Martín de Jesús Calzada Paredes

Expediente 782/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
782/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/06/2023

Partes del expediente

  • Martín de Jesús Calzada Paredes
  • Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua

Actuaciones

  1. Principal

    Tribunal Colegiado acusa recibo. Vistos los oficios remitidos vía electrónica mediante el Sistema Interconexión entre Órgano Jurisdiccionales, por la Actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual transcribe el proveído de veintiséis de los actuales y, acusa recibo del diverso ********************. Notifíquese.

  2. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, veinte de junio de dos mil veintitrés. Quejoso desahoga vista de informe. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, suscrito por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual desahoga la vista otorgada en proveído de doce de junio de año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formuladas las manifestaciones que en vía de alegatos expresa, las cuales serán tomadas en consideración en la audiencia constitucional. Incompetencia. Por otra parte, visto el estado actual de los autos, específicamente del contenido de la demanda de amparo promovida por Martín de Jesús Calzada Paredes, de la que se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable al Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo del Parral, con residencia en Hidalgo del Parral, Chihuahua, de quien reclamó el acuerdo dictado el seis de marzo de dos mil veintitrés, dentro del procedimiento administrativo 2/18, en el que, al haber transcurrido más de seis meses sin que la parte actora haya agitado el mencionado procedimiento, decretó de plano la caducidad de la instancia y archivo el asunto como totalmente concluido. Ahora bien, el artículo 107 de la Ley de Amparo, determina los casos en que corresponderá a un Juez de Distrito conocer de la demanda de amparo que se intente contra los actos de autoridad que ahí se señalan; sin que la actuación que ahora se combate se encuentre dentro de los supuestos listados en dicho numeral. De ahí, que quien resuelve estima que carece de competencia legal para resolver sobre la demanda de amparo en cuestión. En efecto, de lo señalado con antelación y de lo narrado en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, se desprende que en el presente asunto se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 47 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado tiene el carácter de definitivo, al tratarse de una resolución que sin decidirlo en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la citada Ley, establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito.". Asimismo, el numeral 34 del mismo ordenamiento legal, a la letra dice: "Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. (.)". Del contenido íntegro de los artículos transcritos, se advierte que compete a los Tribunales Colegiados de Circuito conocer de los juicios de amparo en que se reclamen sentencias laudos o resoluciones que pongan fin a un juicio o instancia. Pues bien, en el caso concreto se estima que la suscrita carece de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo, en virtud de que el acto que se reclama es el acuerdo de seis de marzo de dos mil veintitrés, en el que se declara de plano la caducidad de la instancia del procedimiento administrativo 2/18, promovido por el aquí quejoso Martin de Jesús Calzada Paredes; el cual, tiene el carácter de definitivo. Lo anterior, al tomar en consideración que se trata de una acuerdo que sin decirlo en lo principal lo dio por concluido; por ello, es indudable que esa determinación debe reclamarse en amparo directo ante un Tribunal Colegiado, de acuerdo con el artículo 34, en relación con los artículos 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, transcritos; ya que la autoridad responsable que emitió la resolución recurrida, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la propia Ley de Amparo, en relación con el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis jurisprudencial consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo III, página 2401, Registro digital: 2020358, de rubro y texto siguientes: "CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. PROCEDE SU ANÁLISIS EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DECLARARLA DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA Y DE JALISCO). De acuerdo con los artículos 96 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla y 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios (este último en su texto vigente antes y después de la reforma publicada en el Periódico Oficial local el 30 de mayo de 2017), el tribunal declarará la caducidad a petición de parte interesada o de oficio; en el primer supuesto, la declaración derivará de la petición de la parte a quien interese el decretamiento de dicha figura, y en el segundo, con motivo del cercioramiento oficioso, previo al dictado del laudo, de que no ha operado la caducidad, lo cual llevará a declarar su existencia cuando se estime consumada. De ese modo, si bien la declaración de la caducidad por parte de la autoridad puede tener origen en la petición de parte, ello no exime al tribunal laboral de analizar si se actualiza o no previamente al dictado del laudo correspondiente, para así tener plena certeza de que no existe algún impedimento técnico para emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, por lo que si aquél no se pronunció oficiosamente sobre la caducidad, ni alguna de las partes la hizo valer, implícitamente se tiene por determinado que no se actualiza la caducidad por inactividad procesal. En tal virtud, en vía de amparo directo es posible analizar conceptos de violación donde se combata como violación a las leyes del procedimiento en términos de los artículos 5 fracción XII, de la Ley de Amparo, la omisión del tribunal de pronunciarse oficiosamente respecto de la actualización de la caducidad, pues el laudo combatido aún no está elevado a la categoría de cosa juzgada al ser objeto del juicio constitucional, por lo que no existe impedimento técnico que, por preclusión, obstaculice su planteamiento vía conceptos de violación, máxime si se tiene en cuenta que no sería procedente combatir la omisión de declarar la caducidad a través del amparo indirecto, por no tratarse de un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos. De ese modo, cuando la legislación que rige el acto prevea que la caducidad del procedimiento laboral se declarará a instancia de parte o de manera oficiosa por el tribunal, sí será posible analizar en el juicio de amparo directo todo lo concerniente a dicha figura procesal, independientemente de que las partes no la hicieran valer en el juicio de origen y de que el tribunal no la analizara oficiosamente." A su vez, por las razones que la informan, robustece lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 87/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, constitucional; 44, 46, tercer párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, se desprenden