrá como inexistentes y por ende no se les dirigirán comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia incidental el señalamiento de la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde a la quejosa estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Copias. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase al promovente, bajo su costa, un tanto de la presente determinación. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Domicilio. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Antonio Ruiz Rosales, que autoriza, firma y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano