Martín del Socorro Moreno Esqueda
Expediente 2155/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2155/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 20/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Martín del Socorro Moreno Esqueda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
En veinte de abril de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Juan García Trejo, CERTIFICO: Que transcurrió el término de tres días que se concedió a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto del cumplimiento otorgado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, lo que se asienta para los efectos legales conducentes.- Doy fe. En la misma fecha, el Secretario licenciado Juan García Trejo, doy cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veinte de abril de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos y la certificación asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de tres días concedido tanto a la parte quejosa, en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, y la jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con registro 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El dos de febrero del año en curso se dictó la sentencia respectiva (fojas 21-27); en la que se concedió al quejoso Martín del Socorro Moreno Esqueda, el amparo y protección de la justicia federal solicitados, en los términos siguientes: "(.) procede conceder la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que el Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, de inmediato, proceda a notificar al quejoso MARTÍN DEL SOCORRO MORENO ESQUEDA, la contestación que se dio a la petición presentada el treinta de octubre de dos mil seis, en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones; situación con que se restituye a la quejosa en el goce de la Garantía individual aquí considerada transgredida, en términos del artículo 71, fracción I, de la Ley de Amparo vigente." Posteriormente, en proveído de veintitrés de febrero del presente año, dicha sentencia causó ejecutoria y en el mismo auto se procedió a requerir a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas (f. 34), para que cumpliera con la ejecutoria de amparo y remitiera las constancias que acreditaran dicha circunstancia. En acatamiento a la ejecutoria de mérito, mediante oficio recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el once de marzo del presente año, la Juez del referido Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar, remitió copia certificada del acta de notificación practicada por el actuario de ese juzgado, la cual consta de seis fojas útiles, que constituyó el acto reclamado; de la que se advierte que con plenitud de jurisdicción se pronunció sobre los aspectos antes precisados que fueron materia de la protección constitucional otorgada. Al respecto, en proveído de catorce de marzo del año en curso, se dio vista tanto a la parte quejosa, para que en el término de tres días expresaran lo que a sus intereses conviniera, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado, con base en las constancias que obraran en autos, se pronunciaría sobre el cumplimiento que en su caso haya otorgado la citada autoridad responsable (foja 43). En ese contexto, debe concluirse que en la especie se acataron los extremos sobre los que versó el amparo otorgado a la quejosa en los términos precisados en párrafos que anteceden; por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En atención a lo anterior, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. En su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por haberse concedido la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, así como del auto por el que se tuvo por cumplida la misma, en razón de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Jueza Primero de Distrito en el Estado, asistida del Secretario que autoriza, licenciado Juan García Trejo.- DOY FE. EMVG
- Principal
El catorce de marzo de dos mil dieciséis, el licenciado Juan García Trejo, doy cuenta a la Jueza con un oficio registrado con el número 5381 y anexos que se acompañan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, catorce de marzo de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio de cuenta que remite la Jueza Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, al que acompaña copia certificada en seis fojas útiles del acta de notificación practicada por el actuario de ese juzgado, en cumplimiento a la Ejecutoria de Amparo dictada el veintitrés de febrero del año en curso; en consecuencia, con dicho comunicado y anexos, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos su legal notificación, exponga lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado conforme a las constancias que obren en autos, se pronunciará sobre el cumplimiento otorgado al fallo constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firmó la licenciada Isaura Romero Mena, Jueza Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado Juan García Trejo.- DOY FE. *EMVG
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta asentada por la Secretaría, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el dos de febrero de dos mil dieciséis, en la que se concedió al quejoso MARTÍN DEL SOCORRO MORENO ESQUEDA, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Devuélvase a la autoridad responsable las constancias consistentes en juicio sucesorio intestamentario 322/2016 y siete cuadernillos relativos al mismo, que en copia certificada remitió como apoyo a su informe justificado. Por otra parte, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas para que acate en sus términos el fallo protector de que se trata e informe sobre su cumplimiento dentro del término de TRES DÍAS, siguientes a la legal notificación de este auto y remita las constancias que así lo acrediten, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada se les impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este propio Circuito para seguir el trámite de ejecución que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en funciones de Juez de Distrito, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS DEL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de garantías 2155/2015, estando en audiencia pública el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, quien actúa con el Secretario que autoriza y da fe, licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, se procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Enseguida, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas, en aplicación a la Jurisprudencia siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas.". En relación con lo anterior, el Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. En el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 119, del ordenamiento legal invocado, se tienen por ofrecida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documentales que acompañó el quejoso a su escrito inicial de demanda y las remitidas por la citada autoridad responsable; y al no existir más pruebas pendientes por desahogar se da por concluida la presente etapa. En el período de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, como tampoco el Agente del Ministerio Público adscrito presentó pedimento. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar ni pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo vigente, y se procede a resolver en los siguientes términos. