Martín Dado García

Expediente 1180/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1180/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
25/06/2018

Partes del expediente

  • Martín Dado García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito de esta ciudad, remite testimonio de la resolución emitida por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio de dicho Tribunal Colegiado, el treinta y uno de mayo del presente año, en el amparo en revisión número 1008/2017, con número de cuaderno auxiliar 110/2018, relativo al presente juicio de garantías 182/2017, de la que se aprecia que REVOCA la sentencia de veintisiete de julio de dos mil diecisiete, dictada por este juzgado (fojas 217 a 240) y en su lugar, SOBRESEE en el presente juicio de garantías, promovido por Emidio Mancinas Saravia, en contra de los actos reclamados al Congreso del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y otras autoridades. En consecuencia, acúsese el recibo de estilo y agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó a partir del escrito en que se interpuso el recurso de revisión. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Legislación de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues no obstante que este Juzgado concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, revocó dicha sentencia y sobreseyó el presente juicio de amparo; asimismo, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Por otra parte, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar se concedió respecto de los actos reclamados (fojas 133 a 137 y 149 a 154, del cuaderno incidental original); razón por la cual, dicho cuaderno déjese por separado para su conservación, en el que en su oportunidad se dejará únicamente la resolución relativa a su otorgamiento, ya que las demás actuaciones deberán destruirse; por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurridos seis meses de dictada la última interlocutoria del incidente de suspensión, procédase a la destrucción del mismo, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, signado por el Presidente Arbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, a través del cual en vías de cumplimiento a la resolución emitida en el presente juicio de garantías, informa que mediante diverso comunicado remitió copia certificada del desahogo de la prueba de inspección de uno de junio de dos mil dieciocho, celebrada dentro del juicio de origen; consecuentemente, agréguense a los presentes autos sin mayor pronunciamiento, en atención a que la información y anexo adjunto, ya obran agregados en el presente sumario constitucional, de los cuales se realizó pronunciamiento en acuerdo de cinco de los cursantes (fojas 82 y 83)

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el libelo de cuenta suscrito por el quejoso *, a través del cual en acatamiento al requerimiento formulado en proveído de veintiocho de mayo del año en curso (fojas 30 a 32), precisa las autoridades que señala como responsables en el presente juicio de amparo, así como los actos que les atribuye a cada una de ellas, formula los conceptos de violación correspondientes; asimismo, exhibe diez copias de su escrito aclaratorio y tres copias de la demanda de amparo; en consecuencia, se le tiene en tiempo desahogando el requerimiento de que se trata. Ahora bien, vista la demanda de amparo y del ocurso aclaratorio, este juzgado advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, sin suspensión del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, que dice: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."; así como lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, párrafo uno, de la Ley de Amparo vigente, que a la letra dice: "Contra normas generales o actos contenidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previsto." De los numerales transcritos se observa, que el desechamiento de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable, consiste en tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Luego, analizada la demanda y el escrito aclaratorio se advierte, que el peticionario de garantías señaló como reclamado en esta vía constitucional, el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, que se le aplicó cuando se efectuó el pago correspondiente a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a saber, el dos de mayo de dos mil dieciocho, tal y como se aprecia de la ficha de depósito y del recibo de pago que adjuntó el promovente a su demanda, de cuyo contenido se advierte que la realización del pago fue por la cantidad de $1,902.12 (mil novecientos dos pesos 12/100 moneda nacional), por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO." y entre otros; medios de convicción que obran en autos, los cuales adminiculados entre sí, hacen prueba plena, en términos de los artículos 129, 197, 202 y 203 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles y que resultan suficientes para acreditar el acto de aplicación del precepto tildado de inconstitucional. Lo que se corrobora con la manifestación que bajo protesta de decir verdad realizó el promovente. Establecido lo anterior, se aprecia que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" El artículo transcrito de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se refiere a la oportunidad de la presentación de la demanda en el juicio de garantías y al efecto indica que si el precitado medio de control constitucional no se promueve dentro de los plazos previstos, entonces se entenderá que el acto reclamado fue consentido tácitamente. En virtud de que la indicada fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia hace una remisión expresa al capítulo relativo a los plazos judiciales articulo 17 y 18 del propio ordenamiento, se impone enseguida transcribirlos para determinar el alcance del primer numeral en mención, lo que se hace de la siguiente forma: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la anterior trascripción, se aprecia que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen el plazo genérico para la promoción del juicio de garantías, a saber de quince días, así como que dicho plazo se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución reclamada, al en que haya tenido conocimiento o al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo o bien de su ejecución. De igual forma, refieren los supuestos de que se promueva amparo contra leyes autoaplicativas, a diversos supuestos relativos a la materia penal, y diversos relativos a la materia agraria, que en el caso a estudio no resultan aplicables, lo que obliga a tal peticionario del amparo a sujetarse a los plazos previstos por el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, es decir, al lapso de quince días contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución reclamada, haya tenido conocimiento del acto o se haya ostentado como sabedor del mismo. Consecuentemente, se aprecia que la parte agraviada presentó su demanda de amparo, así como sus debidos anexos el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, recibidos en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad; esto es, después de los quince días hábiles, contados a partir del siguiente al en que se aplicó la ley que tilda de inconstitucional, situación que sin lugar a dudas implica el consentimiento tácito del acto de autoridad que reclama ante esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a la anterior conclusión, la tesis I.1o.A.21 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página mil quinientos veinte, Tomo XXX, octubre de dos mil nueve, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO CONTRA LEYES. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE TUVO LUGAR EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR EL GOBERNADO. De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, el término para promover la demanda de garantías es, por regla general, de quince días, el cual debe computarse desde el día siguiente a) al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b) al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o, c) al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el supuesto del inciso a), cuando el acto de aplicación provenga de la autoridad, el plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, mientras que en las hipótesis precisadas en los incisos b) y c) implica que no exista una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, por lo que el término debe computarse a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. En consecuencia, si la quejosa impugna una ley con motivo del primer acto de aplicación realizado por ella, resulta incuestionable que el plazo de quince días se inicia a partir del día siguiente al en que se autoaplicó la norma; por tanto, si a la fecha de su presentación ya había fenecido dicho plazo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo." En ese orden de ideas, si la aplicación de la ley cuya inconstitucionalidad reclama tuvo lugar el dos de mayo de dos mil dieciocho; resulta que el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia, para presentar la demanda de amparo transcurrió del tres al veintitrés de mayo del año en curso, sin contar los días que correspondieron a sábados y domingos con sustento en el precepto 19 de la ley de la materia, lo cual evidencia que su presentación fue extemporánea; por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2º. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página doscientos noventa y uno, Tomo II, agosto de mil novecientos noventa y cinco, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Asimismo, es ilustrativa la tesis XXI.2o.P.A.25 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página mil ochocientos noventa, Tomo XXII, Agosto de dos mil cinco, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En las relacionadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XIV del numeral 61 de la Ley de Amparo; consecuentemente, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos se advierte que mediante proveído de veintinueve de mayo pasado, se tuvo por emplazado al tercero interesado Diego Emilio Gómez Ramírez; sin embargo se omitió dar vista a la citada procesal con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables toda vez que éstos fueron rendidos antes del emplazamiento respectivo, como se advierte de constancias. En consecuencia, dese vista al tercero interesado Diego Emilio Gómez Ramírez con los informes justificados rendidos en su oportunidad por las autoridades responsables, a efecto de que, dentro del término de ley, se imponga de su contenido y manifieste lo que a su interés legal convenga. Se invoca por analogía, el criterio siguiente: **En consecuencia, para dar margen a lo anterior se difiere y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO.

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