Martin de la Torre Barrientos
Expediente 843/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 843/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 25/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Martin de la Torre Barrientos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión a que se refiere el artículo 81, fracción I, inciso d); en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el proveído de treinta de enero de dos mil diecinueve, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno principal es susceptible de destrucción, de conformidad con la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual quedó firme el sobreseimiento fuera de audiencia decretado, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por otra parte, se advierte que el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva, acorde con el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el original del cuaderno incidental, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual manera, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de garantías, al antedicho Centro. Por otro lado, en términos de la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, una vez que transcurran seis meses a partir de que se dictó la interlocutoria respectiva, procédase a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. También, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese. Así lo acuerda y firma José Rivas González, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario David Alejandro Rojas Serna, que autoriza y da fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a seis de febrero de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial que antecede, de la que se desprende la imposibilidad de notificar a la parte quejosa MARTÍN DE LA TORRE BARRIENTOS, el proveído de treinta de enero del año en curso, por los motivos expuestos por la Actuaria adscrita a este juzgado; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III; inciso a), de la Ley de Amparo; notifíquese a la parte quejosa por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional el proveído de treinta de enero de la presente anualidad, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, lo anterior hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Herzel Godínez Salas, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, comunicada mediante el oficio CCJ/ST/123/2019, de ocho de enero de dos mil diecinueve, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido del Secretario David Alejandro Rojas Serna, que autoriza y da fe.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DICINUEVE, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN IIIM, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA AL PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TREINTA DE ENERO DE DO MIL DIECINUEVE, EL CUAL A LA LETRA DICE: Mexicali, Baja California, a treinta de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, específicamente del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Provisional del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Partido Judicial, con sede en esta localidad, se desprende que en la especie se actualiza una causal de improcedencia, que da lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, en el presente juicio de amparo, a saber, la prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)." Del precepto trascrito se aprecia que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas de un modo irreparable las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. De esa forma, de la lectura del precepto antes transcrito es dable establecer que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: 1. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un administrativo seguido en forma de juicio; 2. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso, por virtud del acto que reclamó en el amparo; 3. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, 4. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de derechos fundamentales y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Soporta lo anterior, la tesis 2a.CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Diciembre de 1996, Materia Común, Novena Época, número de registro 199808, del rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En ese tenor, el citado cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, generada durante la tramitación del procedimiento al haberse dictado una nueva resolución. En la especie, el peticionario de amparo combate en esta sede jurisdiccional la determinación emitida por la a quo en diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el juicio sumario civil de alimentos 1443/2017, promovido en su contra, en la que se desechó de plano el recurso de revocación que intentó contra del auto de siete de septiembre del año próximo anterior, en el que se tuvo por apersonada al indicado controvertido, a Ana Mariela de la Torre Parra, haciendo suyas todas y cada una de las pretensiones hechas valer por Claudia Parra Jiménez. Sin embargo, se dice que se actualiza la causal de improcedencia en análisis, debido a que de las constancias remitidas por la Juez responsable se desprende que en treinta de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva en los autos del juicio sumario civil de alimentos 1443/2017, en la que se resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- La parte actora acreditó los hechos constitutivos de la acción y el demandado no opuso excepciones ni defensas; en consecuencia: SEGUNDO.- Se declara procedente la acción intentada por ANA MARIELA DE LA TORRE PARRA en contra del señor MARTÍN DE LA TORRE BARRIENTOS, en razón de los motivos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO.- Se condena al señor MARTÍN DE LA TORRE BARRIENTOS, a pagar la suma equivalente al 30% (treinta por ciento) del sueldo y demás prestaciones que perciba con motivo de su trabajo, o en su defecto, el mismo porcentaje sobre cuales quiera que sea su fuente de ingresos económicos; retención que deberá realizarse con posterioridad a los descuentos del impuesto sobre el producto del trabajo y la cuota por asistencia médica, por concepto de pensión alimenticia a favor ANA MARIELA DE LA TORRE PARRA, cantidades que deberán ser entregadas personalmente a ANA MARIELA DE LA TORRE PARRA, los días de pago correspondientes; asimismo, en el supuesto de despido, renuncia, o cualesquier otro motivo que ponga término a la relación de trabajo, se le retenga el 30% (treinta por ciento) de la cantidad que le corresponda por concepto de indemnización o liquidación laboral al señor MARTÍN DE LA TORRE BARRIENTOS, en el entendido que la suma que se obtenga, habrá de ser puesta a disposición de este Juzgado, a nombre del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante recibo de ingreso expedido por la Unidad de Apoyo Administrativo del mismo Tribunal, por encontrarse afecta al cumplimiento de obligaciones alimenticias. CUARTO.