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 2155/2015; y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas MARTÍN DEL SOCORRO MORENO ESQUEDA, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- A) EL C. JUEZ DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL JUZGADO SEGUNDO DEL DISTRITO JUDICIAL DE RIO GRANDE, ZACATECAS, CON DOMICILIO EN EL CONOCIDO EN LA CASA DE JUSTICIA DE RÍO GRANDE, ZAC. B) EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE RÍO GRANDE, ZACATECAS, CON DOMICILIO EN EL CONOCIDO EN LA CASA DE JUSTICIA DE RÍO GRANDE, ZAC. IV. Acto Reclamado.- La negativa de la autoridad responsable a proveer sobre el acuerdo que corresponda al escrito presentado ante el juzgado de lo civil y familiar del distrito judicial de Río Grande, Zacatecas, con domicilio en el conocido en la casa de justicia de Río Grande, Zac. De fecha 30 de octubre del 2006." Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como garantías individuales violadas, las contempladas en el artículo 8° Constitucional. 2º. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, cuyo Titular mediante proveído del treinta de noviembre del mismo año, ordenó su admisión y registro bajo expediente 2155/2015; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención ala Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia de los rubros "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que el quejoso reclama: La omisión de dar respuesta a su petición realizada el treinta de octubre del dos mil seis, al Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas. II. 1. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, presunción o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la siguiente tesis de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.2. Certeza: El Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto que dentro del expediente número 322/2006, el quejoso haya presentado promoción alguna el treinta de octubre de dos mil seis, que además, no es cierto que a la promoción presentado en la fecha mencionada no hubiese recaído acuerdo alguno, toda vez que sí dictó acuerdo en el cual le informó que dicho escrito debería ser presentado ante la Oficialía Común de Partes de los Juzgados de ese Distrito Judicial; por lo que es cierto el acto reclamado. III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA.." Al no existir causa de improcedencia planteada por las autoridades responsables, ni advertida de manera oficiosa por este órgano jurisdiccional se procede examinar el fondo del asunto. IV. Litis constitucional. IV.1. Conceptos de violación. Su falta de trascripción no transgrede las normas que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, lo cual se corrobora con la tesis del rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". De la lectura integra del capítulo de conceptos de violación de su escrito de demanda, se advierte que el quejoso MARTÍN DEL SOCORRO MORENO ESQUEDA, por su propio derecho, reclama de la autoridad responsable Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, violación al artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no ha dado respuesta a la solicitud que le fue realizada el treinta de octubre de dos mil seis, no obstante el tiempo transcurrido. V. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado el concepto de violación en que la quejosa aduce que se viola en su perjuicio el artículo 8° constitucional, pues ha transcurrido un tiempo prudente desde que la autoridad responsable recibió su petición (treinta de octubre de dos mil seis), a la fecha en que se presentó la demanda de amparo (veintisiete de noviembre de dos mil quince), sin que haya existido contestación, no obstante que la autoridad tiene la obligación de hacerlo por escrito y en breve término. En efecto, de autos se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional vulnera la garantía prevista en el artículo 8º constitucional, porque la autoridad responsable no obstante haber acordado el escrito signado por el quejoso y presentado el treinta de octubre de dos mil seis, en el cual le dijo, que su escrito debe presentarlo ante la Oficialía Común de Partes de los Juzgados del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, dicha respuesta no ha sido notificada de manera personal. Ahora bien, a fin de evidenciar la violación constitucional aquí destacada, es pertinente tener en consideración el imperativo contenido en el artículo 8° de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. (.)." El precepto constitucional transcrito, consagra la garantía de seguridad jurídica conocida como "derecho de petición" que impone la obligación a las autoridades (funcionarios y empleados públicos), a quienes se dirija la petición correspondiente, contestarla mediante acuerdo por escrito y dar a conocer la respuesta en breve término al peticionario. Así las cosas, de lo antes expuesto, se logran evidenciar los siguientes requisitos para que se cumpla con el derecho de petición y que son: 1. La presentación de una solicitud por escrito o verbal ante una autoridad, en forma pacífica y respetuosa; 2. Que en tal solicitud se pida algo, es decir, que la petición elevada a la autoridad contenga la solicitud de una conducta de dar o de hacer a la que el peticionario estima tener derecho o que la autoridad se pronuncie sobre determinada situación que corresponda a su competencia; 3. Que a tal petición deberá recaer una contestación también por escrito, congruente con lo solicitado; y 4. Que la respuesta al derecho de petición deberá ser notificada al peticionario, lo cual deberá quedar debidamente probado por la autoridad ante quien se presentó la solicitud. Asimismo, es importante destacar, que el breve término es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto son: "PETICION, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse." Luego, si el Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, si bien acreditó que dio respuesta a la petición presentada el treinta de octubre de dos mil seis, también lo es que dicha autoridad transgredió en perjuicio de la parte quejosa el artículo 8° constitucional, pues a pesar de que la quejosa realizó su petición por medio de solicitud presentada ante esa dependencia, tal y como se advierte del acuse de recibo del escrito recibido el treinta de octubre de dos mil seis; aquélla no obstante que remitió a este Juzgado Federal el cuadernillo original que contiene el escrito y acuerdo correspondiente, no acreditó que tal respuesta haya sido notificada de manera personal al solicitante; por ello, ante la omisión de notificar la respuesta en breve término, es inconcuso que se vulneró el artículo 8º constitucional. En las relatadas condiciones, procede conceder la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, de inmediato, proceda a notificar al quejoso MARTÍN DEL SOCORRO MORENO ESQUEDA, la contestación que se dio a la petición presentada el treinta de octubre de dos mil seis, en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones; situación con la que se restituye a la quejosa en el goce de la garantía individual aquí considerada transgredida, en términos del artículo 71, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Es aplicable al caso, las tesis cuya voz y texto son: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. - El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo." "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." Por lo expuesto, fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a MARTÍN DEL SOCORRO MORENO ESQUEDA, contra el acto y la autoridad precisada en el resultando primero y para los efectos indicados en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe.
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