los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los órganos jurisdiccionales a los que corresponde resolverlo. Esta Suprema Corte de Justicia ha estimado, en reiteradas ocasiones, que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, atendiendo a las reformas constitucionales y legales del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda laboral, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que en su contra procede el amparo directo, porque las pruebas para analizar la constitucionalidad del acto deben obrar en el expediente de la responsable y, por ello, no se justifica el trámite de un juicio que admite dos instancias y una audiencia que prevé el periodo de pruebas, atentando contra los principios de economía procesal y celeridad en la administración de justicia." Sentado lo anterior, en el caso concreto se estima que la suscrita carece de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo, en virtud de que el acto que se reclama tiene el carácter de definitivo y, aunque no decidió el juicio en lo principal sí lo dio por concluido; por ello, es indudable que esa determinación debe reclamarse en amparo directo ante un Tribunal Colegiado, de acuerdo con el artículo 34, en relación con el numeral 170, fracción I, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, anteriormente transcritos. En consecuencia, con fundamento en el invocado artículo 47 de la Ley de Amparo, esta Juzgadora se declara incompetente de plano, para conocer de la demanda de mérito, por estimar que resulta serlo el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad; en atención al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual establece que la competencia por territorio de los Tribunales Colegiados de Circuito, se determina atendiendo al domicilio de la autoridad responsable que dicta la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio o que sin decidirlo en lo principal lo de por concluido. Es aplicable a lo reseñado, en lo conducente, la jurisprudencia 5/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO POR TERRITORIO. SE DETERMINA ATENDIENDO AL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE DICTA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. De la interpretación de los artículos 44 y 163 de la Ley de Amparo, que establecen que la demanda de amparo directo se presentará por conducto de la autoridad responsable que emitió la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, se concluye que la competencia por territorio de los Tribunales Colegiados de Circuito, se determina por el domicilio de la autoridad responsable. Lo anterior se confirma, si se atiende a lo dispuesto en los artículos 95, fracción VI, 99 y 170 de la Ley de Amparo, que prevén que a la autoridad responsable corresponde proveer sobre la suspensión de los actos reclamados y al Tribunal Colegiado que ejerza su jurisdicción en el domicilio de la responsable conocer del recurso de queja contra la determinación en esa materia, pues de otra suerte carecería de objeto la división territorial del país en circuitos si los tribunales comprendidos en cada uno de ellos pudieran conocer de cualquier asunto, aunque el domicilio de la autoridad responsable no quedara comprendido en el territorio en el que ejerzan jurisdicción". Igual criterio sustentó el Pleno del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de éste Circuito, en el amparo directo 205/2023 de su índice, el diez de mayo de dos mil veintitrés. Por las razones expuestas, remítase el presente juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados de Circuito en Materias Penal y Administrativa, con sede en esta ciudad, a efecto de que sea el órgano de control constitucional respectivo, el que tenga a bien, si así lo estima, proveer de conformidad lo conducente. Asimismo, hágase del conocimiento de dicho órgano jurisdiccional que el expediente electrónico se encuentra habilitado para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Lo anterior, sin que sea necesario la formación del cuaderno de antecedentes dado que las promociones que fueron presentadas en forma física, así como la constancias de notificación correspondientes, se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico; por lo que, el expediente respectivo se integrará únicamente por aquellas documentales que obren en lo sucesivo; lo anterior, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Finalmente, en virtud de lo expuesto con antelación, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio para las nueve horas con cuarenta y seis minutos de la fecha. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma electrónicamente Jessica María Contreras Martínez, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ante la licenciada Ana Teresita Villagrán Ituarte, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, doce de junio de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio rendido por el Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo del Parral, por conducto de su representación; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Vista a las partes. Con el contenido del informe de cuenta dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Delegados. En términos de lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad responsable a las personas que menciona en el comunicado que se provee. Consulta y notificaciones electrónicas. En vista de que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el nombre de usuario ******************** y********************, de conformidad con lo establecido en los artículo 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo, así como en términos del numerales 34 a 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, como lo solicita, se le autoriza a la parte quejosa: a) Consultar el expediente electrónico vía internet; b) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de su firma electrónica; y, c) Notificarse de las resoluciones en forma electrónica, a través del módulo dispuesto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por medio del expediente ********************. Por tanto, se ordena al Oficial Judicial "A" y al Actuario adscrito de este juzgado para que realice las adecuaciones conducentes y se permita la visualización en el portal de internet. Sin que se inadvierta que la parte quejosa igualmente señaló domicilio procesal para oír y recibir notificaciones; sin embargo, no es procedente tener dos medios de distinta naturaleza para tales efectos; por tanto, téngase la vía electrónica, por ser uno de los proporcionados, sin perjuicio de que la parte quejosa, si a su interés conviene, solicite el cambio en el momento que lo estime conducente. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngasele como pruebas de su parte las documentales que anexa al ocurso que aquí se provee, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese el escrito de la autorizada en términos amplios de la parte quejosa; en atención a su contenido, se autoriza la devolución de los documentos que adjuntó a su escrito inicial de demanda de amparo, previa identificación y recibo que deje en autos. Notifíquese.

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