- Se deberá dejar sin efectos la medida provisional decretada en autos, para que en lo sucesivo impere lo resuelto en este fallo." En ese sentido, si bien es cierto a la fecha de presentación de la demanda de amparo existía el acto reclamado consistente en el desechamiento de plano del recurso de revocación que el quejoso intentó contra el auto emitido por la Juez natural en el que tuvo por apersonada al juicio de origen a la tercero interesada Ana Mariela de la Torre Parra, haciendo suyas las pretensiones que le fueron reclamadas en su momento por Claudia Parra Jiménez; también lo es que con posterioridad se dictó la sentencia definitiva que resolvió la controversia de origen, que trajo como consecuencia, que ella substituyera a la accionante primigenia en la acción intentada en su contra; lo anterior, hace improcedente analizar el fondo del acto reclamado, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica a la cual se encuentra sujeto el quejoso, al habérsele emitido el fallo definitivo. Resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 1a./J.9/2007, visible en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, Materia Civil, Novena Época, número de registro 172714, cuyo rubro y texto: "PERSONALIDAD EN MATERIA CIVIL. EL DICTADO DE UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA ANTES QUE SE RESUELVA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME UNA CUESTIÓN DE ESA NATURALEZA, LO HACE IMPROCEDENTE, AL ACTUALIZARSE UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las consideraciones de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 28/2003-PL, que dieron origen a la tesis P./J. 83/2003, sostuvo que la irreparabilidad del perjuicio al quejoso cuando reclama una determinación en la que se resolvió sobre la personalidad, se materializa sólo si se dicta la sentencia definitiva en el procedimiento del que deriva el acto reclamado, pues en ese caso opera un cambio de situación jurídica que vuelve improcedente el juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción X, primer párrafo del artículo 73 de la Ley de la materia. Por otra parte, el propio Tribunal en Pleno en la P./J. 110/2004 estableció que es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido contra la resolución que dirime una cuestión de personalidad en el incidente respectivo, si antes del dictado de la resolución correspondiente en el juicio de amparo se emite el laudo, por actualizarse la hipótesis prevista en el referido artículo. En congruencia con dichos criterios y aplicándolos concretamente a la materia civil, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la interlocutoria que resuelve el incidente relativo a la falta de personalidad en el procedimiento civil de donde emana tal interlocutoria se dicta sentencia de primer grado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo indicado, por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo indirecto, ya que no podría decidirse dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica." Lo anterior, hace imposible la prosecución del presente juicio de amparo, ya que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse; por lo cual, no hay necesidad de pronunciar la presente determinación hasta la audiencia constitucional, a fin de no incurrir en el retardo en la impartición de la justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, número de registro 184572, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, al haber operado el cambio de situación jurídica, se actualiza la causa de improcedencia invocada, y de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, respecto del acto atribuido a la Juez Provisional del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Partido Judicial, con sede en esta localidad. SE DEJA SIN EFECTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En razón de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encuentra señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. ANOTACIONES LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista egresos de la estadística de este Juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Herzel Godínez Salas, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, comunicada mediante el oficio CCJ/ST/123/2019, de ocho de enero de dos mil diecinueve, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido del Secretario David Alejandro Rojas Serna, que autoriza y da fe.CARR El suscrito Secretario David Alejandro Rojas Serna, HAGO CONSTAR que en esta fecha la determinación judicial que antecede, se incorporó al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la vigente Ley de Amparo. Doy fe. El suscrito Secretario David Alejandro Rojas Serna, hace constar, que en esta fecha, se realizó el registro ordenado en el auto que antecede en el Libro Uno de Juzgado correspondiente al registro de Juicios de Amparo. Conste. ______________________________ Sello y firma. El suscrito Secretario David Alejandro Rojas Serna, hace constar, que en esta fecha, se realizó la captura ordenada en el auto que antecede, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Conste. _____________________________ Sello y firma Analista Jurídico del SISE.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B), Y 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, A LA PARTE TERCERO INTERESADA ANA MARIELA DE LA TORRE PARRA y CLAUDIA PARRA JIMÉNEZ, EL PROVEÍDO DE TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, Y QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a treinta de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, específicamente del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Provisional del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Partido Judicial, con sede en esta localidad, se desprende que en la especie se actualiza una causal de improcedencia, que da lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, en el presente juicio de amparo, a saber, la prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)." Del precepto trascrito se aprecia que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas de un modo irreparable las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. De esa forma, de la lectura del precepto antes transcrito es dable establecer que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: 1. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un administrativo seguido en forma de juicio; 2. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso, por virtud del acto que reclamó en el amparo; 3. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, 4. