Martin de Jesus Pech Chel
Expediente 2249/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2249/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Martin de Jesus Pech Chel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión, sin que lo hubiere hecho. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico como el impreso, coinciden en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el diecinueve siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció la referida parte quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós, se desechó parcialmente la demanda respecto de uno de los actos reclamados, y por otro lado, se admitió a trámite, la cual quedó registrada con el número 2249/2022-VIII-A; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; se dio la intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se verificó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución General de la República; 35, 37, de la Ley de Amparo; 49 y 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como conforme a los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. SEGUNDO. Precisión el acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa fundamentalmente, en: La paralización del procedimiento, en el juicio laboral 12/2021, al omitir dictar el laudo en el mismo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó el Magistrado Presidente del Tribunal responsable al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa con prueba en contrario. Lo anterior, toda vez que de las constancias que remitió el Tribunal responsable por conducto de su Magistrado Presidente, a las cuales se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que ello, obedeció a que en dicho procedimiento, por auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se resolvió lo conducente respecto a las probanzas ofrecidas por las partes en el expediente laboral 12/2021, señalando fechas y horas para el desahogo de las que requieren de perfeccionamiento legal. Bajo esa tesitura, se actualiza el sobreseimiento en el presente juicio de amparo de conformidad con la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo. Pues resulta que a la fecha en que la quejosa presentó la demanda, es decir, el catorce de septiembre de dos mil veintidós, no existía el acto de omisión que ahora reclama, como se aprecia de las constancias que integran el presente juicio, ya que el Tribunal responsable se encontraba imposibilitado procesalmente para fallar en definitiva el juicio laboral 12/2021, pues aún no había sido concluido el periodo de pruebas, ni formulados los alegatos. En consecuencia, no ha sido cerrada la instrucción, motivo por el cual la responsable se encuentra jurídicamente impedida para dictar el laudo respectivo, de conformidad con el artículo 150, 151 y 152 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, que a la letra dice: "Artículo 150. Perfeccionada la última prueba en la audiencia respectiva, las partes presentarán sus alegatos en forma verbal o escrita y el Tribunal podrá dictar su resolución sobre el conflicto en la propia audiencia o si lo considerase necesario, fijará fecha y hora para la resolución en un término que no excederá de un mes." Artículo 151. El Tribunal apreciará en conciencia las pruebas que le presenten, sin sujetarse a reglas fijas para su estimación y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en su laudo las consideraciones en que funde su decisión. Artículo 152. Antes de pronunciarse el laudo, el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios podrá solicitar mayor información, así como también, ordenar el desahogo de pruebas que estime para mejor proveer; en este caso, acordará la práctica de las diligencias necesarias para tal efecto. Ordenamiento legal que impone a la autoridad que conozca del juicio laboral de que se trate, que al concluir el desahogo de pruebas, transcurrido el término concedido a las partes para presentar sus alegatos, se declarara el cierre de instrucción y se dictará resolución dentro del término de ley. De ahí que, si a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, esto es, catorce de septiembre de dos mil veintidós, el juicio laboral de origen se encontraba en la etapa probatoria, en consecuencia no se ha dictado el auto de cierre de instrucción y, por tanto, no pueda establecerse que el citado Tribunal se encuentre en posibilidad de dictar el laudo respectivo, puesto que procesalmente primero tiene que existir la constancia que acredite que se han desahogado todas las pruebas, posteriormente la formulación de los alegatos y el cierre de instrucción, para estar en aptitud de resolver en definitiva la controversia laboral planteada. Pues, debe precisarse, que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Cobra aplicación en el presente caso, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 79, Julio de 1994, página: 15, en materia común, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Así las cosas, ante la inexistencia del acto reclamado, lo que procede en el caso es sobreseer en el juicio al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 926, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." CUARTO. Oposición a la publicación de datos personales Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Martín de Jesús Pech Chel, en contra del acto reclamado del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta resolución definitiva, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de la publicación de la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, estos autos que devuelve mediante oficio 2299, y remite testimonio de la ejecutoria de seis de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca A.R. 406/2021, relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en este juicio, firmada el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, ejecutoria cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. - - -SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por el quejoso Renato Meza Rodríguez, en contra del acto atribuido al Fiscal General del Estado, por las razones precisadas en el considerando cuarto de la sentencia sujeta a revisión." Acúsese recibo VÍA INTERCONEXIÓN. Hágase del conocimiento de las partes el sentido de la citada resolución, debiendo remitir a la autoridad responsable uno de los testimonios que envía el citado tribunal colegiado para tal fin. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Por otra parte, una vez que sea notificado este proveído, archívese este expediente como asunto concluido, debiendo glosar a estos autos las constancias originales que obren en el expedientillo de antecedentes formado con motivo del aludido recurso de revisión y desechar las copias certificadas que lo originaron para evitar la voluminosidad del presente expediente. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguese al presente cuaderno incidental, para los efectos legales correspondientes, el sobre que contiene el oficio 29565 de fecha quince de julio de dos mil veintidós, dirigido a la Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delitos Federales, con sede en la Ciudad de México. El cual no fue entregado, advirtiéndose la leyenda "mal dirigido". Ahora bien, toda vez que en esta propia fecha, en el expediente principal del que derivan estos autos incidentales, se proveyó respecto a la inexistencia de la autoridad antes relacionada; por tanto, resérvese acordar lo conducente en este cuaderno de suspensión, una vez que transcurra el término que se concedió en dicho expediente a la parte quejosa. Notifíquese y cúmplase.
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