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de derechos fundamentales y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Soporta lo anterior, la tesis 2a.CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Diciembre de 1996, Materia Común, Novena Época, número de registro 199808, del rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En ese tenor, el citado cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, generada durante la tramitación del procedimiento al haberse dictado una nueva resolución. En la especie, el peticionario de amparo combate en esta sede jurisdiccional la determinación emitida por la a quo en diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el juicio sumario civil de alimentos 1443/2017, promovido en su contra, en la que se desechó de plano el recurso de revocación que intentó contra del auto de siete de septiembre del año próximo anterior, en el que se tuvo por apersonada al indicado controvertido, a Ana Mariela de la Torre Parra, haciendo suyas todas y cada una de las pretensiones hechas valer por Claudia Parra Jiménez. Sin embargo, se dice que se actualiza la causal de improcedencia en análisis, debido a que de las constancias remitidas por la Juez responsable se desprende que en treinta de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva en los autos del juicio sumario civil de alimentos 1443/2017, en la que se resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- La parte actora acreditó los hechos constitutivos de la acción y el demandado no opuso excepciones ni defensas; en consecuencia: SEGUNDO.- Se declara procedente la acción intentada por ANA MARIELA DE LA TORRE PARRA en contra del señor MARTÍN DE LA TORRE BARRIENTOS, en razón de los motivos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO.- Se condena al señor MARTÍN DE LA TORRE BARRIENTOS, a pagar la suma equivalente al 30% (treinta por ciento) del sueldo y demás prestaciones que perciba con motivo de su trabajo, o en su defecto, el mismo porcentaje sobre cuales quiera que sea su fuente de ingresos económicos; retención que deberá realizarse con posterioridad a los descuentos del impuesto sobre el producto del trabajo y la cuota por asistencia médica, por concepto de pensión alimenticia a favor ANA MARIELA DE LA TORRE PARRA, cantidades que deberán ser entregadas personalmente a ANA MARIELA DE LA TORRE PARRA, los días de pago correspondientes; asimismo, en el supuesto de despido, renuncia, o cualesquier otro motivo que ponga término a la relación de trabajo, se le retenga el 30% (treinta por ciento) de la cantidad que le corresponda por concepto de indemnización o liquidación laboral al señor MARTÍN DE LA TORRE BARRIENTOS, en el entendido que la suma que se obtenga, habrá de ser puesta a disposición de este Juzgado, a nombre del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante recibo de ingreso expedido por la Unidad de Apoyo Administrativo del mismo Tribunal, por encontrarse afecta al cumplimiento de obligaciones alimenticias. CUARTO.- Se deberá dejar sin efectos la medida provisional decretada en autos, para que en lo sucesivo impere lo resuelto en este fallo." En ese sentido, si bien es cierto a la fecha de presentación de la demanda de amparo existía el acto reclamado consistente en el desechamiento de plano del recurso de revocación que el quejoso intentó contra el auto emitido por la Juez natural en el que tuvo por apersonada al juicio de origen a la tercero interesada Ana Mariela de la Torre Parra, haciendo suyas las pretensiones que le fueron reclamadas en su momento por Claudia Parra Jiménez; también lo es que con posterioridad se dictó la sentencia definitiva que resolvió la controversia de origen, que trajo como consecuencia, que ella substituyera a la accionante primigenia en la acción intentada en su contra; lo anterior, hace improcedente analizar el fondo del acto reclamado, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica a la cual se encuentra sujeto el quejoso, al habérsele emitido el fallo definitivo. Resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 1a./J.9/2007, visible en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, Materia Civil, Novena Época, número de registro 172714, cuyo rubro y texto: "PERSONALIDAD EN MATERIA CIVIL. EL DICTADO DE UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA ANTES QUE SE RESUELVA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME UNA CUESTIÓN DE ESA NATURALEZA, LO HACE IMPROCEDENTE, AL ACTUALIZARSE UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las consideraciones de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 28/2003-PL, que dieron origen a la tesis P./J. 83/2003, sostuvo que la irreparabilidad del perjuicio al quejoso cuando reclama una determinación en la que se resolvió sobre la personalidad, se materializa sólo si se dicta la sentencia definitiva en el procedimiento del que deriva el acto reclamado, pues en ese caso opera un cambio de situación jurídica que vuelve improcedente el juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción X, primer párrafo del artículo 73 de la Ley de la materia. Por otra parte, el propio Tribunal en Pleno en la P./J. 110/2004 estableció que es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido contra la resolución que dirime una cuestión de personalidad en el incidente respectivo, si antes del dictado de la resolución correspondiente en el juicio de amparo se emite el laudo, por actualizarse la hipótesis prevista en el referido artículo. En congruencia con dichos criterios y aplicándolos concretamente a la materia civil, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la interlocutoria que resuelve el incidente relativo a la falta de personalidad en el procedimiento civil de donde emana tal interlocutoria se dicta sentencia de primer grado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo indicado, por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo indirecto, ya que no podría decidirse dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica." Lo anterior, hace imposible la prosecución del presente juicio de amparo, ya que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse; por lo cual, no hay necesidad de pronunciar la presente determinación hasta la audiencia constitucional, a fin de no incurrir en el retardo en la impartición de la justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, número de registro 184572, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, al haber operado el cambio de situación jurídica, se actualiza la causa de improcedencia invocada, y de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, respecto del acto atribuido a la Juez Provisional del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Partido Judicial, con sede en esta localidad. SE DEJA SIN EFECTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En razón de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encuentra señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. ANOTACIONES LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista egresos de la estadística de este Juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese personalmente.
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